El 15 y 16 de julio del 2006, tomó lugar en Cleveland, Ohio, EEUU, una "Comisión de la Verdad" sobre los derechos económicos y sociales en EEUU. La comisión tuvo caracter no-gubernamental y fue organizada por organismos de base. Expertos norteamericanos y extranjeros tomaron parte en ella.
La Comisión recibió documentación y escuchó decenas de testimonios emblemáticos. Documentó como existen 31 millones de norteamericanos que viven bajo el nivel de pobreza y 45 millones que no tienen acceso a la salud. Sigan leyendo para más información sobre la labor de la comisión.
Cleveland, Ohio, EEUU, julio 15 y 16 de 2006.
“El dolor no reconoce fronteras, pero tampoco la esperanza;
la muerte no reconoce fronteras, pero tampoco la vida;
el odio no reconoce fronteras, pero tampoco el amor;
la injusticia no reconoce fronteras, pero tampoco la lucha contra ella;
la soledad no reconoce fronteras, pero tampoco la solidaridad;
la tristeza no reconoce fronteras, pero tampoco la alegría de los sueños y la felicidad.
Esperanza, vida, amor, lucha, solidaridad y alegría:
más allá de las fronteras, los idiomas, las religiones,
las razas, los géneros, los países,
las edades, los colores y los sabores humanos...
es todo lo que tenemos para compartirle al mundo
el sueño del mundo que vendrá.”
COMISION DE LA VERDAD PARA LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LOS EEUU
1) Durante los días 15 y 16 de julio del 2006, a iniciativa de la red PPEHRC, que aglutina a alrededor de cien organizaciones de base y sociales lideradas por los más pobres de los Estados Unidos, se ha organizado y realizado en la ciudad de Cleveland, Ohio, una Comisión de la Verdad para visibilizar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos de Norteamérica.
2) Esta Comisión de la Verdad, estuvo integrada por delegados nacionales representantes de una rica diversidad de organizaciones sociales, sindicales, civiles, de sectores eclesiásticos, de juristas y defensores de derechos humanos de los Estados Unidos, entre ellos Peter Weiss, Reverendo Andrew Clark, Noel Beasley, Reverendo Roger Gries, Christine Roschaert, Marian Kramer, Jerome Scott, la Hna. Margaret McKenna, Robert Brown, Natasha Morrison, Reverendo James White, Hermana Dorothy Pagosa y Reverendo Mylian Wade.
De igual modo, estuvo integrada por los siguientes delegados internacionales pertenecientes a instituciones, redes y organizaciones de alto perfil representativo en el mundo y el hemisferio: Dr. Arjun Sengupta (de India), Experto Independiente en Pobreza Extrema y Derechos Humanos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Yves Cabannes (de Francia), Coordinador del Grupo Consejero de la ONU sobre Desalojos Forzados; Hani Serag (de Egipto), Coordinador del Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos; Nora de Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, de Argentina; Cesare Ottolini (de Italia), de Alianza Internacional de los Habitantes y Campaña Cero Desalojos; Luis Guillermo Pérez (de Colombia, actualmente asilado en Bélgica), Secretario General de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH; y Alexis Ponce (de Ecuador), en representación de la red continental especializada en derechos humanos, económicos, sociales y culturales, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia (PIDHDD).
3) La Comisión de la Verdad recibió documentación y escuchó decenas de testimonios emblemáticos, denunciados por mujeres y hombres pobres, blancos y negros, latinos y asiáticos, jóvenes y ancianos, veteranos de Irak y madres que han perdido sus hijos en esa guerra de ocupación, personas sin vivienda, víctimas del huracán Katrina, desempleados, migrantes contra quienes se levantan muros e implantan restricciones mientras se legitima su explotación laboral y humana en condiciones de neo-esclavitud, personas con algún tipo de limitación física, madres cuyos hijos les son arrebatados por el Estado debido a sus condiciones de pobreza, ciudadanos sin acceso a la salud, entre otros sectores de la sociedad estadounidense.
