Es importante precisar que la totalidad de los
dictadores latinoamericanos que violaron
sistemáticamente los derechos humanos, financiaron sus
operaciones con métodos ilegales y secretos (sin bien
todas las dictaduras, gobiernos de fuerza y "de hecho"
son intrínsecamente ilegales, debemos destacar que
dentro de la esa intrínseca ilegalidad, montaron
estructuras a su vez más secretas, que escapaban
incluso a la fachada institucional que éstas habían
montado), relacionadas sobre todo, con el llamado
crimen organizado regional y mundial. No solamente se
asociaron a las redes mafiosas mundiales sino que a su
vez, crearon propias redes de tráfico, tránsito,
lavado, etc.
Los servicios de inteligencia, financiados con gastos
reservados, a su vez, tuvieron la más asoluta libertad
para procurarse mayor financiamiento, y especialmente
financiamiento para actividades encubiertas dentro de
los países como a nivel regional, mediante el comercio
delictual, dentro del que descollan el narcotráfico,
al armatráfico y el lavado de dinero.
Pero, como todo resultado "colateral" de tal colosal
construcción de rutas ilegales, dichos negocios
sirvieron para crear, acrecentar, blanquear, proteger
inmensas fortunas de lo que que podríamos denominar
los nuevos "clanes del terrorismo de estado", donde
destacan solamente en el sucontinente americano, el
clan Pinochet, con origen en Chile, y el clan
Stroessner, con origen en Paraguay. Si bien los clanes
inician sus operaciones mafiosas en estos países, por
el grado de impunidad regional, y por la
característica misma de los negocios orientados "hacia
afuera", cuentan con bienes, intereses y asociados en
diversos países, de tal forma que, hoy mismo, bajo
diversas denominaciones y prestanombres, estos clanes
están operando, recibiendo dividendos, y
redireccionando sus negocios, en el llamado "vuelo a
la seguridad", en tanto y en cuanto la justicia
chilena y la paraguaya comiencen acercar la lupa sobre
ellos.
Parelamente a la búsqueda de justicia y verdad por los
horrendos e imprescriptibles crímenes cometidos por
estos clanes en uso del poder omnímodo que obtubieron
y les fuera permitido ejercer, se inicia una nueva
búsqueda, una nueva razón de ser y existir para los
sistemas judiciales nacionales y mundial, cual es la
investigación y recuperación de los bienes malhabidos
por estos "clanes económicos y delictivos del
terrorismo de estado".
Federico Tatter.
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DINA y Pinochet se financiaron con crimen organizado.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fuentes: Reporte Nizkor, Chile. Agosto de 2006. La
Nación, Santiago de Chile, 21may06. Poco antes de que
Chile volviera a la democracia, un comando del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestró al
coronel de Famae Carlos Carreño. Era 1987.
Coincidencia o no, el uniformado lideraba ya una red
de venta de armas y transferencia tecnológica a países
del Medio Oriente. Esa operación fue uno de los puntos
de partida de lo que podría constituirse en asociación
ilícita con aires mafiosos, que funcionó al alero de
la dictadura hasta 1990 y siguió teniendo un poder en
las sombras en los primeros años de la transición.
Recién ahora en 2006 comienzan a conocerse sus
verdaderos alcances.
Carreño fue llevado por el FPMR a Brasil. Sus
captores, antes de liberarlo, aprovecharon de
interrogarlo acerca de la venta de bombas de racimo a
Irán. En diciembre de 1987, un informe del
Departamento de Estado norteamericano desclasificado
en 2000 en que se comenta el secuestro de Carreño,
concluye que una vez liberado por sus secuestradores
fue (supuestamente) sumariado y alejado del Ejército,
bajo acusaciones de tráfico de drogas. Carreño diría,
años más tarde, en una declaración prestada ante el
ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de la
investigación del homicidio del coronel Gerardo Huber,
que siempre le llamaron la atención las preguntas de
los frentistas durante su cautiverio.
Dos años más tarde, el 10 de febrero de 1989, un nuevo
informe (el N° 937) también desclasificado en julio
de 2000 y esta vez redactado por la Embajada de
Estados Unidos en Chile da cuenta de un intento de
negociación del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel
Contreras Sepúlveda, con un intermediario de la
legación diplomática.
El documento señala que Contreras, a cambio de que el
país del norte bajara la presión por el caso Letelier,
ofrecía entregar información sobre las actividades en
el narcotráfico de “un hijo de Pinochet (posiblemente
Marco Antonio) y de Armando Fernández Larios”.
Drogas, armas, mafia italiana, colombiana, traficantes
peruanos, sirios, agentes de inteligencia militar
argentina, chilena, uruguaya, criminales de guerra
croatas, ex espías ingleses, terroristas italianos, ex
nazis y toda una pléyade de sujetos afines a los
negocios turbios mantuvieron relaciones con los
aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y
su círculo más cerrado. Los nombres se repiten a
través de la historia y se instalan pudiendo
configurar una suerte de orgánica del crimen.
El Ex Marine
A mediados de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un
pasaporte a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en
nuestro país era un funcionario del consulado chileno
en Los ángeles, Federico Humberto Silva Pizarro, con
quien mantuvo relaciones comerciales y de amistad.
Ambos arribaron al país en el mismo vuelo, el 22 de
junio de 1985. En realidad, Moreno no era otro que el
ex sargento de la Infantería de Marina de EEUU Iván
Baramdyka, conocido narcotraficante estadounidense
radicado en Los ángeles (California), que escapaba de
la justicia de su país.
El 10 de julio del mismo año ingresó a la sociedad
Redes del Pacífico, que, según su escritura pública,
se dedicaba a la explotación, promoción y
comercialización de pescado fresco chileno en Estados
Unidos.
Años más tarde, en 1993, fue extraditado a EEUU, luego
de cumplir una condena de cinco años por giro doloso
de cheques. Pero antes de que el FBI se lo llevara,
Baramdyka se preocupó de dejar su historia grabada en
video.
De los antecedentes remitidos a Chile en el proceso de
extradición queda claro que este personaje participó
en las operaciones de los años 80 conocidas como
“drogas por armas”, a cargo del coronel Oliver North,
que sirvieron para entregar armas a la Contra
nicaragüense. Los envíos de armas se financiaban con
el tráfico de cocaína a EEUU.
En sus declaraciones reconoció sus vínculos con
Patricio Madariaga Gutiérrez, el cónsul de Chile en
Los ángeles. El diplomático fue el encargado de cuidar
los asuntos de Augusto Pinochet hijo, cuando éste fue
asignado a esa legación en los primeros años 80.
Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984 varios
núcleos de fabricantes de cocaína colombianos
compraban éter y acetona producidos en el Complejo
Químico Industrial del Ejército chileno en Talagante.
Dicha planta fue transferida en 1979 desde el
Bacteriológico, actual Instituto de Salud Pública. En
1987, Gerardo Huber, el ex oficial de la DINA
asesinado a inicios de 1992 por el caso armas a
Criacia, se hizo cargo de esa planta.
En el proceso por el homicidio del químico de la DINA
Eugenio Berríos, tramitado por el ministro Alejandro
Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo
Químico de Talagante reconocen que la DEA les advirtió
en varias oportunidades que no existía documentación
sobre la producción de éter y acetona en esa planta,
productos químicos esenciales para la fabricación de
cocaína. De hecho, uno de los oficiales del Ejército
declaró ante Investigaciones que en una oportunidad un
sujeto de nacionalidad peruana le compró varias miles
de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un
maletín, luego de firmar un contrato que se haría
efectivo al día siguiente. Pero, al día siguiente el
peruano fue detenido en el aeropuerto por el OS-7 por
sus vínculos con el cartel de Cali.
Baramdyka relata que a semanas de su llegada a Chile,
un oficial del Ejército llegó a su oficina de la calle
Huelén 102. Le traía un recado: álvaro Corbalán, el
jefe operativo de la CNI, deseaba hablar con él. Se
reunieron en el Rodizzio de Apoquindo. Corbalán le
dijo que sabía perfectamente con quién estaba hablando
y le pidió su asesoría para encontrar comprador a 75
kilos de cocaína que su organización tenía en las
Bahamas.
Meses más tarde, en diciembre de 1985, los mismos
oficiales del Ejército le presentaron en el
restaurante Oliver a un personaje vital en la
organización: Edgardo Bathich Villarroel, el hombre de
origen sirio, famoso en la jet-set local de los ’80.
Poseía el único Rolls Royce de la plaza, tenía casas
en el sur de Chile, propiedades alhajadas
fastuosamente en balnearios de moda y en centros
invernales de esquí, donde desplegaba su colección de
automóviles, lanchas y vehículos deportivos. Por lo
general, viajaba de un lugar a otro en helicópteros de
su propiedad. Ser invitado a sus fiestas, donde
participaban modelos, estrellas de televisión y reinas
de belleza, llegó a ser considerado un verdadero
privilegio.
