Naciones Unidas denuncia el "clima generalizado de inseguridad e impunidad"
JOSÉ ELÍAS - Guatemala - 29/06/2007
Lejos de disminuir, las violaciones a los derechos humanos en Guatemala se han incrementado en los últimos cuatro años y las organizaciones que se dedican a su promoción y defensa son víctimas de amenazas, que surgieron con nuevo vigor desde que los tribunales, con el apoyo de la justicia internacional, empezaron a conocer los casos de genocidio ocurridos durante la guerra civil vivida en este país entre 1960 y 1996.
La situación, que ha merecido una denuncia pública de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), es grave: desde el inicio de la actual legislatura, en enero de 2004, se han registrado 1.124 ataques contra organizaciones o activistas de derechos humanos, 138 de ellos entre enero y junio de este año. Estos hechos son escasamente investigados, extremo que, de acuerdo con el representante de la ONU para la materia en Guatemala, Anders Kompass, "aumenta la percepción de que no hay suficiente voluntad política para proteger a los defensores". Añade que "uno de los mayores peligros es que se aproveche el clima generalizado de inseguridad e impunidad para amedrentar a quienes trabajan por los derechos humanos".
En cualquier caso, la intervención de la Audiencia Nacional de España ha sido positiva, "porque ha abierto las puertas para que a nivel interno se haga una lucha para que se juzgue a los ex mandatarios implicados en casos graves de genocidio", dijo a EL PAÍS Claudia Pac, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Esta situación ha hecho que los poderes fácticos tradicionales "se sientan amenazados". Para Pac, la mayor falla radica en el Estado guatemalteco, "incapaz de abanderar estas causas, que no avanzan".
La impunidad es uno de los factores que impiden el avance de la democracia en Guatemala. Una encuesta, publicada este miércoles por el matutino local Siglo Veintiuno, revela que el 60% de los guatemaltecos apoya la llamada "limpieza social", eufemismo que esconde las ejecuciones extrajudiciales, mientras un 34% se mostró "totalmente de acuerdo" con la práctica de los linchamientos, que sólo en junio ha costado la vida a por lo menos cinco personas.
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS INICIA CAMPAÑA PARA LA ADOPCION DE MECANISMO PARA PREVENIR LA TORTURA
Al conmemorarse el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desea expresar ante la opinión pública del país lo siguiente:
1. La tortura constituye una grave violación a los derechos humanos y una afectación a derechos individuales, como la vida, la integridad personal y la dignidad humana en general.
2. Aún cuando ya no estamos en un contexto de conflicto armado interno, en el que la práctica de la tortura fue sistemática, los actos de tortura siguen ocurriendo en diversos ámbitos del Estado, tales como comisarías, establecimientos penitenciarios, centros de detención, e incluso cuarteles y dependencias de las fuerzas armadas donde jóvenes reclutas prestan el Servicio Militar Voluntario.
3. La ocasión es propicia para demandar al Estado peruano que, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que entró en vigencia en el Perú en octubre de 2006, adopte un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que consiste en la designación de una entidad independiente que realice visitas a todo lugar o centro de detención, a fin de prevenir actos de tortura y otros tratos y/o penas crueles, inhumanos o degradantes.
4. Este Mecanismo Nacional de Prevención debe ser implementado por el Estado a más tardar el 14 de octubre de este año. La CNDDHH propone que se designe a la Defensoría del Pueblo como entidad responsable de la aplicación del mencionado mecanismo.
5. La CNDDHH confía en el respaldo ciudadano a esta iniciativa y en que las autoridades comprendan la enorme importancia de esta decisión en la prevención de la tortura, aspecto ineludible para su erradicación.
Lima, 27 de junio del 2007
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
REGISTRO VIOLENTO Y ROBO DE INFORMACIÓN SEDE CORPORACIÓN YIRA CASTRO.
AU-001/07
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las organizaciones abajo firmantes denuncian ante la comunidad nacional e internacional el allanamiento ilegal y robo de información de que fue víctima la CORPORACION YIRA CASTRO, la noche de ayer, jueves 21 de julio, en hechos que se unen a los acontecidos con otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, en las últimas tres semanas.
HECHOS
La noche o madrugada inmediatamente anterior al día de hoy 22 de julio, sujetos desconocidos entraron a la casa sede de la CORPORACION YIRA CASTRO, ubicada en el sector del barrio la Soledad, al parecer por el techo o por una de las puertas de atrás que colinda con un patio de otra residencia, luego de lo cual además de revisar todas las oficinas, dado el estado desordenado en que se encontraron, procedieron a cortar las líneas telefónicas y al parecer el sistema de alarma.
Dichas individuos sustrajeron en total 5 CPU de computadores, un computador portátil, una video cámara que contenía un casete con testimonios de víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, un televisor, un DVD y un telefax.
Al parecer también fueron sustraídos documentos y expedientes de algunos de los casos que en la actualidad tramitan jurídicamente
Es de resaltar que a pesar que existía un dinero y cheques elaborados, éstos no fueron sustraídos.
Según información de una de las integrantes de la organización, la puerta principal no fue violentada, como si lo fue la puerta que da al garaje, por donde se presume huyeron los individuos.
Es de resaltar que el día martes, 19 de julio, una de las rejas que protege la ventana que da al primer piso fue violentada, luego de lo cual despegaron un vidrio pequeño.
Por estos hechos se presume que los sujetos estaban intentando acceder a la sede, desde hace varios días.
Igualmente las integrantes de la Corporación denuncian seguimientos constantes, y actitudes sospechosas de vigilancia en los alrededores de la sede, los cuales se acentuaron desde hace aproximadamente un año.
Al respecto, informan que el día miércoles un sujeto alto y fornido estuvo vigilando la sede, y que de manera hostil y con actitud amedrentadora siguió a una de las integrantes de la Corporación, luego que esta saliera de la sede hasta una panadería cercana a la zona, lugar donde ella refugio, al darse cuenta del seguimiento.
A estos hechos se le suman los acontecidos esta misma semana y la inmediatamente anterior con la Corporación Infancia y Desarrollo, a quienes la Corporación Yira Castro les presta servicio de acompañamiento jurídico.
Es así como el día 7 de junio del presente año, les fue sustraído de la sede de la organización con sede en Soacha, material pedagógico, un megáfono, 4 grabadoras grandes, un televisor, y alimentos que tenían almacenados en la bodega donde funciona el comedor comunitario.
Hechos que se repitieron el pasado fin de semana, cuando encontraron las puertas violentadas con seguetas y sustraídos varios elementos de trabajo y de material pedagógico.
Igualmente la semana anterior fue dejado por debajo de sus puertas una hoja con la imagen de una calavera, símbolo de la muerte, y excremento en la puerta de la sede.
Esta organización presta atención integral a la familia en situación de desplazamiento en la zona de Soacha y Cazuca desde hace varios años.
La Corporación Yira Castro, realiza acompañamiento jurídico integral a personas en situación de desplazamiento forzado y despojo de tierras, desde hace 6 años; hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con quienes ha venido realizando una importante labor de denuncia, en temas de trascendencia nacional como San Onofre, Audiencia pública de Buenaventura recientemente realizada, entre otras.
Hace pocos días presentó una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos de líderes de la población campesina del Nordeste Antioqueño y el masivo desplazamiento forzado que ocurre actualmente en esa región.
De igual manera la Corporación Yira Castro, fue la gestora de la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 15 y 18 de la Ley 387 del 97 que ordena la ayuda humanitaria de carácter permanente a la población desplazada hasta que su situación económica se normalice totalmente. Al respecto es importante mencionar que a pesar que dicha sentencia fue promulgada el pasado 18 de abril, a la fecha la Corte Constitucional no ha cumplido con los requisitos formales y de publicidad para su efectivo cumplimiento.
ANTECEDENTES
Este registro violento y robo de información no es el único que se ha presentado entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el último mes.
Es así como el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, programa de la Iglesia Cristina Menonita de Colombia, denunció que en la madrugada del 14 de junio pasado fue violada su oficina y fueron extraídos dos computadores con información sensible sobre personas e iglesias activas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre personas de Iglesias cristianas evangélicas víctimas y testigos de violaciones a sus derechos humanos.
Esta violación sucedió 12 días después del hurto de un computador de la organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) que hace acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Similarmente, en enero de este año, 2007, fue violada la oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y fue hurtado el computador con información sensible sobre personas y organizaciones participantes, el registro fotográfico, y las actividades realizadas.
Al parecer el atentado contra la Corporación Yira Castro, al igual que las anteriores repite el patrón de violencia que evidencia un conocimiento preciso de la oficina y se presta para incrementar el riesgo de las víctimas a las cuales se les presta acompañamiento integral.
El Movimiento Nacional de Víctimas manifiesta su preocupación frente a estos nuevos hechos que dan cuenta del carácter sistemático con que se desarrollan y que son el reflejo de la continúa persecución y estigmatización de la que son víctimas los defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, universitarios, maestros, entre otros, dado su carácter de constante denuncia y la labor que desarrollan en pro de la defensa, prevención y promoción de los derechos humanos.
De tal manera solicitamos a la comunidad nacional e internacional para que envíen sus pronunciamientos a las autoridades competentes solicitando lo siguiente:
Se garantice la vida y la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los integrantes de la Corporación Yira Castro.
Se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos nuevos hechos.
Se respete y garantice la labor de los defensores de derechos humanos por parte del Estado Colombiano y se acojan todas las recomendaciones que se han realizado por parte de organismos internacionales.
Es importante mencionar que a pesar que estos hechos fueran denunciados oportunamente a las 9:00 de la mañana, a la hora de expedición del presente comunicado de denuncia, (2:30 p.m.) no se han presentado ni funcionarios de laboratorio de criminalística del CTI, ni se ha delegado ningún fiscal de investigación.
Igualmente se denuncia que desde tempranas horas de la mañana se ha visto rondando por los alrededores de la sede de la Corporación Yira Castro, una camioneta Toyota Runner de color dorado y vidrios polarizados, de placas NNF 215, quienes constantemente y con ánimo vigilante pasan por el frente de la sede.
Firman
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
Asonal Judicial
Fundación Manuel Cepeda Vargas
Programa No Gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos
SINTRAUNICOL
ASPU
Favor dirigir sus mensajes a:
Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 566-2071
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Por favor enviar, asimismo, copia de su mensaje a:
Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Policía Nacional de Colombia
Brigadier General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo
Director General
Tel: (571) 315-9000 ext. 9591
Fax: (571) 428-7634
Email: jefattipon@policia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Col - En seis meses se ha indagado a 40 paramilitares, mientras Vicente Castaño reorganiza los grupos paramiltiares.
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i) Al ritmo actual la Fiscalía tardaría 35 años en tomar declaración a los 2.812 paramilitares reconocidos, de los que sólo 700 están localizados.