4) Esta Comisión de la Verdad, para organizar su trabajo, tuvo que responderse cuatro preguntas en seis bloques temáticos de derechos humanos, incluyendo los derechos a la alimentación, salud, agua, educación, vivienda, empleo, seguro social, salario justo, pensión jubilar, entre otros. Las cuatro interrogantes fueron las siguientes:
a.- Si los testimonios recibidos pueden calificarse como violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, perpetradas en los Estados Unidos de Norteamérica.
b.- Si es posible identificar a los responsables de dichas violaciones a los derechos humanos, entre actores gubernamentales, legislativos y judiciales, y actores del sector privado, especialmente mega-corporaciones y empresas estadounidenses transnacionales.
c.- Si dichas violaciones podían ser prevenibles. Y,
d.- Si la Comisión podría entregar propuestas y resoluciones a los organizadores y denunciantes.
5) La Comisión de la Verdad recabó de los denunciantes las cifras oficiales que señalan la existencia de más de 31 millones de ciudadanos estadounidenses bajo el nivel de pobreza, y de alrededor de 45 millones de personas sin acceso a la salud, de un total aproximado de 280 millones de habitantes en su territorio nacional, por lo que se hizo indispensable preguntarse, ante el reconocido estereotipo que cita lo contrario: ¿Hay ciudadanos pobres y en situación de extrema pobreza en el país más próspero y rico de la Tierra? ¿Hay gente viviendo en la miseria en la superpotencia mundial, panacea del bienestar y del consumo, que hoy lidera un discurso unilateral de guerras preventivas y de sanciones a otras naciones por sus presuntos desapegos a la democracia y a los derechos humanos? Es más, cabría preguntarse: ¿Se cometen violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos?
6) La Comisión de la Verdad llegó a la conclusión general de que sí se violan los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos de Norteamérica; que se puede identificar al Gobierno federal, a las autoridades legislativas y judiciales, así como a las mega-empresas privadas, como las responsables de dichas violaciones; de que tales violaciones a los derechos humanos eran en la mayoría inmensa de casos, totalmente prevenibles, y que ante el alarmante cuadro de deterioro observado, era necesario configurar varias propuestas al auditorio.
7) En medio de la creciente preocupación de la opinión pública internacional por el claro menosprecio del Gobierno de los Estados Unidos a respetar las normas de convivencia internacional pacífica y a la soberanía de las naciones, que permitió equilibrios -aún de carácter formal- al mundo de la post-guerra; en medio de la pública y notoria voluntad del Gobierno de los Estados Unidos de no querer sujetar su actuación, como la mayoría de naciones así lo decidiera, a instrumentos que eviten la impunidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, como es el caso de la Corte Penal Internacional; en medio del surgimiento de denuncias de aberrantes abusos, del uso de la tortura y de sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de los EEUU contra cientos de detenidos de distintas nacionalidades en centros de concentración y confinamiento de Guantánamo o Ghirab; en medio de la pública denuncia del uso clandestino de aeropuertos de Europa para que los organismos de inteligencia de los EEUU promuevan ilegales operativos de secuestro, retención y traslado de prisioneros por todo el globo terráqueo; finalmente, en medio de la expedición de leyes internas como el Acta Patriótica, que limitan derechos individuales y políticos y legitiman la seguritización de la democracia en su propio territorio, es invisibilizada aún la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población pobre en los Estados Unidos de América.
8) En el Lincoln Park, ubicado en el centro de la ciudad Cleveland, donde se instaló esta Comisión de la Verdad en los EEUU, organizada bajo el esquema de las comisiones establecidas en Sudáfrica, El Salvador y otros países en décadas pasadas, que reportaron las responsabilidades sobre crímenes de lesa humanidad y flagrantes violaciones a los DDHH por parte de sus gobiernos, la Comisión adelanta que su Informe definitivo será entregado en las próximas semanas a las organizaciones convocantes de esta iniciativa, a los denunciantes, a la comunidad nacional en los Estados Unidos y a la Comunidad Internacional, comprometiéndose sus integrantes a acompañar al pueblo estadounidense y a los más pobres, para generar los cambios que demanda la situación observada.
