Col - Testimonio sobre sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales llevadas a cabo por fuerzas estatales.
Nota del Editor:
Dado la fecha del documento (01 de agosto de 1989) que bajo el título de "Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales", hemos decidido editar (el 08 de febrero de 2007) y distribuir masivamente, creemos necesario hacer una pequeña introducción aclaratoria.
Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01 de agosto de 1989. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
Es importante destacar que los crímenes contra la humanidad, según recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según la jurisprudencia del derecho internacional aplicable en la jurisdicción interna colombiana, no prescriben y no son amnistiables. Estas dos características hacen del presente testimonio una prueba documental de gran importancia judicial, toda vez que un testigo directo -que es, además, agente del propio estado colombiano-, relata en forma pormenorizada hechos ocurridos en Colombia y que tuvieron y tienen una gran repercusión social.
Es un documento que muestra cómo la organización criminal que organizó el propio Estado colombiano y que no tuvo en aquel entonces, como no la tiene hoy día, otra finalidad que el exterminio de población civil, el asesinato selectivo de dirigentes políticos, sociales y sindicales, no es producto de lo que la prensa actualmente ha denominado "parapolítica", sino una práctica sistemática y organizada desde el ámbito del Estado.
Esperamos sinceramente que este documento sirva como reflexión en los momentos actuales en que se pretende aplicar una solución de ingeniería jurídica con la que se pretende sobrepujar el derecho internacional de derechos humanos y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Equipo Nizkor
22 de febrero de 2007
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ii) Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales.
Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.E.
Yo, Ricardo Gómez Mazuera, identificado con c.c. # 3.010.247 de Engativá (Cund.), pongo en conocimiento de Ud. los siguientes hechos:
1. Ingresé en la Policía Nacional el 31 de marzo de 1977, como alumno de la Escuela de Carabineros "Eduardo Cuevas" de Villavicencio [Meta] , siendo Comandante de la misma el Teniente Coronel Dámaso Ortega Contreras, Subcomandante el Mayor Rodrigo Millán Bautista, y oficiales Los Tenientes Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, Edilio Cely Prieto, Leonel Hernán Díaz Gutiérrez y William Rojas Giraldo.
Una vez terminado el curso, vinimos a Bogotá donde servimos en la Primera Estación de Policía,luego pasamos a la Sexta, volvimos a la Primera y luego reinauguramos la Quinta Estación.
Entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. En testimonio de esto, anexo el original del Paz y Salvo expedido por la Auditoría Auxiliar 35 de Guerra, el 20 de enero de 1988.
Desde 1974 actué como informante de la DIPEC (hoy DIJIN). En-ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy Teniente Coronel y Comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía).
En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército.
Durante estos años me han conocido en mi trabajo las siguientes personas: el Mayor Gañán, subjefe de la SIJIN; el Sargento Gaviria, de la sección de Piratería de la DIJIN; el Coronel Alfonso Plazas Vega, director de la Escuela de Caballería; el Capitán Misael Plazas Vega, jefe del S-2 del BAPOM # 1; el Capitán Powels, jefe del S-2 de la Escuela de Artillería; el Capitán Luz, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano"; el Coronel Pradilla, jefe del B-2 Bogotá; el General (r) Fernando Landazábal Reyes, Comandante de la Brigada de Institutos Militares en 1976; el Capitán Quevedo, jefe de automotores de la SIJIN.
Realicé también trabajos con el Capitán Santos, subcomandante de la SIJIN de Cúcuta; en Bucaramanga con el General Farouk Yanine Díaz, a través del S-2 de la V Brigada, en la zona de San Vicente de Chucurí (1986) en Doncello (Caquetá) con el Capitán de la Policía Heriberto Infante Ramírez.
2. Durante estos años de trabajo con los servicios de inteligencia del Estado, me he ido convenciendo poco a poco de que los métodos allí utilizados son violatorios de las mismas leyes de la República y de que en tales organismos se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable.
Por estes razones y a pesar de los altos riesgos que esto implica para mi seguridad personal y la de mi familia, he decidido abandonar mi trabajo y solicitar a las autoridades competentes que investiguen los métodos utilizados por los organismos de seguridad del Estado para combatir la subversión o la delincuencia, y que se ponga fin a cuanto en ellos hay de violatorio de la Constitución y las leyes y de los Convenios sobre Derechos Humanos.
En particular quiero denunciar los siguientes hechos:
2.1. Como participante activo en tareas de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, doy testimonio de lo siguiente:
a) La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fué sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar, donde fué atendida por el Doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del Pabellón de Quemados de dicho hospital.
Algunos informes de inteligencia dieron cuenta de que "habían sacado una guerrillera y la tenían en el Hospital Simón Bolívar". Fué enviado, entonces, un sargento de nombre Juan (apellido posiblemente Rodríguez), de 1,60 mts. aproximadamente de estatura, delgado, de ojos cafés claros, nariz pronunciada, que usaba entonces barba y vivía en Ciudad Kennedy, con 3 soldados del S-2, para sacarla del hospital y llevarla a la Escuela de Caballería.
El Dr. Sastoque se opuso a que la sacaran, pero el sargento presionó, diciéndole que si no lo permitía, sería acusado de complicidad con la guerrilla. Entonces lo permitió y lo señora fué llevada a la Escuela de Caballería donde fué sometida a torturas, golpeándola con guantes de caucho mojados sobre las quemaduras. La señora Zuluaga murió en medio de las torturas.
b) EL señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: "me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe".
