EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU
CUESTIONA SEVERAMENTE AL GOBIERNO MEXICANO
30 de noviembre de 2006
El 8 y 9 de noviembre pasados, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) revisó el 4º informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte del Estado Mexicano. Paralelamente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos para la Mujer (CLADEM) presentamos informes alternativos al informe oficial en los que planteamos diversas preocupaciones en relación al incumplimiento del Estado con la obligaciones de la Convención. El Comité concluyó que la tortura y malos tratos continúan siendo una práctica frecuente en México por parte de agentes del Estado y que los niveles de impunidad de estos actos son preocupantes.
Los miembros del Comité hicieron una serie de preguntas al gobierno mexicano para posteriormente emitir un documento señalando además de los avances, sus motivos de preocupación y recomendaciones al respecto[1].
1. Modificar la legislación y el sistema justicia
Entre las recomendaciones generales que el Comité emitió se recogen muchas de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de derechos humanos. Entre ellas destaca la recomendación del Comité al Estado Mexicano de asegurar que tanto la legislación federal como las estatales tipifiquen el delito de tortura en todo el país conforme a los estándares internacionales y regionales. Particularmente manifestó su preocupación porque la tortura no está contemplada en el Código Penal del Estado de Guerrero, cuestión presentada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”. El Relator Grossman cuestionó a México el que se utilice el concepto de gravedad para calificar la tortura, como lesiones que tardan en sanar más de 15 días, concepto que no cubre los sufrimientos psicológicos, por ejemplo durante la violación de mujeres. Así también enfatizó la necesidad de que sea la autoridad la que tenga que probar que hubo tortura y la carga de la prueba no recaiga en la víctima como ocurre ahora. También se le cuestionó al gobierno mexicano el que se sigan considerando que las confesiones obtenidas bajo violencia física o mental tienen valor probatorio si están corroboradas por otros medios de prueba y se recomendó que el Estado garantice que ninguna declaración que se demuestre fue obtenida en base a tortura pueda ser invocada directa o indirectamente como prueba.
El Comité también retomó la necesidad de realizar una reforma del sistema de justicia para instaurar un modelo de proceso penal acusatorio y oral que garantice plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios de debido proceso. Ante la información presentada por la Red TDT sobre el uso del arraigo en México, el Comité recomendó al gobierno mexicano garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica a nivel federal como estatal.
Otra de las preocupaciones manifestada por la Red TDT retomada por el Comité fue la del fuero militar para caso de tortura cometida por militares contra civiles, recomendando que el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, en especial la tortura, perpetrados por militares contra civiles sean siempre competencia de los tribunales civiles.
Igualmente, el Comité subrayó su preocupación por el hecho de que cuando se sanciona la tortura se utilicen tipos penales menos graves, recomendando que se investiguen las denuncias de tortura como tales. Ante las denuncias de las organizaciones civiles de que la aplicación del Protocolo de Estambul era ineficaz dado que se aplicaba por médicos no independientes de las procuradurías el Comité recalcó la necesidad de que en todos los casos se realice un examen médico independiente de conformidad con el Protocolo de Estambul, y recomendó también garantizar la independencia del médico encargado de atender a la presunta víctima y verificar su condición y que si se documentan actos de tortura por parte de este examen médico independiente éste sea considerado prueba plena en el juicio. Así mismo, el Comité recomendó finalizar la reforma penal para asegurar que los delitos de lesa humanidad, y en estos casos la tortura, sean imprescriptibles.
Ante las denuncias de falta de recurso efectivo de los extranjeros expulsados bajo el artículo 33 Constitucional, el comité manifestó su preocupación por este tema y recomendó tomar medidas para asegurar el acceso a un recurso efectivo, y que el recurso tenga efecto supresivo de la decisión.
2. Acción arbitraria de la policía en operativos represivos y en la privación de libertad
En el caso de las denuncias de los hechos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, bajo el gobierno de Ramírez Acuña, los miembros del Comité cuestionaron sobre los obstáculos que han impedido la sanción a los responsables de los abusos y si este caso quedaría en la impunidad. Ante estos hechos y los de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 y los hechos recientes en Oaxaca, el Comité manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de detenciones arbitrarias e incomunicaciones, así como malos tratos y abusos de todo tipo en estos eventos y recomendó que se garantice que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad, así como investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas contra personas detenidas en operaciones policiales.
Así mismo, el Comité recomendó que México tome todas las medias necesarias para evitar la utilización de todas las formas de detención que puedan propiciar la práctica de la tortura, investigar las denuncias de detención arbitraria y sancionar a los responsables, lo cual es particularmente importante ahora en el caso de Oaxaca.
3. Violencia hacia las mujeres
Por otra parte, el Centro Prodh, la OMCT y CLADEM presentaron el informe alternativo titulado “Violencia de Estado contra mujeres privadas de la libertad en México: El caso de San Salvador Atenco[2]”, en el cual denunciamos las agresiones sexuales cometidas en contra de las mujeres detenidas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, así como la falta de condiciones suficientes en términos políticos, institucionales y legales para sancionar a los agentes del Estado que cometan de manera directa e indirecta, abusos de esta naturaleza.
En relación a esta situación diferentes miembros del Comité manifestaron su preocupación por el trato denigrante y discriminatorio contra las mujeres durante el operativo de San Salvador Atenco. Como consecuencia el Comité manifestó su preocupación “por la violencia ejercida …contra las mujeres durante el operativo de policía llevado a cabo en mayo del 2006 en San Salvador Atenco, en especial por las alegaciones de tortura, violación sexual así como otras formas de violencia sexual por miembros de seguridad pública” (par. 19). Así mismo, manifestó su preocupación por que la acción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres en el País” (FEVIM), pueda limitarse solo a los delitos de orden común que tengan relación con delitos del orden federal.
Por lo anterior, recomienda al Estado parte, entre otras cosas:
a) Realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial de los incidentes ocurridos y garantizar que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente;
b) Que las víctimas de los hechos obtengan una reparación justa y efectiva y;
c) Establecer criterios trasparentes para que se determine con claridad – en casos de conflictos de competencia entre distintas autoridades judiciales- los casos en los cuales FEVIM puede asumir la jurisdicción y ejercer la facultad de atracción de determinados hechos delictivos contra las mujeres.
Además el Comité solicita al Estado Mexicano que informe dentro de un año sobre la implementación de algunas de las recomendaciones emitidas. En particular deberá rendir cuentas hasta noviembre de 2007 sobre qué habrá hecho para investigar los hechos ocurridos en Atenco, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Cabe recordar que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la ONU (CEDAW) recomendó el pasado mes de agosto al gobierno mexicano garantizar que la encargada de la FEVIM, tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables.
Por todo lo anterior, en acatamiento a las recomendaciones hechas por el Comité, exigimos al gobierno entrante que se adopten reformas legislativas e implemente políticas públicas que retomen todas las recomendaciones del Comité y que en relación a la violencia contra mujeres en San Salvador Atenco, la Fiscal Especial Alicia Elena Pérez Duarte, atraiga a la brevedad la investigación de las agresiones sexuales. Hecho lo cual, y una vez agotadas las indagatorias, que consigne ante la autoridad judicial federal a los presuntos responsables de tales hechos tomando en cuenta la responsabilidad de mando que establece el propio Código Penal Federal y la Convención contra la Tortura citada.
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[1] http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/37/cat_c_mex_co_4_sp.pdf.
[2] http://www.omct.org/pdf/procedures/2006/cat_37th/mexico_informe_altern_atenco_cat_esp.pdf.
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Contacto OMCT:
Mariana Duarte
Organización Mundial contra la Tortura
Case Postale 21 - Rue du Vieux-billard 8
CH-1211 Genève 8
Tel +41 22 809 49 39
Fax + 41 22 809 49 29
E-mail md@omct.org
Web www.omct.org
Relator especial halla evidencias de maltrato y tortura en las prisiones
El relator especial sobre torturas de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, concluyó su trabajo en el Paraguay y encontró rastros y evidencias de torturas en prisión. Asimismo, reconoció el esfuerzo del Gobierno por mejorar la legislación y las condiciones de detención.
Un avance del informe del relator de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, fue presentado ayer en conferencia de prensa.
El relator estuvo realizando durante una semana una discreta visita, que comprendió entrevistas a autoridades nacionales y regionales y visitas sorpresivas a los centros de prisión.
Asimismo, investigó sobre los aspectos legales vigentes en la materia y concluyó que si bien hay avances hacia un mejoramiento de la situación, se debe mejorar la legislación paraguaya y, por sobre todo, las condiciones de prisión de los detenidos.
El relator especial visitó las prisiones de Tacumbú, Buen Pastor y las cárceles regionales de Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Villarrica.
En algunos lugares pudo observar casos de situaciones graves de hacinamiento, inclusive la existencia de un denominado “agujero negro”, donde son arrojados los detenidos indigentes de Alto Paraná, donde carecen de luz, ventilación y elementos básicos de higiene.
