++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
No ceder a las intimidaciones
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Editorial. Clarin. Argentina. 2 de octubre de 2006. La
semana pasada ha tenido lugar una serie de amenazas de
distinto orden cuyo objetivo es obstaculizar el
funcionamiento de la Justicia y desalentar la libertad
de expresión
A raíz del juicio al ex comisario de la Bonaerense
Miguel Etchecolatz, y en el contexto de la
reactivación de numerosos juicios por violaciones a
derechos humanos, numerosos jueces, fiscales y
testigos de causas recibieron amenazas en casi todo el
país. Las características de las mismas indican que se
trata de una operación concertada, realizada con
información precisa sobre las citadas causas
judiciales.
Quienes amenazan intentan instaurar el temor en la
Justicia y los testigos y, de ese modo, trabar el
avance de los procesos, facilitando la impunidad de
graves delitos. Para que esto no suceda y el Estado
debe investigar el origen de las amenazas y garantizar
la seguridad de los funcionarios judiciales y los
ciudadanos que participan en los procesos.
Paralelamente, el periodista Joaquín Morales Solá, del
diario La Nación, y el empresario periodístico Jorge
Fontevechia, dueño de la editorial Perfil, denunciaron
que recibieron amenazas por sus posturas críticas ante
el Gobierno.
Respondiendo a los hechos, el Gobierno se solidarizó
con los periodistas amenazados y ofreció protección
policial. En este caso, es necesario actuar
decididamente para impedir que prospere el intento de
inhibir la libre expresión de la prensa, por parte de
elementos de cualquier extracción o alineamiento
político.
En ambos casos están en juego la libertad y la
seguridad de las personas amenazadas, y el libre
funcionamiento de instituciones claves de la vida
republicana.
Las amenazas sufridas por funcionarios judiciales,
testigos y periodistas, intentan imponer, con
distintos propósitos, un clima de intimidación que
impida el libre funcionamiento de instituciones de la
República.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Las condenas del pasado
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Por Osvaldo Pepe. SECRETARIO DE REDACCION DE CLARIN.
Argentina. El caso del albañil López, de quien no se
tienen noticias desde hace ya 15 días , mantiene entre
paréntesis la vida nacional: de si aparece o no, y en
qué circunstancias puede eso ocurrir, dependerá el
giro de la política y de la sociedad a futuro. Es una
discusión del presente que, sin embargo, por su
condición de testigo influyente en la condena al ex
represor Etchecolatz, merodea el peor pasado de los
argentinos. La hipótesis de asociar el desconocimiento
de su suerte a rémoras de la dictadura la han ensayado
tanto el gobernador Solá como el presidente Kirchner.
En su libro "Tiempo pasado", la ensayista Beatriz
Sarlo dice que "el regreso del pasado no es siempre un
momento liberador del recuerdo, sino un advenimiento,
una captura del presente". Allí explica que del pasado
puede no hablarse: una familia, un Estado o un
gobierno pueden sostener la prohibición de hacerlo,
pero —enseña— "sólo de modo figurado se lo elimina. En
condiciones subjetivas y políticas normales, el pasado
siempre llega al presente".
¿Alguien puede siquiera imaginar cuál habría sido el
destino moral de la Humanidad si al Holocausto no le
hubiera sobrevenido el juicio de Nuremberg? Ese pasado
hubiera desgarrado a las generaciones siguientes y
creado una inmensa laguna ética en los comportamientos
sociales y del poder mismo. Aquel pasado modeló el
derecho moderno y por eso los delitos de "lesa
humanidad" (como los de la dictadura argentina) no
prescriben. Ese es un pasado que aún demanda justicia.
Pero a veces, en esa búsqueda, reaparecen espasmos del
pasado que se quiere condenar. Tanto como las amenazas
a jueces y fiscales, la sospecha que quiso instalar
Hebe de Bonafini sobre López, o la "advertencia de
prontuarios y archivos" sobre políticos y periodistas
son retazos del pasado que no aportan al presente. O
sí, pero de la peor manera.