Bathich representó en Chile los intereses de Monzer
Al-Kassar, un famoso traficante de drogas y armas
sirio radicado en España, que en ese período compraba
grandes extensiones de tierras en las cercanías de
Mendoza; más tarde obtuvo la ciudadanía argentina
gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos
Menem, caso que terminó en los tribunales de justicia
de ese país.
En 1985, el negocio de Bathich era la importación
desde Europa de motores diesel usados. Sus estrechos
vínculos con la familia Pinochet llegaban al punto de
que Marco Antonio Pinochet Hiriart, representante en
Chile de las lanchas Chaparral, vendía sus productos a
través de la empresa de Bathich, ubicada en Américo
Vespucio 1313.
Esa noche, en el restaurante Oliver, Baramdyka escuchó
lo que Bathich tenía que comunicarle: “Me dijo que él
podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con
el general Pinochet y con los Servicios de Seguridad.
Me contó que movía cantidades importantes de cocaína.
Ingresaba la droga al país en los motores usados que
traía por tierra desde Brasil a su empresa Bathich
Motoren. También usaba helicópteros y camiones que
traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un
problema; álvaro Corbalán se preocupaba de la
seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína
dentro de las fronteras de Chile. Era en el exterior
donde sus operaciones presentaba dificultades. Ellos
trabajaban casi exclusivamente con Fabio Ochoa y con
sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez. En los
días siguientes conoceré a otros miembros de la
organización”, contó el ex marine.
En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al
extranjero por cuenta de la organización. El
procedimiento para salir y entrar del país fue siempre
el mismo: vehículo militar hasta la frontera
argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo
a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un
taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y combinación a otro
país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos
que llevaban pertrechos militares chilenos en algunos
aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos
lugares se descargaban partidas de cocaína que venían
desde Chile escondidas entre el material militar.
Baramdyka sostiene haber tenido conocimiento del
contrabando de 12 toneladas de cocaína de Chile a
Europa y EEUU en los años 1986 y 1987.
La Mira Láser
El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció
la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso
en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de
los documentos de identidad fueron incautados el 18 de
mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al
ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los
pasaportes iban a ser entregados nada menos que a
Edgardo Bathich De esta misma partida de pasaportes,
al menos cuatro documentos fueron extendidos con
identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que
sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el
Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos
fiscales.
Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin recién
instalado en La Moneda se lanzó en una misión crucial
y designó como jefe de Investigaciones al general (R)
Horacio Toro.
A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una
información inquietante: a fines de 1989, un joven
colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había
instalado en el país. El sujeto era pariente del clan
de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de
Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la
empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto
contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de
Aeronáutica Civil.
La lógica indicaba una suma matemática fácil de
resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste
estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia
militar tendría también allí sus garras. Pero además,
la firma y el colombiano eran representados por el
abogado Héctor Novoa Vásquez.
Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992
cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño
de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en
que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet
privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de
propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para
rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista
palestino responsable del secuestro del barco de
pasajeros “Achille Lauro”. Días más tarde, el juez
Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a
quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del
chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre
de Yamal Bathich. El juez español mantuvo en cambio a
Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los
delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal
de vehículos, tenencia ilícita de armas y
participación en actos de terrorismo internacional.
Años más tarde, luego de que todos los testigos o
murieran en extrañas circunstancias o se retractaran,
Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores,
Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada
“mafia siria”, mantuvo estrechos vínculos con la Cosa
Nostra siciliana y con los carteles colombianos.
En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió
radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se
dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En
la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores
se presentó en las oficinas de la empresa y selló
todos los cajones y muebles que contenían
documentación. Al día siguiente, los inspectores
descubrieron que todos los sellos habían sido
violados. Hombres de Bathich habían ingresado al
recinto la noche anterior. Los documentos contables
habían desaparecido. En uno de los patios internos
humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los
detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos
Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño
arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra,
chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y
una pistola Uzi con mira infrarroja.
El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país
rumbo a Argentina para instalarse en el palacio
Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos
día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio
colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente,
este proceso terminó con multas y penas remitidas de
cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados
de los ’90, pasó unos meses en la cárcel y salió en
libertad bajo fianza.
“Todos Eran Viciosos”
Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición
democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre
tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos
humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra
los agentes de la dictadura. El análisis de la
inteligencia militar de la época era claro: el
chaparrón mojaría a todos por igual.
El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el
Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de
abogados que, coordinados por la Dirección de
Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los
militares que iniciarían el desfile por los
tribunales.
Pero había uniformados con situaciones judiciales más
complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán
Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado
del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel,
como también del homicidio del vocero del MIR Jécar
Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces
cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE,
general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de
Chile, según declaraciones judiciales del propio
Ramírez Rurange.
Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de
1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro
Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el
homicidio cometido en Washignton en 1976 del ex
canciller Orlando Letelier.
Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra
presionaba por otro flanco para que el autor
intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor
Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.
La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la
DINE, por Pinochet, conocida también como “control de
bajas”, inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue
sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por
la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de
la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor
Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”.
El ministro Bañados había citado al ex químico de la
DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier.
Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron
de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente
en la casa que el organismo tenía en la calle Vía
Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.
La situación de Berríos era sumamente compleja, ya
que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea:
la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre
otros venenos usados para matar a los opositores al
régimen militar. Encargado del proyecto Andrea,
después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el
entonces mayor Gerardo Huber.
Pero el químico también guardaba otro secreto: su
vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes
de inteligencia militar, chilenos prestamistas y
militares.
Las declaraciones judiciales de uno de los narcos
vinculado con el químico, militares y carabineros son
reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo
Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos
sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con
la ex CNI. Este último entregó una versión que da
luces del por qué la inteligencia militar chilena
protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó
antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en
febrero de 1993.
“A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos,
militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos
de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos,
todos eran amigos”, declaró Cornejo Hualpa.
Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre
de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte
Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta
noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.
Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de
cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa.
Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con
sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba
bajo la estricta custodia de la inteligencia militar
chilena y uruguaya.
El Misterioso Coronel
A principios de los ’90, el narcotráfico se mezclaba
con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario
Manuel Losada traficaba drogas con los carteles
colombianos. Como se relató en una nota de LND el
pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali
y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos
contactos importantes, tanto para llevar la droga
fuera de Chile como para traer desde Europa los
narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida
en ese continente por la Cosa Nostra, liderada
entonces por Bernardo Provenzano.
El primero era un coronel de Inteligencia militar; el
segundo, un conocido industrial chileno. En 1998,
Losada acabó detenido en el marco de la operación
Océano. Años antes también cayó Zuluaga.
Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en
Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en
líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga,
salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados
Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue,
sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y
justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto
en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro
Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar
peruana, que formaba parte de la organización criminal
que integraba Berríos. El peruano fue detenido en
junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente
por un laboratorio de este tipo.
Un Eslabón Perdido
En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas
fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como
ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba
Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del
Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la
Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos
durante los años del proyecto Andrea y encargado de la
Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.
La operación, sin embargo, había comenzado en abril
del mismo año con la llegada a Chile de dos
personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el
nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos
roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas
contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa
argentina con los servicios de Inteligencia militar en
Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer
Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia,
viajó en dos oportunidades a Chile.
Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa
oriental, la Justicia chilena nombró ministro en
visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar
adelante el caso. Una de las primeras diligencias que
realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este
último se declaró inocente, pero a diferencia del
resto de los involucrados dijo que debían preguntarle
mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces
jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo
hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a
Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.
Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo
Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de
1992, no sin antes quemar una serie de documentos que
comprometían al alto mando institucional de la época.
Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20
de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el
lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.
Con el paso de los años, varias piezas se han ido
uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano
entregó el informe sobre las actividades de lavado de
dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto
Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en
el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades
financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta
ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de
dólares.
Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por
ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio
Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones
políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento
directo de las actividades ilícitas del círculo
cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser
sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía?
ROCA (ACE). RIO NEGRO.COM. RIO NEGRO. ARGENTINA.
Fiscal Federal Félix Crous: "No se han descolgado los
cuadros de los jueces de la dictadura".
"Lo que sucedió en otros ámbitos del Estado no pasó en
el sistema judicial: no han descolgado los cuadros de
los jueces (nombrados) del 76 al 83" dijo el fiscal
federal Félix Crous, coordinador de la "Unidad de
Asistencia por las violaciones a los Derechos Humanos
durante el terrorismo de Estado".
La unidad de fiscales da asistencia técnica a las
causas en las que se investiga los crímenes cometidos
durante el último régimen militar y en este marco
Crous estuvo en esta localidad la semana pasada con
los fiscales federales de Roca, Viedma, Zapala y
Bariloche.
Opinó que el malestar de la Justicia Federal porteña
por las declaraciones del presidente Kirchner cuando
reclamó celeridad en las causas de los crímenes de la
dictadura y cárcel común a los procesados, se deben a
que "son manifestaciones sintomáticas de que, para
buena parte de la Justicia Federal, el estamento
militar no está en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos". El fiscal no quiso hablar en
términos de "intromisiones" de un poder sobre otro. A
su entender, los jueces pueden recibir críticas
inclusive del presidente. "No porque sean jueces van a
ser inmunes a la opinión de cualquier otro poder del
Estado, todos podemos criticar en un sistema
democrático".