Tuvo acceso al caso de un detenido que ya llevaba un años y medio, acusado del robo de una bicicleta.
LA TORTURA CONTINÚA
Luego de visitar las comisarías policiales, el relator llegó a la conclusión de que “la tortura sigue siendo una práctica habitual durante los primeros días de detención policial, sobre todo en la brigada de Investigaciones criminales de Ciudad del Este.
Llamó la atención del doctor Nowak que en el ámbito militar la tortura no esté tipificada como delito en el código penal militar, pese a la cantidad de denuncias de maltratos a los conscriptos, como el “descuereo”, que incluye formas de obligar a los reclutas a realizar ejercicios físicos extremos como castigo.
NINGÚN DETENIDO
En opinión del relator especial, la impunidad es uno de los motivos que explican la persistencia de la práctica de la tortura y maltratos y agrega que “no ha habido condena alguna en relación con torturas y pocos casos de este tipo tramitados ante la justicia desde que entró en vigencia el nuevo código penal en 1999, si hubo alguno”.
Felicita al Gobierno por ser uno de los primeros en ratificar el protocolo facultativo, en el que se requiere a los estados partes la creación de comisiones nacionales independientes con potestad de realizar visitas sin previo aviso a cualquier centro de detención.
Reconoce que la invitación del Gobierno al relator es una muestra de voluntad para cooperar en materia de derechos humanos con la comunidad internacional.
Dice también el informe que el relator especial recibió seguridades del gobierno de que no se escatimarán esfuerzos para poner en práctica sus recomendaciones.
Entre otras cosas, Nowak recomendó establecer mecanismos para realizar visitas preventivas a lugares de detención; separar a prisioneros condenados de procesados, erradicar la corrupción del sistema penal e incrementar las medidas alternativas de prisión para reducir el hacinamiento.
Otras recomendaciones del relator especial son: proveer a los detenidos las necesidades mínimas como alimento, medicina, trabajo y actividades educativas; introducir medidas efectivas de prevención de la tortura; investigar efectivamente cada caso sospechado de tortura y llevar a los perpetradores ante la justicia.
Asimismo, recomienda a fiscales, policías y directores de cárceles dejar de hacer la vista gorda ante casos evidentes de torturas en sus jurisdicciones.
CONSTATACIONES
Negativas
1. El código penal no define la tortura como la Convención contra la Tortura y se presta a la impunidad.
2. Número de detenidos excede la capacidad de la mayoría de las cárceles.
3. Las cárceles antiguas están deplorables condiciones, algunas con hacinamiento extremo.
4. No hay ningún condenado por delito de tortura.
5. Policía, Fiscalía y directores de prisiones hacen la vista gorda ante denuncias y evidencias.
Positivas
1. Constitución N. respeta y protege los derechos humanos.
2. La mayoría de los tratados internacionales de DD.HH. están ratificados.
3. Verdad y Justicia intenta hacer justicia
4. Gobierno construye nuevos centros de detención más higiénicos.
5. Invitación del gobierno al relator demuestra voluntad de cooperación.
Pagina 12
Por Horacio Cecchi
De 5204 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes penitenciarios bonaerenses, presentadas ante la Justicia entre el año 2000 y el 12 de julio pasado, 2168 causas fueron archivadas y 2948 se encuentran en trámite con un final más que previsible (si se tiene en cuenta que en sólo siete casos la Justicia se expidió con una condena). Los datos son provistos por la Comisión Provincial de la Memoria y el Comité Contra la Tortura, en su segundo informe sobre la situación de las cárceles bonaerenses, que será presentado públicamente hoy en La Plata. El dato no es menor. El informe reconoce que se frenó el aumento del hacinamiento y se derogó la ley de excarcelaciones blumbergiana que había llevado al colapso al sistema carcelario. Pero sostiene que el colapso sigue y el hacinamiento es tan sólo una de las caras del sistema de la crueldad: la impunidad sigue intacta y mucho tiene que ver la inacción judicial. El primer caso demostrado en democracia ante la Justicia de tortura con picana en una cárcel bonaerense lo logró en 2005 el Comité Contra la Tortura. Esto no sólo demuestra que el sistema sigue impune. También (y es parte de esa impunidad) que si se hubieran seguido los pasos que se siguen habitualmente, el caso no se habría demostrado nunca.
El informe “Ojos que no ven” fue presentado ayer al gobierno bonaerense. No lo recibió en mano Felipe Solá sino en su representación el ministro de Gobierno, Mario Oporto, y el secretario de Derechos Humanos, Jorge Binstock. Ni siquiera tuvo tiempo de leer el extenso informe y ya estaba respondiendo, airado, el secretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo. “Es un informe falaz e intencionalmente sesgado”, aseguró Rotundo y agregó que “desde que se intervino el Servicio Penitenciario Bonaerense hasta la fecha se redujeron de 4800 a 3736 los detenidos en comisarías, y de 24.400 a 24.200 en las cárceles”.
El informe de la Comisión está basado en 151 casos testigo. De ellos, 41 corresponden estrictamente a personas muertas carbonizadas o asfixiadas (33 en el incendio de Magdalena, 3 en Los Hornos, 4 en comisarías y 1 en un instituto de menores de 18 años). Otras ocho se suicidaron con serias sospechas de que fueron ayudados ajustando el nudo. Y en otras siete ocasiones, se logró demostrar que murieron por enfermedades con nula o deficiente asistencia médica. En total, los muertos en cárceles y comisarías bonaerenses citados y comprobados por el Comité Contra la Tortura suman, en el último año, 56 presos fallecidos, que seguramente forman parte de la airada respuesta de Rotundo cuando dijo que “tenemos 200 presos menos”.
Si no avanza, como lo demostró Rotundo, el hacinamiento continúa, como también lo demostró Rotundo con su estandarte de 200 menos. “Una cosa es reconocer que hay un descenso en la cantidad de detenidos, y otra decir que se elimina el hacinamiento –dijo a Página/12 Alejandro Mosquera, responsable del CCT–. En la mayor parte de los penales, el hacinamiento sigue igual. La ley de cupos (que obligaría a fijar la capacidad real de cada unidad) sigue en carpeta. Pero además de hacinamiento, hay violencia, tratos crueles y tortura.”
El caso del preso Cristian López Toledo es paradójico, representativo del total, y testimonio crudo de la Justicia Pilatos como soporte de la impunidad intramuros. El caso fue informado al CCT por la defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez. Mosquera, Roberto Cipriano (coordinador del CCT), Ana Cacopardo e Inés Jaureguiberry (integrantes del equipo de profesionales) se presentaron de inmediato en la U9 de La Plata, donde tomaron testimonio a López Toledo y a su compañero Claudio Márquez Leineker, torturados. El primero estaba dispuesto a seguir adelante. El CCT presentó la denuncia, reclamó una pericia inmediata (las marcas de picana desaparecen) y siguió puntillosa y obsesivamente la causa. Hasta que se logró demostrar que efectivamente había sido picaneado, para desmentir a Rotundo. Y como para demostrar que no se trata de un error ni un exceso sino de un plan sistemático, el CCT demostró además que a López Toledo lo molieron a palos tras su denuncia y hasta que lo sacaron de la esfera del SPB y lo trasladaron a la del SPFederal, en Marcos Paz, que tampoco le garantiza nada.
En una prolija demostración casuística, el informe avanza entre sospechosos suicidios, facas y psicofármacos, y la idea de que hacinamiento, violencia, torturas y maltratos forman parte de un sistema impune sostenido por la inacción judicial: “Un fallo dictado el 30 de diciembre de 2005 –dice el informe– por la Sala II del Tribunal de Casación (...) recalificó un hecho consistente en cubrir la cabeza de la víctima con una bolsa de residuos originando una tortuosa sensación de asfixia, atar sus manos con un cable y propinarle golpes en su cuerpo con la finalidad de obtener datos de un ilícito, como apremios ilegales agravados, dejando sin efecto la calificación de torturas”.
El 16 de noviembre pasado, trece meses después de que 33 presos murieran quemados como ratas con candado en Magdalena, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo di Rocco, descubrió en homenaje las placas con los nombres de las víctimas. En las placas nada decía de que 31 de los 33 estaban procesados y no tenían condena, por lo que no debían estar presos. La Justicia es selectiva.
comunicado fidh
Organizaciones de Derechos Humanos piden se investigue penalmente en Alemania a D. Rumsfeld y a otros altos cargos de la administración norteamericana por haber autorizado prácticas de tortura en el proceso de la « guerra contra el terror »
Recurso por crimen de guerra presentado en nombre de 11 victimas iraquíes y un detenido del centro carcelario de Guantánamo, bajo la Doctrina de Jurisdicción Universal
Tras su dimisión Rumsfeld ya no puede alegar la inmunidad que le confería su cargo
Divulgado el 14 de noviembre 2006
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Pedido de Apoyo en el Caso Penal en Alemania contra Rumsfeld y otros Altos Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos
Le Piden a Fiscal Alemán cumplir con las Obligaciones de una Ley que requiere investigar casos de Tortura y Crímenes de Guerra
Desde Donald Rumsfeld para abajo, los líderes políticos y militares a cargo de ordenar, permitir e implementar técnicas abusivas de interrogación en el contexto de la “Guerra contra el Terror” deben ser investigados y responsabilizados por sus acciones.
