Col - En seis meses se ha indagado a 40 paramilitares, mientras Vicente Castaño reorganiza los grupos paramiltiares.
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i) Al ritmo actual la Fiscalía tardaría 35 años en tomar declaración a los 2.812 paramilitares reconocidos, de los que sólo 700 están localizados.
El balance no es alentador, más si se tiene en cuenta que solo hay 23 fiscales y 150 investigadores. De la situación habla Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
¿Cómo ve el proceso?
La Unidad asumió tres décadas del accionar paramilitar. Hay violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, miles de homicidios, centenares de masacres, millones de desplazados, miles de desaparecidos y sinnúmero de secuestros y apoderamientos de tierras, sin mencionar los hurtos de combustible y el tema de narcotráfico.
¿Son suficientes las personas que están al frente de esas investigaciones?
Si todo esto se piensa reconstruir con 23 fiscales y 150 investigadores, la suerte está echada para esta unidad, a menos que se dé una inmediata inyección de personal y recursos que permita afrontar con prontitud el trabajo que se nos encomienda.
¿Qué tantos homicidios han confesado los ex jefes 'paras'?
Alguno de ellos nos anticipó que cometió 2 mil homicidios. ¿Cuándo se investiga esto? Se necesita mucho más de un fiscal. Por ejemplo, Ramón Isaza ya dijo que va a confesar 567 homicidios, y la pregunta es cuándo y cómo ubicamos esos 567 casos.
En 6 meses han escuchado a 40 personas, pero son 2.812. La pena máxima es de 8 años ¿Podría pasar ese tiempo sin terminar los procesos?
Si no se da la infraestructura de fiscales y de policía judicial para hacer todo el trabajo, va a ser muy difícil avanzar en tiempo razonable.
¿Cuánto tiempo va a durar?
Es la misma pregunta que nos hacemos los 23 fiscales que estamos acá. No es fácil entender que esto es un proceso largo que incluye una versión libre que se demora, ubicar las víctimas, traerlas y tenerlas presentes cuando se vaya a confesar el hecho; ir a buscar ese expediente, ir a buscar los testigos y si dicen la verdad, hacer una imputación ante el magistrado.
¿Cuántos fiscales necesitan?
Estamos haciendo un estudio, somos 23 fiscales y hay 34 bloques de las Auc, nos están mandando gente de la Farc, nos anuncian que hay una lista de más de 2.700 presos reconocidos por las Auc... Pensamos que se necesita al menos un fiscal por cada bloque y uno más por cada miembro representante. De pronto necesitamos más de 70 fiscales adicionales. Nos toca recibir los bienes que van a entregar, ir a identificarlos a las zonas... Eso demanda días, personal, y las exhumaciones también nos corresponden a nosotros.
¿Y las víctimas?
En este momento, la Fiscalía también está respondiendo por las víctimas, porque nadie ha asumido esa función. Creo que el Estado debe reaccionar y decidir cuáles tareas le deja a la Fiscalía y quiénes asumen otras.
¿Cuántos de esos 2.812 tienen ubicados?
De los 2.812, según las consultas que hemos hecho con el DAS, la Fiscalía y la Sijín, 2.183 no tienen antecedentes, jamás fueron vinculados a un proceso, no hubo una orden captura contra ellos. En este momento no tenemos datos sobre el paradero del 25 por ciento de esos 2.812 (unas 700 personas).
¿Cuáles dificultades se han encontrado?
Por ejemplo, hay una persona que dice que va a confesar 75 homicidios. Pero, cuál es el nombre de la víctima, dónde está el expediente. La persona cita elementos fragmentarios o no da el nombre o a veces da el nombre, o un alias o el oficio que hacía la persona en la zona, a veces precisa el municipio, pero no la vereda...
¿Qué hace la Fiscalía con esa información?
Nos toca salir a buscar esos hechos para saber qué está confesando. Un caso de estos necesitaría un solo fiscal con un equipo de Policía judicial ayudándole.
¿Hay vacíos jurídicos en la aplicación de Justicia y Paz?
