Es importante precisar que la totalidad de los
dictadores latinoamericanos que violaron
sistemáticamente los derechos humanos, financiaron sus
operaciones con métodos ilegales y secretos (sin bien
todas las dictaduras, gobiernos de fuerza y "de hecho"
son intrínsecamente ilegales, debemos destacar que
dentro de la esa intrínseca ilegalidad, montaron
estructuras a su vez más secretas, que escapaban
incluso a la fachada institucional que éstas habían
montado), relacionadas sobre todo, con el llamado
crimen organizado regional y mundial. No solamente se
asociaron a las redes mafiosas mundiales sino que a su
vez, crearon propias redes de tráfico, tránsito,
lavado, etc.
Los servicios de inteligencia, financiados con gastos
reservados, a su vez, tuvieron la más asoluta libertad
para procurarse mayor financiamiento, y especialmente
financiamiento para actividades encubiertas dentro de
los países como a nivel regional, mediante el comercio
delictual, dentro del que descollan el narcotráfico,
al armatráfico y el lavado de dinero.
Pero, como todo resultado "colateral" de tal colosal
construcción de rutas ilegales, dichos negocios
sirvieron para crear, acrecentar, blanquear, proteger
inmensas fortunas de lo que que podríamos denominar
los nuevos "clanes del terrorismo de estado", donde
destacan solamente en el sucontinente americano, el
clan Pinochet, con origen en Chile, y el clan
Stroessner, con origen en Paraguay. Si bien los clanes
inician sus operaciones mafiosas en estos países, por
el grado de impunidad regional, y por la
característica misma de los negocios orientados "hacia
afuera", cuentan con bienes, intereses y asociados en
diversos países, de tal forma que, hoy mismo, bajo
diversas denominaciones y prestanombres, estos clanes
están operando, recibiendo dividendos, y
redireccionando sus negocios, en el llamado "vuelo a
la seguridad", en tanto y en cuanto la justicia
chilena y la paraguaya comiencen acercar la lupa sobre
ellos.
Parelamente a la búsqueda de justicia y verdad por los
horrendos e imprescriptibles crímenes cometidos por
estos clanes en uso del poder omnímodo que obtubieron
y les fuera permitido ejercer, se inicia una nueva
búsqueda, una nueva razón de ser y existir para los
sistemas judiciales nacionales y mundial, cual es la
investigación y recuperación de los bienes malhabidos
por estos "clanes económicos y delictivos del
terrorismo de estado".
Federico Tatter.
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DINA y Pinochet se financiaron con crimen organizado.
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Fuentes: Reporte Nizkor, Chile. Agosto de 2006. La
Nación, Santiago de Chile, 21may06. Poco antes de que
Chile volviera a la democracia, un comando del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestró al
coronel de Famae Carlos Carreño. Era 1987.
Coincidencia o no, el uniformado lideraba ya una red
de venta de armas y transferencia tecnológica a países
del Medio Oriente. Esa operación fue uno de los puntos
de partida de lo que podría constituirse en asociación
ilícita con aires mafiosos, que funcionó al alero de
la dictadura hasta 1990 y siguió teniendo un poder en
las sombras en los primeros años de la transición.
Recién ahora en 2006 comienzan a conocerse sus
verdaderos alcances.
Carreño fue llevado por el FPMR a Brasil. Sus
captores, antes de liberarlo, aprovecharon de
interrogarlo acerca de la venta de bombas de racimo a
Irán. En diciembre de 1987, un informe del
Departamento de Estado norteamericano desclasificado
en 2000 en que se comenta el secuestro de Carreño,
concluye que una vez liberado por sus secuestradores
fue (supuestamente) sumariado y alejado del Ejército,
bajo acusaciones de tráfico de drogas. Carreño diría,
años más tarde, en una declaración prestada ante el
ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de la
investigación del homicidio del coronel Gerardo Huber,
que siempre le llamaron la atención las preguntas de
los frentistas durante su cautiverio.
Dos años más tarde, el 10 de febrero de 1989, un nuevo
informe (el N° 937) también desclasificado en julio
de 2000 y esta vez redactado por la Embajada de
Estados Unidos en Chile da cuenta de un intento de
negociación del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel
Contreras Sepúlveda, con un intermediario de la
legación diplomática.