El balance no es alentador, más si se tiene en cuenta que solo hay 23 fiscales y 150 investigadores. De la situación habla Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
¿Cómo ve el proceso?
La Unidad asumió tres décadas del accionar paramilitar. Hay violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, miles de homicidios, centenares de masacres, millones de desplazados, miles de desaparecidos y sinnúmero de secuestros y apoderamientos de tierras, sin mencionar los hurtos de combustible y el tema de narcotráfico.
¿Son suficientes las personas que están al frente de esas investigaciones?
Si todo esto se piensa reconstruir con 23 fiscales y 150 investigadores, la suerte está echada para esta unidad, a menos que se dé una inmediata inyección de personal y recursos que permita afrontar con prontitud el trabajo que se nos encomienda.
¿Qué tantos homicidios han confesado los ex jefes 'paras'?
Alguno de ellos nos anticipó que cometió 2 mil homicidios. ¿Cuándo se investiga esto? Se necesita mucho más de un fiscal. Por ejemplo, Ramón Isaza ya dijo que va a confesar 567 homicidios, y la pregunta es cuándo y cómo ubicamos esos 567 casos.
En 6 meses han escuchado a 40 personas, pero son 2.812. La pena máxima es de 8 años ¿Podría pasar ese tiempo sin terminar los procesos?
Si no se da la infraestructura de fiscales y de policía judicial para hacer todo el trabajo, va a ser muy difícil avanzar en tiempo razonable.
¿Cuánto tiempo va a durar?
Es la misma pregunta que nos hacemos los 23 fiscales que estamos acá. No es fácil entender que esto es un proceso largo que incluye una versión libre que se demora, ubicar las víctimas, traerlas y tenerlas presentes cuando se vaya a confesar el hecho; ir a buscar ese expediente, ir a buscar los testigos y si dicen la verdad, hacer una imputación ante el magistrado.
¿Cuántos fiscales necesitan?
Estamos haciendo un estudio, somos 23 fiscales y hay 34 bloques de las Auc, nos están mandando gente de la Farc, nos anuncian que hay una lista de más de 2.700 presos reconocidos por las Auc... Pensamos que se necesita al menos un fiscal por cada bloque y uno más por cada miembro representante. De pronto necesitamos más de 70 fiscales adicionales. Nos toca recibir los bienes que van a entregar, ir a identificarlos a las zonas... Eso demanda días, personal, y las exhumaciones también nos corresponden a nosotros.
¿Y las víctimas?
En este momento, la Fiscalía también está respondiendo por las víctimas, porque nadie ha asumido esa función. Creo que el Estado debe reaccionar y decidir cuáles tareas le deja a la Fiscalía y quiénes asumen otras.
¿Cuántos de esos 2.812 tienen ubicados?
De los 2.812, según las consultas que hemos hecho con el DAS, la Fiscalía y la Sijín, 2.183 no tienen antecedentes, jamás fueron vinculados a un proceso, no hubo una orden captura contra ellos. En este momento no tenemos datos sobre el paradero del 25 por ciento de esos 2.812 (unas 700 personas).
¿Cuáles dificultades se han encontrado?
Por ejemplo, hay una persona que dice que va a confesar 75 homicidios. Pero, cuál es el nombre de la víctima, dónde está el expediente. La persona cita elementos fragmentarios o no da el nombre o a veces da el nombre, o un alias o el oficio que hacía la persona en la zona, a veces precisa el municipio, pero no la vereda...
¿Qué hace la Fiscalía con esa información?
Nos toca salir a buscar esos hechos para saber qué está confesando. Un caso de estos necesitaría un solo fiscal con un equipo de Policía judicial ayudándole.
¿Hay vacíos jurídicos en la aplicación de Justicia y Paz?
La aplicación de la ley va trayendo a categorías jurídicas que no están contempladas en normas anteriores. Hemos llegado ya a la Corte Suprema para que vaya dictando las líneas en ciertos temas.
¿Los paramilitares sí han contado lo que saben?
No podemos más que tener confianza en que eso sea así. Cada caso es particular y le enseña una dinámica diferente. Están esclareciendo hechos que estaban en la impunidad, están confesando muertes de periodistas, sindicalistas, indígenas. Además, gracias a Justicia y Paz tenemos nuevos datos de más de 500 homicidios de los que no teníamos ninguna información.
¿Qué va a pasar con los que llevan hasta 8 años en la cárcel y ya cumplieron el máximo que pone la ley?
Es un tema que no se ha debatido. Sabemos que le corresponde a magistrados y los jueces de ejecución de penas. En su momento se precisará por ellos y por último por la Corte Suprema.
¿Cuándo habrá la primera condena de Justicia y Paz?
Hay unos casos que ya empezaron, son los que menos víctimas tienen. Si no es este año, es a principios del otro que se tendrán las primeras acusaciones.
[Fuente: Redacción Justicia, El Tiempo, Bogotá, 19jun07]
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ii) La Fiscalía ha recuperado 760 cadáveres en más de 300 fosas.
La Unidad de Justicia y Paz ha cumplido con el artículo 48 de la ley, que ordena buscar a los desaparecidos o personas muertas, según el fiscal Luis González.
Según su reporte, han recibido información de unos 4 mil restos en fosas, de los que ya se han recuperado 760 cadáveres. Esto gracias a la información recibida dentro de las audiencias.
También han conseguido información preliminar para poder identificar los cuerpos de aproximadamente unas 250 personas.
Este trabajo de los fiscales e investigadores es soportado en los laboratorios, que se están uniendo para trabajar y compartir los pocos recursos que tienen para entregar entre 100 y 150 cadáveres en los próximos días.
Las víctimas
Sin embargo, el tema más difícil de manejar es la angustia de las víctimas para que se haga rápido el reconocimiento y se les entregue los restos de sus familiares.
Por eso el trabajo de las exhumaciones ha sido un reto para los forenses que deben trabajar con el mayor rigor para lograr las identificaciones.
Como lo publicó EL TIEMPO el pasado mes de abril, en un informe especial sobre las fosas, las víctimas y las personas que cometieron los crímenes, las historias que se desprenden de este drama son aterradoras. El trabajo más dispendioso ha sido la 'desenterrada' de los cuerpos.
A este trámite de las víctimas de los paramilitares se suman las de las Farc, de las que informantes han dado las primeras puntadas.
Uno de estos casos es el de Cundinamarca, donde ya se encontraron entre 5 y 7 cadáveres de personas secuestradas por el grupo subversivo.
Sobre homicidios, varios de los recluidos en cárceles han prometido entregar informaciones sobre los crímenes, porque lo ven como una oportunidad para contar "verdades".
Uno de los primeros casos que se presentaron fue el de la muerte de Elkin Varela, un periodista de Arauca.
El testigo se contactó con la unidad de Justicia y Paz y fue llevado al proceso. Su colaboración ha sido efectiva y el fiscal Luis González asegura que se debe velar porque esta persona reciba los beneficios de la ley por colaboración. "Nosotros no lo vamos a desamparar", asegura González.
En otros casos, personas privadas de la libertad han ayudado a esclarecer unos 14 homicidios.
Lo que sacrifican los fiscales de Justicia y Paz
Con 18 años de experiencia, el fiscal Luis González asegura que este ha sido el trabajo más arduo.
"Todos los fiscales que vinieron de la policía judicial están sacrificando a toda su familia, la gente pasa vive semanas y hasta casi un mes por fuera de la casa trabajando y recogiendo información", señala González.
Sin embargo, dice que algo que los anima a todos es la cantidad de información que se está recibiendo de restos humanos que están en centenares de fosas. " El Estado tiene que unirse para ir a recuperar esos restos, identificarlos y entregarlos a las víctimas. Eso no se puede postergar", añade.
Dice que otro punto que están trabajando para agilizar el trabajo es la solicitud a Acción Social de los edictos emplazatorios de 1.200 personas que no tienen antecedentes, para saber cuántos se quedan en Justicia y Paz.
"Queremos saber verdaderamente cuál es el marco que nos espera por enfrentar", dice.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 19jun07]
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iii) Colombia: ¿La última oportunidad?.
Por Juan Gabriel Tokatlian
Marx decía que la historia se repetía dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. En Colombia la historia se puede repetir tres veces, la tercera como una devastadora desventura, o puede tomar un giro, un rumbo diferente, edificante y superador.
El actual escándalo de la "parapolítica" -la revelación de un turbio y delictivo entramado de lazos entre los grupos armados de derecha de histórica vinculación con el negocio de las drogas y con sectores latifundistas, segmentos de las clases dirigentes a nivel local, miembros de la elite política nacional y numerosos oficiales de las fuerzas armadas- expresa el tercer episodio en el que el ascenso y consolidación de una nueva clase social criminal se hace evidente. Ante el dilema de contenerla o dejarse cooptar por ella, el Estado colombiano optó en dos ocasiones previas por una particular combinación de represión selectiva, control parcial y convivencia táctica. Para ello, es bueno recordarlo, contó con la tolerancia tácita o la anuencia implícita de Estados Unidos.
Una vuelta al pasado nos puede dar pistas acerca de los potenciales escenarios que hoy enfrenta el país. En 1978 llegó al gobierno el Presidente Julio César Turbay Ayala. Una serie de informaciones y filtraciones pusieron al mandatario en la defensiva en materia de lucha contra los narcóticos; fenómeno que comenzaba a emerger con fuerza. Por un lado, el conocido programa televisivo "60 Minutes" de la cadena CBS develó un llamado Memorando Bourne (Peter Bourne era el Consejero Especial para Asuntos de Salud en la presidencia de Jimmy Carter) en el que se indicaba que personas cercanas a Turbay, y él mismo tenían presuntamente conexiones con grupos dedicados al tráfico de drogas. Por otro lado, en 1980 el Washington Post informó-con base en datos provistos por funcionarios estadounidenses en Bogotá-que posiblemente el 10 por ciento del Congreso había sido elegido con dineros del narcotráfico.
En parte por convicción personal y en parte por presión externa, Turbuy ordenó desplegar un frontal ataque contra el negocio de las drogas; en aquel momento centrado en torno a la marihuana. Autorizó el derribamiento de aviones, militarizó con más de 10.000 efectivos el departamento (provincia) de la Guajira-contiguo a Venezuela-para acabar con la producción de marihuana, ensayó el uso del paraquat para erradicar esos cultivos, firmó un tratado de extradición que permitía el envío de nacionales a Estados Unidos y se opuso con vehemencia a cualquier iniciativa a favor de la legalización de la marihuana. Ninguna de estas acciones tuvo un efecto decisivo sobre el fenómeno de las drogas. Sin embargo, Bogotá y Washington parecieron, en la época, satisfechos: no más críticas a Colombia a la espera de que se limpiara la casa del "flagelo" de los narcóticos.
