comunicado fidh
Organizaciones de Derechos Humanos piden se investigue penalmente en Alemania a D. Rumsfeld y a otros altos cargos de la administración norteamericana por haber autorizado prácticas de tortura en el proceso de la « guerra contra el terror »
Recurso por crimen de guerra presentado en nombre de 11 victimas iraquíes y un detenido del centro carcelario de Guantánamo, bajo la Doctrina de Jurisdicción Universal
Tras su dimisión Rumsfeld ya no puede alegar la inmunidad que le confería su cargo
Divulgado el 14 de noviembre 2006
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Pedido de Apoyo en el Caso Penal en Alemania contra Rumsfeld y otros Altos Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos
Le Piden a Fiscal Alemán cumplir con las Obligaciones de una Ley que requiere investigar casos de Tortura y Crímenes de Guerra
Desde Donald Rumsfeld para abajo, los líderes políticos y militares a cargo de ordenar, permitir e implementar técnicas abusivas de interrogación en el contexto de la “Guerra contra el Terror” deben ser investigados y responsabilizados por sus acciones.
En noviembre del 2004, el Centro Pro Derechos Constitucionales, junto con el abogado de Berlin Wolfgang Kaleck, y con el apoyo de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), de la Asociación de Abogados Republicanos (RAV), Abogados contra la Guerra (LAW) y el Centro Internacional de Recursos Legales (ILRC), presentaron un caso penal en Alemania bajo el reciente estatuto alemán de jurisdicción internacional, contra diez funcionarios de alto rango por crímenes de guerra. Cuatro meses más tarde, el caso fue sobreseído por el Fiscal Federal alegando que los Estados Unidos mismos no se abstendrían de investigar estos crímenes. Casi dos años más tarde, una cantidad contundente de evidencia y documentación nueva demuestra no solamente la veracidad de las alegaciones originales sobre tortura sino también la
responsabilidad de comando de los altos funcionarios por ordenar, implementar y permitir crímenes. Además, en los últimos dos años, las autoridades en los Estados Unidos no han tomado acción alguna en la investigación y proceso de los funcionarios de alto rango.
Una versión de la queja del 2004 puesta al día será presentada el 14 de noviembre del 2006, ya con el creciente apoyo de grupos internacionales y de conocidos estudiosos y abogados. Esta carta esboza las varias razones por las cuales el caso criminal contra Rumsfeld y otros es ahora tan contundente. Es también un fuerte documento de referencia para aplicar mayor presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para que investigue la cadena de mando y la posible responsabilidad penal de líderes superiores, tanto civiles como militares.
Cuanto más apoyo recibamos de organizaciones internacionales, académicos, expertos y otros, mayores serán nuestras chances de lograr nuestras metas. Las maneras en las cuales usted puede apoyar o promocionar nuestro caso están descritas abajo.
Los Estados Unidos de América, pretendiendo fijar estándares morales y legales para el mundo, se niega a investigar cabalmente el rol de aquellos en la cima de la cadena de mando por los crímenes cometidos contra cientos de detenidos en custodia americana en Iraq, Afghanistan y la Base naval de la Bahia de Guantánamo, Cuba. La existencia de los presuntos ‘memos de tortura’ escritos como borrador por oficiales de la administración y la autorización del Secretario de Defensa Rumsfeld, Teniente General Sanchez y otros, sobre técnicas especiales de interrogación que violan el derecho internacional humanitario y de derechos humanos dejan en claro que la responsabilidad por trato abusivo en Abu Ghraib y otras instalaciones americanas llega hasta los niveles más altos de mando.
Primera Queja Penal Presentada en noviembre del 2004
En un esfuerzo para responsabilizar a oficiales americanos, tanto militares como civiles, por actos de tortura incluyendo a los abusos altamente promocionados por los medios y llevados a cabo en Abu Ghraib, el Centro pro Derechos Constitucionales (CCR) y cuatro ciudadanos iraquíes, representados por el Abogado Wolfgang Kaleck de Berlín, presentaron una queja penal en noviembre del 2004 a la Oficina del Fiscal Federal Alemán en la Corte Karlsruhe en Alemania. Los cuatro iraquíes fueron víctimas de crímenes horripilantes incluyendo golpes fuertísimos, depravación de comida y sueño, encapuchamiento y abuso sexual.