Crous integró en Tucumán el equipo que reabrió la
investigación fiscal en las causas iniciadas por las
víctimas de la dictadura militar, tras lo cual
continúan más de 400 procesos judiciales.
¿Qué opinión tiene de las causas que se desarrollan en
la región?.
"En esta jurisdicción la reapertura fue tardía, pero
si se sostiene este ritmo y la calidad de producción,
es auspicioso. Estoy entusiasmado con la calidad
técnica de lo que se ha producido. Los tiempos
judiciales para el avance y los pedidos de indagatoria
son razonables. Hay que ver los tiempos que imponga
esta Cámara a la resolución de los recursos, porque
esto ha sido la mayor fuente de retrasos en todas las
causas; en especial la Cámara de Casación Penal, donde
se tramitan casi un centenar de incidentes que no
debieran ofrecer ninguna complejidad porque son
cuestiones ya tratadas por la Corte Federal".
¿En Casación hay jueces que son resabios de la
justicia de la última dictadura militar?
"Sólo hay que ver su legajo personal. Lo que sucedió
en otros ámbitos del Estado no ha pasado en el sistema
judicial. Hay una injusta consideración de igualdad de
calidad de ética institucional republicana para
alguien que fue nombrado por un sistema usurpador para
actuar en una parodia de sistema judicial democrático,
para con los que fueron nombrados con los mecanismos
de la Constitución. La Justicia no se ha depurado y
esto es una dificultad objetiva innegable en la
sustanciación de las causas".
¿Los jueces de la dictadura están boicoteando las
causas?
Hay jueces y fiscales que no le dan la impronta
necesaria a la investigación, a veces no es un boicot
activo sino una suma de pequeñas pasividades.
¿En esa línea se encuentran los jueces de la Cámara de
Casación?
Con los años que hubo de impunidad estos temas nos
debieran sensibilizar para darle prioridad en la
agenda. Cuando uno advierte que no hay tal premura,
esto da a lugar para cualquier conjetura.
ENLACE DE LA FUENTE:
http://www.rionegro.com.ar/diario/2006/08/15/20068n15f01.php
AUNQUE PAREZCA, NO ES UNA ZAGA TRAGICOMICA. ES UNA
REALIDAD DE CRECIENTE PRESENCIA, EN DIVERSOS
ESCENARIOS O "TEATROS DE OPERACIONES". ES ASI COMO
ESTAS DIVERSAS MODALIDADES PRUEBAN SU EFICACIA Y LUEGO
SON RE-EXPORTADAS A DISTINTOS PUNTOS DEL PLANETA.
Federico Tatter
Fuente: Clarin, Argentina. BOGOTA. AFP.
Un grupo de 35 ex militares y ex policías colombianos que desde junio
trabajan como mercenarios en Irak se declararon
"estafados" por la empresa estadounidense que los
contrató y aseguraron a la prensa local, desde Bagdad,
que recibieron amenazas por su decisión de retornar a
Colombia.
Según la revista Semana, el contingente de 35 ex
uniformados salió en junio del aeropuerto de Bogotá
con la promesa de recibir un salario de entre 2.500 y
5.000 dólares mensuales por custodiar intereses
estadounidenses en Irak.
Sin embargo, momentos antes de abandonar Colombia, los
representantes de la empresa ID Systems —filial en
Colombia de la estadounidense de seguridad privada
Blackwater— los obligaron a firmar un contrato donde
se reducía sustancialmente el salario.
"Cuando llegamos (a Bagdad) lo primero que pedimos fue
que nos explicaran por qué el contrato decía que nos
iban a pagar 1.000 dólares (mensuales) cuando nos
habían prometido 2.700 como mínimo", aseguró el mayor
(r) del Ejército Juan Forero.
La misión de los 35 mercenarios colombianos, que
previo al viaje recibieron un curso de reentrenamiento
en una base militar de Bogotá, consistía en reemplazar
a un grupo de contratistas de Rumania que habían
finalizado su contrato, añadió la revista.
"Cuando estábamos haciendo el empalme con los rumanos
nos preguntaron que por cuánto nos habían contratado y
les dijimos que por mil dólares. La reacción de los
rumanos fue de burla. 'Nadie cuerdo en el mundo se
viene a Bagdad por sólo 1.000 dólares', nos dijeron",
añadió Forero.
Según el ex militar, mientras a ellos se les pagaba
1.000 dólares por custodiar intereses esta dounidenses
en Irak, los rumanos recibían 4.000 dólares por el
mismo trabajo; los ingleses, US$ 10.000; y cada
mercenario estadounidense, US$ 15.000 mensuales.
De acuerdo con el relato de los mercenarios, después
de presentar una carta quejándose por la situación,
representantes de ID Systems y de Blackwater optaron
por decomisarles el boleto aéreo de regreso a Colombia
y los amenazaron con "cerrarles las puertas" de su
país a la hora de buscar empleo.
Los mercenarios sudamericanos son el "tercer nivel",
tras los soldados iraquíes y los militares georgianos
de la coalición internacional, que se ocupan de
salvaguardar las instituciones iraquíes y las
embajadas estadounidense y británica de los continuos
y mortíferos atentados que sufre Bagdad.
La empresa involucrada en la denuncia desmintió
rotundamente lo dicho por los mercenarios colombianos.
"Eso no es cierto. Trabajamos sin engañar a nadie. Se
habló de mil dólares, 34 dólares diarios por el tipo
de trabajo que se va a hacer, que es de mucho menor
riesgo de los que se realizan allá", dijo el capitán
(r) Gonzalo Guevara, gerente de ID Systems.
"Acá a nadie se obliga ni se le pone un revólver en la
cabeza para que firme un contrato. Ellos no son niños
chiquitos."
Fuente: Terra. EFE. El relator especial de la ONU
sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston,
responsabilizó hoy al Estado de Guatemala de los miles
de crímenes que ocurren en el país y de fomentar la
impunidad, al término de una visita oficial.
El funcionario de las Naciones Unidas lamentó en rueda
de prensa que Guatemala sea 'un buen país para cometer
asesinatos', debido a la incapacidad del Estado para
combatir la impunidad.
Alston llegó a esa conclusión tras conocer los
informes de las organizaciones locales de derechos
humanos sobre la situación de violencia que padece
este país centroamericano y por testimonios de
familiares de las víctimas, durante una vista de cinco
días.
Las escasas posibilidades de que los responsables de
los crímenes sean detenidos y procesados por la
Justicia 'son responsabilidad del Estado (...) por la
impunidad generalizada', subrayó el relator, quien
durante su estancia en el país también se entrevistó
con el presidente Oscar Berger, parlamentarios y
autoridades judiciales.
En Guatemala, según cifras oficiales, han sido
asesinadas más de 3.500 personas en lo que va de año,
a razón de unos 16 homicidios por día.
Esos números 'dan cuenta de que en este país ocurran
hoy más asesinatos por día de los que se cometían
durante las épocas más oscuras del conflicto armado
interno' que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, el
cual se cobró la vida de más de 250.000 personas,
según la opinión del funcionario.
El relator, quien deberá presentar un informe
próximamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
se mostró particularmente preocupado por la muerte de
mujeres, que en lo que va de 2006 supera ya los 380
casos.
También por las ejecuciones extrajudiciales llevadas a
cabo por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y
del Ejército, y los hechos de 'limpieza social' en
contra de miembros de las pandillas juveniles
conocidas como 'maras'.
Esta situación, indicó, 'ha creado una generalizada y
extendida sensación de inseguridad entre la
población', porque 'una sociedad que vive bajo el
terror de los asesinatos no puede continuar su vida y
desarrollarse como debería'.
'Los ricos pueden protegerse, hasta cierto punto,
ellos mismos, pero el resto de la sociedad vive con el
temor de que un asesinato al azar pueda afectarles a
ellos o a sus seres queridos en cualquier momento',
manifestó Alston.
Durante las últimas 24 horas que el relator permaneció
en Guatemala, según un informe de la PNC, se
registraron once asesinatos en la capital guatemalteca
y su periferia; cuatro de las víctimas fueron mujeres.
El relator reconoció el 'claro compromiso del
presidente (Berger) de garantizar el respeto de los
derechos humanos en el país', pero advirtió de que es
indispensable que el Parlamento asuma 'su
responsabilidad en la situación actual'.
Para ello, añadió, se necesita que el Legislativo
apruebe un conjunto de leyes que permitirá al Estado
tener mayores instrumentos jurídicos y operativos para
combatir la inseguridad.
Guatemala 'ha avanzado enormemente en los últimos diez
años. La transformación de sus instituciones y la
transición de una guerra civil a una democracia civil
es un logro muy singular', anotó Alston.
