La federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia que con la actual aplicación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia no se castiga a los responsables de cerca de 60 mil crímenes de lesa humanidad.
Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reveló que la Ley de Justicia y Paz, tal y como se está aplicando, no castiga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares de ultraderecha en Colombia, y asegura que durante su existencia estos grupos han cometido alrededor de 60 mil de estos delitos o graves violaciones a los derechos humanos.
La presidenta de esta organización Souhayr Belhassen, en entrevista con el diario El Tiempo, explicó que en Colombia hay "voluntad" para liberar de responsabilidad a los autores de crímenes contra la humanidad.
"El informe constata que hay una voluntad de sustraer de responsabilidad penal a los principales autores de crímenes de lesa humanidad. Las víctimas que participan en las audiencias públicas no tienen garantías de seguridad. Los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres", añadió.
Según el documento, más de un millón de personas se han desplazado por las actividades de los paramilitares, lo que convierte a Colombia en el segundo país con mayor número de desplazados, después de Sudán, con cerca de seis millones de personas.
"En el 2006, más de 219 mil personas han sido desplazadas, y el total es de más 380 mil familias registradas", reseña el informe.
Cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indican que 45 mil personas se vieron obligadas a desplazarse en 2005, mientras que en 2006 lo hicieron 67 mil y se calcula que a finales de 2007, se llegará a 72 mil.
En cuanto a las desapariciones forzadas, la FIDH estimó que sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles han sido asesinados o víctimas de desapariciones forzosas.
"Más de 80 fosas comunes han sido descubiertas, al final del 2006, la Fiscalía estimó que todavía faltaban por encontrar más de tres mil personas. Sin embargo, se considera que este dato está lejos de reflejar la denuncia de más de 30 mil desapariciones forzadas", indica la organización.
Además, se advierte que gracias al amparo de la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares son condenados a penas máximas de ocho años, que pueden purgar en granjas productivas.
"O imponiendo ellos sus condiciones de reclusión lo cual es contrario a los más elementales principios de justicia frente a la gravedad de los crímenes cometidos", agrega.
La FIDH denuncia la falta de protección de las víctimas que acuden a las audiencias en calidad de testigos, aludiendo que prueba de ello es que 16 de ellas fueron asesinadas.
"Las víctimas que han asistido a las audiencias de versión libre no han recibido adecuada protección. 16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad", señala.
La investigación de la FIDH sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se extendieron por más de dos años, con la colaboración del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de los Servicios Legales Alternativos de Colombia (ILSA).
Para redactar su informe, los investigadores observaron las audiencias de Justicia y Paz realizadas de mayo a julio de 2007, en las ciudades de Bogotá (capital), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte).
La Ley de Justicia y Paz ampara a aquellos integrantes de grupos armados que decidan desmoviliazarse.
Desde el 7 de agosto de 2002, un total de 13.829 personas de grupos armados colombianos se han desmovilizado, según el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD).
Rumbo a la Corte Penal Internacional
Belhassen, explica que la institución que preside ya ha entregado tres comunicaciones al fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) para que "más temprano que tarde" se abra una investigación sobre Colombia, pues considera que hay "ausencia" o "incapacidad" para ejercer adecuadamente la Ley de Justicia Y Paz.
"Las víctimas que hemos escuchado después de hacer un seguimiento de las audiencias en Bogotá, Medellín y Barranquilla, consideran que no han tenido acceso ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación (...) El que él (el fiscal) pueda abrir, más temprano que tarde, una investigación sobre Colombia, va a tener profundos efectos disuasivos para salvar las vidas de las víctimas y las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", reitera.
Los denunciados ante la Corte son "toda la cúpula paramilitar por los crímenes cometidos desde 2002, cuando Colombia ratificó el estatuto de la Corte (...) La CPI no tiene que esperar el fin del proceso con los paramilitares. Nuestro objetivo es que no se dejen impunes los delitos de lesa humanidad", añade.
De igual forma, la FIDH llama la atención del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, para que retire su declaración, hecha invocando el artículo 124 del Estatuto de Roma, que aparta de la competencia de la CPI, los "crímenes de guerra cometidos por todos los grupos armados en Colombia".
el informe puede ser descargado de
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf
Posted by marga at Octubre 5, 2007 5:21 PM | TrackBackPor estos crimenes es que la justicia colombiana debe encontrar la forma que las victimas sean reparadas lo mas pronto posible.
en esta url pueden encontrar informacion acerca del proceso de versiones libres que se esta viviendo.
www.versioneslibres.com
Posted by: Juan at Abril 15, 2008 10:37 PM