El documento señala que Contreras, a cambio de que el
país del norte bajara la presión por el caso Letelier,
ofrecía entregar información sobre las actividades en
el narcotráfico de “un hijo de Pinochet (posiblemente
Marco Antonio) y de Armando Fernández Larios”.
Drogas, armas, mafia italiana, colombiana, traficantes
peruanos, sirios, agentes de inteligencia militar
argentina, chilena, uruguaya, criminales de guerra
croatas, ex espías ingleses, terroristas italianos, ex
nazis y toda una pléyade de sujetos afines a los
negocios turbios mantuvieron relaciones con los
aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y
su círculo más cerrado. Los nombres se repiten a
través de la historia y se instalan pudiendo
configurar una suerte de orgánica del crimen.
El Ex Marine
A mediados de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un
pasaporte a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en
nuestro país era un funcionario del consulado chileno
en Los ángeles, Federico Humberto Silva Pizarro, con
quien mantuvo relaciones comerciales y de amistad.
Ambos arribaron al país en el mismo vuelo, el 22 de
junio de 1985. En realidad, Moreno no era otro que el
ex sargento de la Infantería de Marina de EEUU Iván
Baramdyka, conocido narcotraficante estadounidense
radicado en Los ángeles (California), que escapaba de
la justicia de su país.
El 10 de julio del mismo año ingresó a la sociedad
Redes del Pacífico, que, según su escritura pública,
se dedicaba a la explotación, promoción y
comercialización de pescado fresco chileno en Estados
Unidos.
Años más tarde, en 1993, fue extraditado a EEUU, luego
de cumplir una condena de cinco años por giro doloso
de cheques. Pero antes de que el FBI se lo llevara,
Baramdyka se preocupó de dejar su historia grabada en
video.
De los antecedentes remitidos a Chile en el proceso de
extradición queda claro que este personaje participó
en las operaciones de los años 80 conocidas como
“drogas por armas”, a cargo del coronel Oliver North,
que sirvieron para entregar armas a la Contra
nicaragüense. Los envíos de armas se financiaban con
el tráfico de cocaína a EEUU.
En sus declaraciones reconoció sus vínculos con
Patricio Madariaga Gutiérrez, el cónsul de Chile en
Los ángeles. El diplomático fue el encargado de cuidar
los asuntos de Augusto Pinochet hijo, cuando éste fue
asignado a esa legación en los primeros años 80.
Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984 varios
núcleos de fabricantes de cocaína colombianos
compraban éter y acetona producidos en el Complejo
Químico Industrial del Ejército chileno en Talagante.
Dicha planta fue transferida en 1979 desde el
Bacteriológico, actual Instituto de Salud Pública. En
1987, Gerardo Huber, el ex oficial de la DINA
asesinado a inicios de 1992 por el caso armas a
Criacia, se hizo cargo de esa planta.
En el proceso por el homicidio del químico de la DINA
Eugenio Berríos, tramitado por el ministro Alejandro
Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo
Químico de Talagante reconocen que la DEA les advirtió
en varias oportunidades que no existía documentación
sobre la producción de éter y acetona en esa planta,
productos químicos esenciales para la fabricación de
cocaína. De hecho, uno de los oficiales del Ejército
declaró ante Investigaciones que en una oportunidad un
sujeto de nacionalidad peruana le compró varias miles
de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un
maletín, luego de firmar un contrato que se haría
efectivo al día siguiente. Pero, al día siguiente el
peruano fue detenido en el aeropuerto por el OS-7 por
sus vínculos con el cartel de Cali.
Baramdyka relata que a semanas de su llegada a Chile,
un oficial del Ejército llegó a su oficina de la calle
Huelén 102. Le traía un recado: álvaro Corbalán, el
jefe operativo de la CNI, deseaba hablar con él. Se
reunieron en el Rodizzio de Apoquindo. Corbalán le
dijo que sabía perfectamente con quién estaba hablando
y le pidió su asesoría para encontrar comprador a 75
kilos de cocaína que su organización tenía en las
Bahamas.
Meses más tarde, en diciembre de 1985, los mismos
oficiales del Ejército le presentaron en el
restaurante Oliver a un personaje vital en la
organización: Edgardo Bathich Villarroel, el hombre de
origen sirio, famoso en la jet-set local de los ’80.