Lo que de hecho siguió fue el despegue del procesamiento de coca en cocaína en el país, una feroz campaña del narcotráfico contra funcionarios judiciales, figuras públicas, representantes de la oposición, campesinos en zonas de conflicto y civiles indefensos, al tiempo que el Estado aplicaba la extradición, involucraba a las fuerzas armadas en labores anti-narcóticos e iniciaba programas sostenidos de fumigación utilizando el glifosato. En medio de toda esta compleja dinámica de violencia criminal, coerción gubernamental y retaliación de los "narcos", se producían, episódicamente, intentos de diálogo (en 1983 el cartel de Medellín le transmitió ofertas al gobierno a través de encuentros en Panamá con el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y el ex presidente, Alfonso López Michelsen) y propuestas de mediación (en 1989 los narcotraficantes propusieron que una "Comisión de Notables" auspiciara contactos con el gobierno). La intermitente "guerra contra las drogas" siguió su curso sin resolver el núcleo del problema: un monumental emporio ilícito que se alimentaba de una prohibición cada vez menos eficaz.
Años después la historia parecía revivirse. En 1994 llegó al gobierno el presidente Ernesto Samper Pizano. Una nueva serie de acontecimientos y denuncias volvieron a colocar a un mandatario colombiano a la defensiva. Por un lado, de acuerdo con revelaciones en el país Samper, supuestamente en persona, habría solicitado y recibido para su campaña electoral 6 millones de dólares del cartel de Cali. Por otro lado, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, que inició un vasto proceso judicial al respecto, aproximadamente 65 por ciento del Congreso habría sido electo con dineros del narcotráfico. En ese contexto, y avalando las denuncias y destapes realizados, Washington inició un proceso de acorralamiento político del ejecutivo: utilizó un procedimiento legal-la certificación anual de un país en materia de lucha contra las drogas-para descertificar a Colombia (con todas las consecuencias efectivas y simbólicas que ello implicaba) y le retiró en 1996 la visa de entrada a E.U. al Presidente Samper.
Con una mezcla de convencimiento y necesidad, y en el marco de una estrategia estadounidense de exigencias y chantajes, Samper inició una política de mano dura contra los narcotraficantes. Persiguió y desmanteló al cartel de Cali, inició e intensificó masivamente la fumigación con glifosato de plantíos de coca (entre 1994 y 1998 se erradicaron químicamente aproximadamente 150.000hectáreas de coca) y propuso y logró la reincorporación de la figura de la extradición de nacionales en la Constitución del país. Al final de su mandato Washington se podía sentir satisfecho por todo lo que obtuvo su diplomacia coercitiva. Sin embargo, también era cierto que su política había debilitado notoriamente al Estado colombiano al someter a su presidente a un enorme descrédito y deslegitimación.
Lo que siguió fue el gradual languidecimiento de la estrategia judicial orientada a develar y quebrar el vínculo entre la política y las drogas -algo que Estados Unidos no objetó fuertemente. Así entonces, una consecuencia no deseada pero inevitable de lo anterior fue que los narcóticos siguieron siendo el combustible que alimentaba el poder de fuego de los distintos grupos armados. Con ello pudo crecer aún más el lazo entre el paramilitarismo, expresión político-militar de una derecha cada vez más autónoma y decidida a combatir a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y sectores políticos, empresariales y de seguridad en el plano regional. Para buena parte del 'establishment' colombiano lo prioritario era derrotar a la insurgencia. En su evolución, el fenómeno de las drogas se fue transformando: al aumento de los cultivos de coca se añadieron el de las plantaciones de amapola (que se procesaban en heroína), mientras tanto ya no eran tan preeminentes los grandes carteles sino que proliferaron lo que se denominan "boutique cartels" o "cartelitos"; organizaciones más reticulares, menos visibles y muy sofisticadas. Paralelamente, el mayor temor de Washington pasó a ser la eventual propagación de un "estado fallido" en el corazón de los Andes.
Llegamos así a la tercera vez que se repite esta historia en Colombia. En 2002 llegó al gobierno el Presidente álvaro Uribe. Su abrumadora victoria electoral, su determinación de confrontar militarmente a las Farc, su decisión de atacar con firmeza al narcotráfico, su resolución para negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su férreo alineamiento con Estados Unidos colocaron en un muy distante segundo plano las dudas que en el país expresaban sectores de la oposición respecto al real desmantelamiento del asunto paramilitar. Dos indicaciones pasaron relativamente inadvertidas en su momento y no opacaron la re-elección de Uribe en 2006. Por un lado, el líder paramilitar Salvatore Mancuso indicó que el 35% del Congreso electo en 2002 estaba constituido por amigos del paramilitarismo. Por otro lado, la National Security Archives, un grupo de investigación no gubernamental que trabaja en la Universidad George Washington logró que se de-clasificara un documento de 1991 de la Defense Intelligence Agency (DIA), una unidad del Departamento de Defensa estadounidense, en el que se mencionan 104 nombres de figuras prominentes con nexos con el entonces cartel de Medellín: el número 82 era álvaro Uribe.
Lo anterior no produjo alarma ni en Bogotá ni en Washington porque el mandatario colombiano estaba comprometido con una política recia de seguridad que buscaba evitar el colapso del Estado. Era evidente que el ejecutivo, que desde 2000 venía implementando el Plan Colombia financiado en parte por Estados Unidos (su aporte supera, a la fecha, los US $ 5.400 millones de dólares), le brindó un impulso adicional a esta estrategia anti-narcóticos con la llegada de Uribe. Según datos disponibles, entre 2002 y 2005 se fumigaron más de 530.000 hectáreas de cultivos de coca y se extraditaron centenares de colombianos (mayoritariamente, a Estados Unidos). Cabe destacar, sin embargo, que su efecto sobre la disponibilidad, precio y pureza de las drogas fue nulo. En 2005 el país continuaba teniendo una producción de 640 toneladas métricas de coca, al tiempo que en Estados Unidos la pureza de la coca se incrementó y el precio cayó a 100 dólares por gramo.
Es en este nuevo contexto que la Corte Suprema colombiana ha comenzado una labor decisiva para desentrañar los vínculos entre el paramilitarismo y la política en el país. Los avances son auspiciosos puesto que se han develado, con base en evidencias, los lazos entre figuras cercanas al ejecutivo y los comportamientos delictivos del paramilitarismo. Sin embargo, el gran interrogante es hasta dónde se llegará con este escándalo en el que se entrelazan vinculaciones oscuras y criminales que hacen pensar sobre un gran poder parapolítico en avanzado estado de consolidación.
He ahí el dilema: o la democracia colombiana domestica definitivamente al paramilitarismo o el Estado quedará plenamente corroído por él. Las incógnitas son obvias: ¿Qué hará el presidente Uribe? ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Cuál es el compromiso de la sociedad? En las dos ocasiones anteriores en las que se presentó la oportunidad de poner la casa en orden muy pocos quisieron o pudieron seguir adelante. Por conveniencia o incompetencia ni Bogotá ni Washington le pusieron coto a una clase social criminal y reaccionaria en franco ascenso. Si se volviese, por tercera vez, a repetir la historia, se habrá instituido una pax mafiosa en el país. Si, por el contrario, se asume con voluntad política, respaldo social y reforzamiento externo, la tarea de frenar y revertir el poder mafioso, entonces posiblemente el país pueda evitar el abismo y asegurar su democracia.
[Fuente: Por Juan Gabriel Tokatlian, El Tiempo, Bogotá, 06jun07. Juan Gabriel Tokatlian es director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina]
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iv) Asesinan a un líder del Barrio Nelson Mandela en Cartagena.
"Por decir la verdad". Sus amigos, familiares y allegados creen que ese fue el motivo que llevó a la muerte al líder cívico Manuel López Ayala.
Para ellos fue un homicidio lo que ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Nelson Mandela, en el sector Las Vegas.
"No fue un accidente como lo quiere hacer ver la Policía. Eso es algo absurdo. A López Ayala lo asesinaron con un arma hechiza por la espalda. La persona que le disparó escapó por una silla y una mesa que puso al lado de la pared del colegio donde Manuel vigilaba. A él (López) lo encontramos con la ropa interior puesta. No le hallamos ni sus documentos ni su arma de dotación. Las llaves de la puerta del colegio estaban a ocho metros de donde murió, junto a otra arma de fuego", contaron vecinos de la víctima que ayer en masa llegaron a la morgue de Medicina Legal a retirar sus restos.
A lo anterior, dicen otros líderes cívicos de Nelson Mandela, se suman las amenazas de muerte que Manuel había recibido en las últimas semanas y que puso en conocimiento de las autoridades.
"Pese a eso -asegura un allegado- no le brindaron la protección necesaria".
El cuerpo sin vida de Manuel López Ayala, de 48 años, fue encontrado por sus familiares a las siete de la mañana, preocupados porque no había regresado a su casa, a pocos metros.
El vigilante que le entregó el puesto en la noche dice que dejó a Manuel en compañía de un sobrino. De este último los familiares del difunto no tienen información.
El compañero de labores de López fue retenido por unas horas mientras explicaba su versión por lo ocurrido. El mismo domingo fue dejado en libertar tras comprobarse que en su casa no se halló el arma homicida.
De la mano con la comunidad
Fundaciones nacionales y organizaciones no gubernamentales lamentaron y expresaron ayer su rechazo por la muerte de López Ayala.
Marciano Puche, director nacional de la Fundación Mario Santo Domingo, describió a Manuel como "un hombre extraordinariamente bueno".
Barbarita Gómez, directora en Cartagena de esa fundación, dijo, por su parte, que López Ayala "era un hombre muy preocupado por la comunidad".
Según ella, el dirigente cívico se había comunicado hace poco con la fundación para darle a conocer cómo estaban adelantados sus proyectos: legalización del sector Las Vegas para que sus habitantes tengan subsidio de vivienda por parte del Estado; la donación de un terreno para la construcción de una cancha de fútbol; y una zona destinada exclusivamente para la tercera edad. "Siempre pensaba en su comunidad", anotó Barbarita Gómez, quien agregó que esa fundación lo asesoraba en todas esas gestiones.
Por su parte, la Asociación de Juntas Comunales de la Localidad Industrial de la Bahía rechazó el asesinato del líder comunal, "quien era conocido como un hombre defensor de los derechos humanos y un luchador del bienestar y desarrollo de las comunidades".
Preocupación por desplazados
Así mismo, la organización de personas en condición de desplazamiento (O.P.D.) denunció la grave situación que se está presentando en Cartagena con respecto a los lideres de población desplazada.
"Son hechos de amenazas y persecución de estos dirigentes y lideres cívicos por parte de grupos armados al margen de la ley que se han venido reorganizando en el departamento de Bolívar, especialmente en el Distrito de Cartagena", dice el comunicado de prensa, precisando que López Ayala era dirigente de O.P.D. y cívico del barrio Mandela, sector las Vegas, además de ser fiscal de la Organización Ashudebol.