PROPUESTAS PRELIMINARES DE LA COMISION DE LA VERDAD
El Estado de los EEUU debe brindar especial atención a las madres separadas o solteras, asegurar de que gocen de todos sus derechos para mantener y proteger a sus hijos y, revisar de manera inmediata tanto a nivel federal como de los estados miembros, todos aquellos procesos de separación de los hijos de sus madres que han violentado los derechos de unos y otros a gozar de su mutua compañía y de sus derechos fundamentales.
El Gobierno de los Estados Unidos debe garantizar la protección integral de todas aquellas personas que sufren de cualquier limitación física, asegurarles el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y además derechos inherentes al pleno desarrollo de su personalidad.
El Estado de los EEUU y de los Estados federados tienen la obligación de destinar los recursos necesarios de su presupuesto para asegurar el pleno respeto de los derechos sociales en su territorio.
El Estado de los EEUU y el Congreso de los Estados Unidos deben hacer lo necesario para ratificar cuanto antes el pacto de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, así como impulsar el protocolo facultativo. Así como los demás pactos o convenio que no ha ratificado, incluyendo los del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
El Congreso de los Estados Unidos debe implementar la legislación necesaria para que se garantice el goce integral de los derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como los derechos colectivos a un medio ambiente sano y a la paz).
La justicia norteamericana debe contribuir a consagrar la justiciabilidad frente a violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, así como de los derechos colectivos relacionando el derecho a la vida a los demás derechos que la hacen viable: el derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a un medio ambiente sano, a la paz, etc. para ponerle fin de manera inmediata a la violación de estos derechos.
El Congreso de los EEUU debe introducir recursos de ampara para que cualquier persona o comunidad amenazada en sus derechos humanos pueda tener protección inmediata de la justicia para prevenir la violación de sus derechos o para restablecerle sus derechos cuando han sido violados.
El Estado de los Estados Unidos debe reconocer plenamente los derechos de todos los inmigrantes en su territorio sin discriminación ninguna, reconociendo igualmente el derecho de asilo a toda persona que lo requiera.
El Estado de los EEUU debe reparar integralmente a todas las víctimas del Huracán Katrina, garantizarles el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, al trabajo. El Gobierno de los EEUU debe disponer de los recursos necesarios para prevenir y atender de manera adecuada los desastres naturales y las eventuales víctimas que estos producen.
El Estado de los EEUU debe respetar la Carta de la ONU, abstenerse de agredir ilegal e ilegítimamente a otros pueblos, disminuir su presupuesto militar y el que consagra para la guerra, y en consecuencia incrementar significativamente el presupuesto destinado a realizar los derechos sociales, económicos y culturales, así como colectivos de todos los habitantes de su territorio.
En representación de la Comisión de la Verdad en los EEUU, el presente documento fue leído y presentado al auditorio por:
Alexis Ponce (PIDHDD)
Luis Guillermo Pérez Casas (FIDH)
Hemos recibido este mensaje de una liga internacional, en el que preguntan si el grupo "Nuestro Mundo", fundado en 1967, fue el primer grupo de homosexuales en América Latina. Si alguien tiene información sobre esto, por favor contáctenos.
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En noviembre de 1967, en la localidad Argentina de Lomas de Zamora un grupo de homosexuales funda el grupo “Nuestro Mundo”.
Ante la falta de informacion sobre alguna otra organizacion funcionando antes de esa fecha suponemos que la primera organización que en Argentina y probablemente en América Latina fue conformada por homosexuales para trabajar contra la represión heterosexista ha sido “Nuestro Mundo”. Si esto es cierto en noviembre del año proximo (2007) el movimiento por los derechos de las personas con orientacion sexual e identidad de genero diferente de America Latina cumpliria 40 años.