El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez "por cómplice".
El señor Rodríguez Vera fué sometido a torturas durante 4 días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. El siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo.
Quienes estuvieron al frente de estas torturas fueron: el Capitán Luz, de aproximadamente 1,78 mts. de estatura, 80 kilos de peso, cabello crespo negro, bigote, acento cercano al costeño, y otro capitán de pelo rubio, quien manejaba entonces un Nissan Patrol azul y blanco.
El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en "los polvorines", cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela.
c) El día 7 de noviembre, en la mañana, el señor Andrés Almarales, del Comando Superior del M-19, fué sacado con vida del Palacio, solo herido en una pierna, y trasladado en una ambulancia a la Escuela de Apoyo Logístico, donde funciona el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano". Allí el señor Almarales fué asesinado y su cadáver devuelto al Palacio para ser sacado de allí entre los muertos.
En la ambulancia que transportó al señor Almarales iba un señor Becerra, adscrito al F-2, hoy conductor de la SIJIN-Bogotá; Dicho señor aparece 'fotografiado en la primera página de El Tiempo del 9 de noviembre de 1985, cargado el féretro del Capitán Héctor Aníbal Talero ("Halcón-2").
El periodista Jorge Enrique Pulido tuyo en su poder tomas de video, donde se puede comprobar la salida con vida del señor Almarales del Palacio de Justicia.
d) El domingo 10 de noviembre, después que el Palacio de Justicia había sido inspeccionado, evacuado y barrido, apareció en el primer piso otro cadáver. Correspondía a uno de los visitantes del Palacio, portador de una cédula que no era la suya y que por tal motivo había sido llevado al Batallón Charry Solano, donde murió en medio de las torturas. Su cadáver fué llevado al Palacio por agentes del mismo Batallón.
e) El mismo 10 de noviembre de 1985 se hizo un operativo en el barrio Quiroga (calle 32 sur con carrera 21), en la residencia de la señora Myriam Vásquez, de quien se decía tenía lazos familiares con Fabio Vásquez Castaño (antiguo Comandante del E.L.N.) y que habría tenido algo que ver con los hechos del Palacio de Justicia.
El Coronel Moreno, jefe de inteligencia del Charry Solano, ordenó que la capturaran en forma de "secuestro", es decir, en forma ilegal, fingiendo ser secuestradores comunes.
No se la pudo capturar, porque hubo confusión con otra señora de nombre Myriam, que en el momento estaba en la misma residencia, y porque los vecinos habían informado a la Policía del barrio Quiroga que había carros extraños en la zona. Dado que la Policía de Bogotá no estaba informada sobre este operativo, y que los agentes del barrio Quiroga acudieron al sitio, el operativo fué desmontado.
2.2. Al señor Samuel Aguilar, Inspector de Policía de Los Maracos, Granada (Meta), se le montó una persecusión, por ser de la U.P., hasta que se le asesinó.
Días antes del atentado, perpetrado el 25 de julio de 1988, el señor Aguilar fué víctima de un atraco, pudiendo él reconocer al atracador, que era un sargento del Ejército. Dos niñas fueron testigos del atraco y una de ellas fué asesinada posteriormente.
El señor Aguilar acusó al sargento ante el Comandante de la Base de Apiay, pero solo recibió en respuesta amenazas e intimidaciones.
La escolta del DAS que él tenía, no apareció el 25 de julio. Ese día llegaron a su casa otras personas que se identificaron como del DAS y le dijeron que lo necesitaban en Villavicencio.
Sospechando lo que iba a ocurrir, un hijo suyo salió a defenderlo con un arma, pero fué desarmado por los agentes. También su mamá salió y lo abrazó, pero los agentes la arrastraron del pelo y a él se lo llevaron. En el camino le hicieron tiros, pero él no murió enseguida. Murió 3 días después. El tipo de bala con que fué asesinado coincide con las empleadas por el grupo de sicarios que el 3 del mismo mes había asesinado a 17 personas cerca de Granada.
2.3. El sacerdote belga, Padre Daniel Hubert Gillard, de la comunidad asuncionista, Párroco de la Parroquia del Santo Evangelio, en el barrio Antonio Nariño de Cali, también fué objeto de investigaciones y seguimientos por parte del B-2 de Cali, pues se consideraba que su trabajo concientizador llevaba a la gente a hacer demasiadas exigencias ni gobierno.
Un operativo conjunto del DAS y el Ejército preparó y perpetró el atentado de que fué víctima el 10 de abril de 1985. Esa noche lo esperaron cerca de la Parroquia, lo dejaron pasar en su carro y a 10 metros le dieron la orden de "alto" que él ya no podía oir, entonces dispararon contra él. Uno de los agentes que participó en el atentado fué el agente Méndez, apodado "la yegua" quien fué desplazado desde Bogotá con esa intención.
El Padre Gillard no murió en el atentado pero quedó inconciente y fué hospitalizado durante muchos días. Más tarde, el Capitán Rodríguez, del S-2 del Batallón de Cali dio orden de quitarle el oxígeno "para ayudarlo a bien morir".