En noviembre del 2004, el Centro Pro Derechos Constitucionales, junto con el abogado de Berlin Wolfgang Kaleck, y con el apoyo de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), de la Asociación de Abogados Republicanos (RAV), Abogados contra la Guerra (LAW) y el Centro Internacional de Recursos Legales (ILRC), presentaron un caso penal en Alemania bajo el reciente estatuto alemán de jurisdicción internacional, contra diez funcionarios de alto rango por crímenes de guerra. Cuatro meses más tarde, el caso fue sobreseído por el Fiscal Federal alegando que los Estados Unidos mismos no se abstendrían de investigar estos crímenes. Casi dos años más tarde, una cantidad contundente de evidencia y documentación nueva demuestra no solamente la veracidad de las alegaciones originales sobre tortura sino también la
responsabilidad de comando de los altos funcionarios por ordenar, implementar y permitir crímenes. Además, en los últimos dos años, las autoridades en los Estados Unidos no han tomado acción alguna en la investigación y proceso de los funcionarios de alto rango.
Una versión de la queja del 2004 puesta al día será presentada el 14 de noviembre del 2006, ya con el creciente apoyo de grupos internacionales y de conocidos estudiosos y abogados. Esta carta esboza las varias razones por las cuales el caso criminal contra Rumsfeld y otros es ahora tan contundente. Es también un fuerte documento de referencia para aplicar mayor presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para que investigue la cadena de mando y la posible responsabilidad penal de líderes superiores, tanto civiles como militares.
Cuanto más apoyo recibamos de organizaciones internacionales, académicos, expertos y otros, mayores serán nuestras chances de lograr nuestras metas. Las maneras en las cuales usted puede apoyar o promocionar nuestro caso están descritas abajo.
Los Estados Unidos de América, pretendiendo fijar estándares morales y legales para el mundo, se niega a investigar cabalmente el rol de aquellos en la cima de la cadena de mando por los crímenes cometidos contra cientos de detenidos en custodia americana en Iraq, Afghanistan y la Base naval de la Bahia de Guantánamo, Cuba. La existencia de los presuntos ‘memos de tortura’ escritos como borrador por oficiales de la administración y la autorización del Secretario de Defensa Rumsfeld, Teniente General Sanchez y otros, sobre técnicas especiales de interrogación que violan el derecho internacional humanitario y de derechos humanos dejan en claro que la responsabilidad por trato abusivo en Abu Ghraib y otras instalaciones americanas llega hasta los niveles más altos de mando.
Primera Queja Penal Presentada en noviembre del 2004
En un esfuerzo para responsabilizar a oficiales americanos, tanto militares como civiles, por actos de tortura incluyendo a los abusos altamente promocionados por los medios y llevados a cabo en Abu Ghraib, el Centro pro Derechos Constitucionales (CCR) y cuatro ciudadanos iraquíes, representados por el Abogado Wolfgang Kaleck de Berlín, presentaron una queja penal en noviembre del 2004 a la Oficina del Fiscal Federal Alemán en la Corte Karlsruhe en Alemania. Los cuatro iraquíes fueron víctimas de crímenes horripilantes incluyendo golpes fuertísimos, depravación de comida y sueño, encapuchamiento y abuso sexual.
La Federación Internacional pro Derechos Humanos (FIDH, basada en París), la Asociación de Abogados Republicanos (RAV), Abogados contra la Guerra (LAW, Vancouver) y el Centro Internacional de Recursos Legales (Montreal) se unieron a la queja como co-demandantes. Reconocidos expertos en derecho internacional americanos como Scott Horton, profesor adjunto de derecho internacional en la Universidad de Columbia, y Jules Lobel, profesor de derecho en la Universidad de Pittsburgh, así como expertos alemanes, el profesor Michael Bothe y el Dr. Andreas Fisher-Lescano, han apoyado el caso rotundamente al proveer sus declaraciones juradas.
La queja se presentó bajo el Codigo de Crímenes contra el Derecho Internacional (CCIL), promulgado por Alemania conforme al Estatuto de Roma creando la Corte Penal Internacional en el 2002, que Alemania ratificó. El CCIL provee jurisdicción internacional para crímenes de guerra, crímenes de genocidio, y crímenes contra la humanidad. Así, pone una obligación fiscal en el fiscal alemán para procesar crímenes que constituyan una violación del CCIL, más allá de la ubicación del acusado o del demandante, el lugar donde el crimen se llevó a cabo, o la nacionalidad de las personas involucradas.
Los acusados en esta ocasión fueron acusados de haber ordenado crímenes de guerra o bien de no haber prevenido la perpetración por sus subordinados en Iraq. Estas acciones están explícitamente criminalizadas en el Código Alemán. Los oficiales americanos acusados incluyeron: el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el ex-Director de la CIA George Tenet, el Subsecretario de Defensa por Inteligencia el Dr. Stephen Cambone, Teniente General Ricardo Sanchez, Comandante General Walter Wojdakowski, Comandante General Geoffrey Miller, Brigadier General Janis L. Karpinski, Teniente Coronel Jerry L. Phillabaum, Coronel Thomas Pappas, and Teniente Coronel Stephen L. Jordan.
¿Por qué Alemania?
En el 2004, Alemania fue vista como una corte de último recurso, y en el 2006 lo sigue siendo; simplemente no hay ningún otro lado al que acudir. Sin duda alguna, el gobierno de los Estados Unidos no está dispuesto a iniciar ninguna investigación penal sobre estas acusaciones contra estos oficiales. El Congreso no ha investigado cabalmente estos abusos. Ninguna de las numerosas comisiones designadas por las fuerzas militares y la administración de Bush ha estado dispuesta a examinar inquebrantablemente la cúspide de la cadena de mando. En vez, han asegurado una y otra vez que los abusos y las torturas fueron la responsabilidad exclusiva de personal de bajo rango fuera de control y que cualquier defecto en las partes altas de la línea de comando fue entendible, excusable o limitado. El resultado de varias cortes marciales señala esta posición.
Ninguna corte internacional o tribunal personal en Iraq fue ordenado a conducir investigaciones y procesos del personal americano responsable. Los Estados Unidos se han negado a unirse a la Corte Penal Internacional, de ese modo cerrando la opción de cualquier proceso en cortes internacionales. Iraq no tiene autoridad alguna para procesarlos. Es más, los Estados Unidos dieron inmunidad a todo su personal en Iraq de cualquier proceso iraquí.
Más allá de la falta de voluntad americana para procesar a los ya mencionados acusados, otras razones forzaron al fiscal a ejercer su deber y efectuar un proceso. Tres de los acusados estaban presentes en Alemania, otros, como Donald Rumsfeld, viajan allí a menudo y las unidades militares que participaron en acciones ilegales también estuvieron basados allí. Dado que los demandantes fueron víctimas de actos atroces, el deber de investigar es aún mayor.
Sin embargo, el 10 de febrero del 2005, bajo una fuerte presión pública de los Estados Unidos, el abogado alemán Nehm publicó la decisión de no aceptar el caso. Él rechazó la queja en razón de que creía que los Estados Unidos, que tienen la jurisdicción principal para procesar a los crímenes alegados, investigarían el tema. Nehm mantuvo que “no hay indicación alguna que las autoridades y cortes de los Estados Unidos se nieguen, o se negarían, de aplicar medidas penales en lo que a las violaciones descritas en la queja se refiere”. El 13 de setiembre del 2005, la Corte Regional de Stuttgart rechazó como inadmisible la apelación de la decisión de no investigar y procesar.
Para disputar la falta de imparcialidad e independencia del abogado que rechazó el caso bajo presión de los Estados Unidos, en febrero del 2006, RAV, FIDH, y LAW presentaron una queja al Reportero Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, el señor Leandro Despouy. Se les ha informado a las organizaciones que las comunicaciones fueron enviadas por la Oficina del Relator Especial a los Gobiernos con respecto a la queja.
Un Caso Considerablemente Más Fuerte se Presentará en Noviembre del 2006
Casi dos años más tarde, el caso contra Rumsfeld y otros es considerablemente más fuerte. Una queja revisada será presentada en noviembre del 2006 ante el Fiscal Federal Alemán. La lista de acusados será revisada, sacaremos un par de ellos y agregaremos al menos cuatro de los abogados del Gobierno que son responsables de los memos infames. Además, la nueva queja incluirá demandantes nuevos, incluyendo a Mohamed Al-Qahtani, detenido en la Bahía de Guantánamo, y contra quien el Departamento de Defensa ha admitido haber usado “técnicas de interrogación extensa”.