Según ese organismo, a pesar de que López venia siendo objeto de amenazas constantes de los grupos emergentes de las Auc que quieren tomar el control del sector las Vegas, no se le efectuó una evaluación de riesgo efectiva.
"Nos estamos declarando en desobediencia civil hasta tanto las autoridades competentes no se sienten con nosotros para plantear una política verdadera de protección para los lideres de las O.P.D", agrega la comunicación.
Manuel López Ayala será sepultado hoy a las diez de la mañana en el Cementerio Jardines de Cartagena en medio de una marcha de protesta anunciada por varios líderes de Nelson Mandela.
"Es el cuarto dirigente que perdemos en cuatro años en Mandela. Necesitamos que nos escuchen", indicó una líder
[Fuente: El Universal, Cartagena, 19jun07]
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v) Vicente Castaño está reorganizando el paramilitarismo y las redes de narcotráfico.
El jefe paramilitar Vicente Castaño escapó hace tres semanas a un cerco que le tendieron agentes especiales de la Fiscalía y la Policía en una finca del Eje Cafetero, gracias a que un campesino alertó a los miembros de su cuerpo de seguridad. Desde entonces, las autoridades le perdieron la pista y será muy difícil localizarlo de nuevo porque, a diferencia de los viejos capos de la mafia que permanecían cerca de su zona de influencia, Castaño ha mostrado gran habilidad para movilizarse y esconderse en cualquier lugar del país.
En varias fotografías halladas en recientes operaciones de rastreo, el jefe paramilitar aparece protegido por un impresionante aparato de seguridad. En una de las fotos conocidas por CAMBIO, Castaño aparece en la entrada de una especie de cueva en una pequeña cadena de montañas en la Alta Guajira. Está vestido con pantalón azul oscuro, camisa blanca de manga corta, un poncho blanco y una gorra para protegerse del sol. Lo acompaña Gervasio Valdeblánquez, un influyente hombre de negocios guajiro que en el pasado fue uno de los protagonistas de la bonanza marimbera, pero que hoy no tiene cuentas pendientes con la Justicia. Sin embargo, uno de sus hijos, Yuri, ha sido pedido en extradición por una corte de Estados Unidos.
Los agentes que obtuvieron las fotos establecieron que Castaño se desplaza como Pedro por su casa en esa zona -protegido por un impresionante dispositivo de seguridad-, gracias a Valdeblánquez con quien al parecer también tiene negocios. Según fuentes de Inteligencia, el jefe paramilitar es acompañado permanentemente por cerca de 50 hombres muy bien armados que se movilizan en camionetas 4x4. El jefe de seguridad es un hombre conocido como Manuel Salvador Ospina.
Según han establecido los agentes encubiertos que intentan seguir las huellas del capo que huye desde 2005, cuando renunció a la Ley de Justicia y Paz, éste cuenta con una red de cooperantes e informantes que lo mantienen al tanto de cualquier movimiento que indique que las autoridades están cerca. "Un día lo ven en Norte de Santander hablando con reductos paramilitares que todavía le hacen contención a la guerrilla; otro día sorprende con su presencia en San Pedro de Urabá, Antioquia, donde imparte órdenes sobre la entrega de tierras a familias de escasos recursos, y una semana después se hace sentir en el Llano, donde es recibido por varios de los testaferros que le administran fincas productivas", le contó a CAMBIO uno de los investigadores.
Castaño también está protegido por campesinos de zonas donde hace obras de caridad y ejerce influencia, que como en el caso del Eje Cafetero lo alertan sobre cualquier tipo de movimiento sospechoso. "Hemos tenido problemas para capturarlo porque muchas personas lo ayudan con información y eso incluye a miembros de la Fuerza Pública", explicó un investigador, quien además asegura que "Castaño está recorriendo el país refundando a las antiguas autodefensas con el apoyo de jefes paramilitares de segundo nivel que están concentrados en zonas supuestamente desmovilizadas".
Según información recopilada por las autoridades, Castaño incide en las comunidades del Urabá antioqueño por medio de la ONG Colombia Sin Hambre, que tiene su sede principal en San Pedro de Urabá y a través de la cual canaliza recursos públicos con destino a su organización.
En comunicación con CAMBIO, Elvis Padilla coordinador de esta ONG negó rotundamente tener vínculos con el paramilitarismo y dijo que han sido estigmatizados por trabajar en zonas que en el pasado estuvieron bajo el control de las Auc (ver recuadro). Según él, sostuvo que el objeto de Colombia Sin Hambre es ayudar a la población más vulnerable y que una de las funciones es pedir tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y desarrollar proyectos productivos para desempleados.
Las autoridades, sin embargo, aseguran que muy pronto demostrarán cómo Castaño esconde recursos y lava activos a través de empresas de fachada. No cabe duda de que el jefe paramilitar es un hueso duro de roer, que controla un aparato paramilitar y que sigue llenando sus arcas con el tráfico de drogas. Hoy, Vicente Castaño es considerado un jefe natural de los paramilitares y un poderoso capo del narcotráfico que controla algunas de las rutas más productivas del negocio. Con todo y eso, las autoridades han llegado a pisarle los talones y, como sucedió en el caso de Pablo Escobar, están seguras de que tarde o temprano caerá.
ONG señalada
CAMBIO se comunicó con Elvis Padilla Castro, coordinador de la ONG Colombia Sin Hambre, quien aseguró que el objeto de su organización es ayudarle a la población más vulnerable y no cohonestar con grupos al margen de la ley. Dijo además que la función de su organismo es pedirle tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y conseguir proyectos productivos para personas desempleadas. "Aunque nuestra actividad se parece a la que supuestamente hace ese señor del que usted me habla, esta ONG no tiene nada que ver con él ¿asegura Padilla¿. Yo llevo dos meses aquí y he visto que nos estigmatizan por tener base en los sitios que antes estuvieron controlados por las Auc".
[Fuente: Cambio, Bogotá, 03jun07]
ALERTA - MÉXICO
el 22 de junio de 2007
Periodista de "Generos" que investiga corrupción policial y política en
Sonora atacado, busca asilo
FUENTE: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), México, D.F.
(CENCOS/IFEX) - En el marco de impunidad que impera en el país ante las
agresiones a periodistas y medios de comunicación, se da el caso de que
Claudio Tiznado del periódico "Géneros", que, después de haber sido
agredido físicamente, optó por pedir asilo en el extranjero.
El reportero que laboraba en el periódico bimensual Géneros, que se
encuentra en Hermosillo, Sonora, ciudad ubicada al norte del país, sufrió
una agresión a finales de abril de 2007. Esta agresión se le relaciona con
una serie de artículos de investigación que se publicaron con respecto al
tráfico de drogas, en lo cual se veían involucrados políticos y policías
corruptos en la población de Cananea, municipio del estado de Sonora.
Tiznado no levantó ninguna denuncia ante las autoridades competentes sobre
la agresión, sino que a consecuencia de la misma decidió pedir asilo en los
Estados Unidos de America, específicamente en el estado de Arizona.
Muy poca información se ha obtenido acerca de este caso ya que el occiso
guarda total hermetismo al respecto y es poca información la que se ha
difundido acerca del caso.
Cabe la pena mencionar que en los últimos dos años, siete periodistas han
sido reportados como desaparecidos en México. Uno de estos casos fue el de
Alfredo Jiménez Mota, quien desapareció el 2 de abril del 2005 mientras
trabajaba para el periódico "El Imparcial" en la ciudad de Hermosillo,
Sonora (ver las alertas de IFEX del 24 de enero de 2007, 4 de abril de
2006, 15 y 7 de abril de 2005). El 16 de abril, el reportero Saúl Noe
Martínez Ortega, quien trabajaba para el "Interdiario" de Agua Prieta, fue
secuestrado frente a la estación de policía de Agua Prieta, Sonora; su
cuerpo fue encontrado en el estado de Chihuahua una semana después (ver las
alertas del 27, 24 y 17 de abril de 2007).
CENCOS reitera su preocupación por la serie de agresiones que han sufrido
los comunicadores por su labor periodística y sobre todo por el clima de
impunidad que impera en tales casos. Exigimos una pronta acción del
gobierno para que se investigue y se castigue a los responsables de estos
ataques, ya que violentan la libertad de expresión en México, la cuál el
Estado está obligado a salvaguardar.
Para mayor información, comunicarse con Francisco Barrón Trejo, Coordinador
de Comunicación o Brisa Maya Solís Ventura, Directora Ejecutiva, de CENCOS,
Medellín 33, Colonia Roma, 06700 México, D.F., México, teléf: +52 55 55 336
475 / 55 336 476, fax: +52 55 52 082 062, correo electrónico:
cencos@cencos.org, Internet: http://www.cencos.org
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EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA ROCHELA: UN FALLO DE JUSTICIA PARA LA JUSTICIA
(Colombia) (Autor:CCAJAR- Editorial)
El 18 de enero de 1989, quince funcionarios judiciales investigaban en el departamento de Santander graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la desaparición forzada de 19 comerciantes. De repente, fueron abordados por varias decenas de hombres armados que se presentaron como miembros de las FARC, quienes procedieron a desarmarlos y encerrarlos alrededor de dos horas y media. Seguidamente, los ataron con las manos en la espalda y los introdujeron en dos camperos, siendo conducidos al sitio “La Rochela”. Allí, a sangre fría fueron ejecutados uno a uno, en total estado de indefensión y vulnerabilidad.
Tres de los servidores de la Rama Judicial sobrevivieron por designio del azar; ninguna autoridad estatal llegó en su auxilio. Procedieron los verdugos a dejar consignas escritas en los vehículos para hacer creer que la guerrilla había sido la autora de la masacre. Como botín, bajo sus brazos se llevaron más de una docena de expedientes que llevaba consigo la Comisión Judicial.
Luego se sabría que los autores materiales de tan execrable hecho fueron paramilitares pertenecientes al autodenominado grupo paramilitar “Los Masetos”, creado al amparo del marco legal que posibilitó la creación de grupos de autodefensa en Colombia [1]y auspiciado por terratenientes, políticos y ganaderos de la región con participación activa y estrecha cooperación de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular de altos mandos militares de la zona. Al mando de los ejecutores materiales de la masacre estaba alias “el Negro Vladimir”, quien posteriormente se convirtió en testigo clave de los hechos.
La masacre de La Rochela, no se produjo por mera casualidad, sino que fue deliberadamente planificada por narcotraficantes, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública para asegurar la impunidad sobre los crímenes que se venían cometiendo en la región, paralizar la actividad judicial frente a esta cadena consumada de hechos atroces ocurridos en el Magdalena Medio, e intimidar a los funcionarios del poder judicial encargados de la investigación de hechos similares constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.
