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Actualizacíon Violaciones DDHH en Colombia

CONTINUA LA PERSECUCIÓN ESTATAL EN ARAUCA
(Colombia) (Autor: Prensa Rural- Humanidad Vigente) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

El pasado 28 de Octubre adelantó la judicialización de los tres dirigentes sociales araucanos detenidos el pasado viernes 27 de octubre por soldados del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro, de la XVIII Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Saravena, al occidente del departamento de Arauca.

Al momento de la detención no fue presentada ninguna orden de captura por parte de los militares. Sin embargo, en este momento se anuncia su posible traslado a Arauca capital para ser procesados por la justicia.

Entre los detenidos se encuentra Orlando Páez, directivo del sindicato de los trabajadores de la construcción e integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Saravena, quien ya había sido recluido injustamente bajo el cargo de rebelión, habiendo permanecido tres años en la cárcel de la ciudad de Arauca. Las otras dos personas son William Díaz, dirigente comunal, y un joven de apellido Patiño.

Más atropellos

Así mismo, el día de hoy se ha presentado el allanamiento de la vivienda del dirigente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, Víctor Laguado, ubicada en el municipio de Saravena.

También se ha sabido de la detención de varios ciudadanos en el municipio de Arauquita, municipio en el cual se está adelantando un encuentro de derechos humanos con el fin de exponer la grave situación humanitaria que se presenta en el departamento. Desconocemos la identidad de las personas detenidas y la razón de su detención.

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ASESINADO DOUGLAS MEJIA PINTO, DIRECTIVO DE ASONAL JUDICIAL EN RIOHACHA – GUAJIRA
(Colombia) (Autor: ASONAL) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0196/06

La Junta Directiva Nacional de Asonal Judicial, denuncia y deplora ante la comunidad nacional e internacional, el vil asesinato del que fue víctima nuestro amigo y compañero DOUGLAS ALONSO MEJIA PINTO, secretario de la Junta Directiva Seccional de la Guajira ; en hechos confusos y registrados el pasado miércoles 18 de Octubre del presente año, a las 6:45 a.m, cuando terminaba de dejar a sus hijos en el colegio, cegándole la vida con once (11) impactos de bala, al interior de su vehículo automotor.

Nuestro compañero Mejia Pinto igualmente se desempañaba como Secretario del recién creado Juzgado Primero (1º) Administrativo de la ciudad de Riohacha – Guajira, destacándose con una carrera brillante, honesta y transparente al interior de la Rama Judicial, durantes sus 15 años de servicio. De vida familiar intachable, deja viuda a su esposa y huérfanos a sus tres hijos menores de edad.

Los móviles son desconocidos, máxime cuando en contra del compañero no se conocían amenazas en contra de su integridad física o su vida; por tanto abogamos ante la justicia colombiana y los organismos de seguridad del estado, para que las indagaciones judiciales se adelanten dentro de la mayor prontitud y sea posible, dar con los responsables de tan execrable crimen.

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CONTINÚA LA CADENA DE ATROPELLOS Y ASESINATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL SUR DE BOLIVAR BATALLON NUEVA GRANADA ASESINA OTRO LIDER CAMPESINO EN EL SUR DE BOLIVAR
(Colombia) (Autor: Comunidades Sur de Bolívar) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

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DR-0197/06

UN ERROR MILITAR?

Las comunidades del Sur del Bolívar, que permanecemos movilizadas desde el día 19 de septiembre de 2006, en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, para repudiar y rechazar el nuevo asesinato que enluta las comunidades del Sur de Bolívar.