Sin embargo, agregó que el país 'se encuentra hoy en
una encrucijada de la mayor importancia. El desafío
que tiene enfrente en materia de derechos humanos es
casi tan abrumador como lo que existió detrás'.
Para el funcionario de la ONU, una política 'de mano
dura' de las autoridades no es la mejor forma de
reducir los índices de inseguridad, porque fácilmente
se puede convertir en una 'doctrina de seguridad
nacional' en la cual se justifiquen las ejecuciones
extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad
del Estado.
En ese sentido, hizo un llamamiento a todos los
sectores de la sociedad civil, principalmente al
empresarial, para que en conjunto participen en la
realización de 'un diagnóstico preciso y fidedigno'.
'El punto universalmente acordado es que el primer
reto es acabar con la impunidad, el hecho de que
aquellos que matan pueden salirse con la suya y no
tienen nada que les impida continuar o incluso
aumentar los asesinatos', señaló Alston.
ES POSIBLE QUE EN EL PARAGUAY, ESTE INSTRUMENTO PUEDA
SER DE UTILIDAD, PARA FRENAR LA CRECIENTE
CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL, ENUNA SOCIEDAD
CADA VEZ MAS ESTRECHA, ASI COMO CONTENER
PREVENTIVAMENTE LAS INTENCIONES DE MILITARIZAR LAS
FRONTERAS TRAS ADVERSARIOS VIRTUALES, PERO QUE UNA VEZ
EN EL TERRENO, ESOS ADVERSARIOS SERAN, NOMAS LUEGO, LA
POBLACION RESIDENTE.
Federico Tatter
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La sociedad civil se pronuncia sabre la permanencia de
OACNUDH en Colombia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Actualidad Colombiana. Más de mil organizaciones y
algunos miembros de la sociedad civil, firman la
carta que presentamos a continuación, en llamado al
gobierno y los representantes de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para que se logre
un acuerdo que permita renovar el acuerdo de
permanencia de esta Oficina en Colombia.
Pronunciamiento de la sociedad civil colombiana a
favor de la continuidad de la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos con su mandato integral.
Las diferentes expresiones de la sociedad colombiana
que suscriben la presente comunicación quieren
manifestar a ustedes su fuerte y decidido apoyo a la
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La continuidad del mandato integral de la Oficina es
indispensable para que la comunidad internacional siga
contribuyendo al mejoramiento de la difícil situación
de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario que vive el país.
Este mandato surge en 1996 cuando la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, valorando la
gravedad de la crisis de derechos humanos, y previo
acuerdo con el Gobierno Colombiano, decidió pedir al
Alto Comisionado para los Derechos Humanos que
procediera a establecer una oficina permanente en
Colombia con un mandato integral de asistencia técnica
y monitoreo. En ese entonces se discutía la figura de
un Relator Especial para Colombia pero se tomó la
opción de una Oficina de observación y asistencia.
La Comisión también dispuso que la Alta Comisionada
presentara informes analíticos para ser considerados
en sus sesiones anuales, los cuales en adelante serán
considerados por el Consejo de Derechos Humanos, de
conformidad con la Resolución 60/251 de la Asamblea
General. Sobre esta base, la presencia de la Oficina
en Colombia se ha venido ratificando durante nueve
años, en atención a los resultados positivos de su
gestión y a la persistencia de la delicada crisis
humanitaria.
En desarrollo del mandato de observación, la OACNUDH
ha realizado más de 1.300 misiones al terreno y ha
registrado 12.000 quejas, de las cuales 8.100 han sido
admitidas. Esta actividad sistemática se ha reflejado
en mayores niveles de protección a las víctimas de
violaciones de derechos humanos y a las comunidades y
personas afectadas por el conflicto, al tiempo que ha
proporcionado informaciones decisivas al Estado, la
sociedad civil y la comunidad internacional para el
reconocimiento de la gravedad de la situación de
derechos humanos y derecho humanitario y el desarrollo
de respuestas institucionales y sociales. Sobre esta
base, la OACNUDH ha producido nueve informes anuales,
elaborados a partir de la interlocución permanente con
el Estado, las comunidades y las organizaciones de la
sociedad civil.
En sus diversos informes, y en desarrollo de su
mandato, la OACNUDH ha denunciado claramente los
crímenes y violaciones cometidas por miembros de los
grupos armados ilegales así como aquellas cometidas
por acción u omisión de agentes estatales, y ha
formulado una serie de recomendaciones a unos y otros,
orientadas a garantizar la vigencia de los derechos
humanos y el derecho humanitario. Las recomendaciones
han alcanzado importantes resultados: han ofrecido al
Estado colombiano posibilidades de acción para superar
la crisis de derechos humanos; se han convertido en
una exigencia a los grupos armados en materia de
respeto a la población civil; han sido útiles para
crear espacios de interlocución entre la comunidad
internacional, el Estado colombiano y la sociedad
civil sobre un referente común; y han orientado el
esfuerzo para que ese diálogo fructifique en la
formulación e implementación de políticas públicas
favorables al respeto, la protección y la realización
de los derechos humanos.
Así mismo, la OACNUDH ha cumplido una extensa y
positiva labor de asesoría y asistencia técnica
destinada a fortalecer la capacidad del Estado
colombiano para el cumplimiento de sus compromisos
internacionales en materia de derechos humanos, los
cuales se traducen en programas de apoyo en diversas
instituciones, entre las cuales se cuentan, la
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La labor de la oficina también se ha reflejado en la
promoción y protección de los derechos de diferentes
grupos sociales, entre ellos, las comunidades afro
descendientes e indígenas, las mujeres, los niños, el
sector LGBT, trabajadores, académicos, sindicalistas,
campesinos, comunales, ambientalistas, comunicadores,
personas privadas de la libertad, artistas, victimas
de diferentes violaciones de los derechos humanos y el
DIH, lideres sociales y defensores de derechos
humanos.
De este modo, la realización del mandato integral de
observación, asesoría, cooperación, información y
difusión, se ha convertido en una poderosa herramienta
pedagógica para la creación de una cultura de derechos
humanos en el Estado y la sociedad colombiana. Por
esta razón se torna indispensable su continuidad en un
país como Colombia, en el que persiste un conflicto
armado interno, múltiples y recurrentes agresiones
contra la población civil y una crisis humanitaria y
de derechos humanos. Coincidimos con la señora Arbour,
cuando afirma que los avances logrados en el
cumplimiento de las recomendaciones durante 2005,
deben estimular al Estado colombiano a hacer mayores
esfuerzos, durante 2006, y a más largo plazo.
Sea esta la oportunidad para expresarles nuestros más
altos sentimientos de consideración y respeto.
Cordialmente,
Firmantes por las diferentes plataformas de paz y
derechos humanos:
* Por la Alianza de Organizaciones Sociales y afines
por una cooperación para la paz y la democracia en
Colombia (agrupa 131 organizaciones):
Gustavo Gallón Giraldo
Gloria Flórez
Antonio Madariaga
Maria Eugenia Sánchez
Marco Alberto Romero
* Confluencia para la democracia y contra la guerra
(agrupa 190 organizaciones):
Pedro Santana Rodríguez
* Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
(agrupa 166 organizaciones):
Carlos Rodríguez Mejía
Eduardo Carreño
* Plataforma Colombia Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (agrupa 119 organizaciones):
Natalia Paredes
* Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
(agrupa 297 organizaciones):
Luis Eduardo Salcedo
Alexandra Bermúdez
* Planeta Paz y Corporación Derechos para la paz
CDPAZ
Carlos Salgado Aramendez
Gregorio Mesa Cuadros
* Ruta Pacífica de las Mujeres (agrupa 350
organizaciones de mujeres)
Olga Amparo Sánchez Gómez. Representante Legal
* Red Nacional de Mujeres (agrupa 40 grupos de mujeres
en 11 departamentos)
Claudia María Mejía Duque
Personalidades:
Cesar Gaviria Trujillo. Ex Presidente de la República.
Jefe único del Partido Liberal Colombiano
Daniel García-Peña Jaramillo. Comisión de Garantes
María Emma Mejía. Ex canciller de Colombia
Carlos Gaviria Díaz. Presidente Polo Democrático
Alternativo
Floro Tunubalá. Ex gobernador del Cauca
Juan Mayr. Ex ministro
Carlos A. Rodríguez. Central Unitaria de Trabajadores
José Fernando Isaza. Rector Universidad Jorge Tadeo
Lozano
Eduardo Cifuentes Muñoz. Decano de la Facultad de
Derecho Universidad de los Andes
Jaime Bernal Cuellar. Vocero de la Comisión
Facilitadora Civil en los diálogos con el ELN
Juan Camilo Restrepo. Ex ministro de Hacienda
Monseñor Héctor Fabio Henao. Conferencia Episcopal
Colombiana
Luis Carlos Villegas. Presidente Asociación Nacional
de Industriales ANDI
Rafael Pardo Rueda. Ex senador y precandidato
presidencial por el Partido Liberal Colombiano
Augusto Ramírez Ocampo. Director Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad Javeriana
Volmar Pérez. Defensor del Pueblo
Iván Marulanda. Ex ministro
Wilson Borja Díaz. Representante a la Cámara
Alejo Vargas Velásquez. Profesor Universidad Nacional
de Colombia. Comisión de Garantes
Orsinia Polanco. Representante a la Cámara
Gabriel Izquierdo S.J. Instituto Pensar, Universidad
Javeriana
Cecilia López. Senadora de la República
Camilo González Posso. Director INDEPAZ
Parmenio Cuellar. Senador de la República
Horacio Arango S.J..