La aplicación de la ley va trayendo a categorías jurídicas que no están contempladas en normas anteriores. Hemos llegado ya a la Corte Suprema para que vaya dictando las líneas en ciertos temas.
¿Los paramilitares sí han contado lo que saben?
No podemos más que tener confianza en que eso sea así. Cada caso es particular y le enseña una dinámica diferente. Están esclareciendo hechos que estaban en la impunidad, están confesando muertes de periodistas, sindicalistas, indígenas. Además, gracias a Justicia y Paz tenemos nuevos datos de más de 500 homicidios de los que no teníamos ninguna información.
¿Qué va a pasar con los que llevan hasta 8 años en la cárcel y ya cumplieron el máximo que pone la ley?
Es un tema que no se ha debatido. Sabemos que le corresponde a magistrados y los jueces de ejecución de penas. En su momento se precisará por ellos y por último por la Corte Suprema.
¿Cuándo habrá la primera condena de Justicia y Paz?
Hay unos casos que ya empezaron, son los que menos víctimas tienen. Si no es este año, es a principios del otro que se tendrán las primeras acusaciones.
[Fuente: Redacción Justicia, El Tiempo, Bogotá, 19jun07]
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ii) La Fiscalía ha recuperado 760 cadáveres en más de 300 fosas.
La Unidad de Justicia y Paz ha cumplido con el artículo 48 de la ley, que ordena buscar a los desaparecidos o personas muertas, según el fiscal Luis González.
Según su reporte, han recibido información de unos 4 mil restos en fosas, de los que ya se han recuperado 760 cadáveres. Esto gracias a la información recibida dentro de las audiencias.
También han conseguido información preliminar para poder identificar los cuerpos de aproximadamente unas 250 personas.
Este trabajo de los fiscales e investigadores es soportado en los laboratorios, que se están uniendo para trabajar y compartir los pocos recursos que tienen para entregar entre 100 y 150 cadáveres en los próximos días.
Las víctimas
Sin embargo, el tema más difícil de manejar es la angustia de las víctimas para que se haga rápido el reconocimiento y se les entregue los restos de sus familiares.
Por eso el trabajo de las exhumaciones ha sido un reto para los forenses que deben trabajar con el mayor rigor para lograr las identificaciones.
Como lo publicó EL TIEMPO el pasado mes de abril, en un informe especial sobre las fosas, las víctimas y las personas que cometieron los crímenes, las historias que se desprenden de este drama son aterradoras. El trabajo más dispendioso ha sido la 'desenterrada' de los cuerpos.
A este trámite de las víctimas de los paramilitares se suman las de las Farc, de las que informantes han dado las primeras puntadas.
Uno de estos casos es el de Cundinamarca, donde ya se encontraron entre 5 y 7 cadáveres de personas secuestradas por el grupo subversivo.
Sobre homicidios, varios de los recluidos en cárceles han prometido entregar informaciones sobre los crímenes, porque lo ven como una oportunidad para contar "verdades".
Uno de los primeros casos que se presentaron fue el de la muerte de Elkin Varela, un periodista de Arauca.
El testigo se contactó con la unidad de Justicia y Paz y fue llevado al proceso. Su colaboración ha sido efectiva y el fiscal Luis González asegura que se debe velar porque esta persona reciba los beneficios de la ley por colaboración. "Nosotros no lo vamos a desamparar", asegura González.
En otros casos, personas privadas de la libertad han ayudado a esclarecer unos 14 homicidios.
Lo que sacrifican los fiscales de Justicia y Paz
Con 18 años de experiencia, el fiscal Luis González asegura que este ha sido el trabajo más arduo.
"Todos los fiscales que vinieron de la policía judicial están sacrificando a toda su familia, la gente pasa vive semanas y hasta casi un mes por fuera de la casa trabajando y recogiendo información", señala González.
Sin embargo, dice que algo que los anima a todos es la cantidad de información que se está recibiendo de restos humanos que están en centenares de fosas. " El Estado tiene que unirse para ir a recuperar esos restos, identificarlos y entregarlos a las víctimas. Eso no se puede postergar", añade.