Por esa razon queremos consultarles para saber si alguno o alguna de ustedes tiene informacion que contradiga o avale otra version del origen del movimento en nuestra region. Tambien nos gustaria saber si disponen de informacion de cuales fueron los origenes de las organizaciones de personas Homosexuales, Gays, Lesbianas, Travestis, Transgenero y/o Intersex en sus propios paises.
Nuestro Mundo fue uno de los grupos que en 1971 formo parte de la confederación que se llamo FLH – Frente de Liberación Homosexual, grupo ideologicamente revolucionario y mítico cuyo trabajo se extendio hasta 1976, año en que la dictadura militar y sus avances represivos provocaron su disolución y el exilio de muchos de sus integrantes en diversos paises de todo el mundo.
ARGENPRESS. Las deficiencias de la justicia y la falta de
independencia de sus órganos, entre otros aspectos, han promovido la
aparición de grupos de exterminio en Centroamérica, principalmente en
Guatemala, donde particulares toman la justicia por sus propias manos,
se conoció aquí.
Estas fueron las declaraciones del salvadoreño Florentín Meléndez,
vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en una entrevista concedida al diario El País de España, en la
que se refirió a la continuidad de ejecuciones sumarias en cárceles y
de torturas a acusados de delitos comunes en el istmo.
A nivel de América Latina, el panorama ha variado, ya que después de
la década de los ochenta se observa un cambio positivo, en algunos
países más que en otros, especialmente en lo que se refiere a
libertades democráticas, participación política y pluralismo; hay
mejor independencia judicial y una erradicación de las prácticas
sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, señaló Meléndez.
Sin embargo, en Centroamérica las organizaciones civiles han
denunciado la aparición y existencia de grupos de exterminio, por lo
que se ha pedido información a los estados, dijo el entrevistado.
De acuerdo con el vicepresidente de la CIDH, el problema (grupos de
exterminio) encuentra profundas raíces en la deficiencia de la
justicia y la falta de independencia de sus órganos, en la incapacidad
y falta de seriedad en las entidades de investigación y la represión
del delito.
"Vemos casos muy graves, como en Guatemala, donde la gente está
tomando la justicia por su propia cuenta, lo cual es deplorable,
porque no puede estar en manos de particulares", agregó el funcionario
de la Comisión.
Hemos llamado la atención a los gobiernos para que tomen medidas y
erradiquen esos brotes de violencia, porque en algunos casos surgen
con la tolerancia del estado, dijo Meléndez, al expresar su
preocupación por la discriminación contra los pueblos indígenas de
América Latina, que están siendo desplazados de sus tierras por
proyectos mineros turísticos.
La violencia contra las mujeres, con la que se ataca el centro de la
familia y la sociedad, las acciones contra la libertad de prensa, con
la persecución y asesinatos de periodistas y el deterioro en las
cárceles, que están abandonadas, donde hay violencia y en algunos
casos constituyen verdaderas escuelas del crimen, también son
deplorables en el hemisferio, citó Meléndez. FIN.
La sentencia contra el ex Ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides por la tortura de tres civiles durante los años ochenta en El Salvador es ahora firme y se le han requisado U$300.000 de su patrimonio privado.
Lo que sigue es el comunicado del Center for Justice and Accountability, quienes llevaron el caso.
Para su publicación inmediata
10 de Julio, 2006
Contactar: Almudena Bernabeu
415-544-0444 x 306
abernabeu@cja.org
SENTENCIA FINAL CONTRA GENERALES RESPONSABLES DE TORTURA EN EL SALVADOR
MAS DE $300,000 REQUISADOS CON ÉXITO A EX MINISTRO DE DEFENSA CULPABLE POR TORTURA DE TRES SALVADOREÑOS
San Francisco, CA: Al amparo de la sentencia, ya firme, contra él, se le han requisado al ex Ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova algo más de $300.000 de su patrimonio privado por su responsabilidad por la torturas inflingidas a tres civiles durante los años ochenta en El Salvador. A pesar de que la cantidad requisada es solo una pequeña parte de la cantidad total a la que los demandantes tienen derecho de acuerdo con la condena, constituye uno de los pocos casos por violaciones de derechos humanos en la historia de Estados Unidos en el que víctimas reciben dinero de los responsables de tales abusos.