Carlos Medellín. Ex ministro
Héctor Fajardo Abril. ISCOD - UGT
River Fandiño. Polo Democrático Independiente
Rodrigo Uprimny Yépez. Director del Centro de Estudios
Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia
Jairo Edilberto Quitian Ariza. Asofadescol
Silvio Lozada. Asdecol
Eduardo Gutiérrez. Confederación de ONGs de Colombia
Henry Rivera. Asofadescol
Claudia Ruiz. Fundación Dos Mundos
Libardo Tique. Asofadescol
Gustavo Balanza. Fundación Surcos
Osias Ascencio. Asofadescol
Irma García. DIAL
Eulises Gómez. Secretario de Asofadescol
Gabriel Rodríguez S.J. Provincial de la Compañía de
Jesús
Horacio Serpa Uribe. Ex ministro y candidato
presidencial Partido Liberal Colombiano
Alonso Ojeda Awad. Ex Embajador de Colombia Director
Programa Pedagogía de Paz UPN
Olga Lucía Gómez. Fundación País Libre
Germán Bula. Ex ministro
Marly Rinaldy. Organización Femenina Popular
Liliana Rodríguez. Corporación Jurídica Yira Castro
Adriana Ferrer. Corporación Jurídica Yira Castro
Miguel de la Vega. Mesa Nacional de Fortalecimiento de
Organización de Población Desplazada
Orlando Burgos. Coordinación Nacional de Desplazados
Luis Roberto Arboleda. Afrodes
Eliécer Chávez. Andescol
Francisco Espitia. Asocoldes
Rigoberto Jiménez- Coordinación Nacional de
Desplazados
Lucía Pacheco García
Ana Maria Gómez López Equitas
Virgelina Chará Aso mujer trabajo
Claudia Mejía Duque Sisma Mujer
Ivan Cepeda Castro Fundación Manuel Cepeda Vargas
Guillermo Hoyos Instituto Pensar Universidad
Javeriana
María Teresa Herrán
Milton Mejía Red Ecuménica de Colombia
Luis Carlos Avellaneda Tarazona Senador de la
República
Witney Chaves Presidente FECODE
Alpher Rojas Director Nacional Instituto de
Pensamiento Liberal
Luis Jorge Garay Investigador
Patricia Lara Periodista
Piedad Córdoba Senadora de la República
Moritz Akerman Comisión de Garantes
Luis Carlos Osorio Director Fundación Hemera
Jairo Rubio Mesa de Trabajo Cooperativo y Solidario
Gabriel Becerra Asociación Colombiana de Estudiantes
Universitarios
Cesareo Galvéz Red Colombiana de Radio Comunitaria
Miguel Marín Corporación para la educación y la
cultura
Luis Carlos Acero Asociación Humanitaria Americana
de Alicante España
Amparo Beltrán Cepalc
José Argemiro Carvajal Sindesena Boyacá
Marina Talero Tran Ser Red de Apoyo a
Transgeneristas
Eduardo Marquez Centro de solidaridad de la
federación internacional de periodistas
Diego Giraldo Hernández Colectivo El Opinadero
Nelson Cruz Corporación para el desarrollo integral
El Taller
Noris Mendoza Pérez Programa de Derechos Humanos
Corporación Compromiso.
Comparto un reciente análisis del, tal vez, más
influyente columnista y editorialista del diario
Clarín de Buenos Aires, sobre el proceso de
demonización "concertada" de la "triple frontera", el
emprendimiento de reinserción de la inteligencia
norteamericana en continente sudamericano a través del
"corredor" paraguayo, el "refritado" impulso de la
coordinación de inteligencia regional de muy triste y
reciente antecedente, la utilización de "enemigos
fantasmas" para reapuntalar gobiernos y grupos
conservadores en el poder político y económico (como
el claro caso paraguayo), como parte de un movimiento
mayor de la gran potencia del norte para volver a
cuidar su tradicional patio trasero con la habitual
mano de hierro con la que apoyó a todas las dictaduras
y gobiernos de fuerza del continente americano en los
últimos cincuenta años. Este material, se acuerdo a
cada óptica, puede ser leído entre líneas o en su más
amplia acepción, sin que se pierdan datos para anotar
y tener en cuenta.
Federico Tatter.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LA MANO DE WASHINGTON : EL DESPLIEGUE HEGEMONICO DE LA
CASA BLANCA
Un nuevo avance del poder estadounidense
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oscar Raúl Cardoso. Clarin, 29 de agosto de 2006. En
2001 y en 2003 fueron las invasiones de Afganistán e
Irak y este año la guerra israelí contra el Líbano,
las instancias que, por su espectacularidad,
oscurecieron el hecho de que detrás de la caza de
fantasmales redes terroristas y no menos inasibles
armas de destrucción masiva, lo que se está operando
es un redespliegue del poder político, económico y
militar del hegemón estadounidense en el mundo. Quizá
una futura acción bélica contra Irán, que muchos creen
inevitable, termine por hacer visible ese intento.
Pero el proceso no se desarrolla sólo en el Asia,
conviene puntualizar. Desde agosto de 2005 —cuando el
secretario de Estado Donald Rumsfeld realizó su
primera y hasta hoy única visita a América del Sur—
sabemos que Washington ha vuelto sobre esa región una
mirada nuevamente torva que parecía haberse distraído
a comienzos de siglo. Como lo narró David S. Cloud
hace un año en las páginas de The New York Times,
aquel viaje de Rumsfeld tuvo el inconfundible eco de
la Guerra Fría, cuando el discurso primario
estadounidense también era el de advertir contra "la
insurgencia izquierdista y la infiltración comunista".
La ola de regímenes democráticos de centro—izquierda,
al menos en la estrecha percepción de Estados Unidos,
que inauguró Hugo Chávez en Venezuela a fines de los
90 está obviamente detrás de ese interés renovado,
como también lo está el hecho de que algunos proyectos
estadounidenses de disciplinamiento económico de la
región, sobre todo el ALCA, se empantanaron en la
resistencia de varios países.
En América del Sur, el problema de ese interés es que
se escuda tras una realidad compleja en la que se
mezclan el crimen organizado y el tráfico de drogas,
la demonización deliberada de algunas zonas —como la
así llamada "Triple frontera" que comparten Brasil,
Argentina y Paraguay— y el intento por instalar
también aquí como prioridad la "guerra infinita" de
George Bush contra el terrorismo. Esta es un mal
negocio, ya se sabe, pero no por eso deja de ser un
imán político difícil de resistir para grupos de poder
local que ven detrás de aquella guerra la promesa de
un orden social severamente controlado.
Así las cosas es difícil separar la paja del trigo.
Hace una semana, por ejemplo, la Secretaría Nacional
Antidrogas de Paraguay inauguró en la ciudad de Pedro
Juan Caballero, departamento de Amambay, fronterizo
con Brasil, su más moderno cuartel para la lucha
antidroga. EE.UU. invirtió en este proyecto casi 500
mil dólares (incluyendo la provisión de helicópteros y
una pista de aterrizaje).
La zona efectivamente tiene una penetración criminal
importante. Hace unos días, el diario Estado do Sao
Paulo reveló que el grupo delictivo conocido como
"Primer Comando de la Capital" —responsable de haber
paralizado con atentados a la principal ciudad
brasileña hace una semanas— tiene en Pedro Juan
Caballero una importante base de operaciones. La
Argentina y Paraguay además se han sumado, con el
beneplácito de EE.UU., a un Centro Regional de
Inteligencia sobre la "Triple frontera" creado por
Brasil hace un año.
El problema es que las demandas que acompañan siempre
a este tipo de asistencia estadounidense suelen no
detenerse en la lucha contra el crimen. Seis años y
4.700 millones de dólares después de iniciar el Plan
Colombia para combatir el narcotráfico —reveló en un
reciente informe The New York Times—, ese programa
parece haber servido más para asistir a Bogotá en su
guerra civil contra grupos guerrilleros que para
detener el flujo de cocaína hacia el mercado
estadounidense.Fin.
Caso CHL 180806
Detencin al parecer arbitraria / temor por seguridad e integridad fsica y psicolgica
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervencin URGENTE respecto a la siguiente situacin en Chile.
El Secretariado Internacional acaba de ser informado de la seria preocupacin existente por la salud y por la integridad fsica y psicolgica del Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao, estudiante de Derecho e hijo de la Lonko Mapuche, Sra. Juana Calfunao Paillalef1, quien se encuentra detenido en la Crcel de Temuco, Chile.