1. El día 24 de octubre de 2006, el Batallón Antiaéreo Nueva granada, asesinó al señor LEBER CASTRILLON SARMIENTO, de oficio agricultor, líder comunal, miembro de la comunidad del corregimiento Norosí, municipio de Río Viejo, sur del departamento de Bolívar.
2. Los hechos se registraron en horas de la noche, en momentos en que el señor Leber Castrillón, se encontraba en la quebrada del corregimiento Norosí, pescando con sus dos menores hijos y el Ejército abrió fuego contra ellos. El menor Miguel Castrilón resultó herido de bala en una pierna.
3. De acuerdo a las versiones del Coronel Gustavo Enrique Avendaño, jefe del Estado Mayor de la V Brigada , y publicada por el periódico Vanguardia Liberal, “los hechos se presentaron en un sector del corregimiento de Norosí, municipio de Rio Viejo, donde las tropas adelantaban operaciones de registro y control” y según el mismo artículo el señor LEBER y sus dos niños, fueron confundidos con miembros de organizaciones al margen de la Ley , y el Ejército reconoce que se trató de un “error militar”.
4. Este crimen, junto a la cadena de crímenes cometidos por el Ejército Nacional en el Sur de Bolívar, corresponde a una cadena de persecución y exterminio hacia las comunidades y lideres de esta región del país; los asesinatos de campesinos y mineros, las desapariciones forzadas, los saqueos, las torturas, las detenciones arbitrarias, los hurtos de enseres, los señalamientos y amenazas a las comunidades, las ejecuciones extrajudiciales y los positivos reportados, no se pueden concebir y justificar como simples ERRORES MILITARES, porque la presencia de la Fuerza pública en la región ha estado dirigida a sembrar terror y zozobra en la población para que se desplacen y abandonen su territorio, y así generar condiciones a las multinacionales como la Anglogold Ashanti - Kedahda S.A. para que exploten nuestros recursos naturales.
5. Las comunidades hemos denunciado permanentemente al Gobierno Nacional, que el Ejército Nacional, ha manifestado que “no responde por las personas que transiten por caminos después de las 6:00 p.m.”, siendo esto una amenaza más y vulneración del derecho a la libre circulación.
6. Hemos permanecido durante 36 días en movilización permanente, desde el vil asesinato de nuestro líder agrominero ALEJANDRO URIBE CHACON, exigiendo del gobierno nacional protección y garantías para nuestras vidas y nuestro territorio. Para ello hemos insistido en una comisión de alto nivel del gobierno nacional compuesta por el Ministro de Defensa, Ministro de Minas y Energía, Ministro del Interior y de justicia, Fiscal General de la Nación , Procurador General de la Nación , Programa Presidencial de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Gobernador de Bolívar y Alcaldes del Sur de Bolívar, que atiendan nuestras exigencias y se comprometan en brindar salidas reales a la problemática que vivimos las comunidades.
7. Mientras tanto, han continuado los asesinatos, las amenazas y los atropellos, en contra de líderes sociales y comunidades de la región por parte de miembros del Ejército Nacional. Mientras hemos permanecido en movilización, han fumigado nuestros territorios, destruyendo numerosas hectáreas de cultivos de pancoger, agudizando la crisis humanitaria que vive la región.
8. Rechazamos el irrespeto y el desconocimiento a nuestras organizaciones sociales, por parte del Gobierno Nacional, que no ha tenido voluntad ni seriedad para sentarse a dialogar con las comunidades, pese a la permanente insistencia y espera pacífica que hasta el momento hemos hecho.

Reiteramos que las solicitudes que han sido presentadas al gobierno nacional, constituyen mínimos necesarios para el respeto a nuestras vidas y la permanencia en nuestro territorio.

Medidas políticas y administrativas:

1. Que por vía administrativa y como medida de carácter político, se ordene la separación inmediata de los cargos de los comandantes de Batallón y comandantes operativos que tuvieron responsabilidad alguna en el operativo realizado, que dio muerte a ALEJANDRO URIBE CHACON, líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar el día 19 de septiembre de 2006 en la vereda las culebras del municipio de Montecristo, así como de la cadena de hechos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el Sur de Bolívar durante el año 2006, así como los oficiales que han buscado encubrir los crímenes aquí denunciados.
2. Que el Gobierno Nacional declare públicamente y con amplia difusión, la legalidad y legitimidad de la labor que desarrollan las organizaciones campesinas y mineras en la región del Sur de Bolívar, y en consecuencia reconozca públicamente el carácter de líder agrominero de ALEJANDRO URIBE CHACÓN.
3. Que el Ministro de Defensa ordene la desmilitarización inmediata de los Espacios Humanitarios del Sur de Bolívar. que confluyen en la comisión de interlocución. [1]

Medidas de control y justicia

4. Que se conforme una Unidad especial y conjunta de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación del orden nacional, a fin de que con celeridad adelanten de manera conjunta y conexa las investigaciones en razón de los hechos ocurridos en el Sur de Bolívar y denunciados en la mesa de interlocución.
5. Que los órganos de la Justicia Penal Militar se abstengan de asumir competencia en la investigación de la muerte de ALEJANDRO URIBE CHACON y de los demás hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Sur de Bolívar.
6. Se garantice la presencia periódica de la Procuraduría General de la Nación , en diferentes municipios, corregimientos y veredas, a fin de que adelanten una labor de observación y monitoreo de la evolución de la situación de derechos humanos.