Dice que otro punto que están trabajando para agilizar el trabajo es la solicitud a Acción Social de los edictos emplazatorios de 1.200 personas que no tienen antecedentes, para saber cuántos se quedan en Justicia y Paz.
"Queremos saber verdaderamente cuál es el marco que nos espera por enfrentar", dice.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 19jun07]
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iii) Colombia: ¿La última oportunidad?.
Por Juan Gabriel Tokatlian
Marx decía que la historia se repetía dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. En Colombia la historia se puede repetir tres veces, la tercera como una devastadora desventura, o puede tomar un giro, un rumbo diferente, edificante y superador.
El actual escándalo de la "parapolítica" -la revelación de un turbio y delictivo entramado de lazos entre los grupos armados de derecha de histórica vinculación con el negocio de las drogas y con sectores latifundistas, segmentos de las clases dirigentes a nivel local, miembros de la elite política nacional y numerosos oficiales de las fuerzas armadas- expresa el tercer episodio en el que el ascenso y consolidación de una nueva clase social criminal se hace evidente. Ante el dilema de contenerla o dejarse cooptar por ella, el Estado colombiano optó en dos ocasiones previas por una particular combinación de represión selectiva, control parcial y convivencia táctica. Para ello, es bueno recordarlo, contó con la tolerancia tácita o la anuencia implícita de Estados Unidos.
Una vuelta al pasado nos puede dar pistas acerca de los potenciales escenarios que hoy enfrenta el país. En 1978 llegó al gobierno el Presidente Julio César Turbay Ayala. Una serie de informaciones y filtraciones pusieron al mandatario en la defensiva en materia de lucha contra los narcóticos; fenómeno que comenzaba a emerger con fuerza. Por un lado, el conocido programa televisivo "60 Minutes" de la cadena CBS develó un llamado Memorando Bourne (Peter Bourne era el Consejero Especial para Asuntos de Salud en la presidencia de Jimmy Carter) en el que se indicaba que personas cercanas a Turbay, y él mismo tenían presuntamente conexiones con grupos dedicados al tráfico de drogas. Por otro lado, en 1980 el Washington Post informó-con base en datos provistos por funcionarios estadounidenses en Bogotá-que posiblemente el 10 por ciento del Congreso había sido elegido con dineros del narcotráfico.
En parte por convicción personal y en parte por presión externa, Turbuy ordenó desplegar un frontal ataque contra el negocio de las drogas; en aquel momento centrado en torno a la marihuana. Autorizó el derribamiento de aviones, militarizó con más de 10.000 efectivos el departamento (provincia) de la Guajira-contiguo a Venezuela-para acabar con la producción de marihuana, ensayó el uso del paraquat para erradicar esos cultivos, firmó un tratado de extradición que permitía el envío de nacionales a Estados Unidos y se opuso con vehemencia a cualquier iniciativa a favor de la legalización de la marihuana. Ninguna de estas acciones tuvo un efecto decisivo sobre el fenómeno de las drogas. Sin embargo, Bogotá y Washington parecieron, en la época, satisfechos: no más críticas a Colombia a la espera de que se limpiara la casa del "flagelo" de los narcóticos.
Lo que de hecho siguió fue el despegue del procesamiento de coca en cocaína en el país, una feroz campaña del narcotráfico contra funcionarios judiciales, figuras públicas, representantes de la oposición, campesinos en zonas de conflicto y civiles indefensos, al tiempo que el Estado aplicaba la extradición, involucraba a las fuerzas armadas en labores anti-narcóticos e iniciaba programas sostenidos de fumigación utilizando el glifosato. En medio de toda esta compleja dinámica de violencia criminal, coerción gubernamental y retaliación de los "narcos", se producían, episódicamente, intentos de diálogo (en 1983 el cartel de Medellín le transmitió ofertas al gobierno a través de encuentros en Panamá con el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y el ex presidente, Alfonso López Michelsen) y propuestas de mediación (en 1989 los narcotraficantes propusieron que una "Comisión de Notables" auspiciara contactos con el gobierno). La intermitente "guerra contra las drogas" siguió su curso sin resolver el núcleo del problema: un monumental emporio ilícito que se alimentaba de una prohibición cada vez menos eficaz.