Poseía el único Rolls Royce de la plaza, tenía casas
en el sur de Chile, propiedades alhajadas
fastuosamente en balnearios de moda y en centros
invernales de esquí, donde desplegaba su colección de
automóviles, lanchas y vehículos deportivos. Por lo
general, viajaba de un lugar a otro en helicópteros de
su propiedad. Ser invitado a sus fiestas, donde
participaban modelos, estrellas de televisión y reinas
de belleza, llegó a ser considerado un verdadero
privilegio.
Bathich representó en Chile los intereses de Monzer
Al-Kassar, un famoso traficante de drogas y armas
sirio radicado en España, que en ese período compraba
grandes extensiones de tierras en las cercanías de
Mendoza; más tarde obtuvo la ciudadanía argentina
gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos
Menem, caso que terminó en los tribunales de justicia
de ese país.
En 1985, el negocio de Bathich era la importación
desde Europa de motores diesel usados. Sus estrechos
vínculos con la familia Pinochet llegaban al punto de
que Marco Antonio Pinochet Hiriart, representante en
Chile de las lanchas Chaparral, vendía sus productos a
través de la empresa de Bathich, ubicada en Américo
Vespucio 1313.
Esa noche, en el restaurante Oliver, Baramdyka escuchó
lo que Bathich tenía que comunicarle: “Me dijo que él
podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con
el general Pinochet y con los Servicios de Seguridad.
Me contó que movía cantidades importantes de cocaína.
Ingresaba la droga al país en los motores usados que
traía por tierra desde Brasil a su empresa Bathich
Motoren. También usaba helicópteros y camiones que
traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un
problema; álvaro Corbalán se preocupaba de la
seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína
dentro de las fronteras de Chile. Era en el exterior
donde sus operaciones presentaba dificultades. Ellos
trabajaban casi exclusivamente con Fabio Ochoa y con
sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez. En los
días siguientes conoceré a otros miembros de la
organización”, contó el ex marine.
En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al
extranjero por cuenta de la organización. El
procedimiento para salir y entrar del país fue siempre
el mismo: vehículo militar hasta la frontera
argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo
a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un
taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y combinación a otro
país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos
que llevaban pertrechos militares chilenos en algunos
aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos
lugares se descargaban partidas de cocaína que venían
desde Chile escondidas entre el material militar.
Baramdyka sostiene haber tenido conocimiento del
contrabando de 12 toneladas de cocaína de Chile a
Europa y EEUU en los años 1986 y 1987.
La Mira Láser
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció
la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso
en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de
los documentos de identidad fueron incautados el 18 de
mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al
ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los
pasaportes iban a ser entregados nada menos que a
Edgardo Bathich De esta misma partida de pasaportes,
al menos cuatro documentos fueron extendidos con
identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que
sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el
Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos
fiscales.
Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin recién
instalado en La Moneda se lanzó en una misión crucial
y designó como jefe de Investigaciones al general (R)
Horacio Toro.
A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una
información inquietante: a fines de 1989, un joven
colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había
instalado en el país. El sujeto era pariente del clan
de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de
Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la
empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto
contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de
Aeronáutica Civil.
La lógica indicaba una suma matemática fácil de
resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste
estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia
militar tendría también allí sus garras. Pero además,
la firma y el colombiano eran representados por el
abogado Héctor Novoa Vásquez.
Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992
cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño
de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en
que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet
privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de
propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para
rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista
palestino responsable del secuestro del barco de
pasajeros “Achille Lauro”. Días más tarde, el juez
Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a
quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del
chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre
de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a
Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los
delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal
de vehículos, tenencia ilícita de armas y
participación en actos de terrorismo internacional.
Años más tarde, luego de que todos los testigos o
murieran en extrañas circunstancias o se retractaran,
Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores,
Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada
“mafia siria”, mantuvo estrechos vínculos con la Cosa
Nostra siciliana y con los carteles colombianos.
En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió
radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se
dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En
la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores
se presentó en las oficinas de la empresa y selló
todos los cajones y muebles que contenían
documentación. Al día siguiente, los inspectores
descubrieron que todos los sellos habían sido
violados. Hombres de Bathich habían ingresado al
recinto la noche anterior. Los documentos contables
habían desaparecido. En uno de los patios internos
humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los
detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos
Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño
arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra,
chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y
una pistola Uzi con mira infrarroja.