2.4. También puedo atestiguar la existencia de alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas e industriales y narcotraficantes, para constituir y financiar grupos de "mano negra" o "escuadrones de la muerte" que realizan trabajos de "limpieza social". En concreto:
a) En Tuluá (Valle), el Mayor de la Policía Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (hoy Teniente Coronel, destacado en Arauca) constituyó uno de estos grupos que tenía como ámbito de operaciones: Cali, Tuluá, Palmira y Yumbo, dando muerte por lo menos a 30 personas.
El Mayor Suárez escogía personal de la Policía y los sometía a un "bautizo", consistente en que todos participaran en un crimen, con el fin de que nadie pudiera hablar. Así en junio de 1985, hicieron una matanza nocturna de homosexuales en Tuluá y botaron sus cadáveres al río Cauca. Un carnicero fué testigo de la matanza y luego fué asesinado por el mismo grupo.
Para financiar estas operaciones de "mano negra", el Mayor Suárez recibía dinero de industriales del Valle. El señor Pablo Hamerleng, Jefe de seguridad de la firma Carvajal, de Cali, (tel: 2675011) aportó más de dos millones de pesos.
El Director Operativo de la Policía Nacional, General José Luis Vargas Villegas, tuvo conocimiento de esto pero no hizo nada para impedirlo.
El hoy Teniente Coronel Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (Dirección: calle 19 C sur # 55-54, tel: 2609138) recibe dinero de narcotraficantes, posiblemente para implementar operaciones similares. En un día de junio o julio de 1987, yo mismo lo acompañé personalmente, en un Toyota blanco, a la empresa "Taxis Verdes" de Bogotá (carrera 15 por calle 15) y allí recibió 25 millones de manos del Señor Gustavo Gaviria Riveros, narcotraficante ligado a Pablo Escobar. Un ex-oficial de la Policía que trabajó en la Escuela "Eduardo Cuevas" de Villavicencio, el ex-cabo Linares, quien conducía entonces un taxi de la empresa "Taxis Verdes", pudo darse cuenta de esta cita, pues estaba allí y me saludó.
b) El Mayor Gañán, hasta 1988 Subcomandante de la SIJIN (Tel: 439810) , también recibe dinero de narcotraficantes. Su casa que posee en Bogotá (en la calle 122) está evaluada en más de 30 millones de pesos. Este Mayor proveía de armamentos para atracos que realizaba el personal de la SIJIN, en unión del Doctor Tarazona, asesor jurídico del F-2.
Por orden suya fueron asesinados los secuestradores del señor Ricardo Valencia, industrial de cueros. El Mayor Gañán dio orden de matar a los secuestradores del señor Valencia después de que ellos se habían entregado, como lo atestiguó el mismo señor Valencia.
c) El Mayor Beltrán Mogollón, antes jefe de automotores de la SIJIN-Bogotá y ahora jefe de la SIJIN-Cali, también organizó un "plan limpieza" en Bogotá, en 1988. Por orden suya fueron asesinados 17 haladores de carros, operaciones ejecutadas por la Patrulla 1010, por personal del grupo de automotores de la SIJIN y por patrullas al mando de los sargentos Sosa y Valdeleón y del agente Aldana (el cual resultó lesionado cuando el atentado al Ministro de Gobierno Jaime Castro).
d) En Cúcuta, el Capitán Santos, segundo en mando de la SIJIN-Cúcuta, ha constituido un grupo con un suboficial y dos agentes para efectuar operaciones "de limpieza".
Esta grupo mató a un ladrón en la Residencia Avila. Con la colaboración de la dueña de dicha Residencia, reúnen información sobre supuestos miembros o colaboradores de grupos guerrilleros que se hospedan allí y luego buscan matarlos. Así ocurrió con Rodolfo Quenzá González (cc. # 17.586.254 de Arauca) quien después de haberse hospedado allí, fué seguido por el grupo del Capitán Santos hasta Arauca donde fué asesinado en enero de 1988.
e) En esta clase de operaciones ilegales se cuenta con ayuda de personal extranjero. El Señor Vigam, jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Bogotá, dicta cursos sobre métodos de seguimiento y tácticas de espionaje y similares, a miembros del Batallón Charry Solano, en compañía de un Señor Yossia, también del equipo de seguridad de la misma Embajada.
Para esta clase de operaciones se cuenta también con un proveedor de Placas y papeles para vehículos: el señor Carlos Cuadros (tel: 2778700, ext. 49) y con una proveedora de documentos falsos: la "Señora Ester", o la "Señora Edelma" (carrera 12 # 8-35, tel: 2546911) cuyos servicios utiliza el F-2.
