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Sheila Turner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld, 202-887-4000
Michael Jones, Harvard Law School, 617-495-9214
Demandas de derechos humanos contra el ex-presidente boliviano y el ex-Ministro de Defensa por complicidad en ataques contra civiles
Sesenta y siete muertos y más de 400 heridos durante las protestas populares de 2003
26 de septiembre de 2007, Nueva York, NY. - El día de hoy, el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés para Center for Constitutional Rights) anunció que, junto con otros abogados de derechos humanos, presentó dos demandas contra el ex -Presidente boliviano, Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Bustamante, y el ex - Primer Ministro de Defensa del mismo país, José Carlos Sánchez Berzaín, por su papel en el asesinato de civiles durante las protestas populares contra el gobierno boliviano en septiembre y octubre de 2003.
Las demandas buscan obtener una reparación compensatoria y punitiva a la luz de la Ley de Responsabilidad Extra Contractual (Alien Tort Statute) y la Ley de Protección de la Víctima de Tortura (Torture Victim Protection Act). Dichas demandas acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por su responsabilidad respecto de ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra la humanidad, así como por su papel en la masacre de civiles desarmados, incluidos menores de edad. En septiembre y octubre de 2003, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ordenaron a las fuerzas armadas bolivianas el uso de la fuerza letal, incluyendo la utilización de rifles de alto calibre y ametralladoras, para suprimir las protestas populares de civiles contra las políticas gubernamentales.
En total, durante esos dos meses, las fuerzas bajo su liderazgo asesinaron 67 mujeres, hombres y menores de edad e hirieron a más de 400 personas. Prácticamente todos ellos pertenecían a comunidades indígenas aymara.
Los diez demandantes son bolivianos aymaras y familiares de quienes fueron ejecutados por las fuerzas bajo el comando de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Algunos de los demandantes son: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años fue asesinada en el cuarto de su madre cuando un solo disparo atravesó la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa –quien estaba embarazada– fue asesinada luego de que una bala atravesó la pared de la casa en que se encontraba, matándola a ella y al no-nato; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de sesenta y nueve años fue ejecutado con arma de fuego a la orilla de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre recibió un disparo y fue asesinado.
“Preferiríamos que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueran regresados a Bolivia para que enfrentaran un juicio aquí; pero si eso no pasa, las cortes estadounidenses son la mejor alternativa. Esperamos que el poder judicial de los Estados Unidos otorgue un juicio justo a las víctimas y a los demandados. Pedimos justicia,” dijo el demandante Juan Patricio Quispe Mamani.
El 17 de octubre de 2003, tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín huyeron a los Estados Unidos. Sánchez de Lozada vive actualmente en Chevy Chase, Maryland, y Sánchez Berzaín reside actualmente en Miami, Florida. Se interpusieron dos demandas por separado: una ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Maryland contra Sánchez de Lozada y otra en el Distrito Sur de Florida contra Sánchez Berzaín. Ambas demandas fueron interpuestas por los mismos demandantes y por los mismos cargos de violaciones de derechos humanos.
“Los violadores de derechos humanos, como los demandados, no pueden asumir más que tendrán un cielo seguro en los Estados Unidos. Al contrario, nuestras cortes los declararán responsables por violaciones de derechos humanos universalmente reconocidos,” añadió Judith Chomsky, abogada asesora de CCR, quien ha estado involucrada en la serie de casos en que se ha aplicado la Ley de Responsabilidad Extra Contractual (Alien Tort Statute), litigados por CCR en los Estados Unidos, desde la fundamental decisión en el caso Filartiga v. Pena Irala en 1980.
“Estamos comprometidos a que se haga justicia para cada uno de los demandantes y a forzar a los demandados a enfrentar las consecuencias de su desastroso liderazgo durante este periodo,” dijo Steven Schulman, socio del bufete jurídico Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
El equipo legal incluye a Paul Hoffman, del bufete jurídico Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris and Hoffman; Jennie Green, abogada titular de CCR y Judith Chomsky y David Rudovsky, abogados asesores de CCR; Steve Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger, del bufete jurídico Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP; James Cavallaro y Tyler Giannini, de la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; así como a los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman.
Acerca de CCR
El Centro por los Derechos Constitucionales se dedica a promover y proteger los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fundado en 1966 por abogados que representaban los movimientos de los derechos civiles en el Sur, CCR es una organización legal, con finalidad educativa y sin fines de lucro, comprometida con el uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio social.