Años después la historia parecía revivirse. En 1994 llegó al gobierno el presidente Ernesto Samper Pizano. Una nueva serie de acontecimientos y denuncias volvieron a colocar a un mandatario colombiano a la defensiva. Por un lado, de acuerdo con revelaciones en el país Samper, supuestamente en persona, habría solicitado y recibido para su campaña electoral 6 millones de dólares del cartel de Cali. Por otro lado, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, que inició un vasto proceso judicial al respecto, aproximadamente 65 por ciento del Congreso habría sido electo con dineros del narcotráfico. En ese contexto, y avalando las denuncias y destapes realizados, Washington inició un proceso de acorralamiento político del ejecutivo: utilizó un procedimiento legal-la certificación anual de un país en materia de lucha contra las drogas-para descertificar a Colombia (con todas las consecuencias efectivas y simbólicas que ello implicaba) y le retiró en 1996 la visa de entrada a E.U. al Presidente Samper.
Con una mezcla de convencimiento y necesidad, y en el marco de una estrategia estadounidense de exigencias y chantajes, Samper inició una política de mano dura contra los narcotraficantes. Persiguió y desmanteló al cartel de Cali, inició e intensificó masivamente la fumigación con glifosato de plantíos de coca (entre 1994 y 1998 se erradicaron químicamente aproximadamente 150.000hectáreas de coca) y propuso y logró la reincorporación de la figura de la extradición de nacionales en la Constitución del país. Al final de su mandato Washington se podía sentir satisfecho por todo lo que obtuvo su diplomacia coercitiva. Sin embargo, también era cierto que su política había debilitado notoriamente al Estado colombiano al someter a su presidente a un enorme descrédito y deslegitimación.
Lo que siguió fue el gradual languidecimiento de la estrategia judicial orientada a develar y quebrar el vínculo entre la política y las drogas -algo que Estados Unidos no objetó fuertemente. Así entonces, una consecuencia no deseada pero inevitable de lo anterior fue que los narcóticos siguieron siendo el combustible que alimentaba el poder de fuego de los distintos grupos armados. Con ello pudo crecer aún más el lazo entre el paramilitarismo, expresión político-militar de una derecha cada vez más autónoma y decidida a combatir a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y sectores políticos, empresariales y de seguridad en el plano regional. Para buena parte del 'establishment' colombiano lo prioritario era derrotar a la insurgencia. En su evolución, el fenómeno de las drogas se fue transformando: al aumento de los cultivos de coca se añadieron el de las plantaciones de amapola (que se procesaban en heroína), mientras tanto ya no eran tan preeminentes los grandes carteles sino que proliferaron lo que se denominan "boutique cartels" o "cartelitos"; organizaciones más reticulares, menos visibles y muy sofisticadas. Paralelamente, el mayor temor de Washington pasó a ser la eventual propagación de un "estado fallido" en el corazón de los Andes.
Llegamos así a la tercera vez que se repite esta historia en Colombia. En 2002 llegó al gobierno el Presidente álvaro Uribe. Su abrumadora victoria electoral, su determinación de confrontar militarmente a las Farc, su decisión de atacar con firmeza al narcotráfico, su resolución para negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su férreo alineamiento con Estados Unidos colocaron en un muy distante segundo plano las dudas que en el país expresaban sectores de la oposición respecto al real desmantelamiento del asunto paramilitar. Dos indicaciones pasaron relativamente inadvertidas en su momento y no opacaron la re-elección de Uribe en 2006. Por un lado, el líder paramilitar Salvatore Mancuso indicó que el 35% del Congreso electo en 2002 estaba constituido por amigos del paramilitarismo. Por otro lado, la National Security Archives, un grupo de investigación no gubernamental que trabaja en la Universidad George Washington logró que se de-clasificara un documento de 1991 de la Defense Intelligence Agency (DIA), una unidad del Departamento de Defensa estadounidense, en el que se mencionan 104 nombres de figuras prominentes con nexos con el entonces cartel de Medellín: el número 82 era álvaro Uribe.
