Nuevamente, en Guatemala las organizaciones de derechos humanos se ven amenazadas y atacadas por cuerpos ilegales que pretenden intimidarlas en su accionar. En esta ocasión fueron allanadas las oficinas donde se encuentra el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH) y la Unidad de protección a Defensores y Defensoras de derechos humanos; además de la Asociación Comunicarte.
Asimismo, el viernes al medio día, CALDH fue objeto de dos actos de intimidación. Hombres armados robaron un vehículo de la institución, secuestrando por minutos al compañero que lo manejaba, lo amenazaron de muerte y lo dejaron cerca de un barranco, llevándose además del vehículo, una computadora portátil y documentos, todas las cosas aparecieron intactas, por lo que podemos aseverar que no se trató de un acto de delincuencia común. Paralelo a este hecho y en otro lugar, a uno de nuestros asesores legales le destruyeron, con una navaja, una de las llantas de su vehículo personal, en un parqueo que contaba con guardias de seguridad privada.
Todas estas acciones se vienen a sumar a las agresiones que desde septiembre vienen sufriendo diversos compañeros y compañeras del ECAP y que se incrementaron desde el 10 de enero recién pasado y que ya han sido denunciadas.
Estos hechos no pueden verse de manera aislada. Las organizaciones atacadas trabajan activamente por la verdad y la justicia en el país. Por un lado atacan a CALDH, que lucha contra la impunidad, particularmente en los casos por genocidio en Guatemala; COMUNICARTE, que es una asociación que ha documentado y difundido visualmente hechos vinculados a graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado, y quienes además cuentan con archivos históricos; el MNDH que cuenta con registro de organizaciones de ddhh del país; y la Unidad de Defensores y Defensoras, que lleva un registro de los ataques perpetrados en contra de defensores y defensoras.
Estos actos no son coincidencia. La lucha por la justicia en crímenes del pasado y la denuncia constante de violaciones a derechos humanos en la actualidad, son razones para aseverar que estos hechos son políticos y pretenden intimidar y frenar las acciones que estas organizaciones realizan.
Exigimos al Ministerio Publico investigar estos hechos y al Gobierno garantizar la vida y la seguridad de quienes defienden, protegen y promueven los derechos humanos en Guatemala.
¡POR EL DERECHO A UN PAÍS JUSTO!
Guatemala, 05 de febrero de 2007
Posted by marga at Febrero 7, 2007 5:39 PM | TrackBack