Medidas de protección y Garantías

7. Se amplíe la presencia de la defensoría del Pueblo, mediante el nombramiento de defensores comunitarios que hagan presencia permanente en las zonas rurales del Sur de Bolívar.
8. Se designen medios de comunicación idóneos (satelitales) en cada comunidad con el fin de que puedan comunicar oportunamente situaciones de riesgo para prevenir hechos de violaciones a los derechos humanos.
9. Que el gobierno nacional solicite a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elabore y publique un informe especial que contenga la situación de los derechos humanos y D.I.H en el Sur de Bolívar.
10. Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la presión de compra masiva de tierras de los campesinos por empresarios de carácter regional, nacional e internacional y políticos con claros intereses económicos que están ocasionando desplazamiento, desarraigo, desintegración familiar, comunitaria y temor en la población civil; en tal sentido se propone:

a. Desarrollar un proyecto de reforma agraria y resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdieron el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras en el sur de Bolívar
b. Que se ordene la suspensión de contratos de concesión frente a terceros, que cursan ante la Secretaría de Minas del departamento de Bolívar, y se declare el Sur de Bolívar Área de reserva especial minera

Salida Negociada al conflicto armado

Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la solución de los conflictos en el Magdalena Medio, constituyendo un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el gobierno, los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte de aportan los campesinos y campesinas, mineros y mineras y población civil en general

Llamado a los grupos insurgentes

1.- Sea respetado el derecho a la vida e integridad de las personas y comunidades del Sur de Bolívar.
2.- Se de pleno cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario.
3.- Sean respetados los espacios humanitarios existentes en la región.

[1] La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar es un espacio en el que confluyen comunidades de: Proceso ciudadano por Tiquisio; Consejo permanente por la vida, la justicia y la paz del Alto Arenal; Proceso Territorial por la Vida , la Convivencia y el Desarrollo en la parte alta del municipio de Río Viejo; Proceso Soberano Comunitario Por la Vida la Justicia y La Paz de Micoahumado Y Corcovado; Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal; Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL-; Comité de Integración de comunidades Agromineras del Sur Sur de Bolívar
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MILITARES ROBAN A CAMPESINOS EN EL VALLE DEL RÍO CIMITARRA
(Colombia) (Autor: CREDHOS) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

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DR-0198/06

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), y los comités de derechos humanos de las veredas Puerto Matilde, Jabonal, No te Pases y San Francisco del municipio de Yondó,y de la vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo, denuncian las infracciones al derecho internacional humanitario que han venido cometiendo miembros del Batallón Calibío de la XIV Brigada contra los campesinos del valle del Cimitarra. De acuerdo con información suministrada por campesinos de la zona.

1. El 29 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Calibío llegaron a la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, a la finca del señor Pedro Canole, afiliado a la junta de acción comunal de la vereda, y después de violentar las cerraduras hurtaron los siguientes objetos: Un mercado, un radio, tres lociones,un pavo, tres cuchillos, tres cremas humectantes para el cuerpo, dos galones de Amina 480 (veneno para fumigar potreros), ½ galón de Gramosol (veneno para fumigar potreros), dos cobijas y cuatro cucharas.

2. El 8 de octubre de 2006, miembros del Batallón Calibío llegan a la vereda Caño Dorada del municipio de Cantagallo, Departamento de Bolívar, a la finca del señor José Arleny Jaramillo y hurtan los siguientes objetos: herramientas de trabajo en mina de oro, embudo de tanqueo de motor, utensilios de cocina, un radio marca Sony, collar de plata, víveres y una linterna.

3. El mismo 8 de octubre, según información suministrada por campesinos de la zona, llegan a otra finca vecina de la misma vereda Caño Dorada y haciéndose pasar por guerrilleros, se llevan una escopeta que se hallaba en la vivienda, y exigen para devolverla que se les entreguen tres gallinas. Ante lo cual, los trabajadores de la finca se vieron obligados a entregar los tres animales a fin de recuperar la escopeta.