De acuerdo con las informaciones, el 31 de julio de 2006 varios miembros de la polica acompaando a un grupo de trabajadores de la Empresa de Encomenderos Frontel, intervinieron en terrenos de la Comunidad Mapuche con el fin de cortar numerosos rboles. Es importante sealar que desde hace varios aos existe un conflicto sobre la propiedad de la tierra en donde habita la Comunidad Mapuche, entre los miembros de la mencionada Comunidad y el Estado chileno que manifiesta ser el propietario de la tierra. Es por ello que los miembros de la Comunidad se opusieron a la mencionada operacin de corte de rboles dentro del que consideran su territorio, presentndose una disputa entre ellos y los trabajadores que intentaban llevar a cabo el corte de rboles.
En medio de la disputa, ese da 31 de julio de 2006, los carabineros procedieron a arrestar al Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao y, segn las denuncias confirmadas por el abogado de su defensa, Sr. Jaime Lpez, durante su arresto y al parecer durante su posterior detencin en la Comisara de Polica2, el Sr. Cadin Calfunao recibi serios malos tratos y fue violentamente golpeado en la mayor parte del cuerpo y en la cara, por lo que, entre otras consecuencias, posiblemente puede perder una pieza dental. Luego, el Sr. Cadin Calfunao fue liberado ese mismo da.
Segn las informaciones, posteriormente, el 9 de agosto, se llev a cabo la audiencia de control de detencin y la formalizacin de la investigacin en contra del Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao bajo los cargos de secuestro, daos, desrdenes en la va pblica, hurto, y porte ilegal de arma cortopunzante. En la mencionada audiencia, el fiscal de Temuco, Sr. Cristian Paredes, le solicit al magistrado, Francisco Gutirrez, que aplicara la medida cautelar de prisin preventiva al comunero Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao, argumentando que: () ste (el Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao) constitua un peligro para la seguridad de la sociedad y que tena a lo menos tres causas pendientes con la justicia por otros ilcitos.
De acuerdo con las informaciones, el juez precis que slo haba antecedentes para presumir la participacin del imputado, Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao, en los ilcitos de daos, desrdenes y hurto, decretando la medida de arraigo nacional y de arresto domiciliario total para el imputado, la cual deba ser cumplida en un predio ubicado en la Comuna de Cunco, con la condicin adems de presentarse en el juzgado el da 17 de agosto de 2006. Adems, el magistrado determin enviar los antecedentes a la Fiscala Militar para que se investiguen los hechos, y le otorg al fiscal un plazo de 5 meses para finalizar la investigacin y determinar si hay elementos suficientes para presentar acusacin en contra del hijo de la Lonko Juana Calfunao Paillalef.
Posteriormente, cuando por consejo de su abogado, el 17 de agosto de 2006 el Sr. Cadin Calfunao se present en el Juzgado, fue dejado detenido y trasladado en calidad de prisionero a la Crcel de Temuco.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su serio temor por la seguridad y por la integridad fsica y psicolgica del Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao, detenido en la Crcel de Temuco, en particular porque en ese penal se han presentado varios casos de violencia contra los detenidos mapuches, y en particular, en el ao 2002 fue asesinado un detenido mapuche dentro del mismo penal, y hasta el momento no se ha conocido nada sobre la investigacin respecto a las causas y a las circunstancias de su muerte.
La OMCT solicita al gobierno chileno que tome de inmediato las medidas ms apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad fsica y psicolgica del Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao, incluido su acceso a una atencin mdica adecuada y gratuita, y que su caso sea estudiado de suma urgencia respetndole todos los derechos al debido proceso.
Accin solicitada:
Favor escribir a las autoridades de Chile urgindolas a:
i. tomar las medidas ms adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad fsica y psicolgica del Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao incluyendo su acceso a una adecuada asistencia mdica gratuita y tambin la seguridad e integridad personal de todos los miembros de su familia en particular de la Sra. Juana Calfunao Paillalef;
ii. ordenar la libertad inmediata del Sr. Waikilaf Manuel Cadin Calfunao en caso de encontrarse detenido en ausencia de cargos legales vlidos, o, si estos cargos existen llevarlo ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y respetarle todos sus derechos al debido proceso en todo momento;
iii. llevar a cabo una investigacin exhaustiva, independiente e imparcial, por parte de instancias civiles, en torno a todos los graves hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. garantizar en todas las circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos, en particular con las disposiciones de la Convencin Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y la Convencin Contra la Tortura, instrumentos ratificados por Chile.
Direcciones:
Misin Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra, 58, Rue de Moillebeau (4 piso), CH-1209, Ginebra, fax: + 4122.734.52.97, misionchile@misginchile.org
Misin de Chile ante la Unin Europea, Rue des Aduatiques, 106, 1040-Bruxelles,
Fax.: +32 (02) 736 49 94, embachile@embachile.be
Sra. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la Repblica, Palacio de La Moneda, Santiago, Chile. Fax: (+562) 690 4958, opinion@presidencia.cl, internet@presidencia.cl, mhansen@presidencia.cl
Sra. Paulina Veloso Valenzuela, Ministra Secretara General de la Presidencia, Palacio de La Moneda, 1160 Entrepiso, Santiago, Chile, fax: + 562.69.04.329, gjoignant@minsegpres.cl
Sr. Belisario Velasco Barahona, Ministro del Interior, Palacio de la Moneda s/n, Santiago de Chile, fax: (+562) 69 68 740, lguzmanp@interior.gov.cl (contacto de prensa)
Sr. Isidro Sols Palma , Ministro de Justicia, Morand 107, Santiago Casilla 21, Santiago, Chile, fax: (+562) 698 70 98, minju@reuna.cl; minju@minjusticia.cl; rmadrid@minjusticia.cl Sr. Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores, Catedral 1158, Piso 3, Santiago, Chile, fax: (+562) 696 87 96, minrel@minrel.cl; mdelaguarda@minrel.gov.cl
Don Eduardo Klein Koch, Intendente IX Regin La Araucana, Bulnes 590, piso 2, Temuco, Chile, fax: +56 45 208630 o +56 45 208218, intaraucania@interior.gov.cl
Sr. Tucapel Jimnez F., Presidente Comisin de DDHH, Nacionalidad y Ciudadana de la Cmara de Diputados, tjimenez@congreso.cl
Senador Sr. Carlos Ignacio Kuschel Silva, Presidente de las Comisin de DDHH, Nacionalidad y Ciudadana del Senado, ddhhsen@senado.cl
Favor escribir tambin a las Representaciones Diplomticas de Chile en sus respectivos pases.
Ginebra, 18 de agosto de 2006
Agradeceremos informarnos de toda accin emprendida, indicando el cdigo del presente llamado en su respuesta.
1 La Sra. Juana Calfunao Paillalef es una destacada autoridad del pueblo Mapuche, representante de la comunidad Juan Paillalef, Comunidad asentada en la comuna de Cunco, IX Regin de Chile. En calidad de representante y portavoz de su comunidad, ella ha encabezado la lucha por sus derechos y por la restitucin de tierras adyacentes a su comunidad, usurpadas por particulares, quienes han emprendido una sostenida campaa de intimidacin y violencia contra su familia y contra sus descendientes, campaa que se ha prolongado por dcadas. Segn las denuncias, la Lonko Sra. Juana Calfunao Paillalef ha sido amenazada de muerte por latifundistas y policas y constantemente ha sido seguida por sujetos desconocidos.
2 La OMCT recuerda que, segn las denuncias, la Sra. Juana Calfunao Paillalef fue torturada por miembros del Cuerpo de Carabineros de Chile en la 2 Comisara de Temuco, el 12 de mayo de 2000, quienes le causaron un aborto y luego la acusaron de maltrato a carabineros en servicio, y que es la polica la que se ha ensaado contra ella porque, segn ellos, ha tenido la osada de denunciarlos, por los diversos atropellos a su dignidad y a los derechos humanos de que ha sido vctima durante sus detenciones, relacionadas con la lucha de su pueblo.
Por Marie-Monique Robin. Pgina 12. 30 de octubre de 2005. Desde 1957,
en plena batalla de Argel, llegan a Buenos Aires, con la mayor
discrecin, dos especialistas franceses en la guerra revolucionaria:
los tenientes coroneles Patrice de Naurois y Pierre Badie. "Altamente
apreciada", su enseanza es el preludio de un acuerdo secreto que ser
firmado, en febrero de 1960, entre los gobiernos francs y argentino,
y que prev la creacin de una "misin permanente de asesores
militares franceses" en la Argentina.
Cuando llega el momento de firmar el acuerdo, Pierre Messmer acaba de
ser nombrado ministro de las Fuerzas Armadas. (...) Cuando lo
encuentro en Pars, el 16 de diciembre de 2002, es miembro de la
Academia Francesa y canciller del Instituto de Francia. A los ochenta
y siete aos, esta figura de la poltica francesa conserva una memoria
a toda prueba. (...)