2.5. Otro método que resulta violatorio de la Constitución y las leyes es el de infiltrar a organizaciones de izquierda con el objetivo de asesinar a sus dirigentes. A este respecto, denuncio lo siguiente:
a) En el caso de la muerte de Gustavo Arias Londoño, alias "Boris", del Comando Superior del M-19, la Dirección de la Policía tuvo conocimiento previo sobre su desplazamiento a Caldas (Ant) para una reunión y ordenó montar un operativo "por lo bajo". En efecto, Arias Londoño fué detenido mientras viajaba a Caldas, el 23 de julio de 1986, a las 11.30 P.M., y conducido al cuartel de la VIII Estación donde le aplicaron la "ley de fuga". En un informe posterior, la Policía declaró que había sido identificado posteriormente, pero, en realidad, el operativo fue montado con plena intención de asesinarlo.
b) En el caso de Alvaro Fayad, jefe del M-19, el GOES sabía, con tres días de anticipación, que él iría ese día, 13 de marzo de 1985, al apartamento situado en la carrera 42 C # 22-A-30, Apto. 202, y por ello montaron el operativo para asesinarlo.
c) En el caso de Afranio Parra, un informante de la DIJIN que estaba in filtrado en el M-19, había informado sobre su presencia en Vistahermosa, al sur de Bogotá. Cuando salieron a hacer un negocio de armamento, el informante los fué llevando hacia el CAI de Vistahermosa, de la III Estación de Policía, donde los interceptaron 3 agentes que estaban bebiendo cerca de la cancha. En el camino, uno de los que acompañaban a Afranio Parra se escapó, hubo un forcejeo y Ios agentes, entre ellos el identificado con la Placa # 19364, asesinaron a Afranio y a los acompañantes, entre ellos al informante. El que escapó dio aviso a los escoltas de los voceros del M-19 en el diálogo con el gobierno y por ello el caso fué conocido públicamente casi de inmediato.
2.6. Quiero poner igualmente en conocimiento de Ud. la existencia de algunos sitios utilizados como cementerios, para sepultar a víctimas de estos procedimientos ilegales.
a) En la vía a Villavicencio, en dirección norte-sur saliendo de Bogotá, pasando el Retén de "La Alemana", hay un camino que sube hacia el oriente. Subiendo por dicho camino unos 300 metros, en medio de una arboleda, a mano derecha, hay un área de unos 100 metros donde se ha sepultado a varias personas, víctimas de procedimientos ilegales de represión. (Ver Gráfico 1)
Un caso en el cual me tocó participar, fué el siguiente:
Entre febrero y marzo de 1983 se perdió una cámara de fotografía que se utilizaba para libretas militares en el Distrito de Kennedy. Por informaciones que llegaron a la Brigada, se acusó a Luis Alfonso Muñoz Cabanzo, quien era informante pero también era ladrón, y a otro de nombre Héctor.
A muñoz se le capturó en el barrio Marco Fidel Suárez y a Héctor en el barrio Quiroga. Ambos fueron llevados al sitio indicado (cementerio de La Alemana), vendados con balletillas mojadas y untadas de tierra para que no pudieran abrir los ojos. En el sitio mencionado fueron sometidos a torturas y Héctor fué asesinado y enterrado allí.
A Muñoz Cabanzo lo torturaron quemándolo con un cigarrillo y dándole golpes en el estómago con un bate de base-ball. En un momento dado, él dijo: "yo canto". Entonces le soltaron las manos y le permitieron limpiarse la cara. Pero como comenzó a dar evasivas, lo arrodillaron y le montaron una subametralladora para matarlo, pero él salió rodando. Le hicieron tiros pero él se escapó hacia la vía a Villavicencio. Esta persona, quien hoy vive de nuevo en el barrio Marco Fidel Suárez, puede testimoniar lo ocurrido y señalar el sitio.
b) Otro cementerio existe en los llamados "Polvorines" de la Escuela de Caballería de Usaquén. En el extremo norte de la Escuela, hacia el oriente, detrás del sitio donde se hacen prácticas de polígono, hay un sitio donde se entierra a personas que mueren bajo tortira en la misma Escuela. Allí es posible que hayan sido sepultados algunos de los desaparecidos durante los hechos del Palacio de Justicia. Allí fué enterrado, muy probablemente, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y también la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. (Ver Gráfico 2).
c) En Montería (Córdoba), saliendo de la ciudad por la vía al mar, está la hacienda de la familia Kergelene. Avanzando unos 300 metros aproximadamente hacia dentro de la hacienda, hay una casa de los trabajadores. Siguiendo de allí hacia el río (unos 250 metros aproximadamente) nacen los bebederos del ganado. Unos 50 metros antes del río se encuentra un cementerio en donde, antes de 1988, que yo sepa, se ha sepultado a 6 personas sindicadas de subversión.
El 8 de junio de 1987, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla, capturamos a 2 personas sindicadas de pertenecer a un grupo de finanzas de alguna organización guerrillera y que supuestamente habían extorsionado a un ganadero de Montería. Los llevamos a dicha finca para reconocimiento y allí fueron asesinados y sepultados.
La noche anterior a dichas capturas estuvimos con Alonso Luna (tel: 355539) y Ovidio Lozano (Dirección: carrera 6 B # 18-45, tel: 369539) en Barranquilla, integrantes del grupo de mariachis "Cien Años de Soledad".
d) También tengo conocimiento de que en el corregimiento La Floresta, entre Cúcuta y Puerto Santander, en la salida del caserío hacia el occidente, existe un cementerio donde se entierra a muchas víctimas de acciones ilegales de la Policía. El agente de la Policía Julio Ángel Rojas Peñarate, conoce dicho sitio.
e) En el Batallón de Policía Militar # 13 de Puente Aranda, en Bogotá, al lado derecho del casino de los soldados, después de atravesar una zona reservada, está la Sección del S-2, dentro de la cual existe un cuarto de interrogatorios utilizado para torturas. Allí fué llevado, por ejemplo, el señor Hernando Muñoz (Dirección: calle 24 sur por carrera 13 A), un señor a quien le faltan ambas piernas. El Señor Muñoz fué capturado en un operativo dirigido por el Capitán Misael Plazas Vega. (Ver Gráfico 3).