Ante los hechos denunciados, Credhos en cumplimiento de su objetivo de defender y promover el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario hace las siguientes exigencias:

- A la Fuerzas Militares, y en específico al Batallón Calibío adscrito a la XIV Brigada, el respeto al derecho internacional humanitario.
- Al estado colombiano que investigue y castigue a los miembros de la Fuerzas Militares que vienen infringiendo el derecho internacional humanitario en el valle del Cimitarra.

- Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a los hechos denunciados por la comunidades de las veredas Santo Domingo y Caño Dorada, e inste al estado colombiano a cumplir las normas del derecho internacional humanitario y a respetar y garantizar los derechos humanos.

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POLICIA ALLANA SIN ORDEN JUDICIAL A VARIAS RESIDENCIAS EN ARAUQITA, ALGUNAS AFILIADAS A LA ACA
(Colombia) (Autor: Humanidad Vigente) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

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La Asociación Campesina de Arauca (ACA), denunció el viernes 20 de octubre, la andanada policial contra pacíficos ciudadanos de la ciudad de Arauquita, Arauca, cuando sin orden judicial, el jueves 19 se allanaron varias residencias en las horas de la noche.

Entre las casas allanadas se encuentran la de varios afiliados de la ACA, como la del señor Luis Alberto Santamaría, quien al momento del atropello no se encontraba en el lugar.

La casa del hermano de Luis también fue objeto de la arbitrariedad y a sus moradores les autoridades les inquirieron por su paradero y en qué trabaja.

ACA señala que Santamaría había sido detenido hace algunos días por los mismos miembros de la Policía de Arauquita y dejado en libertad al verificar sus antecedentes, por ello no se explican esta persecución.

Humanidad Vigente se une a las voces que denuncian estos nuevos atropellos de la "seguridad democrática" en la ya martirizada región de Arauca y exige de las autoridades el inmediato cese de la persecución a los afiliados de la ACA, cuya única preocupación es trabajar en defensa de los intereses de los campesinos.

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15 ESTUDIANTES DETENIDOS DURANTE ARREMETIDA DEL ESMAD CONTRA MANIFESTACION EN UNICAUCA
(Colombia) (Autor: Del Pueblo) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

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La marcha de antorchas de la Unicauca realizada en la ciudad de Popayàn en protesta por el brutal asesinato del estudiante de Biologìa Milton Hernan Troyano y por las continuas amenazas efectuadas contra estudiantes activistas y lideres estudiantiles de la instituciòn, se desarrollo en medio de la indignaciòn por la impunidad reinante ante tanta barbarie. cuando la marcha se encontraba culminando y los animos de los estudiantes en medio de la rabia y la tristeza contenidas hasta entonces empezaban a avivarse, el ESMAD arremetiò ferozmente en contra de los marchantes.

Luego de una triste despedida, realizada simbòlicamente por los estudiantes Universitarios en las inmediaciones del Parque Mosquera de la ciudad de Popayàn, en homenaje al activista estudiantil Milton Troyano, asesinado en el lugar, los estudiantes continuaron su rumbo hacia el parque caldas en pleno centro de la "ciudad Blanca". La rabia, mezclada con el dolor de perder a un compañero universitario màs a causa del terrorismo de estado siempre presente en nuestro país y la indignaciòn frente al clima de zozobra reinante en la Unicauca ante la amenza latente de una arremetida paramilitar se reflejo en el accionar de los jòvenes universitarios, quienes con sus voces y las letras plasmadas en las blancas paredes, reflejaron su inconformidad y la urgente necesidad de una transformaciòn real en nuestro paìs.

Pero con el pasar de las horas, todo cambio. Aquella ciudadania inconciente y egoista, preocupada por la blancura y la limpidez de las paredes de su colonial presente, antes que por la suerte de quienes aun pueden transformar este contexto, vio con complicidad como las fuerzas del orden criminal" ESMAD, arremetian ferozmente con bolillos, golpes y gases lagrimògenos en contra de los manifestantes, agrediendo a varios de ellos, incluyendo a un periodìsta, corresponsal del noticiero CMI que se encontraba en el lugar.