Lo anterior no produjo alarma ni en Bogotá ni en Washington porque el mandatario colombiano estaba comprometido con una política recia de seguridad que buscaba evitar el colapso del Estado. Era evidente que el ejecutivo, que desde 2000 venía implementando el Plan Colombia financiado en parte por Estados Unidos (su aporte supera, a la fecha, los US $ 5.400 millones de dólares), le brindó un impulso adicional a esta estrategia anti-narcóticos con la llegada de Uribe. Según datos disponibles, entre 2002 y 2005 se fumigaron más de 530.000 hectáreas de cultivos de coca y se extraditaron centenares de colombianos (mayoritariamente, a Estados Unidos). Cabe destacar, sin embargo, que su efecto sobre la disponibilidad, precio y pureza de las drogas fue nulo. En 2005 el país continuaba teniendo una producción de 640 toneladas métricas de coca, al tiempo que en Estados Unidos la pureza de la coca se incrementó y el precio cayó a 100 dólares por gramo.
Es en este nuevo contexto que la Corte Suprema colombiana ha comenzado una labor decisiva para desentrañar los vínculos entre el paramilitarismo y la política en el país. Los avances son auspiciosos puesto que se han develado, con base en evidencias, los lazos entre figuras cercanas al ejecutivo y los comportamientos delictivos del paramilitarismo. Sin embargo, el gran interrogante es hasta dónde se llegará con este escándalo en el que se entrelazan vinculaciones oscuras y criminales que hacen pensar sobre un gran poder parapolítico en avanzado estado de consolidación.
He ahí el dilema: o la democracia colombiana domestica definitivamente al paramilitarismo o el Estado quedará plenamente corroído por él. Las incógnitas son obvias: ¿Qué hará el presidente Uribe? ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Cuál es el compromiso de la sociedad? En las dos ocasiones anteriores en las que se presentó la oportunidad de poner la casa en orden muy pocos quisieron o pudieron seguir adelante. Por conveniencia o incompetencia ni Bogotá ni Washington le pusieron coto a una clase social criminal y reaccionaria en franco ascenso. Si se volviese, por tercera vez, a repetir la historia, se habrá instituido una pax mafiosa en el país. Si, por el contrario, se asume con voluntad política, respaldo social y reforzamiento externo, la tarea de frenar y revertir el poder mafioso, entonces posiblemente el país pueda evitar el abismo y asegurar su democracia.
[Fuente: Por Juan Gabriel Tokatlian, El Tiempo, Bogotá, 06jun07. Juan Gabriel Tokatlian es director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina]
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iv) Asesinan a un líder del Barrio Nelson Mandela en Cartagena.
"Por decir la verdad". Sus amigos, familiares y allegados creen que ese fue el motivo que llevó a la muerte al líder cívico Manuel López Ayala.
Para ellos fue un homicidio lo que ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Nelson Mandela, en el sector Las Vegas.
"No fue un accidente como lo quiere hacer ver la Policía. Eso es algo absurdo. A López Ayala lo asesinaron con un arma hechiza por la espalda. La persona que le disparó escapó por una silla y una mesa que puso al lado de la pared del colegio donde Manuel vigilaba. A él (López) lo encontramos con la ropa interior puesta. No le hallamos ni sus documentos ni su arma de dotación. Las llaves de la puerta del colegio estaban a ocho metros de donde murió, junto a otra arma de fuego", contaron vecinos de la víctima que ayer en masa llegaron a la morgue de Medicina Legal a retirar sus restos.
A lo anterior, dicen otros líderes cívicos de Nelson Mandela, se suman las amenazas de muerte que Manuel había recibido en las últimas semanas y que puso en conocimiento de las autoridades.
"Pese a eso -asegura un allegado- no le brindaron la protección necesaria".
El cuerpo sin vida de Manuel López Ayala, de 48 años, fue encontrado por sus familiares a las siete de la mañana, preocupados porque no había regresado a su casa, a pocos metros.