2.7. Finalmente, quiero poner también en su conocimiento los nombres de algunas personas que actualmente son objeto de investigaciones y seguimientos par parte del Batallón Charry Solano y cuyas vidas, por lo tanto, pueden estar corriendo graves peligros:
- El Señor Manuel Zapata Olivella, líder de un movimiento de negritudes.
- El Señor Víctor Diusaba, periodista del diario El Siglo.
- El Señor Ángel Tolosa, líder de un movimiento campesino (ANUC).
- EL Doctor Eduardo Umaña Mendoza, abogado que trabaja con grupos de Derechos Humanos.
- El Señor Alberto González, periodista del diario El Mundo, de Medellín.
- El Señar Jesús Castañeda, periodista de una agencia internacional de noticies cuyas oficinas están en la Plazuela de Las Nieves.
- Un Señor que trabaja con Amnistía Internacional, de nombre Edgard, alto, de barba.
2.8. Quiero dejar constancia, en último término, de que en el mes de mayo de 1989 solicité un extracto de mi hoja de vida en la Policía Nacional y se me comunicó que no existía en los archivos, es decir, que había desaparecido. Con qué fin ?
Hago constar que todos los datos aportados a través del testimonio rendido son auténticos y que están basados, ya sea en mi experiencia personal de trabajo durante estos 12 años, ya en el relato de compañeros de trabajo que han estado más directamente relacionados con algunos hechos, para corroborar lo cual me suscribo, con firma autenticada en notaría.
Atte.
Ricardo Gómez Mazuera
c.c. 3.010.247 de Engativá (Cund)
C.C.
- Dirección Nacional de Instrucción Criminal.
- Ministro de Justicia.
- Juzgado 26 de Instrucción Criminal.
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
- Comiisión Episcopal por la Vida, la Justicia y la Paz.
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Nota documental del Equipo Nizkor: Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01ago89. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
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LA SUSCRITA AUDITORA AUXILIAR 35 DE GUERRA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA BOGOTA,
HACE CONSTAR:
Que revisados los libros radicadores de sumarios de este Despacho, figura a Tomo II, folio 545, el proceso No. 687, adelantado por el delito de DESERCION contra el ex-agente Auxiliar GOMEZ MAZUERA RICARDO, por hechos ocurridos entre el 22 de diciembre de 1977 al 03 de enero de 1978 y consta con fecha 16 de noviembre de 1978 que el mencionado proceso pasó al ARCHIVO definitivamente por haber confirmado el H. Tribunal Superior Militar la sentencia absolutoria proferida en primera instancia en favor de GOMEZ MAZUERA RICARDO. En consecuencia de lo anterior se colige que el mencionado ex-agente GOMEZ MAZUERA RICARDO, quien se identificó con c.c. No. 3'010.247 de Barrio Boyacá-Engativá (Cund), no tiene cuentas pendientes con este despacho.
Se expide la presente en Bogotá, D.E., a los Veinticinco días del mes de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, a solicitud verbal del interesado.
Dra. EUGENIA GUTIERREZ GIRALDO
Auditora Auxiliar 35 de Guerra
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indagatoria 56 militares de la Brigada 17 por la masacre de la comunidad de San José de Apartadó
Los militares pertenecientes a esta unidad militar con sede en Carepa son acusados por la Fiscalía del asesinato a sangre fría de ocho campesinos, entre ellos tres menores de edad. En un principio, el Ejército informó que la acción había sido obra de las Farc.
Fecha: 02/22/2007 -
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a 56 militares de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Antioquia, sindicados de la masacre de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó en 2005. La medida judicial echa por tierra las sindicaciones de los propios militares que en un principio acusaron a las Farc de esta espantosa acción que conmovió al país.
Los militares deberán responder en juicio por los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo. En el ente investigador se aceptó que en inicialmente también se dirigió la investigación hacia las Farc por el material que habían suministrado los miembros del Ejército. Sin embargo, en el transcurso de las averiguaciones se estableció que éstos estaban mintiendo para encubrir el hecho.
La muerte de los ocho campesinos ocurrió el 21 de febrero de 2005 y causó una gran conmoción porque en ella fueron también asesinados tres menores de edad. El 26 de febrero de 2005 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en una carta al vicepresidente Francisco Santos, al Procurador Edgardo Maya y al Defensor del Pueblo Volmar Pérez, denunciando la masacre. SEMANA.COM publica los apartes de ese documento que hoy cobra una vital vigencia.
"Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante los daños irreparables cometidos por miembros de la Brigada XI del Ejercito Nacional contra 7 campesinos que habitaron en el corregimiento de San José de Apartadó, entre ellos tres menores de edad. Todas y todos fueron amenazados de muerte, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, y luego enterrados en dos fosas.
Hoy sábado en horas de la mañana hemos tenido la confirmación de que los restos que se encontraban en dos fosas comunes eran los Luis Eduardo Guerra, reconocido coordinador y defensor de derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, 30 años, Sandra Milena Muñoz Pozo de 24 años, Bellanira Areiza Guzmán de 17 años, Deiner Andrés Guerra de 11 años Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz de 6 años.