La Federación Internacional pro Derechos Humanos (FIDH, basada en París), la Asociación de Abogados Republicanos (RAV), Abogados contra la Guerra (LAW, Vancouver) y el Centro Internacional de Recursos Legales (Montreal) se unieron a la queja como co-demandantes. Reconocidos expertos en derecho internacional americanos como Scott Horton, profesor adjunto de derecho internacional en la Universidad de Columbia, y Jules Lobel, profesor de derecho en la Universidad de Pittsburgh, así como expertos alemanes, el profesor Michael Bothe y el Dr. Andreas Fisher-Lescano, han apoyado el caso rotundamente al proveer sus declaraciones juradas.
La queja se presentó bajo el Codigo de Crímenes contra el Derecho Internacional (CCIL), promulgado por Alemania conforme al Estatuto de Roma creando la Corte Penal Internacional en el 2002, que Alemania ratificó. El CCIL provee jurisdicción internacional para crímenes de guerra, crímenes de genocidio, y crímenes contra la humanidad. Así, pone una obligación fiscal en el fiscal alemán para procesar crímenes que constituyan una violación del CCIL, más allá de la ubicación del acusado o del demandante, el lugar donde el crimen se llevó a cabo, o la nacionalidad de las personas involucradas.
Los acusados en esta ocasión fueron acusados de haber ordenado crímenes de guerra o bien de no haber prevenido la perpetración por sus subordinados en Iraq. Estas acciones están explícitamente criminalizadas en el Código Alemán. Los oficiales americanos acusados incluyeron: el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el ex-Director de la CIA George Tenet, el Subsecretario de Defensa por Inteligencia el Dr. Stephen Cambone, Teniente General Ricardo Sanchez, Comandante General Walter Wojdakowski, Comandante General Geoffrey Miller, Brigadier General Janis L. Karpinski, Teniente Coronel Jerry L. Phillabaum, Coronel Thomas Pappas, and Teniente Coronel Stephen L. Jordan.
¿Por qué Alemania?
En el 2004, Alemania fue vista como una corte de último recurso, y en el 2006 lo sigue siendo; simplemente no hay ningún otro lado al que acudir. Sin duda alguna, el gobierno de los Estados Unidos no está dispuesto a iniciar ninguna investigación penal sobre estas acusaciones contra estos oficiales. El Congreso no ha investigado cabalmente estos abusos. Ninguna de las numerosas comisiones designadas por las fuerzas militares y la administración de Bush ha estado dispuesta a examinar inquebrantablemente la cúspide de la cadena de mando. En vez, han asegurado una y otra vez que los abusos y las torturas fueron la responsabilidad exclusiva de personal de bajo rango fuera de control y que cualquier defecto en las partes altas de la línea de comando fue entendible, excusable o limitado. El resultado de varias cortes marciales señala esta posición.
Ninguna corte internacional o tribunal personal en Iraq fue ordenado a conducir investigaciones y procesos del personal americano responsable. Los Estados Unidos se han negado a unirse a la Corte Penal Internacional, de ese modo cerrando la opción de cualquier proceso en cortes internacionales. Iraq no tiene autoridad alguna para procesarlos. Es más, los Estados Unidos dieron inmunidad a todo su personal en Iraq de cualquier proceso iraquí.
Más allá de la falta de voluntad americana para procesar a los ya mencionados acusados, otras razones forzaron al fiscal a ejercer su deber y efectuar un proceso. Tres de los acusados estaban presentes en Alemania, otros, como Donald Rumsfeld, viajan allí a menudo y las unidades militares que participaron en acciones ilegales también estuvieron basados allí. Dado que los demandantes fueron víctimas de actos atroces, el deber de investigar es aún mayor.
Sin embargo, el 10 de febrero del 2005, bajo una fuerte presión pública de los Estados Unidos, el abogado alemán Nehm publicó la decisión de no aceptar el caso. Él rechazó la queja en razón de que creía que los Estados Unidos, que tienen la jurisdicción principal para procesar a los crímenes alegados, investigarían el tema. Nehm mantuvo que “no hay indicación alguna que las autoridades y cortes de los Estados Unidos se nieguen, o se negarían, de aplicar medidas penales en lo que a las violaciones descritas en la queja se refiere”. El 13 de setiembre del 2005, la Corte Regional de Stuttgart rechazó como inadmisible la apelación de la decisión de no investigar y procesar.
