Periodista de Cubanet condenado a cuatro años de prisión incondicional por
"peligrosidad social pre-delictiva"
(RSF/IFEX) - RSF condena la detención y el encarcelamiento, el 13 de abril
2007, de Oscar Sánchez Madan, corresponsal del sitio Cubanet en la
provincia de Matanzas. Tras un juicio expeditivo, al periodista le
condenaron el mismo día a una pena de cuatro años de prisión incondicional,
por "peligrosidad social pre-delictiva". Con esta detención, llegan a ser
26 los periodistas que actualmente se encuentran encarcelados en la isla.
"En la 'primavera negra' de marzo de 2003, encarcelaron a 27 periodistas
disidentes. La cifra está a punto de alcanzarse de nuevo con el
internamiento de Oscar Sánchez Madan, que eleva a 26 el número de
profesionales de la prensa independiente detenidos en la isla. Oscar
Sánchez Madan es también el tercer periodista encarcelado desde el acceso a
la presidencia de Raúl Castro, el 31 de julio de 2006. No solo no ha
cambiado la situación de la libertad de prensa, sino que la supuesta
'peligrosidad' de un ciudadano sirve una vez más de pretexto para privarle
de su libertad. Oscar Sánchez Madan ni siquiera ha tenido derecho a un
abogado. Su condena es una arbitrariedad", ha declarado RSF.
Corresponsal frecuente del sitio Cubanet, con sede en Miami, Madan, de 44
años, fue detenido por oficiales de la Seguridad del Estado (policía
política), en la mañana del 13 de abril en su domicilio de Unión de Reyes,
una localidad de la provincia de Matanzas (a 100 kilómetros al este de La
Habana). La noticia no se supo hasta pasados cuatro días, y la hizo pública
la Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional
(CCDHRN), una organización considerada ilegal pero tolerada por el gobierno
cubano.
Inmediatamente después de detenerle, al periodista le juzgaron a puerta
cerrada, en ausencia de su familia y sin posibilidad de que le defendiera
un abogado. El tribunal municipal de Unión de Reyes le condenó a cuatro
años de prisión incondicional, por "peligrosidad social pre-delictiva".
Según esa disposición del código penal cubano, cualquier ciudadano, aunque
no haya cometido ningún delito, puede ir a la cárcel en nombre de la
supuesta amenaza que representa para la sociedad.
Los otros dos periodistas encarcelados desde la llegada al poder de Raúl
Castro también han sido condenados por este motivo. A Raymundo Perdigón
Brito, de la agencia Yayabo Press, le cayeron cuatro años de cárcel el 5 de
diciembre de 2006 (ver la alerta de IFEX del 6 de diciembre de 2006), y
tres a Ramón Velázquez Toranso, de la agencia Libertad, el 23 de enero de
2007 (ver las alertas del 16 de marzo y 5 de febrero de 2007).
Madan fue trasladado inmediatamente después del juicio a la penitenciaría
de Combinado del Sur, en Matanzas.
Para mayor información, comunicarse con Benoît Hervieu, RSF, 5, rue
Geoffroy Marie, Paris 75009, Francia, teléf: +33 1 44 83 84 68, fax: +33 1
45 23 11 51, correo electrónico: ameriques@rsf.org, Internet:
http://www.rsf.org
Esta información es responsabilidad de RSF. Favor de reconocer a RSF al
difundirla.
Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia
Parlamento Europeo, Bruselas, 17 y 18 de abril de 2007
OIDH-ACO
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia, OIDH-ACO
y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU
con el apoyo de los parlamentarios europeos
Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica - GUE/NGL),
Raül ROMEVA (Grupo Verdes - Verts/ALE),
Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo - PSE)
Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa - ADLE)
declaran:
Después de 12 años de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupación que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las más agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y su impunidad no sólo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construcción de un régimen democrático y dificultan la superación de una sociedad desigual y excluyente. Así mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez más degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la población civil. Además, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.
Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continúan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Además, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas. Es cada vez más evidente que los vínculos históricos entre agentes del Estado y paramilitares han intervenido el Estado a muy altos niveles. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas, y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.
Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia está directamente ligada a la realización de los derechos humanos, a la solución política negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:
1.El Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, y depurar sus vínculos con servidores públicos, miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad. Así mismo, debe dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicación de la ley 975 de 2005. La comunidad internacional debe vigilar que el Gobierno de Colombia cumpla con esas obligaciones.