***
Desde entonces, han transcurrido algo más de 18 años. Ante la impunidad reinante y rampante en el orden interno, sólo les quedó a las víctimas y sus familiares, la vía de llevar el caso ante instancias internacionales. En días pasados, el 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos produjo una decisión de gran importancia histórica condenando al Estado colombiano por acción y por omisión en tan horrendo hecho.
Durante el trámite ante la Corte, el Estado colombiano admitió su responsabilidad en la masacre de los funcionarios de la rama judicial, solicitando al Tribunal Interamericano que no hiciera referencia en su contexto en el que ocurrieron los hechos. Sin embargo, la Corte acertadamente consideró que el caso no podía ser debidamente tratado si se ignorara el examen del marco jurídico y fáctico que rodeó, facilitó y propició el crimen.
Determinó la Corte, que el Estado colombiano brindó sustento legal a la creación y fomento de grupos armados a través del decreto 3398 de 1965 que permitió que civiles fueran dotados de armas de uso privativo de las fuerzas militares para que actuaran como un cuerpo militar de autodefensa, sin control alguno o escrutinio estatal. Asimismo, estableció que el Reglamento y Manual de combate del ejército nacional constituyeron normas que favorecieron el desarrollo de estos grupos y su fusión con las fuerzas militares, a través de las figura de “guías” o “informantes”, patrullajes conjuntos y dotación de armamento militar. Al momento de la masacre de la Rochela todas estas normas estaban vigentes.
La sentencia reconoce que los hechos se produjeron en un contexto de violencia contra los servidores de la rama judicial, dirigido a impedir sus labores, amedrentarlos y así lograr la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, lo que imprime un carácter aún más grave del crimen, pues se trató de una acción del Estado para eliminar a sus propios funcionarios del poder judicial cuando se encontraban cumpliendo su misión de administrar justicia.
Sostiene el fallo que la justicia colombiana no operó y que el caso continúa “sustancialmente en la impunidad”, privando a las víctimas, su familiares y a la sociedad obtener el esclarecimiento de los hechos y conocimiento sobre lo realmente ocurrido (derecho a la verdad) y a la asignación de las responsabilidades correspondientes a través de la persecución, captura, investigación, juzgamiento y condena de los autores (derecho a la justicia).
Así, revela que la duración de los procesos judiciales ha superado los 17 años; que no se identificaron y siguieron patrones generalizados y sistemáticos de violencia que hubieran permitido una investigación eficaz; no se siguieron líneas lógicas de investigación para determinar la responsabilidad de altos mandos militares y jefes paramilitares; la justicia penal militar no debió conocer del caso por tratarse de una grave violación de los derechos humanos; la justicia disciplinaria y la penal fueron ineficaces; se incurrió en grave omisión en la protección de funcionarios, testigos y familiares de las víctimas; obstrucción a la justicia, entre otras protuberantes fallas.
***
Sobre la Ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz), la Corte estableció algunos parámetros que deben orientar su aplicación:
El Estado debe garantizar el acceso efectivo de las víctimas dentro de la actuación procesal de la manera más idónea, completa y participativa posible en todas las etapas del proceso; establecer un sistema eficaz de protección de justicia para operadores de justicia, testigos, víctimas y sus familiares; buscar la verdad histórica sobre lo realmente ocurrido; asegurar la contradicción y recursos efectivos; una investigación completa, imparcial y efectiva; un juzgamiento dentro de un plazo razonable; y una pena o sanción que sea proporcional al bien jurídico afectado y que sea efectivamente cumplida.
Además, la investigación debe esclarecer las estructuras criminales complejas y sus conexiones que hicieron posible las violaciones de los derechos humanos; establecer los patrones generalizados y sistemáticos en que se desarrollaron los crímenes. Finalmente, advierte que son inadmisibles las leyes que impidan la investigación y la respectiva sanción, así como tampoco es de recibo el desconocimiento del debido proceso, pues daría lugar a la reapertura de investigaciones, incluso si existen sentencias absolutorias.
En relación al delito de concierto para delinquir, sostiene la Corte que no opera la prescripción cuando tenga que ver con graves violaciones a los derechos humanos. Esta afirmación es muy importante, pues entendemos que el concierto para delinquir cuando se trata de apoyar y fomentar grupos paramilitares que cometen y cometieron crímenes contra la humanidad como su actividad central, debe ser considerado como imprescriptible por estar inescindiblemente ligado a esa clase de crímenes.
Hemos venido sosteniendo que las cabezas visibles de los gremios, de las empresas nacionales y trasnacionales, de los partidos políticos, servidores civiles y militares del Estado y de toda organización que haya estado comprometida con esta estrategia criminal debe responder más por crímenes contra la humanidad que por el lacónico concierto para delinquir. Así que, muy oportuno resulta el fallo de la Corte al declarar la imprescriptibilidad del concierto para delinquir cuando tenga que ver con graves violaciones a los derechos humanos. Recuérdese entre otras cosas, que fue a partir de la masacre de la Rochela que, por fin, el paramilitarismo pasó a ser parte de la lista de delitos contemplados en el código penal. Sin embargo, en la reforma del año 2000, este delito con este nombre, desapareció como por arte de magia de las páginas del código penal, le quitaron identidad jurídica y lo convirtieron en un simple agravante del concierto para delinquir, eso sí, cuidándose muy bien de omitir la palabra “paramilitarismo”, pues la misma dejó de hacer parte del código penal desde entonces.
También resaltamos que la Corte le recuerda la Estado que frente al derecho de reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tiene la obligación directa y principal de reparar a la victimas, lo que adquiere importancia vigente, dado que el marco jurídico que rodea la llamada “ley de justicia y paz” desconoce este principio. Así que el Estado no debe eludir o privatizar su responsabilidad en esta materia. Hablando de reparación. Por qué será que los bienes que viene expropiando la justicia a los jefes narcoparamilitares van a engrosar la fortuna de la Dirección Nacional de Estupefacientes en lugar de ser llevados al Fondo de reparación que contempla la ley de justicia y paz?. Acaso, no es eso lo que corresponde en justicia?.
Para terminar, saludamos la exigencia que hace la sentencia de la Corte en el sentido de reclamar al Estado su obligación de investigar y sancionar a los responsables de planificar y ejecutar la masacre de funcionarios judiciales que lo único que buscaban era evitar la impunidad en la cadena de crímenes que se venían cometiendo. Así que el Estado tiene la obligación ineludible de obrar de inmediato contra los principales responsables, incluidos aquellos que aprovecharon su calidad de autoridades para ofender la dignidad de la justicia y de la sociedad. No hay que empezar de cero...ya se sabe quienes fueron, sin embargo, siguen gozando estos “intocables” de los privilegios que brinda la impunidad...hasta cuándo?
La justicia tiene la palabra, pues está en deuda con la justicia.
[1] Artículos 25 y 33 del Decreto Legislativo 3398 de 1965 adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Reglamentos militares “Manual de Combate contra bandoleros y guerrilleros del 25 de junio de 1982 y Reglamento de Combate de Contraguerrillas del 09 de abril de 1969, aprobados por el Comandante General de las Fuerzas Militares
La siguiente es una resolución de la OEA sobre la Promocion de la
Corte Penal Internacional. LLama a los Estados a
ratificar, a implementar y a defender la integridad del Estatuto de Roma.
CCPI America Latina
AG/RES. 2279 (XXXVII-O/07)
PROMOCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL /
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007)
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1619 (XXIX-O/99), AG/RES. 1706
(XXX-O/00), AG/RES. 1709 (XXX-O/00), AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1771
(XXXI-O/01), AG/RES. 1900 (XXXII-O/02), AG/RES. 1929 (XXXIII-O/03), AG/RES.
2039 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2072 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2176 (XXXVI-O/06);
RECORDANDO TAMBIÉN la recomendación de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 6 rev., del 16 de abril de 1999,
Cap. VII, 21.3.B), así como su resolución No. 1/03 sobre juzgamiento de
crímenes internacionales y el documento “Marco de referencia para la acción
de la OEA con respecto a la Corte Penal Internacional” (AG/INF.248/00);
RECONOCIENDO que la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional,
el 17 de julio de 1998 en Roma, marca un hito en la lucha contra la
impunidad y que la Corte es un componente del sistema de justicia penal
internacional, constituyendo un instrumento eficaz para la consolidación de
la justicia y la paz internacionales;
CONSTATANDO con preocupación que en algunos lugares del mundo continúan las
persistentes violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho
internacional de los derechos humanos, y reafirmando que todos los Estados
tienen la obligación primordial de investigar, juzgar y castigar tales
violaciones a fin de prevenir su repetición y evitar la impunidad de los
perpetradores de tales crímenes;
CONVENCIDA de la importancia de preservar la efectividad e integridad
jurídica del Estatuto de Roma, incluida la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional y RECONOCIENDO el papel fundamental que tiene la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados y la firme voluntad de sus Estados
Parte para preservarlas;
CONGRATULÁNDOSE porque, con la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional el 1 de julio de 2002, la Corte Penal
Internacional se constituyó en la instancia judicial que complementa los
esfuerzos de las jurisdicciones nacionales para enjuiciar a los responsables
de los crímenes más graves de trascendencia internacional, tales como el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra;
CONSCIENTE de la importancia de la efectiva cooperación de los Estados, de
las organizaciones internacionales y regionales, así como del apoyo de la
sociedad civil, para el funcionamiento efectivo de la Corte Penal
Internacional;
TOMANDO NOTA a ese respecto que el artículo 87 (6) del Estatuto de Roma
reconoce el papel que pueden realizar las organizaciones
intergubernamentales para brindar cooperación a la Corte y que la resolución
ICC/ASP/5/32 de la Asamblea de los Estados Partes en su quinto período de
sesiones decidió invitar a otras organizaciones regionales pertinentes a que
consideren la posibilidad de concluir acuerdos de esa índole con la Corte;
ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN que 104 Estados han ratificado o han adherido al
Estatuto de Roma, entre ellos 23 miembros de la Organización de los Estados
Americanos, siendo Saint Kitts y Nevis el más reciente del hemisferio en
hacerlo y que 139 Estados lo firmaron, entre ellos 27 pertenecientes a la
Organización;
TOMANDO NOTA CON AGRADO de que 10 Estados de la Organización han ratificado
o adherido al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional, entre ellos Uruguay, Bolivia, Ecuador en 2006 y Argentina a
principios de 2007; y que otros están en proceso de hacerlo;
TOMANDO NOTA de los resultados del quinto período de sesiones de la Asamblea
de los Estados Parte del Estatuto de Roma, realizado del 23 de noviembre al
3 de diciembre de 2006 y del 29 de enero al 1° de febrero de 2007;
EXPRESANDO su satisfacción por los progresos alcanzados por la Corte Penal
Internacional para consolidarse como una instancia judicial plenamente
operativa y que la confirmación de cargos en el caso Fiscal v. Thomas
Lubanga Dyilo el 29 de enero de 2007 marca el inicio de una nueva etapa del
tribunal;
RECONOCIENDO la importante labor que realiza la Coalición por la Corte Penal
Internacional en la promoción y defensa del Estatuto de Roma con los Estados
Miembros;
HABIENDO VISTO el informe del Comité Jurídico Interamericano presentado en
cumplimiento de la resolución AG/RES. 2276 (XXXVI-O/06), contenido en el
documento CP/doc/4194/07;
EXPRESANDO su satisfacción por la celebración en la sede de la Organización,
el 2 de febrero de 2007, de la “Reunión de Trabajo sobre las medidas
adecuadas que los Estados deben tomar para cooperar con la Corte Penal
Internacional en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los
responsables de haber cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y
genocidio y delitos en contra de la administración de justicia de la Corte
Penal Internacional”, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos y con el apoyo de la Oficina de Derecho Internacional, en la cual
participaron representantes de la Corte Penal Internacional, de organismos
internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, y tomando nota de
los resultados de dicha sesión contenidos en el Informe del Relator
(CP/CAJP-2457/07 rev. 1); y
TOMANDO NOTA del informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General
contenido en el documento AG/doc.....,
RESUELVE:
1. Renovar el llamado a los Estados Miembros de la Organización que aún
no lo hayan hecho a que consideren la ratificación o adhesión, según sea el
caso, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.
2. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización que sean parte o
signatarios del Estatuto de Roma a que promuevan y respeten su objeto y su
fin, con miras a preservar su efectividad, integridad y lograr su
universalidad.
3. Recordar a los Estados Miembros de la Organización que sean Parte
del Estatuto de Roma la importancia de adaptar o realizar los cambios
necesarios en su legislación interna para su efectiva e íntegra
implementación, incluyendo asimismo las adecuaciones pertinentes de
conformidad con los instrumentos relevantes del derecho internacional de los
derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario que les sean
aplicables.
4. Instar a los Estados Miembros de la Organización a que cooperen de
la manera más amplia entre sí y según sea el caso, con la Corte Penal
Internacional a fin de evitar la impunidad de los responsables de haber
cometido los crímenes más graves de trascendencia internacional, tales como
los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, asegurándose de que su
legislación nacional facilita dicha cooperación y contempla los delitos de
la competencia de la Corte Penal Internacional.
5. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización a que consideren
la ratificación o adhesión, según sea el caso, del Acuerdo sobre Privilegios
e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y, en el caso de aquellos
Estados que ya son parte de dicho Acuerdo, a realizar lo conducente para su
efectiva e íntegra aplicación en el ámbito nacional.
6. Alentar a los Estados a que contribuyan al Fondo Fiduciario
establecido por la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma en
beneficio de las víctimas de crímenes que son de la competencia de la Corte
Penal Internacional, así como en beneficio de sus familias, y al Fondo para
facilitar la participación de los países menos adelantados.
7. Invitar a los Estados Miembros a que participen activamente en los
trabajos de la Asamblea de los Estados Partes en su calidad de Estados
Partes u observadores cuando sea el caso con el propósito, entre otros, de
profundizar las discusiones sobre la Conferencia de Revisión prevista para
2009 y asegurar la integridad del Estatuto de Roma.
8. Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que conforme a la
información recibida y actualizada proporcionada por los Estados Miembros,
así como las recomendaciones contenidas en el informe CP/doc. 4194/07, y las
legislaciones de cooperación existentes, elabore una legislación modelo
sobre cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional, tomando
en cuenta los diferentes sistemas jurídicos que existen en el hemisferio y
que la haga llegar al trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización.
9. Invitar a la Secretaría General a que designe un punto de contacto
para que considere celebrar un Acuerdo de Cooperación con la Corte Penal
Internacional e informe a los Estados Miembros sobre el desarrollo alcanzado
para este fin antes del trigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea
General.
10. Solicitar al Consejo Permanente que, con el apoyo de la Oficina de
Derecho Internacional, celebre una sesión de trabajo sobre las medidas
adecuadas que los Estados deben tomar para cooperar con la Corte Penal
Internacional, que incluya un segmento de diálogo de alto nivel entre los
Estados Miembros en el que se aborden las recomendaciones contenidas en el
informe CP/doc. 4194/07. Se invitará a la Corte Penal Internacional,
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que
cooperen y participen en esta sesión de trabajo.
11. Solicitar al Consejo Permanente que incluya el tema de la
implementación del Estatuto de Roma y del Acuerdo de Privilegios e
Inmunidades en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.
12. Solicitar al Secretario General que presente un informe sobre el
cumplimiento de esta resolución al trigésimo octavo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General la cual será ejecutada de acuerdo con los
recursos asignados en el programa - presupuesto de la organización y otros
recursos.
"Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos” INREDH
República 192 y Almagro, Edificio Casa Blanca Dto. 2-C, Telf: 593-2-2526365
www.inredh.org, presidencia@inredh.org, info@inredh.org
Inredh presentará demanda de inconstitucionalidad por la detención ilegal del defensor de DD.HH. Wilman Jiménez
A un año de la detención ilegal del defensor de Derechos Humanos de la provincia amazónica de Orellana Wilman Jiménez Salazar, por parte de la Fuerza Pública, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos –INREDH- que llevó el proceso penal ante la jurisdicción militar, que actualmente se encuentra ventilando ante la jurisdicción ordinaria, presentará en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Quito, el día martes 19 de junio, a las 10:00 a.m., en un Manifiesto Público la Demanda de Inconstitucionalidad del artículo 145 de la Ley de Seguridad Nacional, que ha sido utilizado para enjuiciar a civiles ante cortes y juzgados militares, violando de esta forma el principio de unidad jurisdiccional y el derecho a ser juzgado por tribunales competentes e imparciales.
Wilman Jiménez fue detenido el 19 junio de 2006, y acusado ante las cortes militares de cometer el delito de sabotaje y terrorismo, por encontrarse en calidad de observador de derechos humanos en una protesta pacífica realizada por las comunidades 15 de Abril, Punino y Payamino contra la Compañía Perenco, realizada para exigir el respeto de las leyes ambientales y remediación por los daños ocasionados por la contaminación petrolera.
Este es un caso más de las arbitrariedades que cometen los militares, amparados en la caduca Ley de Seguridad Nacional, que es utilizada para reprimir, enjuiciar y perseguir a los líderes sociales quienes, al igual que Jiménez, realizan una labor de vigilancia de sus actividades y exigencia del respeto a los derechos comunitarios de la población.
Wilman Jiménez en Rueda de Prensa expondrá su situación e Inredh expondrá los avances del caso a los medios a las 10:30 a.m.
Amanda Trujillo/Comunicación INREDH
COL 180607
Hostigamiento / Asesinato
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por fuentes fiables, y por Antenna Internacional, sobre el asesinato del Sr. Andrés Julián Melán, de 27 años, hijo de un destacado sindicalista de la empresa Textiles Rionegro, el Sr. Hernando Melan Cardona, en el municipio de Rionegro (Departamento de Antioquia), en hechos ocurridos en su domicilio, en la misma ciudad.
Según las informaciones, en la madrugada del 6 de junio de 2007, un grupo de criminales armados atacó en su propia casa a la familia del Sr. Melán Cardona, asesinando a su hijo, previamente citado, e hiriendo gravemente a su esposa, la Sra. Luz Ángela Velásquez, y a su otro hijo, cuyo nombre no ha sido informado.
De acuerdo con las denuncias, el Sr. Melán Cardona, quien es un sobresaliente defensor del proceso de unidad que se ha venido dando en todo el sector textil colombiano, proceso encabezado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), ya había recibido amenazas contra su vida anteriormente.
El Secretariado Internacional de la OMCT subraya con suma preocupación que, mientras en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro del marco de la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo, los empresarios y el gobierno han logrado en los últimos días que Colombia no fuera clasificada dentro del grupo de países que más viola los derechos laborales y los derechos humanos, cada vez son más comunes las amenazas, los actos de hostigamiento e incluso los asesinatos contra los sindicalistas en todo el país.
A este respecto la OMCT ha recibido las informaciones sobre el asesinato del Sr. John Jairo Arcila Parra, dirigente comunal y de los artesanos, y también líder político, ocurrido el 5 de junio de 2007, en la ciudad de Armenia, Departamento de Quindío. Según las denuncias, el Sr. John Jairo Arcila Parra habría hecho denuncias sobre la presunta corrupción que se venía presentando por parte de la administración municipal en el centro comercial popular, lugar donde serían instalados los vendedores ambulantes, a quienes él también dirigía.
La OMCT condena estos graves hechos de violencia, en particular el asesinato del Sr. Andrés Julián Melan y manifiesta su extrema preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. Hernando Melan Cardona y su señora esposa, Luz Ángela Velásquez, así como de todos los trabajadores sindicalizados en el Departamento de Antioquia, y en particular en este caso en el Oriente antioqueño.
Acción solicitada
Favor dirigirse a las autoridades municipales y nacionales de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. Hernando Melan Cardona y su señora esposa, Luz Ángela Velásquez, así como la de todos los trabajadores sindicalizados en el Departamento de Antioquia;
ii. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos: del Sr. Andrés Julián Melán y del Sr. John Jairo Arcila Parra, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar que se otorgue una adecuada reparación a todos los miembros de las familias del Sr. Andrés Julián Melán y del Sr. John Jairo Arcila Parra;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; Tél.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130,
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
***
Ginebra, 18 de junio de 2007
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
Jalapa, Veracruz a 15 de junio de 2007
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la
República
Lic. Francisco Ramírez Acuña, Secretario de
Gobernación
Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de
Veracruz
Lic. Juan Manuel Orozco Méndez, Secretario de
Seguridad Pública del estado de Veracruz
Lic. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la
CNDH
Actuaria. Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, Unidad de
Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH
Louise Arbour, Alta Comisionado de la ONU
Los ciudadanos veracruzanos firmantes, entre ellos el
Equipo de Comunicación Alternativa Zapateando,
zapateandoxalteo@gmail.com, y la Red Unidos por los
Derechos Humanos, redhver@gmail.com, solicitan su
intervención urgente ante los actos de represión
policiaca y encarcelamiento de campesinos huastecos en
lucha por la tierra.
HECHOS:
El domingo 10 de junio campesinos de la organización
Los Dorados de Villa recuperaron sus tierras en la
comunidad de Lomas del Dorado. Basados en una dotación
de septiembre de 1941, expresaron:
"Para nosotros esta acción es recuperar lo que nos
pertenece por derecho, no estamos invadiendo, sólo
estamos recuperando nuestras tierras, que nos han sido
despojadas injustamente. Son tierras comunales y
ejidales, y deben ser en beneficio de todo el pueblo.