El vigilante que le entregó el puesto en la noche dice que dejó a Manuel en compañía de un sobrino. De este último los familiares del difunto no tienen información.
El compañero de labores de López fue retenido por unas horas mientras explicaba su versión por lo ocurrido. El mismo domingo fue dejado en libertar tras comprobarse que en su casa no se halló el arma homicida.
De la mano con la comunidad
Fundaciones nacionales y organizaciones no gubernamentales lamentaron y expresaron ayer su rechazo por la muerte de López Ayala.
Marciano Puche, director nacional de la Fundación Mario Santo Domingo, describió a Manuel como "un hombre extraordinariamente bueno".
Barbarita Gómez, directora en Cartagena de esa fundación, dijo, por su parte, que López Ayala "era un hombre muy preocupado por la comunidad".
Según ella, el dirigente cívico se había comunicado hace poco con la fundación para darle a conocer cómo estaban adelantados sus proyectos: legalización del sector Las Vegas para que sus habitantes tengan subsidio de vivienda por parte del Estado; la donación de un terreno para la construcción de una cancha de fútbol; y una zona destinada exclusivamente para la tercera edad. "Siempre pensaba en su comunidad", anotó Barbarita Gómez, quien agregó que esa fundación lo asesoraba en todas esas gestiones.
Por su parte, la Asociación de Juntas Comunales de la Localidad Industrial de la Bahía rechazó el asesinato del líder comunal, "quien era conocido como un hombre defensor de los derechos humanos y un luchador del bienestar y desarrollo de las comunidades".
Preocupación por desplazados
Así mismo, la organización de personas en condición de desplazamiento (O.P.D.) denunció la grave situación que se está presentando en Cartagena con respecto a los lideres de población desplazada.
"Son hechos de amenazas y persecución de estos dirigentes y lideres cívicos por parte de grupos armados al margen de la ley que se han venido reorganizando en el departamento de Bolívar, especialmente en el Distrito de Cartagena", dice el comunicado de prensa, precisando que López Ayala era dirigente de O.P.D. y cívico del barrio Mandela, sector las Vegas, además de ser fiscal de la Organización Ashudebol.
Según ese organismo, a pesar de que López venia siendo objeto de amenazas constantes de los grupos emergentes de las Auc que quieren tomar el control del sector las Vegas, no se le efectuó una evaluación de riesgo efectiva.
"Nos estamos declarando en desobediencia civil hasta tanto las autoridades competentes no se sienten con nosotros para plantear una política verdadera de protección para los lideres de las O.P.D", agrega la comunicación.
Manuel López Ayala será sepultado hoy a las diez de la mañana en el Cementerio Jardines de Cartagena en medio de una marcha de protesta anunciada por varios líderes de Nelson Mandela.
"Es el cuarto dirigente que perdemos en cuatro años en Mandela. Necesitamos que nos escuchen", indicó una líder
[Fuente: El Universal, Cartagena, 19jun07]
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v) Vicente Castaño está reorganizando el paramilitarismo y las redes de narcotráfico.
El jefe paramilitar Vicente Castaño escapó hace tres semanas a un cerco que le tendieron agentes especiales de la Fiscalía y la Policía en una finca del Eje Cafetero, gracias a que un campesino alertó a los miembros de su cuerpo de seguridad. Desde entonces, las autoridades le perdieron la pista y será muy difícil localizarlo de nuevo porque, a diferencia de los viejos capos de la mafia que permanecían cerca de su zona de influencia, Castaño ha mostrado gran habilidad para movilizarse y esconderse en cualquier lugar del país.
En varias fotografías halladas en recientes operaciones de rastreo, el jefe paramilitar aparece protegido por un impresionante aparato de seguridad. En una de las fotos conocidas por CAMBIO, Castaño aparece en la entrada de una especie de cueva en una pequeña cadena de montañas en la Alta Guajira. Está vestido con pantalón azul oscuro, camisa blanca de manga corta, un poncho blanco y una gorra para protegerse del sol. Lo acompaña Gervasio Valdeblánquez, un influyente hombre de negocios guajiro que en el pasado fue uno de los protagonistas de la bonanza marimbera, pero que hoy no tiene cuentas pendientes con la Justicia. Sin embargo, uno de sus hijos, Yuri, ha sido pedido en extradición por una corte de Estados Unidos.