Como ha sido de conocimiento a través de la Comunidad de Paz y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el lunes 21 de febrero Luis Eduardo fue detenido arbitraria e ilegalmente por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, Brigada XI, en los alrededores del caserío de Mulatos. Los uniformados amenazaron de muerte a los campesinos, expresando que los iban a asesinar. Dos días después varios pobladores informaron del hallazgo de una fosa común en la que se observaron los restos de uno de los niños, Deiner Andrés.
De acuerdo con lo que hemos conocido a través de acompañantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el día viernes 25 en horas de la tarde fueron encontradas dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de las personas que han sido un signo de esperanza y de vida para San José de Apartadó y para muchas comunidades en Colombia y la humanidad.
El próximo 23 de marzo serán, 8 años desde que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Desde su mismo nacimiento esta experiencia ha vivido una persecución, que no dudamos en calificar de sistemática. Las estrategias militares estatales-paraestatales han estigmatizado, perseguido sistemáticamente a sus integrantes, bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de la FARC. Amenazas de muerte, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, desinformación mediática han sido parte de las técnicas de control y de represión que han pretendido destruir una iniciativa de la población civil de autonomía en medio de la confrontación armada, de afirmación de la verdad en medio de la mentiras institucionales, de afirmación de la justicia en medio de la impunidad y de la dinámica de institucionalización paramilitar en la región.
Hace menos de un año, en mayo de 2004, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en visita a Apartadó, se expresó contra la Comunidad de Paz y los acompañantes internacionales, dejando no solamente una estela de dudas sobre esta experiencia, sino al tiempo avalando una serie de abusos de autoridad, que encontraron su aval en las expresiones del primer mandatario, Supremo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
Algunos de ustedes, como nuestra Comisión de Justicia y Paz, conocieron a Luis Eduardo Guerra, campesino, gestor de la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ustedes conocieron la rectitud, la honestidad y la transparencia de su vida y de sus palabras, lo que ha sucedido en san José de Apartadó es grave y absolutamente repudiable, la defensa institucional no puede realizarse a merced de la mentira y de la ceguera ante los abusos de poder.
Los cuerpos sin vida encontrados en dos fosas comunes son los de Luis Eduardo, su compañera e hijo, la de los niños y los adultos, corresponden a los que fueron detenidos arbitrariamente por agentes estatales. Hoy estamos siendo testigos, una vez más de una expresión de terror institucional, de inconmensurables dimisiones que debe generar en la conciencia institucional no solamente su repudio sino la necesidad de un replanteamiento a fondo de una política de seguridad que continua sustentando su razón de ser en el ataque a la población civil.
De la amenaza de muerte, se pasó a la detención arbitraria, de la amenaza a la realización del acto cobarde de asesinar de forma cruenta y en total estado de indefensión a niños, adultos y a una persona como Luis Eduardo, que representó a nivel nacional e internacional a la Comunidad de Paz. Estamos ante la absoluta ausencia de garantías, los remedos bajo los cuales el Estado ha obrado se han desecho, estamos ante el desbordamiento absoluto de la autoridad y de la fuerza. Si esto sucedió con Luis Eduardo, reconocido coordinador de la Comunidad de Paz que se ha entrevistado con las altas instancias desde el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano, pasando por el de Andrés Pastrana Arango y el actual Álvaro Uribe, exigiendo la protección de su comunidad, ¿qué se puede esperar, de aquellos miles de anónimos para las esferas de gobierno, para los militares que en una suerte de obediencia ciega, amenazan, detienen, torturan y matan como borregos lógicos o mejor sin razón?
La actuación institucional refleja la ausencia absoluta de respeto al cuerpo humano, la negación absoluta del respeto a los mínimos de la dignidad humana por parte de los agentes del Estado en un contexto de conflicto armado interno.
La actuación de sus victimarios refleja la degeneración absoluta de la guerra estatal. Una guerra que no se ha dirigido contra los armados sino contra campesinos inermes que han cometido, a los ojos de la institucionalidad, el delito de pensar, de construir, de afirmar alternativas a la guerra. Sus victimarios no solo destruyen la vida humana, sus técnicas criminales son bárbaras, reflejan odio e impulsos irracionales en prácticas proscritas por la conciencia de la humanidad, que se asemejan a la de los campos de concentración en Alemania o de las experiencias de las dictaduras del cono sur. Su capacidad de mentir pretende atribuir al otro polo de la guerra sus crímenes, mediáticamente esta mentira que se hace verosímil, encubre la deslegitimación de la autoridad.
No existen palabras para expresar el hondo, el profundo daño que ya se ha causado a la Comunidad de Paz, a la conciencia moral de la humanidad. Pero tal vez, lo que más conmoción produce es la posibilidad, es la certeza de conocer, que estos crímenes reflejan el Estado de Hecho que se ha ido instaurando en Colombia.
"La detención arbitraria de Luis Eduardo y la amenaza de muerte, era tal vez previsible en las lógicas de seguridad de hoy. Era inesperable, sin embargo, o nadie podría imaginar tamaña barbaridad el haberlo asesinado con 6 personas más y enterrarlos a todas y todos en dos fosas comunes. No hay sindéresis, todo es irracional. Detener arbitrariamente, amenazar de muerte, desaparecer y asesinar a un hombre transparente, coherente con lo que construyó a través de la Comunidad de Paz, es absolutamente desbordado.
