HAVANA (AFP) — Cuba has cracked down on a bold demonstration organized by the leading woman dissident in the Americas' only communist-ruled country.
At least 21 Cuban dissidents were detained and prevented from joining the protest outside the Justice Ministry in Havana Thursday led by prominent activist Martha Beatriz Roque, whom police took home by force, Roque told AFP.
Roque, an economist who has been twice jailed for her opposition to the ruling Communist Party, and five other protesters went to the ministry to deliver a letter to Justice Minister Maria Esther Reus demanding better treatment for political prisoners.
During the protest, Roque said a crowd of about 100 government supporters gathered across the street to taunt them, calling them "mercenaries" and "worms," everyday insults the government uses for foes of the one-party system.
Soon after "some 15 agents of state security and three women police officers forced me onto a bus," she said. Police then dropped her off at her home.
Two of those detained with Roque belonged to the group "Women in White," comprised of wives of political prisoners. The group was "pushed aboard" the bus and "verbally mistreated" and also driven home, Roque said.
The officer in charge told Roque that police were protecting her from "the wrath of the people," the activist said.
Roque told AFP that the group of 21 detainees included Jorge Luis Garcia Perez, who was released in April after 17 years in prison for political offenses.
According to the dissidents there are 250 political prisoners in Cuba, a number that has decreased during the 14-month interim presidency of Raul Castro.
The Cuban government however denies there are political prisoners, or dissidents as such, claiming that those who oppose it are being paid by the United States.
US President George W. Bush, in a speech to the UN General Assembly in New York Tuesday, called for "free and competitive elections" in Cuba, saying the long rule of ailing President Fidel Castro "is nearing its end."
"In Cuba, the long rule of a cruel dictator is nearing its end," he told world leaders gathered here, in a reference to Castro.
"The Cuban people are ready for their freedom," he added, stressing as the communist-ruled island enters a period of transition, "The United Nations must insist on free speech, free assembly and ultimately free and competitive elections."
The United States and Cuba do not have full diplomatic relations. The United States has a trade embargo on Havana stretching back 45 years.
Fidel Castro underwent intestinal surgery on July 27, 2006, and has not been seen in public since. Just after the operation he "provisionally" handed power to his brother Raul, Cuba's longtime number two, though Cuban authorities insist the veteran leader is still involved in major issues.
CONTACTOS: David Lerner, Riptide Communications, 212-260-5000
Sheila Turner, Akin Gump Strauss Hauer & Feld, 202-887-4000
Michael Jones, Harvard Law School, 617-495-9214
Demandas de derechos humanos contra el ex-presidente boliviano y el ex-Ministro de Defensa por complicidad en ataques contra civiles
Sesenta y siete muertos y más de 400 heridos durante las protestas populares de 2003
26 de septiembre de 2007, Nueva York, NY. - El día de hoy, el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés para Center for Constitutional Rights) anunció que, junto con otros abogados de derechos humanos, presentó dos demandas contra el ex -Presidente boliviano, Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Bustamante, y el ex - Primer Ministro de Defensa del mismo país, José Carlos Sánchez Berzaín, por su papel en el asesinato de civiles durante las protestas populares contra el gobierno boliviano en septiembre y octubre de 2003.
Las demandas buscan obtener una reparación compensatoria y punitiva a la luz de la Ley de Responsabilidad Extra Contractual (Alien Tort Statute) y la Ley de Protección de la Víctima de Tortura (Torture Victim Protection Act). Dichas demandas acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por su responsabilidad respecto de ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra la humanidad, así como por su papel en la masacre de civiles desarmados, incluidos menores de edad. En septiembre y octubre de 2003, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ordenaron a las fuerzas armadas bolivianas el uso de la fuerza letal, incluyendo la utilización de rifles de alto calibre y ametralladoras, para suprimir las protestas populares de civiles contra las políticas gubernamentales.
En total, durante esos dos meses, las fuerzas bajo su liderazgo asesinaron 67 mujeres, hombres y menores de edad e hirieron a más de 400 personas. Prácticamente todos ellos pertenecían a comunidades indígenas aymara.
Los diez demandantes son bolivianos aymaras y familiares de quienes fueron ejecutados por las fuerzas bajo el comando de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Algunos de los demandantes son: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años fue asesinada en el cuarto de su madre cuando un solo disparo atravesó la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa –quien estaba embarazada– fue asesinada luego de que una bala atravesó la pared de la casa en que se encontraba, matándola a ella y al no-nato; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de sesenta y nueve años fue ejecutado con arma de fuego a la orilla de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre recibió un disparo y fue asesinado.
“Preferiríamos que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueran regresados a Bolivia para que enfrentaran un juicio aquí; pero si eso no pasa, las cortes estadounidenses son la mejor alternativa. Esperamos que el poder judicial de los Estados Unidos otorgue un juicio justo a las víctimas y a los demandados. Pedimos justicia,” dijo el demandante Juan Patricio Quispe Mamani.
El 17 de octubre de 2003, tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín huyeron a los Estados Unidos. Sánchez de Lozada vive actualmente en Chevy Chase, Maryland, y Sánchez Berzaín reside actualmente en Miami, Florida. Se interpusieron dos demandas por separado: una ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Maryland contra Sánchez de Lozada y otra en el Distrito Sur de Florida contra Sánchez Berzaín. Ambas demandas fueron interpuestas por los mismos demandantes y por los mismos cargos de violaciones de derechos humanos.