Quin decidi enviar asesores militares franceses a la Argentina?
Fue el propio general De Gaulle quien decidi que habra una misin,
a propuesta del ministro de Relaciones Exteriores. Dicho esto, hay que
aadir que ya antes de la Segunda Guerra Mundial las misiones
militares francesas a Amrica del Sur eran bastante numerosas. Haba
una en Brasil, otras en Colombia, en Venezuela. Era una tradicin.
Estados Unidos todava no haba puesto la mano sobre la instruccin y
la provisin de materiales a las Fuerzas Armadas sudamericanas. Pero
en 1960, yo creo que la Argentina estaba interesada sobre todo en la
experiencia de Francia precisamente en el rea de la guerra
revolucionaria...
Cul era el perfil de los militares de la misin?
En principio, el esfuerzo se diriga a reclutar oficiales que
hablaran espaol, lo que limitaba las posibilidades de eleccin. Y
despus, se elega a aquellos que tenan una experiencia
correspondiente a lo que deseaban los argentinos. No enviamos
especialistas en armas atmicas a la Argentina!
Dicho con palabras todava ms claras: se eligieron especialistas en
la guerra subversiva.
- - -
Usted sabe, seora, el problema es que aqu, en la Argentina, hay
curas comunistas... me dice el joven cura originario de Toulouse, con
los brazos cruzados sobre su sotana negra, mientras a su lado el
seminarista argentino asiente con la cabeza.
En serio?
S! Y cmo cree usted que se puede salvar el alma de un cura comunista?
Rezando por l arriesgu, presintiendo que no era la respuesta correcta...
Si con eso fuera suficiente! No, el nico medio de salvar el alma de
un cura comunista es matndolo.
La escena ocurre en La Reja, a unos cincuenta kilmetros de Buenos
Aires, el domingo 23 de marzo de 2003, justo despus de la misa... Es
aqu, en el corazn de un parque muy verde, donde la Fraternidad San
Po X del difunto monseor Marcel Lefebvre hizo construir un magnfico
convento de estilo neocolonial espaol, con paredes de piedra y techo
de tejas, inaugurado en 2000 en presencia de un grupo de generales y
del embajador de Francia. (...)
A decir verdad, no sorprende que el lder de los opositores a las
reformas del Concilio Vaticano II haya buscado implantarse en la
Argentina. El 29 de agosto de 1976, cinco meses despus del golpe de
Estado que llev al poder al general Videla, monseor Lefebvre
organiza en Lille un gran oficio en latn en el que participan unos
5000 catlicos integristas. En su homila, que alimentar la crnica
internacional, denuncia, entremezcladamente, a la misa de Pablo VI, a
la francmasonera, al laicismo del Estado y a los enemigos de la
monarqua social de Cristo, y se entrega a una apologa del franquismo
y de los regmenes militares sudamericanos, en especial de la reciente
dictadura argentina: "No es sino con orden, justicia, paz en la
sociedad, que la economa puede volver a florecer. Lo vemos
claramente. Tomen la imagen de la Repblica Argentina. En qu estado
estaba hace apenas dos o tres meses? Una anarqua completa, bandidos
matando a diestra y siniestra, las industrias completamente en ruinas,
los dueos de las fbricas encerrados y tomados de rehenes, una
revolucin inverosmil. (...) Llega un gobierno de orden, que tiene
principios, que tiene autoridad, que pone un poco de orden en todo
esto, que impide que los bandidos maten a los otros, y as vemos que
la economa reflota, y que los obreros tienen trabajo y que pueden
volver a sus casas sabiendo que no van a ser apaleados por alguien que
quiera hacerlos participar en una huelga que ellos no desean".
Despus de este acto de lealtad incondicional, mientras en Pars sus
partidarios ocupan la iglesia de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, monseor
Lefebvre efecta en 1977 su primer viaje a la Argentina, en plena
dictadura militar. Se cuenta que fue recibido por el general Videla en
persona, reputado como un integrista acrrimo, pero que oficialmente
nada se filtr, pues el dictador prefera no ser visto junto a un
obispo en ruptura con el Vaticano. El fundador del seminario suizo de
Ecne supo aprovechar sus contactos en la jerarqua militar y
eclesistica: cuando en 1988 fue excomulgado por haber ordenado a
cuatro obispos, entre ellos un argentino, pudo jactarse de haber
abierto en la Argentina cuatro conventos y dos iglesias.
- - -
Todo sonrisas, el hombre abri la puerta de su domicilio y, desde lo
alto de su metro noventa, se inclin hacia m para saludarme. Apenas
pude reprimir un gesto de rechazo y, farfullando, le agradec el
haberme recibido. "Mi abogado no quera que me encontrara con usted
me dice, pero nuestra conversacin telefnica me convenci de su
buena fe..."
De este modo Reynaldo Benito Bignone, el ltimo dictador argentino,
que estuvo a la cabeza de la junta militar en 1982, crey realmente
que yo era una historiadora de la extrema derecha. Asombroso de parte
de un especialista en inteligencia, que confiesa adems pasar mucho
tiempo en Internet desde que est "en prisin"... De hecho, condenado
en 1984 por haber participado en la desaparicin de varias personas,
el general Bignone finalmente haba resultado beneficiado por la ley
de amnista de 1987. Pero en 1999 la historia vuelve a atraparlo. El
21 de enero, "el da de sus setenta y un aos", es detenido
provisoriamente: un juez federal lo acusa de haber dirigido la
"sustraccin, retencin y sustitucin de estado civil" de doscientos
menores arrancados a sus madres martirizadas. (...)
Cmo era la reputacin de los franceses?
A partir de Napolen, excelente. A tal punto que en la Argentina el
que sala primero de su promocin en la Escuela de Guerra iba a Pars.
Era verdaderamente un privilegio! El segundo iba a Espaa, y el
nmero tres a Alemania. As fue como yo llegu a Espaa! Habra
preferido ir a Francia, que era verdaderamente la cuna de la teora de
la guerra revolucionaria...
En el dominio de la guerra antisubversiva, la influencia de los
franceses fue superior a la de los norteamericanos?
Sin ninguna duda! A principio de los aos '60, momento en que todos
nosotros estudiamos, los norteamericanos no tenan una doctrina de
este tipo, y sobre todo no posean experiencia. Despus, tuvieron la
Escuela de las Amricas, pero entretanto nosotros ya habamos
redactado nuestros propios reglamentos militares para luchar contra la
subversin. (...)
General, francamente, la utilizacin de la tortura nunca le plante
problemas morales?
En relacin con este tema, voy a contarle una sola ancdota: en marzo
de 1977 yo era secretario general del Ejrcito y haba desayunado con
tres obispos para hablar de estas cuestiones. Les dije, pongamos un
ejemplo: en tanto representante del Estado argentino, recibo entre mis
manos al seor Juan Prez, un subversivo, que sabe dnde se encuentra
una jovencita que la subversin acaba de secuestrar. Hasta dnde
llega mi poder para que este seor me diga dnde est la seorita que
tengo el deber de salvar? Es una pregunta difcil, me dijeron al
unsono los tres obispos. El ms viejo, que est hoy muerto, me
contest: "Voy a intentar responder. Yo creo que su poder se detiene
en el momento en que este hombre pierde el conocimiento...".
Y el general se agita, y mueve el aire con sus brazos: "Hoy todo el
mundo protesta contra Videla, Pinochet, pero una cosa es segura:
nosotros vencimos a la subversin. Ganamos la batalla militar, pero
perdimos la batalla poltica, como los franceses en Argelia! Nuestro
gran error fue haber aceptado la nocin de 'guerra sucia', porque
ninguna guerra es limpia: en todas las guerras hay inocentes que
mueren. Y estoy persuadido de que el 'Proceso de Reorganizacin
Nacional' provoc menos muertos que los de una guerra clsica...".
- - -
El 13 de mayo de 2003, el general Daz Bessone me recibe en su oficina
del Crculo Militar, una prestigiosa residencia construida por un
arquitecto francs, a la que le dicen "Versalles". Hace dos aos era
l quien presida este refinado establecimiento, dotado, entre otras
cosas, de infraestructura hotelera, de una sala de conciertos y de una
piscina donde el general Bignone vena a nadar dos veces por semana,
con permiso especial del juez. (...)
Lo que ignora entonces el general Daz Bessone y tambin yo, que no
esperaba tales confesiones es que las palabras que pronunciara
frente a m cmara iban a provocar, algunos meses ms tarde, una
verdadera tempestad meditica en la Argentina, que traera como
consecuencia su comparecencia ante un consejo de guerra reunido para
examinar su destitucin del Ejrcito... Mientras que el cameraman
filma al viejo militar, que deambula con la rigidez de un prncipe
entre las lujosas paredes de su palacio, Leticia, su segunda esposa,
se afana por mostrarme fotos de atentados cometidos por los
guerrilleros: "Usted sabe me dice ella, las mujeres de la guerrilla
no tenan ninguna moral. Cuando entraban en una clula revolucionaria,
se acostaban con todos los hombres de la clula, para mostrar que
rechazaban todo orden burgus. Evidentemente quedaban embarazadas, y
utilizaban su estado para ejecutar misiones terroristas ms
fcilmente. En el quinto mes de embarazo, tomaban una aguja y se la
metan en el vientre para abortar...".