El asesinato colectivo ha sido una decisión criminal absolutamente cobarde y banal, síntoma de temor que inspira al poder cuando se ven descubiertos en sus mezquinos propósitos o en su gesta de barbarie. Hoy no existe el más mínimo pudor, el más mínimo intento de diferenciarse de estructuras criminales. Pasa en Arauca, en el bajo Atrato Chocoano, en el Cauca, en Cundinamarca, en Nariño. Se repite una y otra vez. No es un accidente, es un modo de pensar y de actuar. Lo ejecutado bajo la institucionalidad se mimetiza en lo irregular, lo ejecutado bajo la institucionalidad se justifica en el combate legítimo, lo ejecutado bajo la institucionalidad se atribuye al enemigo militar.
En la nueva masacre de San José de Apartadó, se percibe la tragedia de este país, la implementación de una política de seguridad que no tiene límites, pues el Derecho es el Hecho. No hay distinción, no hay regulación, no hay garantías, no hay protección, solo terror.
Ante los signos evidentes de la erosión del Estado de Derecho, nos unimos a las exigencias de la Comunidad de Paz, exigencias que son una Constancia Histórica y para nosotras y nosotros los creyentes una Censuro Moral".
Después de conocer los detalles de esta carta, el presidente Álvaro Uribe Vélez apareció en televisión e hizo énfasis, más que en la condena de la masacre, en asegurar que la comunidad de paz estaba infiltrada por la guerrilla. Ahora con la medida tomada por la Fiscalía, parece que la historia es otra.
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, organización que trabaja por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de los sectores sociales y populares, especialmente de la población desplazada, campesina e indígena asentada en los departamentos de Santander y Norte de Santander, pone en conocimientos los siguientes:
HECHOS
El día lunes 5 de Febrero del 2007 a las dos y treinta (2:30 p.m) de la tarde, recibimos una Amenaza vía correo electrónico a nuestra dirección paraquehayajusticia@yahoo.es, de la siguiente dirección “ viacomunitaria2019@yahoo.es “ el cual responde al nombre de Colombia Comunitaria Vía Democrática Armada, documento que anexamos a la presente denuncia.
El documento aquí referenciado fue enviado a otras Setenta (70) direcciones electrónicas mas, entre las que se encuentra una dirección desactivada que pertenecía a la Asociación Comunidades Bari de Colombia denominada asocbari@b-manga.multi.net.co.
En este escrito se anuncia y se amenaza con dirigir una campaña de limpieza, una guerra frontal a sangre y fuego, pena de muerte a traidores de la patria, una cruzada que harán de la mano del ejercito nacional y las fuerzas armadas de Colombia, ejecución de comunistas, amenazas de destierro, seguimiento a personas y organizaciones a través de comandos siguiendo día y noche, masacres publicas, y a nuestras familias.
Las amenazas están dirigidas contra los defensores de derechos humanos, lideres sociales, sindicalistas, exguerrilleros, abogados, ONG´s, diarios, oficinas, casas, universidades, comunistas, militantes del Polo Democrático y sus familias.
Ante los hechos aquí mencionados, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez,
MANIFIESTA QUE:
Rechazamos estos actos de intimidación, deslegitimación de nuestro trabajo y amenazas a la vida e integridad física de quienes trabajamos por la defensa y promoción de derechos humanos, por la defensa de las causas sociales y populares en reivindicación, defensa y protección de los derechos de las victimas del terrorismo de Estado.
Lamentablemente este correo electrónico evidencia la abierta y cínica complicidad de las estructuras paramilitares que dicen haberse desmovilizado o entre las estructuras que aun se mantienen en las regiones que ellos mismos referencian y la Fuerza Publica; situación que las organizaciones no gubernamentales hemos evidenciado y denunciado en múltiples oportunidades, pero que el Estado y sus instituciones insisten en catalogarlos como casos aislados.
Lamentamos que persistan estas estrategias de agresión y violencia contra quienes con valor desempeñamos una labor legitima y legal, contra quienes desde la civilidad esperamos encontrar la paz con justicia social, propendemos por la vigencia y desarrollo de los principios constitucionales de nuestra carta magna, y atendemos y acompañamos las justas causas del pueblo que ha sido victima de la infamia y la crueldad de quienes arrebataron con sevicia la vida de sus seres queridos, los desaparecieron y desplazaron forzadamente, y que fueron torturados física y psicológicamente.
Por lo anterior,
SOLICITAMOS
1.A las Autoridades Judiciales, que se investigue, condene y sancione a los responsables de este delito de amenazas contra los miembros de las organizaciones sociales y sus familias;
2.A las Autoridades de Control, que se adopten las medidas correspondientes a salvaguardar la vida e integridad de cada uno de los miembros de las organizaciones amenazadas y sus familias.
3.A las Autoridades Administrativas, que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los miembros de las organizaciones amenazadas y la realización de nuestro trabajo en condiciones de seguridad y tranquilidad para cada uno de los miembros de las organizaciones.
4.A los Organismos Internacionales de Naciones Unidas, que se pronuncien sobre las amenazas de la que hemos sido victimas y requerir al estado colombiano para que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y para prevenir que se vuelvan a repetir este tipo de señalamientos.