La decisión original del fiscal de rechazar el caso estaba basada solamente en la suposición que la investigación en curso estaba siendo llevada a cabo en los Estados Unidos sobre el escándalo de Abu Ghraib. Ahora nos encontramos en posesión de vasta evidencia que demuestra que esta investigación estaba concentrada solamente en la culpabilidad criminal de personal militar de los rangos más bajos.
Ya no puede ser negado que los Estados Unidos no han tomado la más mínima acción en lo que concierne a la investigación y proceso de oficiales de alto rango. La promulgación en octubre del 2006 del Decreto de Comisiones Militares (Military Commissions Act) es la ilustración más clara y reciente de esta falta de voluntad de procesar a criminales de guerra americanos. Algunos de los acusados mismos presuntamente involucrados en crímenes de guerra han sido o están siendo premiados con medallas y puestos de alta jerarquía. Como las funciones investigativas y de proceso en los Estados Unidos están actualmente bajo el control directo de aquellos que están involucrados en la conspiración para cometer crímenes de guerra, es concebible que los Estados Unidos estarán presionando vigorosamente a los procesos de investigación: estos se encuentran políticamente bloqueados.
Pero hay más. Nueva información extraordinaria ha emergido en los últimos dos años. Ésta demuestra el perfil generalizado y sistemático de los abusos, su perpetración como parte de una política claramente definida, y la responsabilidad directa de los acusados de estos crímenes. Sin embargo, la Administración de Bush no ha cambiado su previa y recurrente afirmación que los abusos fueron la responsabilidad exclusiva de personal militar de bajo rango. El Congreso de Estados Unidos permanece inactivo en este respecto.
Esta dramática expansión de material y de documentación convierte al caso penal en contra de Rumsfeld y otros en casi irresistible y así también se hace extremadamente difícil descartarlo como frívolo.
El objetivo es que la próxima queja fuerce a las autoridades alemanas a actuar rápidamente, siguiendo su estatuto de jurisdicción universal. Adicionalmente, esperamos que éste se transformará en un documento de referencia para evaluar los crímenes de guerra perpetrados por los Estados Unidos y la responsabilidad de oficiales de alto rango por ordenar e implementar políticas ilegales de interrogación. Habrá de estar disponible al público, discutido en los medios de comunicación y por académicos, y habrá también de servir una función educativa. Ayudará a reforzar la crítica de prácticas abusivas aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo.
Mientras que creemos que los Estados Unidos en una última instancia tendrán que ser los que examinen la responsabilidad penal de sus oficiales de alto rango, es absolutamente fundamental que se mantenga la presión en contra de tan evidente impunidad, que se avance el respeto por el cumplimiento de la ley y por las normas más altas del derecho internacional de derechos humanos y del derecho humanitario.
La Lucha contra la Impunidad de Torturadores y Próximos Eventos
La presentación de la queja en Alemania debe ser entendida en el marco más amplio de la lucha por organizaciones internacionales y abogados en contra de la impunidad de torturadores. El caso en contra de Rumsfeld y otros debe ser entendido como una queja de ‘basta de tortura’.
La queja revisada será presentada ante la Oficina del Fiscal Federal Alemán el 14 de Noviembre del 2006. Organizaciones nuevas y personalidades como el Gremio Nacional de Abogados, IALANA, Abogados Democráticos Europeos, el ganador del Premio Nobel a la Paz Adolfo Perez Esquivel, Veteranos por la Paz, y otros ya han aprobado este caso como co-demandantes. Además, reconocidos académicos se han puesto de acuerdo para presentar sus declaraciones juradas para el caso, y estos incluyen a Jordan Paust, Scott Horton, Ben Davis, y otros.
Cordialmente,
Michael Ratner,
Abogado y Presidente del Centro por Derechos Constitucionales (CCR).
Peter Weiss
Abogado y Vice Presidente del Centro por Derechos Constitucionales (CCR) y de la Federación Internacional pro Derechos Humanos (FIDH)
Wolfgang Kaleck,
Abogado y Presidente de la Asociación de Abogados Republicanos (RAV)
Sidiki Kaba,
Abogado y Presidente Federación Internacional pro Derechos Humanos (FIDH)
Comuníquese con nosotros:
Wolfgang Kaleck from RAV @ wka@diefirma.net
Claire Tixeire de CCR y FIDH @ ctixeire@ccr-ny.org
14 de noviembre 2006, Berlín, New York, Paris – El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Unión de Abogados y Abogadas Republicanos (RAV) y otros grupos representados por el abogado de Berlín, el Sr. Wolfgang Chalet, han presentado una querella penal hoy en Berlín, acusando a altos cargos civiles y militares de EEUU, incluyendo el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Fiscal General Alberto Gonzales, cometieron crímenes de guerra en Irak y en el centro penitenciario de Guantánamo Bay, bajo mando estadounidense. Este recurso, hecho posible gracias al estatuto de jurisdicción universal instituido en Alemania en 2002, ha sido presentado en nombre de 11 ciudadanos iraquíes, víctimas de horrendos crímenes, incluido golpes severos, privación de sueño y comida, privación de los sentidos al encapuchar a los detenidos y abusos sexuales en la infame cárcel de Abu Ghraib. Mohammed al Qahtani, ciudadano de Arabia Saudita detenido en Guantánamo y allí sometido a tortura y abusos, cometidos bajo la específica autorización de Rumsfeld y la supervisión del Mayor General Miller, es también querellante en el caso.
La renuncia de Rumsfeld a su cargo oficial la semana pasada ya no le permite beneficiarse del amparo de la inmunidad otorgada a los jefes de Estado o altos funcionarios del gobierno. Se considera que los acusados ordenaron crímenes de guerra, ayudaron o dieron su visto bueno a crímenes de guerra, o no los impidieron: estas acciones son delictivas. en virtud de la Ley Alemana. Según el Código alemán de Crímenes contra el Derecho Internacional (CCIL) de 2002 el Fiscal General Federal Alemán, es competente para procesar a criminales de guerra, no importando el lugar de residencia del inculpado, de la victima, la nacionalidad de las personas involucradas, o dónde se cometió el crimen.
En noviembre del 2004 el anterior Fiscal Federal Alemán no abrió una investigación en contra de muchos de los mismos reos, luego de la presión de EEUU hacia Alemania para que abandonara el caso, el cual fue definitivamente desestimado en febrero 2005 a la víspera de una visita a Alemania del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. El Fiscal Federal, quien rehusó conocer de todos los casos presentados bajo la ley de jurisdicción universal desde que ésta fue promulgada hace cuatro años, ha sido sustituido por un nuevo fiscal.
Al desestimar el caso el primer Fiscal dictaminó: “No existen indicaciones según las cuales las autoridades y tribunales de los Estados Unidos de América están, o estarían, frenando la aplicación de medidas penales de acuerdo con las violaciones descritas en el pleito.”
“Dos años después de que presentáramos nuestra primera demanda en Alemania, el fracaso total de las autoridades de los EEUU a la hora de tomar medidas para investigar la implicación de los más altos cargos del gobierno en actividades de tortura, no puede ser más claro”, dice Michael Ratner Presidente del CCR. “La recién promulgada Ley de Comisiones Militares, que contempla la amnistía de los altos funcionarios estadounidenses supuestamente implicados en crímenes de guerra, no es sino el ejemplo más reciente de la mala voluntad norteamericana en lo que al enjuiciamiento de americanos se refiere. Estos crímenes no son casos aislados perpetrados por ‘mala hierba’; sino que fueron orquestados y ejecutados en la misma cúpula del gobierno de los Estados Unidos.”
Teniendo en cuenta nuevas informaciones con carácter extraordinario, que han salido a la luz a lo largo de los últimos dos años, el nuevo recurso presentado consta que el ex-Consejero de la Casa Blanca Alberto Gonzales, el ex-Vice Fiscal General John Yoo y ex-Asistente del Fiscal Jay Bybee, así como otras personas involucradas, serían los cerebros políticos, en la Administración Bush, de las prácticas de la tortura. La existencia de unos llamados “memos de la tortura” y la luz verde dada por el Secretario General Donald Rumsfeld, el Teniente General Sánchez y otros, a la utilización de técnicas especiales de interrogatorio en violación del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, muestran nítidamente que la responsabilidad de los malos tratos infligidos en la cárcel de Abu Ghraib y otros centros estadounidenses alcanzan los más altos rangos de la administración gubernamental. Janis Karpinski, ex Jefe General acusada en la anterior demanda por ser la Oficial al mando de la cárcel de Abu Ghraib, comparecerá ahora en calidad de testigo a favor de los querellantes.