Los estudiantes marchantes, se refugiaron en una de las sedes Universitarias del centro (Claustro del Carmen) esperando protegerse, pero los miembros del Escuadron los persiguieron hasta el lugar y procedieron a sitiarlos durante varias horas a la espera de que salieran los para agredirlos como ya es costumbre. Igualmente, procedieron a efectuar requizas indiscriminadamente a todas aquellas personas que transitaran por el lugar, inclusive, se atrevieron a sacar a empujones a estudiantes que habìan entrado a parqueaderos y otros establecimientos buscando protecciòn; ademàs de esto, tambièn realizaron requizas en los buses de servicio pùblico, bajando de ellos a "todo aquel que tuviera cara de estudiante".

15 estudiantes fueron detenidos y conducidos en tanquetas hasta la sijin con el fin de judicializarlos. 8 de ellos estudiantes de la Unicauca, los otros, Estudiantes del Sena y de Secundaria que decidieron participar en aquella justa protesta en contra de la represiòn hacia la libertad y la expresiòn estudiantil. los compañeros aun permanecen retenidos.

Los medios de comunicaciòn, como ya es de conocimiento pùblico, actuaron en favor de las mal llamadas "fuerzas del orden", estigmatizando duramente la protesta estudiantil pero siendo increiblemente benèvolos con las violentas expresiones de los policìas.
Sobre esta parcializaciòn evidente de los medios locales y nacionales vale la pena anotar, que el dìa del asesinato de Milton Troyano, acontecido aproximiadamente a las 7:30 pm., ningùn medio televisivo (RCN - CARACOL TV) asistio al lugar de los hechos a cubrir inmediatamente la noticia, lo que "colaboro" considerablemente con la invisibilizaciòn del asesinato del compañero estudiante. en esta oportunidad, ante la enorme posibilidad de estigmatizar aun màs la protesta social y estudiantil y reivindicar una vez màs, el aparato de muerte y represiòn de estado, medios televisivos como caracol estuvieron presentes en el lugar, mas que cubriendo los golpes propinados a los manifestantes por parte de la policìa, realizando tomas de los rostros de los manifestantes y señalando indiscriminadamente su actitud sin tener en cuenta la dolorosa situaciòn que los obligò a marchar en las calles.

Ante estos nuevos hechos, que ponen aun màs en riesgo la integridad y la vida de nuestros compañeros estudiantes de la Unicauca y, ante la detenciòn y posible judicializaciòn de los compañeros estudiantes asistentes a la marcha de antorchas, expresamos nuestro profundo rechazo e instamos a todas las organizaciones sociales y populares, oreganizaciones de Derechos Humanos, Estudiantiles, Sindicales, barriales, etc, a nivel nacional e internacional a rodear nuestro proceso, pronunciarse en contra de estos atropellos y la delicada situaciòn de los estudiantes amenazados, asi como tambien a permanecer alertas frente a lo que se pueda concentrar pues tememos por las vidas de muchos de nuestrtos compañeros Universitarios.
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LOS CAMPESINOS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN LA FINCA "EL CONVENIO, VEREDA LA SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ - DESDE HACE MAS DE TRES MESES, DENUNCIA LOS SUCESIVOS ATROPELLOS COMETIDOS POR PARTE DE LAS FUERZAS MILITARES: POLICÍA – EJERCITO NACIONAL
(Colombia) (Autor: Prensa Libre) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

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DR-201/06

HECHOS

El pasado sábado 21 de octubre de dos mil seis (2006), a las 9:00 p.m. en la Finca El Convenio de la vereda La Siberia, corregimiento de Portachuelo, Municipio de Totoró; sitio en el que adelantamos la recuperación de tierras de este predio, se presentó una patrulla, del ejército nacional compuesta por treinta soldados miembros del Batallón José Hilario López, al mando del teniente Braulio de León Cifuentes.

Irrumpiendo nuevamente diciendo que nos venían a desalojar, pero sin una orden respectiva del desalojo, a la cual nosotros le respondimos que eso era ilegal, entonces el nos contesto que el no necesitaba orden, porque el era la ley y nosotros le dijimos que ellos no eran competentes para realizar el desalojo. Al respecto el nos respondió que los altos mandos podían hacer lo que ellos quisieran, además nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias, porque eran ordenes del Ministro de la Defensa Juan Manuel Santos.