5.A las Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, su solidaridad y respaldo a las anteriores solicitudes, a las siguientes direcciones.
Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez,
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: auribe@presidencia.gov.co ;
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos
E-mail:fsantos@presidencia.gov.co
Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón
Carrera 5 No. 15-80
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+57 1)342.97.23
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Aguarán
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
E - mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
Defensoría del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz.
Calle 55 No. 10-32
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+571) 640 04 91
E-mail:secretaria_privada@hotmail.com
Nuevamente, en Guatemala las organizaciones de derechos humanos se ven amenazadas y atacadas por cuerpos ilegales que pretenden intimidarlas en su accionar. En esta ocasión fueron allanadas las oficinas donde se encuentra el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH) y la Unidad de protección a Defensores y Defensoras de derechos humanos; además de la Asociación Comunicarte.
Asimismo, el viernes al medio día, CALDH fue objeto de dos actos de intimidación. Hombres armados robaron un vehículo de la institución, secuestrando por minutos al compañero que lo manejaba, lo amenazaron de muerte y lo dejaron cerca de un barranco, llevándose además del vehículo, una computadora portátil y documentos, todas las cosas aparecieron intactas, por lo que podemos aseverar que no se trató de un acto de delincuencia común. Paralelo a este hecho y en otro lugar, a uno de nuestros asesores legales le destruyeron, con una navaja, una de las llantas de su vehículo personal, en un parqueo que contaba con guardias de seguridad privada.
Todas estas acciones se vienen a sumar a las agresiones que desde septiembre vienen sufriendo diversos compañeros y compañeras del ECAP y que se incrementaron desde el 10 de enero recién pasado y que ya han sido denunciadas.
Estos hechos no pueden verse de manera aislada. Las organizaciones atacadas trabajan activamente por la verdad y la justicia en el país. Por un lado atacan a CALDH, que lucha contra la impunidad, particularmente en los casos por genocidio en Guatemala; COMUNICARTE, que es una asociación que ha documentado y difundido visualmente hechos vinculados a graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado, y quienes además cuentan con archivos históricos; el MNDH que cuenta con registro de organizaciones de ddhh del país; y la Unidad de Defensores y Defensoras, que lleva un registro de los ataques perpetrados en contra de defensores y defensoras.
Estos actos no son coincidencia. La lucha por la justicia en crímenes del pasado y la denuncia constante de violaciones a derechos humanos en la actualidad, son razones para aseverar que estos hechos son políticos y pretenden intimidar y frenar las acciones que estas organizaciones realizan.
Exigimos al Ministerio Publico investigar estos hechos y al Gobierno garantizar la vida y la seguridad de quienes defienden, protegen y promueven los derechos humanos en Guatemala.
¡POR EL DERECHO A UN PAÍS JUSTO!
Guatemala, 05 de febrero de 2007
Ginebra, 2 de febrero de 2007.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), preocupada ante la persistente impunidad de los graves hechos acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, recomienda a la Suprema Corte de Justicia que examine favorablemente la posibilidad de ejercer su facultad constitucional de investigación para conocer los casos registrados de violaciones a los derechos humanos.
En el informe[1] presentado ante las Naciones Unidas por la OMCT, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro PRODH) y el Comité Latinoamericano y del Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se resaltó que por lo menos 27 mujeres de las 47 detenidas en los hechos ocurridos en Atenco sufrieron actos de tortura sexual, incluida la violación. Asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe confirmando la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos durante el operativo. Sin embargo, hasta la fecha sólo ha habido una consignación en uno de los casos de violación sexual por parte de agentes de la policía, y no por violación, sino por “acto libidinoso”, lo que no cumple con la exigencia de brindar reparación legal a la víctima.
Además de la violencia ejercida por elementos de la policía contra mujeres, durante el operativo llevado a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006, y como consecuencia del uso excesivo e irracional de la fuerza pública, resultaron muertas dos personas, incluso un menor, y ocurrieron varias detenciones arbitrarias, actos de tortura y malos tratos, así como atentados contra el debido proceso y otras garantías individuales. Los obstáculos a la identificación y la punición de los responsables también fueron llevados al conocimiento del Comité contra la Tortura (CAT) y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW).
“La investigación de estas violaciones por parte de la jurisdicción suprema del país permitirá al Estado conformarse con las recomendaciones recién emitidas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y de esta manera con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”, afirmó Mariana Duarte, responsable del programa Violencia contra la Mujer de la OMCT, en momentos en que la Suprema Corte de Justicia examina si deberá o no atraer los casos de Atenco y Texcoco.
En particular, el órgano encargado de monitorear la aplicación de la Convención contra la Tortura instó al Estado mexicano “realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública llevado a cabo en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 y garantizar que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente” (Documento de la ONU CAT/C/MEX/CO/4 de fecha 21 de noviembre de 2006, párrafo 18.c).
Para mayor información ver www.omct.org o comunicarse con el Programa Violencia contra la Mujer: Tel.: +41 22 809 49 39 – Fax: +41 22 809 49 29 – E-mail: md@omct.org
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[1] Véase Violencia de Estado contra mujeres en México. El caso San Salvador Atenco, disponible en la página http://www.omct.org/pdf/procedures/2006/cat_37th/mexico_informe_altern_atenco_cat_esp.pdf (versión no editada).