Para disputar la falta de imparcialidad e independencia del abogado que rechazó el caso bajo presión de los Estados Unidos, en febrero del 2006, RAV, FIDH, y LAW presentaron una queja al Reportero Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, el señor Leandro Despouy. Se les ha informado a las organizaciones que las comunicaciones fueron enviadas por la Oficina del Relator Especial a los Gobiernos con respecto a la queja.
Un Caso Considerablemente Más Fuerte se Presentará en Noviembre del 2006
Casi dos años más tarde, el caso contra Rumsfeld y otros es considerablemente más fuerte. Una queja revisada será presentada en noviembre del 2006 ante el Fiscal Federal Alemán. La lista de acusados será revisada, sacaremos un par de ellos y agregaremos al menos cuatro de los abogados del Gobierno que son responsables de los memos infames. Además, la nueva queja incluirá demandantes nuevos, incluyendo a Mohamed Al-Qahtani, detenido en la Bahía de Guantánamo, y contra quien el Departamento de Defensa ha admitido haber usado “técnicas de interrogación extensa”.
La decisión original del fiscal de rechazar el caso estaba basada solamente en la suposición que la investigación en curso estaba siendo llevada a cabo en los Estados Unidos sobre el escándalo de Abu Ghraib. Ahora nos encontramos en posesión de vasta evidencia que demuestra que esta investigación estaba concentrada solamente en la culpabilidad criminal de personal militar de los rangos más bajos.
Ya no puede ser negado que los Estados Unidos no han tomado la más mínima acción en lo que concierne a la investigación y proceso de oficiales de alto rango. La promulgación en octubre del 2006 del Decreto de Comisiones Militares (Military Commissions Act) es la ilustración más clara y reciente de esta falta de voluntad de procesar a criminales de guerra americanos. Algunos de los acusados mismos presuntamente involucrados en crímenes de guerra han sido o están siendo premiados con medallas y puestos de alta jerarquía. Como las funciones investigativas y de proceso en los Estados Unidos están actualmente bajo el control directo de aquellos que están involucrados en la conspiración para cometer crímenes de guerra, es concebible que los Estados Unidos estarán presionando vigorosamente a los procesos de investigación: estos se encuentran políticamente bloqueados.
Pero hay más. Nueva información extraordinaria ha emergido en los últimos dos años. Ésta demuestra el perfil generalizado y sistemático de los abusos, su perpetración como parte de una política claramente definida, y la responsabilidad directa de los acusados de estos crímenes. Sin embargo, la Administración de Bush no ha cambiado su previa y recurrente afirmación que los abusos fueron la responsabilidad exclusiva de personal militar de bajo rango. El Congreso de Estados Unidos permanece inactivo en este respecto.
Esta dramática expansión de material y de documentación convierte al caso penal en contra de Rumsfeld y otros en casi irresistible y así también se hace extremadamente difícil descartarlo como frívolo.
El objetivo es que la próxima queja fuerce a las autoridades alemanas a actuar rápidamente, siguiendo su estatuto de jurisdicción universal. Adicionalmente, esperamos que éste se transformará en un documento de referencia para evaluar los crímenes de guerra perpetrados por los Estados Unidos y la responsabilidad de oficiales de alto rango por ordenar e implementar políticas ilegales de interrogación. Habrá de estar disponible al público, discutido en los medios de comunicación y por académicos, y habrá también de servir una función educativa. Ayudará a reforzar la crítica de prácticas abusivas aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo.
Mientras que creemos que los Estados Unidos en una última instancia tendrán que ser los que examinen la responsabilidad penal de sus oficiales de alto rango, es absolutamente fundamental que se mantenga la presión en contra de tan evidente impunidad, que se avance el respeto por el cumplimiento de la ley y por las normas más altas del derecho internacional de derechos humanos y del derecho humanitario.
La Lucha contra la Impunidad de Torturadores y Próximos Eventos
La presentación de la queja en Alemania debe ser entendida en el marco más amplio de la lucha por organizaciones internacionales y abogados en contra de la impunidad de torturadores. El caso en contra de Rumsfeld y otros debe ser entendido como una queja de ‘basta de tortura’.
