Medellín, oct. 1 (IPC) Sin que existiera orden judicial, el pasado 22 de abril varios soldados adscritos a la XVI Brigada del Ejército sacaron por la fuerza a Ernesto Cruz Guevara de su casa, en la vereda Retiro Milagro del municipio Aguazul, Casanare. Horas más tarde fue reportado como guerrillero muerto en combate.
Este caso nutre la lista de las 936 ejecuciones extrajudiciales reportadas entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país atribuibles a la Fuerza Pública, y tales cifras, según un conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y que a su vez representan a las víctimas, confrontan la llamada seguridad democrática que impulsa el actual Gobierno nacional y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil.
A las 936 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. Para las organizaciones denunciantes, tal panorama “demuestra que la política de seguridad democrática no es una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida”.
Frente a la recurrencia de los hechos, las instituciones defensoras de derechos humanos no vacilan en advertir que la seguridad democrática “estimula la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre las tropas con el ánimo de mostrar resultados operativos en contra de la insurgencia armada, pero cuya práctica recurrente afecta a las comunidades que están al margen de la lucha armada”.
Agrava la situación el hecho de que en la mayoría de los casos persiste la impunidad, aspecto que es calificado de “sistemático” y según la Coordinación, “obedece a una intención deliberada por parte del Estado para encubrir los crímenes cometidos por sus agentes”.
“No son aísladas”
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido reiterativa en sus informes anuales en llamar la atención sobre la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, de las cuales se tienen registro de su ocurrencia en 21 departamentos del territorio nacional, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. Además, han afectado a diversas comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía.
Para las organizaciones no gubernamentales colombianas, entre las que se destacan la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, es claro que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados: “Por el contrario, se han identificado patrones de acción tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.
Ejemplo de ello está consignado en el expediente del labriego Ernesto Cruz: “Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda la casa. Luego se dirigieron de nuevo al señor Cruz y le dijeron: “usted está capturado y nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero el señor Cruz se opuso y se vistió con su propia ropa”.
Momentos más tarde, continúa el relato, dos campesinos vecinos vieron cuando la tropa se llevó a Cruz Guevara. También vieron que varios metros más adelante la tropa hizo una hoguera y envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a la tropa junto con el cuerpo. Una vez partió el aeronave, los testigos decidieron acercarse hasta la hoguera que hicieron los militares e identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el señor Cruz.
“Ante esa situación, la esposa del señor Cruz decidió acudir en Yopal al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ahí le informaron que no tenían ninguna persona detenida, pero que el Ejército, ese día, había llevado el cuerpo de un guerrillero muerto en combate que estaba registrado como N.N. Los funcionarios del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al del señor Ernesto Cruz Guevara”, se lee en el expediente.
Contra los civiles
De acuerdo con los análisis de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Gobierno nacional no ha incorporado la perspectiva de seguridad humana de las Naciones Unidas según la cual el respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana. Por consiguiente, ha negado el principio de distinción de la población civil y ha señalado de manera insistente que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos supuestamente mantienen con la población civil.
“El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante sea asociada con los grupos guerrilleros. De esta manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo entre la población civil y las guerrillas”, advierte la Coordinación.
A través de las revisiones a los procesos judiciales se establece que en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales las víctimas eran personas campesinas, “que fueron atacadas luego de recibir señalamientos por parte de informantes de la Fuerza Pública o de miembros de la red de cooperantes, que los acusaron de ser colaboradores de los grupos guerrilleros”.
La anterior situación se ve agravada por la impunidad en que se encuentran sus autores. En la mayoría de los casos, se han identificado patrones que impiden la clarificación de los hechos, la identificación de los responsables y la imposición de una sanción penal como: la adopción de competencia por la jurisdicción penal militar, la manipulación de la escena del crimen, la no adopción de todos los mecanismos disponibles para investigar eficazmente los hechos, entre otros.
Esta situación evidencia la existencia de problemas estructurales profundos en la Fuerza Pública y en los órganos que administran justicia, lo que ha implicado una grave situación de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, y amerita una reflexión seria sobre el papel que está cumpliendo el Gobierno colombiano para garantizar la seguridad de los colombianos, sobre todo en las áreas rurales.
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Llega al país misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales
Medellín, oct. 2 (IPC) Trece personas provenientes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido conformarán desde este miércoles 3 de octubre una misión internacional de observación que buscará enterarse sobre la situación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuibles a la Fuerza Pública y ocurridas en diversas regiones del país.
Abogados, politólogos, antropólogos y expertos en relaciones internacionales llegaron al país invitados por un conjunto de instituciones defensoras de derechos humanos que de tiempo atrás vienen analizando ambos fenómenos delictivos que en los últimos cinco años reflejan cifras preocupantes: entre julio de 2002 y junio de 2007 se han registrado 936 ejecuciones extrajudiciales y 211 desapariciones forzadas.
La Misión hará presencia en Bogotá, Valledupar, Antioquia y Chocó, entre el jueves 4 y el lunes 8 de octubre, con varios objetivos en su agenda de trabajo. Inicialmente, escucharán las historias de boca de las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los 21 departamentos de los cuales se tienen registros.
“Se trata de hacer un acompañamiento y solidarizarse con ellas, así como con las comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos que denuncian las violaciones de los derechos humanos y que por ello son perseguidas, amenazadas o estigmatizadas”, explicaron voceros de las organizaciones que promueven la visita internacional, entre ellas la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Los integrantes de la Misión también buscarán develar la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales como una modalidad de violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática y, la impunidad en que se encuentran los autores de estos crímenes, a partir de la documentación y los testimonios en el terreno para impulsar acciones políticas en defensa de los derechos humanos en Colombia.
Otro de los propósitos, según las organizaciones convocantes, “es sensibilizar a la comunidad internacional para provocar pronunciamientos y acciones por parte de los gobiernos y autoridades para que la cooperación internacional se destine exclusivamente a garantizar la protección de los derechos humanos. Y que en todo caso, se establezcan mecanismos de seguimiento eficientes que permitan verificar que dichos recursos estén dirigidos a que se garanticen los derechos y libertades fundamentales de las colombianas y colombianos”.
Además de las reuniones con las familias de las víctimas, varios integrantes de la Misión se reunirán con diversas autoridades nacionales, entre ellas la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y con las Altas Cortes.
Todos estos insumos serán recogidos en un informe parcial que será divulgado en Bogotá el próximo miércoles 10 de octubre y tras el regreso a sus países de origen, se espera que los integrantes de la Misión promuevan acciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos, en especial del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para que realicen un seguimiento a la situación de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y realicen recomendaciones al Estado colombiano que promuevan la superación de esta situación.
Agencia de Prensa IPC
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Me gustaria tener la denuncia completa, para realizar una mayor difusión de estos hechos que no deben quedarse en lña impunidad, tengo gente importante en europa y suramerica que estaria interezada en esta información.
Con parecio absoluto.
GEREMIAS CONTRERAS
Posted by: geremias contreras at Octubre 10, 2007 1:36 PM