El Fiscal de Berlín, el Sr. Wolfgang Chalet dijo: “En noviembre de 2004 acudimos al tribunal en Alemania porque éste se consideraba como la instancia de último recurso, y en 2006 lo sigue siendo. No hay otra instancia posible, excepto audiencias nacionales en el extranjero. Luchamos por la transparencia y la justicia, por ello nuestra red internacional de organizaciones de Derechos Humanos y abogados trabaja, en todos los sitios donde tiene la oportunidad de hacerlo, al establecimiento de los Derechos Humanos Universales como primer recurso para las víctimas de crímenes de guerra. Basándonos en el principio de jurisdicción universal podemos enfrentarnos a casos de crímenes de guerra, con independencia del lugar donde suceden y de quién los comete. El recurso presentado hoy debe entenderse como un intento, entre otros, de luchar contra la tortura y de prevenir y disuadir futuros crímenes.”
“Los EEUU, país supuestamente abanderado de los valores morales y legales en el mundo, se niega a investigar en profundidad el papel desempeñado por aquellos que se encuentran en lo más alto cargos de la jerarquía, en crímenes cometidos contra centenares de detenidos bajo control americano en Irak, Afganistán y en la estación naval de Guantánamo Bay en Cuba.”, dice Sidiki Kaba, Presidente de la FIDH. “Hacemos hoy un llamamiento al Fiscal Alemán para que cumpla con su deber legal de forma independiente, imparcial y objetiva.”
Para consultar documentos y para más información sobre el caso, consulte www.ccr-ny.org. o www.fidh.org
ADDENDUM
Los altos cargos norteamericanos inculpados incluyen (la lista debe actualizarse):
- Secretario de Defensa Donald Rumsfeld
- Ex-Director de la CIA George Tenet
- Subsecretario de Defensa para Inteligencia Sr. Stephen Cambone
- Teniente General Ricardo Sánchez
- Mayor General Walter Wojdakowski
- Mayor General Geoffrey Miller
- Coronel Thomas Pappas
- Ex-Jefe del Consejo de la Casa Blanca Alberto R. Gonzales
- Ex-Asistente del Fiscal General General John Yoo
- Consejero General del Departamento de Defensa William James Haynes, II
- Asesor jurídico del Vicepresidente David S. Addington
Los codemandantes incluyen:
El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Unión de Abogados y Abogadas Republicanos (RAV), el Buró Internacional permanente para la Paz (Premio Nóbel 1910), el Gremio de Abogados Nacionales (NLG), Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nóbel de la Paz, la Asociación Internacional de Abogados contra las Armas Nucleares (IALANA), Abogados contra la Guerra (LAW), Abogados Europeos Demócratas, Juristas Europeos Demócratas, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, Veteranos para la Paz.
CONTINUA LA PERSECUCIÓN ESTATAL EN ARAUCA
(Colombia) (Autor: Prensa Rural- Humanidad Vigente) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
El pasado 28 de Octubre adelantó la judicialización de los tres dirigentes sociales araucanos detenidos el pasado viernes 27 de octubre por soldados del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro, de la XVIII Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Saravena, al occidente del departamento de Arauca.
Al momento de la detención no fue presentada ninguna orden de captura por parte de los militares. Sin embargo, en este momento se anuncia su posible traslado a Arauca capital para ser procesados por la justicia.
Entre los detenidos se encuentra Orlando Páez, directivo del sindicato de los trabajadores de la construcción e integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Saravena, quien ya había sido recluido injustamente bajo el cargo de rebelión, habiendo permanecido tres años en la cárcel de la ciudad de Arauca. Las otras dos personas son William Díaz, dirigente comunal, y un joven de apellido Patiño.
Más atropellos
Así mismo, el día de hoy se ha presentado el allanamiento de la vivienda del dirigente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, Víctor Laguado, ubicada en el municipio de Saravena.
También se ha sabido de la detención de varios ciudadanos en el municipio de Arauquita, municipio en el cual se está adelantando un encuentro de derechos humanos con el fin de exponer la grave situación humanitaria que se presenta en el departamento. Desconocemos la identidad de las personas detenidas y la razón de su detención.
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ASESINADO DOUGLAS MEJIA PINTO, DIRECTIVO DE ASONAL JUDICIAL EN RIOHACHA – GUAJIRA
(Colombia) (Autor: ASONAL) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0196/06
La Junta Directiva Nacional de Asonal Judicial, denuncia y deplora ante la comunidad nacional e internacional, el vil asesinato del que fue víctima nuestro amigo y compañero DOUGLAS ALONSO MEJIA PINTO, secretario de la Junta Directiva Seccional de la Guajira ; en hechos confusos y registrados el pasado miércoles 18 de Octubre del presente año, a las 6:45 a.m, cuando terminaba de dejar a sus hijos en el colegio, cegándole la vida con once (11) impactos de bala, al interior de su vehículo automotor.
Nuestro compañero Mejia Pinto igualmente se desempañaba como Secretario del recién creado Juzgado Primero (1º) Administrativo de la ciudad de Riohacha – Guajira, destacándose con una carrera brillante, honesta y transparente al interior de la Rama Judicial, durantes sus 15 años de servicio. De vida familiar intachable, deja viuda a su esposa y huérfanos a sus tres hijos menores de edad.
Los móviles son desconocidos, máxime cuando en contra del compañero no se conocían amenazas en contra de su integridad física o su vida; por tanto abogamos ante la justicia colombiana y los organismos de seguridad del estado, para que las indagaciones judiciales se adelanten dentro de la mayor prontitud y sea posible, dar con los responsables de tan execrable crimen.
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CONTINÚA LA CADENA DE ATROPELLOS Y ASESINATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL SUR DE BOLIVAR BATALLON NUEVA GRANADA ASESINA OTRO LIDER CAMPESINO EN EL SUR DE BOLIVAR
(Colombia) (Autor: Comunidades Sur de Bolívar) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0197/06
UN ERROR MILITAR?
Las comunidades del Sur del Bolívar, que permanecemos movilizadas desde el día 19 de septiembre de 2006, en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, para repudiar y rechazar el nuevo asesinato que enluta las comunidades del Sur de Bolívar.
1. El día 24 de octubre de 2006, el Batallón Antiaéreo Nueva granada, asesinó al señor LEBER CASTRILLON SARMIENTO, de oficio agricultor, líder comunal, miembro de la comunidad del corregimiento Norosí, municipio de Río Viejo, sur del departamento de Bolívar.
2. Los hechos se registraron en horas de la noche, en momentos en que el señor Leber Castrillón, se encontraba en la quebrada del corregimiento Norosí, pescando con sus dos menores hijos y el Ejército abrió fuego contra ellos. El menor Miguel Castrilón resultó herido de bala en una pierna.
3. De acuerdo a las versiones del Coronel Gustavo Enrique Avendaño, jefe del Estado Mayor de la V Brigada , y publicada por el periódico Vanguardia Liberal, “los hechos se presentaron en un sector del corregimiento de Norosí, municipio de Rio Viejo, donde las tropas adelantaban operaciones de registro y control” y según el mismo artículo el señor LEBER y sus dos niños, fueron confundidos con miembros de organizaciones al margen de la Ley , y el Ejército reconoce que se trató de un “error militar”.
4. Este crimen, junto a la cadena de crímenes cometidos por el Ejército Nacional en el Sur de Bolívar, corresponde a una cadena de persecución y exterminio hacia las comunidades y lideres de esta región del país; los asesinatos de campesinos y mineros, las desapariciones forzadas, los saqueos, las torturas, las detenciones arbitrarias, los hurtos de enseres, los señalamientos y amenazas a las comunidades, las ejecuciones extrajudiciales y los positivos reportados, no se pueden concebir y justificar como simples ERRORES MILITARES, porque la presencia de la Fuerza pública en la región ha estado dirigida a sembrar terror y zozobra en la población para que se desplacen y abandonen su territorio, y así generar condiciones a las multinacionales como la Anglogold Ashanti - Kedahda S.A. para que exploten nuestros recursos naturales.
5. Las comunidades hemos denunciado permanentemente al Gobierno Nacional, que el Ejército Nacional, ha manifestado que “no responde por las personas que transiten por caminos después de las 6:00 p.m.”, siendo esto una amenaza más y vulneración del derecho a la libre circulación.
6. Hemos permanecido durante 36 días en movilización permanente, desde el vil asesinato de nuestro líder agrominero ALEJANDRO URIBE CHACON, exigiendo del gobierno nacional protección y garantías para nuestras vidas y nuestro territorio. Para ello hemos insistido en una comisión de alto nivel del gobierno nacional compuesta por el Ministro de Defensa, Ministro de Minas y Energía, Ministro del Interior y de justicia, Fiscal General de la Nación , Procurador General de la Nación , Programa Presidencial de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Gobernador de Bolívar y Alcaldes del Sur de Bolívar, que atiendan nuestras exigencias y se comprometan en brindar salidas reales a la problemática que vivimos las comunidades.