La queja revisada será presentada ante la Oficina del Fiscal Federal Alemán el 14 de Noviembre del 2006. Organizaciones nuevas y personalidades como el Gremio Nacional de Abogados, IALANA, Abogados Democráticos Europeos, el ganador del Premio Nobel a la Paz Adolfo Perez Esquivel, Veteranos por la Paz, y otros ya han aprobado este caso como co-demandantes. Además, reconocidos académicos se han puesto de acuerdo para presentar sus declaraciones juradas para el caso, y estos incluyen a Jordan Paust, Scott Horton, Ben Davis, y otros.
Cordialmente,
Michael Ratner,
Abogado y Presidente del Centro por Derechos Constitucionales (CCR).
Peter Weiss
Abogado y Vice Presidente del Centro por Derechos Constitucionales (CCR) y de la Federación Internacional pro Derechos Humanos (FIDH)
Wolfgang Kaleck,
Abogado y Presidente de la Asociación de Abogados Republicanos (RAV)
Sidiki Kaba,
Abogado y Presidente Federación Internacional pro Derechos Humanos (FIDH)
Comuníquese con nosotros:
Wolfgang Kaleck from RAV @ wka@diefirma.net
Claire Tixeire de CCR y FIDH @ ctixeire@ccr-ny.org
14 de noviembre 2006, Berlín, New York, Paris – El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Unión de Abogados y Abogadas Republicanos (RAV) y otros grupos representados por el abogado de Berlín, el Sr. Wolfgang Chalet, han presentado una querella penal hoy en Berlín, acusando a altos cargos civiles y militares de EEUU, incluyendo el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Fiscal General Alberto Gonzales, cometieron crímenes de guerra en Irak y en el centro penitenciario de Guantánamo Bay, bajo mando estadounidense. Este recurso, hecho posible gracias al estatuto de jurisdicción universal instituido en Alemania en 2002, ha sido presentado en nombre de 11 ciudadanos iraquíes, víctimas de horrendos crímenes, incluido golpes severos, privación de sueño y comida, privación de los sentidos al encapuchar a los detenidos y abusos sexuales en la infame cárcel de Abu Ghraib. Mohammed al Qahtani, ciudadano de Arabia Saudita detenido en Guantánamo y allí sometido a tortura y abusos, cometidos bajo la específica autorización de Rumsfeld y la supervisión del Mayor General Miller, es también querellante en el caso.
La renuncia de Rumsfeld a su cargo oficial la semana pasada ya no le permite beneficiarse del amparo de la inmunidad otorgada a los jefes de Estado o altos funcionarios del gobierno. Se considera que los acusados ordenaron crímenes de guerra, ayudaron o dieron su visto bueno a crímenes de guerra, o no los impidieron: estas acciones son delictivas. en virtud de la Ley Alemana. Según el Código alemán de Crímenes contra el Derecho Internacional (CCIL) de 2002 el Fiscal General Federal Alemán, es competente para procesar a criminales de guerra, no importando el lugar de residencia del inculpado, de la victima, la nacionalidad de las personas involucradas, o dónde se cometió el crimen.
En noviembre del 2004 el anterior Fiscal Federal Alemán no abrió una investigación en contra de muchos de los mismos reos, luego de la presión de EEUU hacia Alemania para que abandonara el caso, el cual fue definitivamente desestimado en febrero 2005 a la víspera de una visita a Alemania del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. El Fiscal Federal, quien rehusó conocer de todos los casos presentados bajo la ley de jurisdicción universal desde que ésta fue promulgada hace cuatro años, ha sido sustituido por un nuevo fiscal.
Al desestimar el caso el primer Fiscal dictaminó: “No existen indicaciones según las cuales las autoridades y tribunales de los Estados Unidos de América están, o estarían, frenando la aplicación de medidas penales de acuerdo con las violaciones descritas en el pleito.”