En Mayo de 1999, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés) basada en San Francisco, interpuso una demanda contra Vides Casanova y otro ex Ministro de Defensa, General Jose Guillermo Garcia, al amparo de dos leyes federales, la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros (Alien Tort Statute – ATS por sus siglas en inglés) y la Ley para la Protección de Victimas de Tortura (Torture Victim Protection Act – TVPA). En el 2002, tras cuatro semanas de juicio, un jurado de West Palm Beach encontró a los generales culpables por la tortura de Juan Romagoza, Neris Gonzalez y Carlos Mauricio y les condenó a pagar una cantidad significativa en concepto de daños y perjuicios.
Los generales interpusieron recurso de apelación y el 6 de enero, 2006 la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Decimoprimero desestimó el recurso confirmando la sentencia de primera instancia. El plazo para interponer un nuevo recurso esta vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos ha transcurrido sin que se haya recurrido.
Al amparo de la sentencia del 2002, CJA embargó más de $300,000 encontrado en cuentas bancarias del General Vides Casanova. CJA presentó también pruebas a la corte que muestran que Vides Casanova realizó transferencias fraudulentas a sus parientes tras haberse hincado el caso.
Los demandantes han declarado que tras cubrir ciertos gastos relacionados con el caso, planean donar la mayoría del dinero en apoyo de proyectos de derechos humanos, salud, educación y medioambiente, y emplearan el resto en su propia recuperación así como para ayudar a sus familiares más necesitados.
La demandante Neris Gonzalez sostuvo que “Aunque estamos felices ya que los generales han sido castigados y obligados a pagar por sus crímenes, este caso nunca fue por dinero. Fue por justicia. Tuvimos la oportunidad única de enseñarle al mundo, de parte de todos los salvadoreños, que los Generales Garcia y Vides Casanova fueron responsables por las brutalidades que sufrimos. Ahora las cortes de Estados Unidos han confirmado que no se puede escapar a la responsabilidad.”
El caso conocido como Romagoza v. Garcia, es uno de los pocos casos en los que un jurado encontró a los acusados responsables por violaciones de derechos humanos al amparo de la ley de responsabilidad de comando. Esta ley permite establecer la responsabilidad de comandantes militares por las violaciones cometidos por sus subordinados cuando los comandantes sabían o debían saber que estaban ocurriendo y aun así no llevaron a cabo acciones para prevenir los abusos o para castigar a los responsables.
El Director Legal de CJA, Matt Eisenbrandt, dijo, “Esta victoria es histórica para los casos de derechos humanos y para El Salvador. La sentencia del 2002 devolvió la confianza a la comunidad Salvadoreña, y envió el mensaje de que no tienen que aceptar la impunidad que existe en su país. Sin el caso Romagoza, no hubiéramos presentado otros casos – incluyendo uno sobre el asesinato de Monseñor Romero – que ha forzado a las autoridades a enfrentar la carencia de justicia en El Salvador.”
CJA es una organización no-gubernamental de derechos humanos que pretende llevar a los violadores de derechos humanos ante la justicia. En este caso fueron también abogados de la acusación Peter Stern de la firma de abogados Morrison &
Foerster, James K. Green, la profesora de Derecho Carolyn Patty Blum, la también profesora Beth van Schaack y la abogada Susan Shawn Roberts. Los abogados de Florida, Dave Gorman y John Thornton, han colaborado igualmente en la fase de ejecución de la sentencia.
Para más información, por favor visite nuestra web www.cja.org. Una copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones esta disponible en inglés en http://www.cja.org/ca ses/Romagoza_Docs/Romagoza11thCirFinalOpinion.pdf