Los agentes que obtuvieron las fotos establecieron que Castaño se desplaza como Pedro por su casa en esa zona -protegido por un impresionante dispositivo de seguridad-, gracias a Valdeblánquez con quien al parecer también tiene negocios. Según fuentes de Inteligencia, el jefe paramilitar es acompañado permanentemente por cerca de 50 hombres muy bien armados que se movilizan en camionetas 4x4. El jefe de seguridad es un hombre conocido como Manuel Salvador Ospina.
Según han establecido los agentes encubiertos que intentan seguir las huellas del capo que huye desde 2005, cuando renunció a la Ley de Justicia y Paz, éste cuenta con una red de cooperantes e informantes que lo mantienen al tanto de cualquier movimiento que indique que las autoridades están cerca. "Un día lo ven en Norte de Santander hablando con reductos paramilitares que todavía le hacen contención a la guerrilla; otro día sorprende con su presencia en San Pedro de Urabá, Antioquia, donde imparte órdenes sobre la entrega de tierras a familias de escasos recursos, y una semana después se hace sentir en el Llano, donde es recibido por varios de los testaferros que le administran fincas productivas", le contó a CAMBIO uno de los investigadores.
Castaño también está protegido por campesinos de zonas donde hace obras de caridad y ejerce influencia, que como en el caso del Eje Cafetero lo alertan sobre cualquier tipo de movimiento sospechoso. "Hemos tenido problemas para capturarlo porque muchas personas lo ayudan con información y eso incluye a miembros de la Fuerza Pública", explicó un investigador, quien además asegura que "Castaño está recorriendo el país refundando a las antiguas autodefensas con el apoyo de jefes paramilitares de segundo nivel que están concentrados en zonas supuestamente desmovilizadas".
Según información recopilada por las autoridades, Castaño incide en las comunidades del Urabá antioqueño por medio de la ONG Colombia Sin Hambre, que tiene su sede principal en San Pedro de Urabá y a través de la cual canaliza recursos públicos con destino a su organización.
En comunicación con CAMBIO, Elvis Padilla coordinador de esta ONG negó rotundamente tener vínculos con el paramilitarismo y dijo que han sido estigmatizados por trabajar en zonas que en el pasado estuvieron bajo el control de las Auc (ver recuadro). Según él, sostuvo que el objeto de Colombia Sin Hambre es ayudar a la población más vulnerable y que una de las funciones es pedir tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y desarrollar proyectos productivos para desempleados.
Las autoridades, sin embargo, aseguran que muy pronto demostrarán cómo Castaño esconde recursos y lava activos a través de empresas de fachada. No cabe duda de que el jefe paramilitar es un hueso duro de roer, que controla un aparato paramilitar y que sigue llenando sus arcas con el tráfico de drogas. Hoy, Vicente Castaño es considerado un jefe natural de los paramilitares y un poderoso capo del narcotráfico que controla algunas de las rutas más productivas del negocio. Con todo y eso, las autoridades han llegado a pisarle los talones y, como sucedió en el caso de Pablo Escobar, están seguras de que tarde o temprano caerá.
ONG señalada
CAMBIO se comunicó con Elvis Padilla Castro, coordinador de la ONG Colombia Sin Hambre, quien aseguró que el objeto de su organización es ayudarle a la población más vulnerable y no cohonestar con grupos al margen de la ley. Dijo además que la función de su organismo es pedirle tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y conseguir proyectos productivos para personas desempleadas. "Aunque nuestra actividad se parece a la que supuestamente hace ese señor del que usted me habla, esta ONG no tiene nada que ver con él ¿asegura Padilla¿. Yo llevo dos meses aquí y he visto que nos estigmatizan por tener base en los sitios que antes estuvieron controlados por las Auc".
[Fuente: Cambio, Bogotá, 03jun07]