“Dos años después de que presentáramos nuestra primera demanda en Alemania, el fracaso total de las autoridades de los EEUU a la hora de tomar medidas para investigar la implicación de los más altos cargos del gobierno en actividades de tortura, no puede ser más claro”, dice Michael Ratner Presidente del CCR. “La recién promulgada Ley de Comisiones Militares, que contempla la amnistía de los altos funcionarios estadounidenses supuestamente implicados en crímenes de guerra, no es sino el ejemplo más reciente de la mala voluntad norteamericana en lo que al enjuiciamiento de americanos se refiere. Estos crímenes no son casos aislados perpetrados por ‘mala hierba’; sino que fueron orquestados y ejecutados en la misma cúpula del gobierno de los Estados Unidos.”
Teniendo en cuenta nuevas informaciones con carácter extraordinario, que han salido a la luz a lo largo de los últimos dos años, el nuevo recurso presentado consta que el ex-Consejero de la Casa Blanca Alberto Gonzales, el ex-Vice Fiscal General John Yoo y ex-Asistente del Fiscal Jay Bybee, así como otras personas involucradas, serían los cerebros políticos, en la Administración Bush, de las prácticas de la tortura. La existencia de unos llamados “memos de la tortura” y la luz verde dada por el Secretario General Donald Rumsfeld, el Teniente General Sánchez y otros, a la utilización de técnicas especiales de interrogatorio en violación del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, muestran nítidamente que la responsabilidad de los malos tratos infligidos en la cárcel de Abu Ghraib y otros centros estadounidenses alcanzan los más altos rangos de la administración gubernamental. Janis Karpinski, ex Jefe General acusada en la anterior demanda por ser la Oficial al mando de la cárcel de Abu Ghraib, comparecerá ahora en calidad de testigo a favor de los querellantes.
El Fiscal de Berlín, el Sr. Wolfgang Chalet dijo: “En noviembre de 2004 acudimos al tribunal en Alemania porque éste se consideraba como la instancia de último recurso, y en 2006 lo sigue siendo. No hay otra instancia posible, excepto audiencias nacionales en el extranjero. Luchamos por la transparencia y la justicia, por ello nuestra red internacional de organizaciones de Derechos Humanos y abogados trabaja, en todos los sitios donde tiene la oportunidad de hacerlo, al establecimiento de los Derechos Humanos Universales como primer recurso para las víctimas de crímenes de guerra. Basándonos en el principio de jurisdicción universal podemos enfrentarnos a casos de crímenes de guerra, con independencia del lugar donde suceden y de quién los comete. El recurso presentado hoy debe entenderse como un intento, entre otros, de luchar contra la tortura y de prevenir y disuadir futuros crímenes.”
“Los EEUU, país supuestamente abanderado de los valores morales y legales en el mundo, se niega a investigar en profundidad el papel desempeñado por aquellos que se encuentran en lo más alto cargos de la jerarquía, en crímenes cometidos contra centenares de detenidos bajo control americano en Irak, Afganistán y en la estación naval de Guantánamo Bay en Cuba.”, dice Sidiki Kaba, Presidente de la FIDH. “Hacemos hoy un llamamiento al Fiscal Alemán para que cumpla con su deber legal de forma independiente, imparcial y objetiva.”
Para consultar documentos y para más información sobre el caso, consulte www.ccr-ny.org. o www.fidh.org
ADDENDUM
Los altos cargos norteamericanos inculpados incluyen (la lista debe actualizarse):
- Secretario de Defensa Donald Rumsfeld
- Ex-Director de la CIA George Tenet
- Subsecretario de Defensa para Inteligencia Sr. Stephen Cambone
- Teniente General Ricardo Sánchez
- Mayor General Walter Wojdakowski
- Mayor General Geoffrey Miller
- Coronel Thomas Pappas
- Ex-Jefe del Consejo de la Casa Blanca Alberto R. Gonzales
- Ex-Asistente del Fiscal General General John Yoo
- Consejero General del Departamento de Defensa William James Haynes, II
- Asesor jurídico del Vicepresidente David S. Addington
Los codemandantes incluyen:
El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Unión de Abogados y Abogadas Republicanos (RAV), el Buró Internacional permanente para la Paz (Premio Nóbel 1910), el Gremio de Abogados Nacionales (NLG), Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nóbel de la Paz, la Asociación Internacional de Abogados contra las Armas Nucleares (IALANA), Abogados contra la Guerra (LAW), Abogados Europeos Demócratas, Juristas Europeos Demócratas, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, Veteranos para la Paz.
Posted by marga at Noviembre 15, 2006 4:12 PM | TrackBack