2.La solución política negociada es el mejor camino para resolver el conflicto armado interno. Alentamos al Gobierno de Colombia y al ELN para avanzar efectivamente en la construcción de escenarios de negociación política. Todos los grupos combatientes deben abstenerse de continuar practicando secuestros. Instamos al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC-EP a que sin más dilaciones ni condicionamientos suscriban un acuerdo humanitario. Es fundamental que la comunidad internacional continúe cumpliendo su papel de facilitación respecto a esas iniciativas.
3.El Gobierno de Colombia debe garantizar los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La comunidad internacional debe acompañar y apoyar decididamente las iniciativas de las víctimas orientadas a ejercer sus derechos. También debe apoyar a la sociedad civil colombiana en el proceso de construir y concertar un Plan Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario con el Estado colombiano.
4.Durante las próximas elecciones, el Gobierno de Colombia está obligado a ofrecer garantías a la oposición política, a impedir la injerencia del paramilitarismo en el debate electoral. La Unión Europea debe supervisar todo el proceso electoral (campañas y elecciones) mediante la conformación de una Misión de Verificación Electoral y el apoyo que otorgue a la presencia de otras misiones.
5.Dado el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado colombiano, la Unión Europea debe evaluar la vigencia del acuerdo arancelario vigente. Otros acuerdos comerciales que la UE celebre con el Gobierno de Colombia deben estar condicionados al respeto y la garantía de la integralidad de los derechos humanos. En todo caso, la sociedad civil podrá participar de las consultas previas para suscribir esos acuerdos
6.El Gobierno de Colombia debe dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas durante los últimos años por los organismos intergubernamentales especializados de derechos humanos. La comunidad internacional debe garantizar la continuidad y el cabal cumplimiento del mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así mismo, el Consejo de Derechos Humanos, por lo menos una vez al año, debe analizar específicamente la situación colombiana y adoptar un curso de acción que comprometa al Gobierno de Colombia a superar la crisis de derechos humanos.
7.Proclamamos nuestro compromiso con el desarrollo y la consolidación de la democracia en Colombia. En ese sentido, instamos al Gobierno de Colombia para que respete y garantice los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, otorgue garantías a los integrantes de la oposición política, y asegure la vigencia de las libertades sindicales. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de esas obligaciones y velar por la vigencia de las cláusulas democráticas.
8.
Bruselas, 18 de abril de 2007
LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 007 / 0407 / OBS 030
Amenazas / Intimidación
COLOMBIA
03 de abril de 2007
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre nuevas amenazas enviadas contra varias organizaciones civiles, que luchan para el respeto de los derechos humanos, por un presunto grupo que se autodenomina “Nueva Generación”, en hechos ocurridos en el Departamento de Nariño.
De acuerdo con las informaciones, el 20 de marzo de 2007, varias organizaciones civiles del departamento de Nariño recibieron vía correo electrónico una amenaza enviada por un grupo presuntamente paramilitar autodenominado “Nueva Generación”, calificándolas como “terroristas en estafetas de derechos humanos”. Las organizaciones amenazadas fueron la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH- Nariño), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), el Apoyo a Víctimas de Violencia Sociopolítica pro Recuperación Emocional (AVRE), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP) y la Federación Universitaria Nacional (FUN).
El Observatorio lamenta que las organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia continúen recibiendo graves amenazas por parte de distintos grupos involucrados en el conflicto armado, afectando así cada vez más el desarrollo de sus actividades y poniendo en peligro la vida de sus integrantes y familiares. A este respecto, en el mes de febrero, otras organizaciones sociales, tales como el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (ACIN) y la Organización Campesina (CIMA) fueron amenazadas, esta vez por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), exigiéndoles a “comprometerse a apoyar la movilización popular y la exigencia de la renuncia de Uribe, para abrir paso a la conformación de un Nuevo Gobierno...”, sino serían consideradas como “objetivo militar”.
El Observatorio condena estos repetitivos hechos que se enmarcan en un contexto de permanente intimidación y acoso en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia. El Observatorio manifiesta su extrema preocupación por la grave situación de inseguridad en la que los defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes de la oposición, sindicalistas y desplazados, son a menudo objeto de persecución y estigmatización a causa de su labor de denuncia de las violaciones de los derechos humanos de que son víctimas tanto ellos como las organizaciones a las que pertenecen o a las que acompañan.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de las organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio de Colombia y en particular en este caso, de las organizaciones arriba mencionadas en el departamento de Nariño;
ii. llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas recibidas por las organizaciones arriba mencionadas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal justo, competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130,
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
***
Ginebra-Paris, 3 de abril de 2007.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.