Fundamos un nuevo centro de población, en las
aproximadamente 513 hectáreas, donde los ricos tenían
pasto para ganado y naranjos, hoy los indígenas, los
campesinos tenemos el poblado Diez de Junio."
Desde el inicio de la instalación del centro de
población, Los Dorados denunciaron la presencia
policiaca y militar. Temiendo una intervención
violenta del estado y los caciques regionales, los
campesinos pidieron a organizaciones sociales la
observación de derechos humanos. Así acudieron a
Ixhuatlán de Madero integrantes de la Red Unidos por
los Derechos Humanos y de colectivos de la Otra
Campaña en la región Huasteca– Totonaca.
En rueda de prensa el 14 de junio, en Poza Rica, Ver.,
los observadores de derechos humanos atestiguaron lo
que se pensaba era el compromiso del gobierno de Fidel
Herrera Beltrán :
"Hay un ofrecimiento del gobierno del estado,
representado por Roberto Alvarez Salgado, que plantea
tres puntos: Detener las actuaciones judiciales del
gobierno estatal, conminar a los particulares, la
familia Faisal, a no tomar acciones represivas en lo
particular, porque están armando a gentes allá,
pistoleros… La familia Faisal, Marcos y Josefina
Faisal (quienes aparecen como propietarios, aunque en
los documentos agrarios no aparece la propiedad) están
contratando a policías de Alamo para que, vestidos de
civiles, realicen una acción de las que ya conocemos,
con pistoleros de la región. Esto se le manifestó al
empleado de gobierno y él (Roberto Alvarez Salgado,
subdirector de organización, funcionamiento y enlace
regional, de la subsecretaría de gobierno veracruzana)
dijo que iba a conminarlos" a no actuar violentamente.
Sin embargo al terminar la rueda de prensa en Poza
Rica, la comisión de observación regresó al predio en
el municipio de Ixhuatlán y se encontró con que "está
lleno de policías, al parecer la fuerza pública del
estado de Veracruz ya los desalojo"...
Vía telefónica los observadores dijeron: "No sabemos
dónde están los compañeros". Poco después informaron
que: " hay entre 40 y 45 detenidos, la comunidad de
Lomas del Dorado está rodeada de policías."
En el transcurso la tarde y la noche del 14 de junio,
la información que tenían respecto al paradero de los
campesinos era muy poca. No les permitían verlos ni
saber dónde estaban. Sólo se sabía que los habían
trasladado a Chicontepec. Pero a la Red Unidos por los
Derechos Humanos les informaron que a los presos de
Ixhuatlán de Madero los trasladaron al penal de máxima
seguridad de Villa Aldama, a las 22 horas (del 14 de
junio).
Y que hay órdenes de aprehensión contra Héctor Colío
Galindo y Eliseo Macín Hernández.
En las primeras horas del 15 de junio, los presos
políticos lograron comunicarse con su familia y les
dijeron que los tienen en Benito Juárez, pidieron que
se les lleve de desayunar. Sin embargo, aún se
desconoce el número exacto, los nombres y la situación
de los detenidos. (Se calculan 45 - 47). La Red Unidos
por los Derechos Humanos informó:
"Por lo pronto, sólo conocemos los nombres de Gabino
Flores Cruz y de Javier Islas Cruz, el primero,
miembro de la organización campesina "Dorados de
Villa", en Ixhuatlán de Madero, Ver., y el segundo,
Javier Islas Cruz, del Comité "Sexta Declaración" en
Poza Rica, Ver., quien se encontraba en el lugar como
observador de la Red Unidos por los Derechos Humanos,
AC".
De la comunidad, tenemos los nombres de Severo
Antonia, Alicio Cruz, Luis, Daniel Cruz, Enrique
Flores, Antonio, Audecio y Domingo Francisca.
Vía telefónica un testigo, que prefiere omitir su
nombre por seguridad, declaró hoy a las 7 a.m:
"Antes de las cuatro de la tarde de ayer se había
quedado de acuerdo con el gobierno en un diálogo.
Estábamos en el campamento, el compañero Gabino salió
en coche blanco con alguien más. En tres minutos
llegaron 10 patrullas y un camión. En la entrada
empezaron a disparar y entraron al campamento. No
teníamos formas de defendernos, como se pudo tratamos
de escapar. Nos siguieron al monte disparando contra
nosotros. Agarraron a varios compañeros. Todo se armó
por los riquillos que tienen nuestras tierras".
Como ciudadanos mexicanos e integrantes de movimiento
nacional civil y pacífico la Otra Campaña expresamos
que: Este hecho se suma a las estrategias represivas
del mal gobierno mexicano como son: campaña de
desinformación y desprestigio; propaganda mediática de
criminalización; clima de terror con movimiento de las
fuerzas policíacas y militares; persecuciones
selectivas, detenciones, encarcelamientos, asesinatos
y manipulación del sistema judicial.
Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Veracruz,
a las autoridades locales y a la familia Faisal por la
integridad física de nuestros compañeros y exigimos su
libertad inmediata e incondicional.
Las demandas de los Dorados de Villa son:
Regularización inmediata de sus tierras. Libertad
inmediata e incondicional de los detenidos, presos de
conciencia. Cumplimiento de los compromisos por parte
del gobierno. Castigo a los responsables de la
represión y violaciones a derechos humanos.
Por lo anterior solicitamos
i. La liberación de los presos, quienes actuaron
pacíficamente y estaban en diálogo con la autoridad
ii. Que se garantice la integridad física y
psicológica, las garantías al debido proceso y de
seguridad jurídica a los 47 presos de conciencia
iii. Que se informe oficialmente de las acciones
tomadas por parte de las autoridades, la lista de
detenidos y los penales donde están.
iv. La suspensión de órdenes de aprehensión y acciones
punitivas contra la comunidad y contra integrantes de
la Otra Campaña
v. La salida del ejército, la policía y personal de
Seguridad Pública estatal de las comunidades indígenas
del estado de Veracruz y la Huasteca.
vi. El cese de las amenazas de violencia o de
cualquier otra forma de intimidación que menoscabe su
dignidad humana.
vii. De manera general, conformar sus acciones a lo
dispuesto por la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales
sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y referentes a
la protección de los Defensores de Derechos Humanos
ratificados por México.
ATENTAMENTE
Zapateando, Equipo de Comunicación Alternativa
Adherentes a la Otra Campaña?¡Le echamos aire a la
palabra para que vuele alto y lejos!
Colectivo Rincon rupestre
--
Va por La Otra Quintana Roo
"Nunca más un México sin nosotros"
Visita nuestro blog http://rinconrupestre.blogspot.com/
AFP
15/06/2007 21:37
México, D.F. El abuso de pruebas defectuosas o inexistentes, la negación de los derechos fundamentales a los procesados, particularmente a los indígenas, las mujeres y los pobres, ha destruido la confianza en el sistema de justicia mexicano, denunció este viernes Amnistía Internacional (AI).
"En todo México se ha detenido a decenas de personas sobre la base de pruebas defectuosas o inexistentes y se les han negado derechos fundamentales, lo que ha dado lugar a errores judiciales y ha destruido toda la confianza en el sistema de justicia y en el Estado de derecho", afirmó la organización de defensa de derechos humanos en un informe.
Amnistía Internacional ilustró sus acusaciones con siete casos de personas que fueron detenidas, en su mayor parte en el contexto de la represión de protestas sociales que tuvieron lugar el año pasado en San Salvador Atenco y Oaxaca.
En dichos casos, aseguró AI, los afectados fueron detenidos de forma irregular, bajo pruebas poco fiables, algunos sufrieron torturas, malos tratos o agresiones sexuales, y durante sus procesos judiciales se violaron principios como la presunción de inocencia o la asistencia letrada adecuada.
En el caso de acusados indígenas, con escasos o nulos conocimientos del español, la situación se agrava ya que éstos no suelen contar con un traductor o un abogado defensor que los entienda y les explique los detalles del proceso legal en su contra.
Además, criticó que "los agentes del Ministerio Público tienen poderes excesivos para determinar el valor de la prueba" y los jueces las dan por ciertas "sin garantizar explícitamente su examen con arreglo al principio de presunción de inocencia de la persona sospechosa".
"La impunidad de las violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma" y "en los pocos casos en los que se han llevado a cabo investigaciones oficiales sobre abusos, los mecanismos de rendición de cuentas son tan débiles que las personas responsables rara vez comparecen ante la justicia", concluyó el informe.
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276307527.html
DENUNCIAN DETENCIÓN ILEGAL Y TORTURAS
Marruecos procesa a nueve estudiantes por pedir la autodeterminación del Sáhara
Nueve estudiantes saharauis de la Universidad de Rabat se someten a juicio este martes por haber organizado una sentada en la que se limitaron a reclamar su derecho a la libre determinación y la puesta en libertad de otros compañeros, que también fueron detenidos por el mismo delito, según la legislación marroquí.
Presos saharauis denuncian torturas y anuncian una huelga de hambre hasta que Marruecos les "trate como seres humanos"
Marruecos condena a penas de hasta un año de cárcel a siete estudiantes saharauis por participar en una manifestación
Marruecos aumenta la represión al celebrarse el aniversario de la fundación del Polisario
LD (Beatriz Mesa) No existe ningún país que se postule democrático y al mismo tiempo procese a los ciudadanos por expresarse libremente.
Durante la sentada, los saharauis levantaron además pancartas en recuerdo del 34 aniversario del Frente Polisario, con lemas que, por otra parte, denunciaban las atrocidades humanas cometidas por las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental, y ante los ojos de los observadores internacionales “que viven a cuerpo de rey desde que se firmó el alto el fuego en 1991”.
De los nueves detenidos el pasado 17 de mayo, seis son estudiantes universitarios, dos son alumnos de secundaria y uno fue preso político que casualmente visitaba la residencia de sus camaradas en Rabat.
Según el Colectivo de Defensores Saharaui de los Derecho Humanos, contra todos ellos la policía utilizó la mordaza, la tortura, en definitiva, la represión e inmediatamente después de las palizas fueron trasladados hasta la cárcel, con presos comunes, sin apenas alimentación y asistencia médica, a pesar de las graves heridas que aún sufren.
Este juicio, que se ha pospuesto en varias ocasiones porque el letrado no disponía de testigos, se desarrollará, según el activista Omar Bulsan, sobre unas imputaciones falsas, que irán desde alteración al orden público y desobediencia hasta ataques a la autoridad. Es decir, se inventarán infinidad de delitos para llevar a estos jóvenes saharauis a prisión durante años, arruinando así sus carreras y estudios universitarios.