7. Mientras tanto, han continuado los asesinatos, las amenazas y los atropellos, en contra de líderes sociales y comunidades de la región por parte de miembros del Ejército Nacional. Mientras hemos permanecido en movilización, han fumigado nuestros territorios, destruyendo numerosas hectáreas de cultivos de pancoger, agudizando la crisis humanitaria que vive la región.
8. Rechazamos el irrespeto y el desconocimiento a nuestras organizaciones sociales, por parte del Gobierno Nacional, que no ha tenido voluntad ni seriedad para sentarse a dialogar con las comunidades, pese a la permanente insistencia y espera pacífica que hasta el momento hemos hecho.
Reiteramos que las solicitudes que han sido presentadas al gobierno nacional, constituyen mínimos necesarios para el respeto a nuestras vidas y la permanencia en nuestro territorio.
Medidas políticas y administrativas:
1. Que por vía administrativa y como medida de carácter político, se ordene la separación inmediata de los cargos de los comandantes de Batallón y comandantes operativos que tuvieron responsabilidad alguna en el operativo realizado, que dio muerte a ALEJANDRO URIBE CHACON, líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar el día 19 de septiembre de 2006 en la vereda las culebras del municipio de Montecristo, así como de la cadena de hechos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el Sur de Bolívar durante el año 2006, así como los oficiales que han buscado encubrir los crímenes aquí denunciados.
2. Que el Gobierno Nacional declare públicamente y con amplia difusión, la legalidad y legitimidad de la labor que desarrollan las organizaciones campesinas y mineras en la región del Sur de Bolívar, y en consecuencia reconozca públicamente el carácter de líder agrominero de ALEJANDRO URIBE CHACÓN.
3. Que el Ministro de Defensa ordene la desmilitarización inmediata de los Espacios Humanitarios del Sur de Bolívar. que confluyen en la comisión de interlocución. [1]
Medidas de control y justicia
4. Que se conforme una Unidad especial y conjunta de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación del orden nacional, a fin de que con celeridad adelanten de manera conjunta y conexa las investigaciones en razón de los hechos ocurridos en el Sur de Bolívar y denunciados en la mesa de interlocución.
5. Que los órganos de la Justicia Penal Militar se abstengan de asumir competencia en la investigación de la muerte de ALEJANDRO URIBE CHACON y de los demás hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Sur de Bolívar.
6. Se garantice la presencia periódica de la Procuraduría General de la Nación , en diferentes municipios, corregimientos y veredas, a fin de que adelanten una labor de observación y monitoreo de la evolución de la situación de derechos humanos.
Medidas de protección y Garantías
7. Se amplíe la presencia de la defensoría del Pueblo, mediante el nombramiento de defensores comunitarios que hagan presencia permanente en las zonas rurales del Sur de Bolívar.
8. Se designen medios de comunicación idóneos (satelitales) en cada comunidad con el fin de que puedan comunicar oportunamente situaciones de riesgo para prevenir hechos de violaciones a los derechos humanos.
9. Que el gobierno nacional solicite a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elabore y publique un informe especial que contenga la situación de los derechos humanos y D.I.H en el Sur de Bolívar.
10. Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la presión de compra masiva de tierras de los campesinos por empresarios de carácter regional, nacional e internacional y políticos con claros intereses económicos que están ocasionando desplazamiento, desarraigo, desintegración familiar, comunitaria y temor en la población civil; en tal sentido se propone:
a. Desarrollar un proyecto de reforma agraria y resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdieron el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras en el sur de Bolívar
b. Que se ordene la suspensión de contratos de concesión frente a terceros, que cursan ante la Secretaría de Minas del departamento de Bolívar, y se declare el Sur de Bolívar Área de reserva especial minera
Salida Negociada al conflicto armado
Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la solución de los conflictos en el Magdalena Medio, constituyendo un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el gobierno, los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte de aportan los campesinos y campesinas, mineros y mineras y población civil en general
Llamado a los grupos insurgentes
1.- Sea respetado el derecho a la vida e integridad de las personas y comunidades del Sur de Bolívar.
2.- Se de pleno cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario.
3.- Sean respetados los espacios humanitarios existentes en la región.
[1] La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar es un espacio en el que confluyen comunidades de: Proceso ciudadano por Tiquisio; Consejo permanente por la vida, la justicia y la paz del Alto Arenal; Proceso Territorial por la Vida , la Convivencia y el Desarrollo en la parte alta del municipio de Río Viejo; Proceso Soberano Comunitario Por la Vida la Justicia y La Paz de Micoahumado Y Corcovado; Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal; Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL-; Comité de Integración de comunidades Agromineras del Sur Sur de Bolívar
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MILITARES ROBAN A CAMPESINOS EN EL VALLE DEL RÍO CIMITARRA
(Colombia) (Autor: CREDHOS) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0198/06
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), y los comités de derechos humanos de las veredas Puerto Matilde, Jabonal, No te Pases y San Francisco del municipio de Yondó,y de la vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo, denuncian las infracciones al derecho internacional humanitario que han venido cometiendo miembros del Batallón Calibío de la XIV Brigada contra los campesinos del valle del Cimitarra. De acuerdo con información suministrada por campesinos de la zona.
1. El 29 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Calibío llegaron a la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, a la finca del señor Pedro Canole, afiliado a la junta de acción comunal de la vereda, y después de violentar las cerraduras hurtaron los siguientes objetos: Un mercado, un radio, tres lociones,un pavo, tres cuchillos, tres cremas humectantes para el cuerpo, dos galones de Amina 480 (veneno para fumigar potreros), ½ galón de Gramosol (veneno para fumigar potreros), dos cobijas y cuatro cucharas.
2. El 8 de octubre de 2006, miembros del Batallón Calibío llegan a la vereda Caño Dorada del municipio de Cantagallo, Departamento de Bolívar, a la finca del señor José Arleny Jaramillo y hurtan los siguientes objetos: herramientas de trabajo en mina de oro, embudo de tanqueo de motor, utensilios de cocina, un radio marca Sony, collar de plata, víveres y una linterna.
3. El mismo 8 de octubre, según información suministrada por campesinos de la zona, llegan a otra finca vecina de la misma vereda Caño Dorada y haciéndose pasar por guerrilleros, se llevan una escopeta que se hallaba en la vivienda, y exigen para devolverla que se les entreguen tres gallinas. Ante lo cual, los trabajadores de la finca se vieron obligados a entregar los tres animales a fin de recuperar la escopeta.
Ante los hechos denunciados, Credhos en cumplimiento de su objetivo de defender y promover el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario hace las siguientes exigencias:
- A la Fuerzas Militares, y en específico al Batallón Calibío adscrito a la XIV Brigada, el respeto al derecho internacional humanitario.
- Al estado colombiano que investigue y castigue a los miembros de la Fuerzas Militares que vienen infringiendo el derecho internacional humanitario en el valle del Cimitarra.
- Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a los hechos denunciados por la comunidades de las veredas Santo Domingo y Caño Dorada, e inste al estado colombiano a cumplir las normas del derecho internacional humanitario y a respetar y garantizar los derechos humanos.
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POLICIA ALLANA SIN ORDEN JUDICIAL A VARIAS RESIDENCIAS EN ARAUQITA, ALGUNAS AFILIADAS A LA ACA
(Colombia) (Autor: Humanidad Vigente) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0199/06
La Asociación Campesina de Arauca (ACA), denunció el viernes 20 de octubre, la andanada policial contra pacíficos ciudadanos de la ciudad de Arauquita, Arauca, cuando sin orden judicial, el jueves 19 se allanaron varias residencias en las horas de la noche.
Entre las casas allanadas se encuentran la de varios afiliados de la ACA, como la del señor Luis Alberto Santamaría, quien al momento del atropello no se encontraba en el lugar.
La casa del hermano de Luis también fue objeto de la arbitrariedad y a sus moradores les autoridades les inquirieron por su paradero y en qué trabaja.
ACA señala que Santamaría había sido detenido hace algunos días por los mismos miembros de la Policía de Arauquita y dejado en libertad al verificar sus antecedentes, por ello no se explican esta persecución.
Humanidad Vigente se une a las voces que denuncian estos nuevos atropellos de la "seguridad democrática" en la ya martirizada región de Arauca y exige de las autoridades el inmediato cese de la persecución a los afiliados de la ACA, cuya única preocupación es trabajar en defensa de los intereses de los campesinos.