Ante tales hechos nosotros pedimos al gobernador apersonarse de los problemas de tierra y busque unas medidas negociables para el Valle de Malvaza.

COMITÉ NUEVA INTEGRACIÓN

CAMPESINA EL CONVENIO LA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ

ACCIÓN URGENTE

La coordinación campesina de la federación nacional sindical unitaria agropecuaria FENSUAGRO -CUT Cauca denunciamos:

Ante el gobierno nacional, los organismos de Derechos Humanos y la comunidad internacional, el permanente hostigamiento y la vigilancia continúa de que venimos siendo victima los líderes de esta organización agraria en la sede de la ciudad de Popayán.

HECHOS.

El pasado miércoles 18 de octubre del presente año, a las 10:30 a.m hicieron presencia en la sede de nuestra organización ubicada en la Cra. 12 No. 1-20 del Barrio Cadillal de la ciudad de Popayán, dos sujetos en actitud extraña con pretensiones de ingresar a la oficina e indagar por quienes laboramos en dicha sede; al no lograr el cometido tomaron datos de la dirección de la vivienda y a su ves procedieron a tomar varias fotografías al inmueble.

El procedimiento llevado a cabo por los sujetos en cuestión, es característico de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, su actuación no se corresponde con una acción legal, por cuanto no se identificaron, lo que hace temer por la seguridad de todos y cada una de las personas que visitan y laboran en nuestra sede, ante una acción ilegal extrajudicial de persecución contra nuestras actividades humanas en defensa del agro colombiano.

Ante los hechos referidos solicitamos:

Al Gobierno Nacional:

Cesar y evitar este tipo de acciones intimidantes contra las Organizaciones Sociales y los Líderes Agrarios de FENSUAGRO.

Investigar este tipo de comportamientos provenientes de organismos de seguridad del Estado que colocan en riesgo nuestras legítimas actividades

Responsabilizarlo de alguna acción criminal que llegare a presentarse contra algún dirigente campesino de FENSUAGRO - Cauca

A los Organismos Internacionales:

Solidarizarse con las justas luchas que libra el pueblo campesino organizado por la tierra y las necesidades básicas insatisfechas, dirigiéndose al Gobierno Nacional de Colombia para que garantice el libre ejercicio de las actividades propias de nuestra organización que se encaminan a defender la causa del desprotegido agro colombiano.

A los Organismos de Derechos Humanos:

Coadyuvar la petición de esta denuncia ante el Estado y los Organismos Internacionales para evitar que este tipo de hechos desemboquen en tragedias contra el pueblo organizado.

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POBLADORES DE PRADO Y DOLORES (Tolima) SE
CONCENTRAN: RECLAMANDO JUSTICIA
(Colombia) (Autor: Reiniciar) (Fecha: Octubre 30 de 2006)

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DR-202/06

La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - REINICIAR, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, se permite informar ante los Organismos de Derechos Humanos y la opinión pública nacional e internacional, las acciones que vienen siendo desarrolladas por parte de habitantes de las áreas rurales de los municipios de Pradera y Dolores (Tolima), ante el asesinato de los jóvenes campesinos José Mario Guerrero Garzón (habitante de la Vereda Las Vegas del Café - Municipio de Dolores) y Héctor Jairo Yate (habitante de la Vereda Filo de Hambre - municipio de Prado), ocurrido el pasado 16 de octubre de 2006:

1.- Como lo denunciamos con anterioridad, según informaciones recibidas por habitantes y familiares, el pasado 16 de octubre de 2006, personal del Ejército Nacional simuló la existencia de enfrentamientos en la vereda Buenos Aires del municipio de Dolores, presentando posteriormente a estos jóvenes campesinos: José Mario Guerrero Garzón (habitante de la Vereda Las Vegas del Café - Municipio de Dolores) y Héctor Jairo Yate (habitante de la Vereda Filo de Hambre - municipio de Prado), como muertos en combate.