Entretanto, Daz Bessone ya se ha instalado en su oficina, ante un
crucifijo de madera. A su derecha, sobre una chimenea, reina una
estatua de bronce de Napolen coronada por un espejo monumental... La
entrevista comienza por la buena y vieja pregunta acerca de la
influencia de los franceses, que, como un verdadero brete ssamo, me
facilita el acceso a las confidencias... (...)
Qu le ensearon los franceses?
Lo principal que nos ensearon es que para luchar contra una agresin
revolucionaria o subversiva, hay que tener un buen aparato de
inteligencia; de lo contrario no se puede hacer nada contra un enemigo
que no lleva uniforme y que por lo tanto es imposible de identificar.
El subversivo puede disfrazarse de campesino, de hombre de la calle,
e incluso de cura! Y est en todas partes: puede ser dueo de un
comercio, tomar clases en la facultad o en un colegio, puede ser
maestro, mdico, abogado, ingeniero u obrero... El problema es que en
este tipo de guerra no hay diferencias entre los beligerantes y la
poblacin civil, y as se pueden cometer errores. Nosotros tenamos
amigos que pensaban que sus hijos eran irreprochables. De hecho, no
saban que en la universidad haban sido contactados por la guerrilla
y que ocultaban armas en sus propias casas. As es como se detiene
gente por error, a la que se interroga, cuando no tiene nada que
ver... No es por nada que se habla de guerra sucia...
"En todo caso, gracias a las enseanzas que recibimos sobre la guerra
revolucionaria argelina pudimos llevar adelante nuestra propia guerra
en la Argentina. Con una gran diferencia, sin embargo: despus de la
independencia de Argelia, los antiguos enemigos fueron separados, unos
en Argelia y otros en Francia. Con el tiempo, es ms fcil dar vuelta
la pgina. Pero aqu fue una guerra interior, con caractersticas de
guerra civil; y una vez terminada la guerra, uno se puede cruzar a sus
antiguos enemigos en la calle, o verlos que ocupan puestos
importantes, convertidos en gerentes de empresas. Eso no facilita la
reconciliacin... (...)
Hoy se sabe que hubo 3000 desaparecidos en Argelia. Cuntos hubo en
la Argentina?
Uh, es un tema del que no me gusta mucho hablar, si no van a acusarme
de hacer apologa del crimen, y me van a meter un juicio... Algunos
hablan de 30.000, pero es propaganda! La famosa comisin cont 7000 u
8000. Pero en esa cifra hay algunos que fueron encontrados en ocasin
del terremoto de Mxico! Otros murieron en combate y no se los pudo
identificar, porque con frecuencia los guerrilleros destruan sus
huellas digitales con cido... En toda guerra hay daos colaterales.
En la guerra clsica, son civiles que mueren por las bombas...
Los desaparecidos son daos colaterales de la guerra antisubversiva?
S, es eso.
General, le agradezco.
Oficialmente, la entrevista ha terminado. Le pido al general Daz
Bessone autorizacin para filmar la decoracin de su oficina y,
especialmente la estatua de Napolen frente al espejo, donde no sabe
que su imagen se refleja. Al pensar que ya no est siendo grabado, se
relaja, para aparecer, por fin, tal cual es: "Cmo quiere usted
obtener informaciones si no sacude, si no tortura?", se enoja,
golpeando sobre su escritorio. "Por otra parte, a propsito de los
desaparecidos, digamos que hubo 7000, no creo que haya habido 7000,
pero bueno, qu quera que hiciramos? Usted cree que se pueden
fusilar 7000 personas? Si hubisemos fusilado tres, el Papa nos habra
cado encima como lo hizo con Franco. El mundo entero nos habra
cado encima! Qu podamos hacer? Meterlos en la crcel? Y despus
de que llegara el gobierno constitucional, seran liberados y
recomenzaran... Era una guerra interna, no contra un enemigo del otro
lado de la frontera. Ellos estn listos para retomar las armas para
matar en la primera ocasin!".
COMIT PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SECCIONAL ARAUCA
DENUNCIA PBLICA 11
EL EJERCITO DETIENE A SACERDOTE ALEMAN
EL Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos DENUNCIA
el hostigamiento y detencin de que fue victima el clrigo Alemn
ANSGAR FALK por parte del Ejercito Nacional Batalln 49 hroes de
Taraz acantonado en el casco urbano del municipio de Arauquita al
mando del mayor MIGUEL VSQUEZ.
El clrigo Alemn ANSGAR FALK se encontraba en la regin en una
misin de acompaamiento y solidaridad con la Asociacin Campesina
de Arauca y cuando se diriga a Arauquita el jueves 27 de julio en
el reten de dicho batalln aproximadamente a las 9:30 a.m fue
detenido, sometido a un intenso interrogatorio, su cedula
fotografiada y su agenda personal registrada anotando el ejercito
todos los nmeros telefnicos que el portaba. La justificacin que
dieron los militares ante esta accin arbitraria fue segn ellos
por medidas de seguridad y por protegerlo dejndolo en libertad a
las 2:00 p.m aproximadamente.
Exigimos respeto y garantas para las misiones Internacionales que
visitan la regin a enterarse sobre los hechos de la difcil
situacin de violacin de derechos humanos que padecen amplios
sectores de la poblacin araucana victima de la exagerada
aplicacin de la poltica de seguridad democrtica.
Arauca, 31 de julio de 2006
COMIT PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SECCIONAL
ARAUCA
Se ejecuta la nueva estrategia del Gobierno y los latifundistas para reprimir las demandas histricas de tierra y desarrollo rural en Guatemala.
Un muerto y varios campesinos heridos fue el saldo de un nuevo desalojo violento, el pasado 8 de julio, ahora en las fincas San Jos Mocc y Cabaas, municipio de La Tinta en Alta Verapaz El grupo de familias reclaman desde hace varios aos el pago de sus prestaciones laborales y la recuperacin de las tierras que por medio de argucias legales fueron arrebatadas a sus antepasados por una familia de extranjeros de apellido Hempfpead Smith, quienes han aprovechado su capacidad econmica para influenciar ante el gobierno y el organismo judicial para defender una propiedad que no les pertenece.
Esta nueva masacre que se comete contra campesinos que reclaman el derecho a la tierra, es una muestra ms de que el Estado de Guatemala est organizado nicamente para defender los bienes y la vida de los ricos, aunque esto signifique pasar por encima de la vida, el sudor y la sangre de los pobres.
Denunciamos que esta agresin no es aislada, la estrategia se repite como en la finca Nueva Linda y en la Finca El Corozo, al emplear a mercenarios de la seguridad privada que defienden las propiedades empleando armamento diverso y de grueso calibre, quienes reprimen a los campesinos sin el ms mnimo respeto a la vida y menos an a los procedimientos legales que corresponden en la materia.
La reaccin violenta de los latifundistas, muchos de ellos extranjeros, ante el clamor campesino de reivindicar el histrico despojo de tierra, es una evidencia de que los mecanismos legales para resolver la conflictividad agraria son inoperantes por la falta de voluntad poltica del gobierno de scar Berger, quien hoy ms que nunca est plenamente comprometido a sostener el esquema actual de concentracin de la propiedad, aunque esto signifique la agravacin de la conflictividad social a causa del empeoramiento del nivel de vida en las reas rurales.
Presentamos nuestras condolencias y firme solidaridad a la familia del compaero Miguel Chen, vctima mortal de este infame hecho y a las familias de las fincas Mocc y Cabaas, recordndoles que en esta lucha no estn solos y que mientras la respuesta del Gobierno a las demandas campesinas sea la represin y la re-militarizacin de la sociedad, nuestros esfuerzos deben redoblarse.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que estn atentos ante esta nueva escalada violenta contra el pueblo campesino, pues el empleo de mercenarios para la represin de la sociedad es consecuencia de la poltica contrainsurgente del Estado que rescata el concepto de las Patrullas de Autodefensa Civil para que el mismo pueblo pobre se mate entre s, causando graves fisuras al tejido social en las comunidades.
Exigimos a las autoridades de Gobernacin, al Ministerio Pblico y a las instancias judiciales correspondientes que pongan su empeo en resolver este nuevo hecho sangriento, que enluta no solo a las familias qeqchis que fueron agredidas, sino a todo un pueblo que ve con impotencia como se vulnera el derecho a la vida con total impunidad.
Guatemala, 10 de julio de 2006
Comit de Desarrollo Campesino
10. Calle prolongacin, 5-39 zona 2, Cantn Santa Cristina, Mazatenango, Suchitepquez,
Guatemala, C.A. Telefax: (502) 78 72 15 45, Email: codeca@gmx.net