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15 ESTUDIANTES DETENIDOS DURANTE ARREMETIDA DEL ESMAD CONTRA MANIFESTACION EN UNICAUCA
(Colombia) (Autor: Del Pueblo) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-200/06
La marcha de antorchas de la Unicauca realizada en la ciudad de Popayàn en protesta por el brutal asesinato del estudiante de Biologìa Milton Hernan Troyano y por las continuas amenazas efectuadas contra estudiantes activistas y lideres estudiantiles de la instituciòn, se desarrollo en medio de la indignaciòn por la impunidad reinante ante tanta barbarie. cuando la marcha se encontraba culminando y los animos de los estudiantes en medio de la rabia y la tristeza contenidas hasta entonces empezaban a avivarse, el ESMAD arremetiò ferozmente en contra de los marchantes.
Luego de una triste despedida, realizada simbòlicamente por los estudiantes Universitarios en las inmediaciones del Parque Mosquera de la ciudad de Popayàn, en homenaje al activista estudiantil Milton Troyano, asesinado en el lugar, los estudiantes continuaron su rumbo hacia el parque caldas en pleno centro de la "ciudad Blanca". La rabia, mezclada con el dolor de perder a un compañero universitario màs a causa del terrorismo de estado siempre presente en nuestro país y la indignaciòn frente al clima de zozobra reinante en la Unicauca ante la amenza latente de una arremetida paramilitar se reflejo en el accionar de los jòvenes universitarios, quienes con sus voces y las letras plasmadas en las blancas paredes, reflejaron su inconformidad y la urgente necesidad de una transformaciòn real en nuestro paìs.
Pero con el pasar de las horas, todo cambio. Aquella ciudadania inconciente y egoista, preocupada por la blancura y la limpidez de las paredes de su colonial presente, antes que por la suerte de quienes aun pueden transformar este contexto, vio con complicidad como las fuerzas del orden criminal" ESMAD, arremetian ferozmente con bolillos, golpes y gases lagrimògenos en contra de los manifestantes, agrediendo a varios de ellos, incluyendo a un periodìsta, corresponsal del noticiero CMI que se encontraba en el lugar.
Los estudiantes marchantes, se refugiaron en una de las sedes Universitarias del centro (Claustro del Carmen) esperando protegerse, pero los miembros del Escuadron los persiguieron hasta el lugar y procedieron a sitiarlos durante varias horas a la espera de que salieran los para agredirlos como ya es costumbre. Igualmente, procedieron a efectuar requizas indiscriminadamente a todas aquellas personas que transitaran por el lugar, inclusive, se atrevieron a sacar a empujones a estudiantes que habìan entrado a parqueaderos y otros establecimientos buscando protecciòn; ademàs de esto, tambièn realizaron requizas en los buses de servicio pùblico, bajando de ellos a "todo aquel que tuviera cara de estudiante".
15 estudiantes fueron detenidos y conducidos en tanquetas hasta la sijin con el fin de judicializarlos. 8 de ellos estudiantes de la Unicauca, los otros, Estudiantes del Sena y de Secundaria que decidieron participar en aquella justa protesta en contra de la represiòn hacia la libertad y la expresiòn estudiantil. los compañeros aun permanecen retenidos.
Los medios de comunicaciòn, como ya es de conocimiento pùblico, actuaron en favor de las mal llamadas "fuerzas del orden", estigmatizando duramente la protesta estudiantil pero siendo increiblemente benèvolos con las violentas expresiones de los policìas.
Sobre esta parcializaciòn evidente de los medios locales y nacionales vale la pena anotar, que el dìa del asesinato de Milton Troyano, acontecido aproximiadamente a las 7:30 pm., ningùn medio televisivo (RCN - CARACOL TV) asistio al lugar de los hechos a cubrir inmediatamente la noticia, lo que "colaboro" considerablemente con la invisibilizaciòn del asesinato del compañero estudiante. en esta oportunidad, ante la enorme posibilidad de estigmatizar aun màs la protesta social y estudiantil y reivindicar una vez màs, el aparato de muerte y represiòn de estado, medios televisivos como caracol estuvieron presentes en el lugar, mas que cubriendo los golpes propinados a los manifestantes por parte de la policìa, realizando tomas de los rostros de los manifestantes y señalando indiscriminadamente su actitud sin tener en cuenta la dolorosa situaciòn que los obligò a marchar en las calles.
Ante estos nuevos hechos, que ponen aun màs en riesgo la integridad y la vida de nuestros compañeros estudiantes de la Unicauca y, ante la detenciòn y posible judicializaciòn de los compañeros estudiantes asistentes a la marcha de antorchas, expresamos nuestro profundo rechazo e instamos a todas las organizaciones sociales y populares, oreganizaciones de Derechos Humanos, Estudiantiles, Sindicales, barriales, etc, a nivel nacional e internacional a rodear nuestro proceso, pronunciarse en contra de estos atropellos y la delicada situaciòn de los estudiantes amenazados, asi como tambien a permanecer alertas frente a lo que se pueda concentrar pues tememos por las vidas de muchos de nuestrtos compañeros Universitarios.
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LOS CAMPESINOS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN LA FINCA "EL CONVENIO, VEREDA LA SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ - DESDE HACE MAS DE TRES MESES, DENUNCIA LOS SUCESIVOS ATROPELLOS COMETIDOS POR PARTE DE LAS FUERZAS MILITARES: POLICÍA – EJERCITO NACIONAL
(Colombia) (Autor: Prensa Libre) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-201/06
HECHOS
El pasado sábado 21 de octubre de dos mil seis (2006), a las 9:00 p.m. en la Finca El Convenio de la vereda La Siberia, corregimiento de Portachuelo, Municipio de Totoró; sitio en el que adelantamos la recuperación de tierras de este predio, se presentó una patrulla, del ejército nacional compuesta por treinta soldados miembros del Batallón José Hilario López, al mando del teniente Braulio de León Cifuentes.
Irrumpiendo nuevamente diciendo que nos venían a desalojar, pero sin una orden respectiva del desalojo, a la cual nosotros le respondimos que eso era ilegal, entonces el nos contesto que el no necesitaba orden, porque el era la ley y nosotros le dijimos que ellos no eran competentes para realizar el desalojo. Al respecto el nos respondió que los altos mandos podían hacer lo que ellos quisieran, además nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias, porque eran ordenes del Ministro de la Defensa Juan Manuel Santos.
Ante tales hechos nosotros pedimos al gobernador apersonarse de los problemas de tierra y busque unas medidas negociables para el Valle de Malvaza.
COMITÉ NUEVA INTEGRACIÓN
CAMPESINA EL CONVENIO LA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ
ACCIÓN URGENTE
La coordinación campesina de la federación nacional sindical unitaria agropecuaria FENSUAGRO -CUT Cauca denunciamos:
Ante el gobierno nacional, los organismos de Derechos Humanos y la comunidad internacional, el permanente hostigamiento y la vigilancia continúa de que venimos siendo victima los líderes de esta organización agraria en la sede de la ciudad de Popayán.
HECHOS.
El pasado miércoles 18 de octubre del presente año, a las 10:30 a.m hicieron presencia en la sede de nuestra organización ubicada en la Cra. 12 No. 1-20 del Barrio Cadillal de la ciudad de Popayán, dos sujetos en actitud extraña con pretensiones de ingresar a la oficina e indagar por quienes laboramos en dicha sede; al no lograr el cometido tomaron datos de la dirección de la vivienda y a su ves procedieron a tomar varias fotografías al inmueble.
El procedimiento llevado a cabo por los sujetos en cuestión, es característico de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, su actuación no se corresponde con una acción legal, por cuanto no se identificaron, lo que hace temer por la seguridad de todos y cada una de las personas que visitan y laboran en nuestra sede, ante una acción ilegal extrajudicial de persecución contra nuestras actividades humanas en defensa del agro colombiano.
Ante los hechos referidos solicitamos:
Al Gobierno Nacional:
Cesar y evitar este tipo de acciones intimidantes contra las Organizaciones Sociales y los Líderes Agrarios de FENSUAGRO.
Investigar este tipo de comportamientos provenientes de organismos de seguridad del Estado que colocan en riesgo nuestras legítimas actividades
Responsabilizarlo de alguna acción criminal que llegare a presentarse contra algún dirigente campesino de FENSUAGRO - Cauca
A los Organismos Internacionales:
Solidarizarse con las justas luchas que libra el pueblo campesino organizado por la tierra y las necesidades básicas insatisfechas, dirigiéndose al Gobierno Nacional de Colombia para que garantice el libre ejercicio de las actividades propias de nuestra organización que se encaminan a defender la causa del desprotegido agro colombiano.
A los Organismos de Derechos Humanos:
Coadyuvar la petición de esta denuncia ante el Estado y los Organismos Internacionales para evitar que este tipo de hechos desemboquen en tragedias contra el pueblo organizado.