El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país
rumbo a Argentina para instalarse en el palacio
Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos
día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio
colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente,
este proceso terminó con multas y penas remitidas de
cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados
de los ’90, pasó unos meses en la cárcel y salió en
libertad bajo fianza.
“Todos Eran Viciosos”
Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición
democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre
tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos
humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra
los agentes de la dictadura. El análisis de la
inteligencia militar de la época era claro: el
chaparrón mojaría a todos por igual.
El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el
Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de
abogados que, coordinados por la Dirección de
Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los
militares que iniciarían el desfile por los
tribunales.
Pero había uniformados con situaciones judiciales más
complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán
Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado
del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel,
como también del homicidio del vocero del MIR Jécar
Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces
cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE,
general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de
Chile, según declaraciones judiciales del propio
Ramírez Rurange.
Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de
1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro
Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el
homicidio cometido en Washignton en 1976 del ex
canciller Orlando Letelier.
Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra
presionaba por otro flanco para que el autor
intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor
Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.
La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la
DINE, por Pinochet, conocida también como “control de
bajas”, inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue
sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por
la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de
la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor
Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”.
El ministro Bañados había citado al ex químico de la
DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier.
Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron
de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente
en la casa que el organismo tenía en la calle Vía
Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.
La situación de Berríos era sumamente compleja, ya
que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea:
la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre
otros venenos usados para matar a los opositores al
régimen militar. Encargado del proyecto Andrea,
después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el
entonces mayor Gerardo Huber.
Pero el químico también guardaba otro secreto: su
vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes
de inteligencia militar, chilenos prestamistas y
militares.
Las declaraciones judiciales de uno de los narcos
vinculado con el químico, militares y carabineros son
reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo
Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos
sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con
la ex CNI. Este último entregó una versión que da
luces del por qué la inteligencia militar chilena
protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó
antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en
febrero de 1993.
“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos,
militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos
de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos,
todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa.
Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre
de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte
Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta
noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.
Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de
cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa.
Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con
sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba
bajo la estricta custodia de la inteligencia militar
chilena y uruguaya.
El Misterioso Coronel
A principios de los ’90, el narcotráfico se mezclaba
con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario
Manuel Losada traficaba drogas con los carteles
colombianos. Como se relató en una nota de LND el
pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali
y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos
contactos importantes, tanto para llevar la droga
fuera de Chile como para traer desde Europa los
narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida
en ese continente por la Cosa Nostra, liderada
entonces por Bernardo Provenzano.
El primero era un coronel de Inteligencia militar; el
segundo, un conocido industrial chileno. En 1998,
Losada acabó detenido en el marco de la operación
Océano. Años antes también cayó Zuluaga.
Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en
Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en
líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga,
salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados
Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue,
sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y
justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto
en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro
Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar
peruana, que formaba parte de la organización criminal
que integraba Berríos. El peruano fue detenido en
junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente
por un laboratorio de este tipo.
Un Eslabón Perdido
En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas
fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como
ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba
Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del
Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la
Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos
durante los años del proyecto Andrea y encargado de la
Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.
La operación, sin embargo, había comenzado en abril
del mismo año con la llegada a Chile de dos
personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el
nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos
roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas
contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa
argentina con los servicios de Inteligencia militar en
Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer
Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia,
viajó en dos oportunidades a Chile.
Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa
oriental, la Justicia chilena nombró ministro en
visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar
adelante el caso. Una de las primeras diligencias que
realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este
último se declaró inocente, pero a diferencia del
resto de los involucrados dijo que debían preguntarle
mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces
jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo
hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a
Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.
Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo
Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de
1992, no sin antes quemar una serie de documentos que
comprometían al alto mando institucional de la época.
Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20
de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el
lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.
Con el paso de los años, varias piezas se han ido
uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano
entregó el informe sobre las actividades de lavado de
dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto
Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en
el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades
financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta
ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de
dólares.
Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por
ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio
Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones
políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento
directo de las actividades ilícitas del círculo
cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser
sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía?