"Muerte y destrucción son efectos inevitables de la guerra y de las
situaciones de combate que se producen en la misma. Por ello, un ataque
sólo puede dar lugar a responsabilidad penal si se lleva a cabo en violación
de las normas que regulan el comportamiento de las partes contendientes en
un conflicto armado, y en particular de la normativa que desarrolla el
principio de distinción entre objetivos militares y personas o bienes
civiles. La preocupación por los daños civiles ocasionados a personas y
bienes de la parte enemiga comenzó a hacerse sentir durante la guerra del
Vietnam, y adquirió especial relevancia a raiz de la retransmisión en
directo por televisión de las acciones militares de la Coalición durante la
primera guerra del golfo en 1991. Las campañas en Kosovo en 1999, en
Afganistán en 2001 y en Iraq en 2003 no han hecho sino incrementar la
presión de la opinión pública para minimizar los daños ocasionados a
personas y bienes civiles. Como resultado, el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia ha venido desarrollando en los últimos años las
primeras investigaciones y enjuiciamientos de presuntos ataques ilícitos
desde la segunda guerra mundial, mientras que el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional ha recogido con carácter autónomo los delitos de
lanzar un ataque dirigido contra personas o bienes civiles o de carácter
desproporcionado."