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POBLADORES DE PRADO Y DOLORES (Tolima) SE
CONCENTRAN: RECLAMANDO JUSTICIA
(Colombia) (Autor: Reiniciar) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-202/06
La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - REINICIAR, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, se permite informar ante los Organismos de Derechos Humanos y la opinión pública nacional e internacional, las acciones que vienen siendo desarrolladas por parte de habitantes de las áreas rurales de los municipios de Pradera y Dolores (Tolima), ante el asesinato de los jóvenes campesinos José Mario Guerrero Garzón (habitante de la Vereda Las Vegas del Café - Municipio de Dolores) y Héctor Jairo Yate (habitante de la Vereda Filo de Hambre - municipio de Prado), ocurrido el pasado 16 de octubre de 2006:
1.- Como lo denunciamos con anterioridad, según informaciones recibidas por habitantes y familiares, el pasado 16 de octubre de 2006, personal del Ejército Nacional simuló la existencia de enfrentamientos en la vereda Buenos Aires del municipio de Dolores, presentando posteriormente a estos jóvenes campesinos: José Mario Guerrero Garzón (habitante de la Vereda Las Vegas del Café - Municipio de Dolores) y Héctor Jairo Yate (habitante de la Vereda Filo de Hambre - municipio de Prado), como muertos en combate.
En relación con los hechos la información complementaria que hemos recibido indica que estos jóvenes: “fueron retenidos por el ejército, amarrados a un árbol y fusilados con impactos a poca distancia, acto en el que participó directamente el teniente PORRAS quien desde hace 1 año hace presencia en la zona y es reconocido por su actitud amenazante y represiva contra la comunidad”. (Denuncia de las Comunidades Campesinas, presentada ante Organismos de derechos humanos, autoridades y medios de comunicación)
Con posterioridad a los hechos, por parte del teniente Porras, se negó a los familiares que existieran víctimas por enfrentamiento en la zona, indicando que solo se había presentado un tiroteo. El día 18 de octubre, en horas de la mañana “cuando se hizo presente en el sitio de los hechos una delegación de campesinos para reclamar los cuerpos, el teniente Porras no solo les impidió el ingreso a la delegación sino que los amenazó, insultó e intimidó y le ordenó a algunos soldados disparar contra el campesino Efraín Holis Guzmán, habitante de la vereda Buenos Aires, quien les reclamaba la entrega de los cuerpos. Como los soldados se negaban a disparar, el teniente Porras dijo públicamente que ‘ese hijueputa era el próximo que había que matar’”.
2.- Ante esta situación, desde el día 24 de octubre de 2006, más de mil personas (adultos y niños), residentes en las áreas rurales de los municipios de Prado y Dolores (Tolima), han iniciado una concentración en la cabecera municipal de Prado y Dolores (Tolima), a fin de rechazar el asesinato de estos jóvenes, reclamar de las autoridades garantías para sus derechos y demandar que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables sancionados.
3.- Por parte del Comandante de Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Jorge Eliécer Pinto Garzón, se expresó en relación con las denuncias hechas por parte de los pobladores: “las operaciones que realiza el Ejército Nacional en la región están rodeadas de eficacia y una transparencia absoluta”. (Nuevo Día, 21 de octubre de 2006, página 8B)
A su vez, se agregó por parte del Comandante de la Sexta Brigada: “los pronunciamientos que se han hecho por parte de las comunidades de Montoso con la muerte en combate de estos integrantes de la cuadrilla XXV, son una muestra más de amedrantamiento, de la amenaza, del terror que tiene sembrada la organización guerrillera en esa región del país”.
En relación con la manifestación social contra este crimen expresó: “estas manifestaciones, en muchos casos son dirigidas y ordenadas por los insurgentes, quienes ejercen presión con rigor sobre los civiles en áreas de conflicto”.
4.- Estas manifestaciones del coronel Jorge Eliécer Pinto Garzón se constituyen en nuevo riesgo para los habitantes de la zona de Montoso, en tanto las mismas constituyen una estigmatización de los habitantes. Adicionalmente, la exoneración anticipada de la unidad militar que ejecuto estos actos, se manifiesta como un acto de encubrimiento, que necesariamente obstaculiza la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
5.- Por parte de quienes participan de esta concentración se viene solicitando la presencia en el municipio de delegados de alto nivel, de las siguientes instituciones:
• Vicepresidencia de la República • Ministerio del Interior • Fiscalía General de la Nación • Procuraduría General de la Nación • Defensoría del Pueblo • Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos • Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
A su vez, se viene haciendo un llamado a organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales, a fin de que se solidaricen con esta movilización y acompañen a la comunidad en la realización de la misma.
En razón de lo anterior, les solicitamos dirigirse a las autoridades colombiana a fin de que les sea exigido:
a) Sean garantizados los derechos a la vida, integridad y libertad, así como los derechos a la libre expresión y manifestación, de quienes participan y/o acompañan la concentración que se desarrolla desde el pasado 24 de octubre en los municipio de Prado y Dolores (Tolima), en rechazo al asesinato de los jóvenes José Mario Guerrero Garzón y Héctor Jairo Yate.
b) Sea conformada, a la mayor brevedad, una comisión de alto nivel de delegados del gobierno nacional, organismos de justicia y control, a fin de que se de pronta salida a la situación de derechos humanos de la región. Que se garantice dentro de la misma la participación de delegados de las Oficinas del sistema de Naciones Unidas competentes.
c) Se brinden las condiciones de seguridad y alimenticias a quienes permanecen en los municipios de Prado y Dolores, mientras se llega a acuerdos para solucionar la problemática existente y se cuenta con las condiciones necesarias para un retorno en condiciones de dignidad y seguridad.
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, la grave situación de las comunidades afrodescendientes del Río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades: Punta de Ocaidó, en el Municipio de Urrao, Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín, en el Municipio de Vigía del Fuerte.
Desde el pasado martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. se iniciaron combates entre tropas del Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades, según dicen los comandantes del ejército que este operativo es para “dar cumplimiento a la orden del Presidente de recuperar las zonas bajo el control de la subversión”.
Estos enfrentamientos han provocado zozobra entre las familias que habitan este territorio, cada actor armado quiere utilizar a la población civil como informante, ha habido detenciones temporales por parte del ejército, desplazamientos internos como el caso de la comunidad de Isleta que quedó totalmente deshabitada, las familias se han refugiado en la comunidad vecina de Belén y al lugar llamado “Remolino”.
De otro lado, los dos actores armados cada uno por su lado, impide la libre movilización de las familias para ir a sus fincas a conseguir algunos alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria grave, puesto que se encuentran confinadas, sin tener acceso a los alimentos básicos, teniendo en cuenta que este bloqueo económico lo han venido sufriendo las comunidades del río Arquía desde hace dos meses, no se han podido surtir las tiendas que proveen los alimentos de primera necesidad, debido a los continuos señalamientos de la fuerza pública contra los motoristas y dueños de tiendas, lo que ha causado física hambre.
El pasado 16 de agosto de 2006 en otro comunicado, alertábamos sobre la grave situación que padecen las comunidades de los ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá, por las mismas razones de presencia y enfrentamiento de actores armados, sin que haya habido una respuesta por parte de las instituciones estatales.
En este momento en el río Opogadó se presenta una emergencia en la Comunidad Indígena de Playita, donde el ejército ha organizado su trinchera en el resguardo, cerca a la comunidad y está tumbando árboles maderables para hacer un helipuerto.
Esperamos que esta vez, se obtenga una intervención inmediata que prevenga la mayor victimización de la población civil, que desde hace muchos años, viene padeciendo los horrores de esta guerra.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS
A LA FUERZA PÚBLICA
El respeto a los derechos humanos, al derecho de los pueblos y al D.I.H.
No poner en riesgo la vida de las comunidades que dicen proteger, desalojando los lugares comunitarios y viviendas particulares que habitan, no utilizar los botes donde viaja la población civil y evitar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a las comunidades, el señalamiento constante a las mismas.
Que no presionen a las comunidades con la exigencia de información, puesto que se pone en peligro la vida de sus miembros, pues se está en territorios donde están presentes otros actores armados.
A LAS FARC Y DEMÁS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN
Que respeten el D.I.H. y no pongan en riesgo la vida de las comunidades, con su presencia constante en medio de ellas.
Que no presionen, ni involucren a las comunidades negras, indígenas y mestizas en su guerra, en su confrontación.
Que las dejen vivir tranquilas en sus territorios, desarrollar sus planes y proyectos de vida.
Que les respeten su autonomía.
AL MINISTERIO PÚBLICO
Proteger a la población civil, para que no siga siendo más victimizada por los actores armados.
Vigilar y controlar a las fuerzas del Estado en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos en su actuar.
Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de los programas sociales en las diferentes zonas del Medio Atrato, como una manera de acceder y disfrutar de sus derechos.
SOLICITAMOS:
La solidaridad nacional e internacional para evitar que las comunidades sigan siendo las victimas de esta guerra.
Creemos que la solución al conflicto armado tiene que ser por la vía del diálogo y no por la vía armada porque cualquier pérdida de vida humana, es una victima más en esta historia de dolor que vive nuestro país.
Quibdó, Chocó, 30 de octubre de 2006