En relación con los hechos la información complementaria que hemos recibido indica que estos jóvenes: “fueron retenidos por el ejército, amarrados a un árbol y fusilados con impactos a poca distancia, acto en el que participó directamente el teniente PORRAS quien desde hace 1 año hace presencia en la zona y es reconocido por su actitud amenazante y represiva contra la comunidad”. (Denuncia de las Comunidades Campesinas, presentada ante Organismos de derechos humanos, autoridades y medios de comunicación)

Con posterioridad a los hechos, por parte del teniente Porras, se negó a los familiares que existieran víctimas por enfrentamiento en la zona, indicando que solo se había presentado un tiroteo. El día 18 de octubre, en horas de la mañana “cuando se hizo presente en el sitio de los hechos una delegación de campesinos para reclamar los cuerpos, el teniente Porras no solo les impidió el ingreso a la delegación sino que los amenazó, insultó e intimidó y le ordenó a algunos soldados disparar contra el campesino Efraín Holis Guzmán, habitante de la vereda Buenos Aires, quien les reclamaba la entrega de los cuerpos. Como los soldados se negaban a disparar, el teniente Porras dijo públicamente que ‘ese hijueputa era el próximo que había que matar’”.

2.- Ante esta situación, desde el día 24 de octubre de 2006, más de mil personas (adultos y niños), residentes en las áreas rurales de los municipios de Prado y Dolores (Tolima), han iniciado una concentración en la cabecera municipal de Prado y Dolores (Tolima), a fin de rechazar el asesinato de estos jóvenes, reclamar de las autoridades garantías para sus derechos y demandar que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables sancionados.

3.- Por parte del Comandante de Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Jorge Eliécer Pinto Garzón, se expresó en relación con las denuncias hechas por parte de los pobladores: “las operaciones que realiza el Ejército Nacional en la región están rodeadas de eficacia y una transparencia absoluta”. (Nuevo Día, 21 de octubre de 2006, página 8B)

A su vez, se agregó por parte del Comandante de la Sexta Brigada: “los pronunciamientos que se han hecho por parte de las comunidades de Montoso con la muerte en combate de estos integrantes de la cuadrilla XXV, son una muestra más de amedrantamiento, de la amenaza, del terror que tiene sembrada la organización guerrillera en esa región del país”.

En relación con la manifestación social contra este crimen expresó: “estas manifestaciones, en muchos casos son dirigidas y ordenadas por los insurgentes, quienes ejercen presión con rigor sobre los civiles en áreas de conflicto”.

4.- Estas manifestaciones del coronel Jorge Eliécer Pinto Garzón se constituyen en nuevo riesgo para los habitantes de la zona de Montoso, en tanto las mismas constituyen una estigmatización de los habitantes. Adicionalmente, la exoneración anticipada de la unidad militar que ejecuto estos actos, se manifiesta como un acto de encubrimiento, que necesariamente obstaculiza la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

5.- Por parte de quienes participan de esta concentración se viene solicitando la presencia en el municipio de delegados de alto nivel, de las siguientes instituciones:

• Vicepresidencia de la República • Ministerio del Interior • Fiscalía General de la Nación • Procuraduría General de la Nación • Defensoría del Pueblo • Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos • Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados

A su vez, se viene haciendo un llamado a organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales, a fin de que se solidaricen con esta movilización y acompañen a la comunidad en la realización de la misma.

En razón de lo anterior, les solicitamos dirigirse a las autoridades colombiana a fin de que les sea exigido:

a) Sean garantizados los derechos a la vida, integridad y libertad, así como los derechos a la libre expresión y manifestación, de quienes participan y/o acompañan la concentración que se desarrolla desde el pasado 24 de octubre en los municipio de Prado y Dolores (Tolima), en rechazo al asesinato de los jóvenes José Mario Guerrero Garzón y Héctor Jairo Yate.

b) Sea conformada, a la mayor brevedad, una comisión de alto nivel de delegados del gobierno nacional, organismos de justicia y control, a fin de que se de pronta salida a la situación de derechos humanos de la región. Que se garantice dentro de la misma la participación de delegados de las Oficinas del sistema de Naciones Unidas competentes.

c) Se brinden las condiciones de seguridad y alimenticias a quienes permanecen en los municipios de Prado y Dolores, mientras se llega a acuerdos para solucionar la problemática existente y se cuenta con las condiciones necesarias para un retorno en condiciones de dignidad y seguridad.

Posted by marga at Noviembre 2, 2006 5:19 PM | TrackBack