Las detenciones, explica Omar, “son continuas, al igual que los hostigamientos y malos tratos.” Insiste en que no se puede perder de vista que el régimen de Mohamed VI atenta contra los derechos fundamentales de todos los individuos, especialmente contra lo que son calificados ciudadanos de segunda.
Cualquier excusa es buena para la represión
“Nos acusan de todo y por todo, aunque el hecho en cuestión nada tenga que ver con nosotros”, explica Omar, que cualquier problema entre los marroquíes acaba salpicando a los saharauis, buscan cualquier resquicio para empuñar la porra y apalearles. Añade además que los saharauis son fácilmente localizables, porque se distinguen del resto de los ciudadanos mediante el DNI, que indica la SH, de El Aaiún.
A Bulsan, cuyos hermanas han permanecido entre rejas 16 años por luchar contra la invasión de 1975, no le sorprenden estos juicios arbitrarios, mediante los que pretenden doblegar a la minoría Saharaui, y ahora lo único que están consiguiendo es enturbiar las vísperas de unas negociaciones entre Marruecos y el Polisario, previstas para el día 18 de este mes, que está previsto que se desarrollen sin condiciones previas y bajo los auspicios de la ONU.
Durante esta ronda de conversaciones se quiere encontrar una salida “a la disputa territorial más antigua de África y establecer el estatus definitivo de la antigua colonia española”, anexionadan por Hassan II después de que los españoles se retiraran en el año 75 y abandonaran a los saharauis a sus suerte. “Si realmente la vocación política del país ocupante es alcanzar la paz y el entendimiento con quien a lo largo de la historia ha sido su enemigo, a qué responde tanta vejación contra los saharuis en sus casas, en sus tierras y la permanente persecución en el interior del régimen”.
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática advierte que si las conversaciones fracasan podrían reanudar su lucha armada, que acabó con el alto el fuego en 1991, patrocinado por la ONU.
ALERTA - MÉXICO
el 14 de junio de 2007
Periodista del diario "Tiempo" de Oaxaca herido por disparos tras amenazas
de muerte por investigar asesinato de Brad Will
FUENTE: El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Nueva York
Nueva York, 13 de junio del 2007 - El Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el ataque a balazos
contra un periodista mexicano que había recibido amenazas de muerte
vinculadas a su investigación del asesinato el año pasado de un periodista
estadounidense durante violentas manifestaciones callejeras en la ciudad
sureña de Oaxaca.
El martes en la noche un individuo no identificado le disparó dos veces a
Misael Sánchez Sarmiento, periodista del diario Tiempo de Oaxaca, frente a
su casa en las afueras de la ciudad, 323 millas (520 kilómetros) al sureste
de Ciudad de México, el director del periódico, Wenceslao Añorve, indicó al
CPJ. Sánchez, quien resultó herido en la mandíbula y la pierna izquierda,
se encontraba en condición estable hoy tras una cirugía.
Sánchez cubre la fuente política y está cargo de la unidad de investigación
del diario. Había recibido amenazas de muerte en noviembre del 2006 después
de informar sobre el asesinato el mes anterior del periodista
estadounidense Bradley Will (
http://www.cpj.org/Briefings/2007/DA_spring_07/Mexico_07/mexico_07.html ),
un documentalista independiente y reportero para el sitio Web Indymedia.
Will fue asesinado mientras cubría un enfrentamiento entre activistas y
agentes del gobierno en la capital provincial.
Añorve señaló que no sabía cuál había sido el motivo del ataque, pero cree
que está vinculado al trabajo periodístico de Sánchez. La policía local y
la procuraduría de justicia de Oaxaca están investigando el incidente,
añadió.
"Condenamos el ataque contra de Misael Sánchez Sarmiento", declaró Joel
Simon, Director Ejecutivo del CPJ. "Instamos a las autoridades de Oaxaca a
investigar profundamente esta agresión y a enjuiciar a todos los
responsables".
Tiempo es un periódico pro-gubernamental que ha criticado al grupo
antigubernamental de izquierda Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)
que se enfrentó el año pasado con las autoridades locales durante un
conflicto que mantuvo a la ciudad paralizada durante meses.
El conflicto comenzó el pasado junio cuando las autoridades locales usaron
gas lacrimógeno para reprimir una manifestación de docentes en huelga. Esta
acción motivó a que activistas de izquierda salieran a las calles para
exigir la destitución del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Ambos
partes del conflicto atacaron a los medios de comunicación mientras cubrían
los disturbios. El conflicto alcanzó su punto máximo con el asesinato de
Will en octubre.
Desde el año 2000, seis periodistas han sido asesinados (
http://www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html ) en represalia
directa por su trabajo, mientras que el CPJ continúa investigando las
circunstancias que rodean otros 12 asesinatos. Además, otros cinco
periodistas han desaparecido desde el 2005, tres de ellos este año.
El 9 de mayo, una delegación del CPJ se reunió con el embajador mexicano en
Estados Unidos, Arturo Sarukhan Casamitjana
(http://www.cpj.org/news/2007/americas/mexico09may07na_sp.html ). La
delegación instó al gobierno federal de México a adoptar medidas concretas
para proteger la libertad de prensa y procesar a los responsables de
crímenes contra periodistas.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en
Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
Para mayor información, comunicarse con Carlos Lauría (x120) o María
Salazar (x118), CPJ, 330 Seventh Ave., Nueva York NY 10001 EEUU, tel: +1
212 465 1004, fax: +1 212 465 9568, correo electrónico: clauria@cpj.org,
msalazar@cpj.org, sitio Internet: http://www.cpj.org
Esta información es responsabilidad del CPJ. Favor de reconocer al CPJ al
difundirla.
¡Consejo para los Derechos Humanos de la ONU debe mantener las comisiones para
los Pueblos Indígenas!
Asociación para los pueblos amenazados / Comunicado de prensa in
www.gfbv.it/2c-stampa/2007/070614es.html
¡Asegurar la tutela de los derechos de 400 millones de personas!
¡Consejo para los Derechos Humanos de la ONU debe mantener las comisiones para los Pueblos Indígenas!
Bolzano/Bozen, Göttingen, Ginebra, 14 de junio de 2007
El Consejo para los Derechos Humanos de la ONU debe seguir manteniendo a las comisiones y a las delegaciones de los pueblos indígenas en la misma ONU, que de hecho representan a unas 400 millones de personas en todo el mundo. Durante su 5. sesión en Ginebra, la ONU está debatiendo la reestructuración de los mandatos y de las competencias de lo que hasta 2006 fue la Comisión para los Derechos Humanos y que ahora se llama Consejo para los Derechos Humanos. Parte del mandato del Consejo son el trabajo de los relatores especiales y las comisiones como el Grupo de trabajo de los Pueblos Indígenas (WGIP - Working Group for Indigenous Populations).
En los pasados años el Grupo de trabajo de los Pueblos Indígenas ha desempeñado un papel fundamental en el ámbito de los derechos de las poblaciones indígenas en el mundo. Los representantes indígenas, junto a varias ONG y a expertos en cuestiones de derechos humanos, han elaborado la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada durante la primera sesión del Consejo para los Derechos Humanos en junio 2006.
La Asociación para los Pueblos Amenazados (APA) Internacional pide entonces al Consejo para los Derechos Humanos que dé continuidad al trabajo del Grupo de trabajo de los Pueblos Indígenas. Además la APA pide que se dé continuidad también al trabajo del relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas.
Según la APA de ninguna manera puede estar en discusión el principio según el cual las poblaciones indígenas se representen a si mismas frente a la organización internacional y luchen por sus propios derechos. También sigue siendo indispensable que la lucha de los representantes indígenas sea acompañada por el trabajo del relator especial. No podemos olvidar que en muchísimos países las poblaciones indígenas son una minoría, cuyos derechos son violados por los gobiernos, las transnacionales y la población mayoritaria. Las violaciones contra las poblaciones indígenas van de la discriminación a los desplazamientos, las persecución y el aniquilamiento.
Mira también:
* www.gfbv.it: www.gfbv.it/2c-stampa/2007/070109es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2006/061129aes.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2006/061012es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2006/061011es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060905es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060323es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2005/051021es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2005/050916es.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2005/050615es.html | www.gfbv.it/3dossier/diritto/ilo169-conv-es.html
* www: http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena | www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm
El E.S.M.A.D parece tener licencia para matar estudiantes en Colombia
Red dhColombia
dhcolombia / Sábado 9 de junio de 2007
Brutalidad policial contra estudiantes y educadores en Manizales en el marco de una marcha en defensa de la educación pública, en hechos ocurridos el pasado 8 de junio. Estos hechos se suman a la larga cadena de agresiones del ESMAD contra estudiantes y profesores que desde ya varias semanas se movilizan en todo el pais en denfesa de la educación pública.
1. La protesta pacifica que profesores y estudiantes vienen desarrollando en el país de manera masiva y pacifica, en contra del Plan Nacional de Desarrollo y el recorte presupuestal a la salud, la educación y el saneamiento básico, en la ciudad de Manizales ha sido reprimida de manera violenta por los integrantes de la fuerza pública, quienes de manera persistente hostigan las marchas que se han realizado en el propósito de difundir el grave riesgo que hoy vive la educación pública.
2. El pasado martes 6 de junio en horas de la madruga, de manera arbitraria integrantes del ESMAD bajo el mando del Coronel Luís Alfonso Novoa Díaz, y con el aval de Ricardo Gómez Giraldo rector de la Universidad de Caldas, irrumpieron violentamente en el campus universitario, causando graves destrozos a la planta física de la Universidad y privando injustificada y temporalmente a veinticuatro estudiantes de la libertad, los cuales fueron objeto de reseña y malos tratos físicos y verbales por parte de los funcionarios de la policía que los retuvieron.
3. En el día de hoy, ocho de junio y cuando educadores y estudiantes de la ciudad de Manizales se disponían a iniciar una marcha pacifica en defensa de la educación pública y en conmemoración de la jornada del estudiante caído, fueron agredidos de nuevo de manera brutal por integrantes del ESMAD.
4. Como resultado de la criminal actuación de los integrantes de la fuerza pública resultaron heridos los estudiantes Universitarios Mayra Lamprea Gómez y Daniel Eduardo Alzate, el educando de secundaria Gustavo Adolfo Sánchez y el profesor y dirigente del Sindicato de Educadores de Caldas EDUCAL, Juan Carlos Martínez Gil, quien recibió un cristal disparado por los integrantes del ESMAD y al momento corre el riesgo de perder un ojo.
5. La brutalidad policial no tiene límites. En la toma violenta que hicieron de la Universidad de Caldas en horas de la madrugada del pasado seis de junio agredieron a miembros de la comunidad universitaria que cumplían labores médicas y de sanidad en el campamento pacífico que se realizaba en defensa de la educación pública, y en el día de hoy, han hostigado en las instalaciones de la Clínica Versalles a estudiantes y profesores víctimas