“Los violadores de derechos humanos, como los demandados, no pueden asumir más que tendrán un cielo seguro en los Estados Unidos. Al contrario, nuestras cortes los declararán responsables por violaciones de derechos humanos universalmente reconocidos,” añadió Judith Chomsky, abogada asesora de CCR, quien ha estado involucrada en la serie de casos en que se ha aplicado la Ley de Responsabilidad Extra Contractual (Alien Tort Statute), litigados por CCR en los Estados Unidos, desde la fundamental decisión en el caso Filartiga v. Pena Irala en 1980.
“Estamos comprometidos a que se haga justicia para cada uno de los demandantes y a forzar a los demandados a enfrentar las consecuencias de su desastroso liderazgo durante este periodo,” dijo Steven Schulman, socio del bufete jurídico Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
El equipo legal incluye a Paul Hoffman, del bufete jurídico Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris and Hoffman; Jennie Green, abogada titular de CCR y Judith Chomsky y David Rudovsky, abogados asesores de CCR; Steve Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger, del bufete jurídico Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP; James Cavallaro y Tyler Giannini, de la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; así como a los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman.
Acerca de CCR
El Centro por los Derechos Constitucionales se dedica a promover y proteger los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fundado en 1966 por abogados que representaban los movimientos de los derechos civiles en el Sur, CCR es una organización legal, con finalidad educativa y sin fines de lucro, comprometida con el uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio social.
oidhaco@11.be
Vlasfabriekstraat 11, B-1060 Bruselas
Bélgica
Tel. 322 5361913, 322 5361932
Fax.322 5361943
Oficina Internacional de Derechos Humanos
Acción Colombia
OIDH-ACO
Carta abierta
La Unión Europea debe ser firme en pro de la verdad y de la paz en Colombia
Solicitamos a la UE y a sus Estados Miembros que no ayuden a legitimar un proceso de “desmovilización” que no respeta los derechos de las víctimas.
El 3 de octubre de 2005 el Consejo de la Unión Europea definió su posición frente al llamado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Dos años más tarde se confirman las preocupaciones iniciales de que ese proceso no garantiza el desmantelamiento real de los grupos paramilitares ni los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Actualmente, la UE está preparando una actualización de su posición frente al actual proceso de desmovilización y ante ello manifestamos lo siguiente:
Se debe garantizar la no-repetición de los crímenes. Las estructuras paramilitares no se han desmantelado como lo prueban las acciones criminales de numerosos grupos, algunos se reivindican como “nuevos grupos”, en muchas regiones del país. Esta situación ha sido corroborada, entre otros, por la MAPP-OEA en su último informe. Desde diciembre de 2002 han sido victimizadas impunemente más de 3.000 personas en crímenes violatorios de la tregua unilateral declarada por las AUC. Siguen las amenazas y acciones en contra de defensores de derechos humanos y sigue el control social sobre las comunidades victimizadas. Los paramilitares conservan sus riquezas y fuentes de financiación y existen evidencias de que siguen manejando el negocio del narcotráfico.
Se debe establecer la verdadera dimensión del paramilitarismo. 34 congresistas y excongresistas cercanos al gobierno se encuentran investigados penalmente dentro del escándalo de la llamada parapolítica. 20 de ellos están detenidos. También están detenidos o prófugos altos exfuncionarios del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, entre ellos el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fallar sobre casos de masacres, ha condenado al Estado colombiano por los vínculos estructurales e históricos entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares. Ni estos vínculos ni el papel del Estado en la expansión del paramilitarismo, están siendo investigados en el proceso de desmovilización. Fuera del país, varias multinacionales están siendo investigadas judicialmente por financiar el paramilitarismo.
Se debe garantizar el derecho a la verdad: No existen garantías para la preservación de la verdad ni para su conocimiento por la sociedad colombiana y se corre el riesgo de que termine siendo parte de un informe en abstracto. Se promueve que comunidades y víctimas se reconcilien y trabajen juntos con desmovilizados, sin que se haya establecido la verdad ni pedido perdón por los crímenes. Los jefes paramilitares justifican sus crímenes, no dan garantías de no repetición y no han dado ninguna muestra de arrepentimiento.
Se debe garantizar el derecho a la justicia: Según cifras oficiales la llamada Ley de Justicia y Paz (LJyP) sería aplicable solamente a 2.695 paramilitares de los más de 31.671 desmovilizados. Los otros 28.976 habrían sido beneficiados por amnistías de facto previstas por fuera de la LJyP. La Corte Constitucional ajustó esta Ley a la Constitución y a los tratados internacionales pero el gobierno revirtió parte de esa sentencia mediante un decreto posterior. No se han destinado recursos suficientes a la justicia colombiana ante la magnitud de los crímenes que debe investigar y sancionar. Las víctimas, sus familiares y sus abogados están sometidos a amenazas permanentes y varios han sido asesinados.
Se debe garantizar el derecho a la reparación incluyendo la devolución de entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras de las cuales han sido desplazados más de tres millones de personas. La mayoría de estas personas fueron desplazadas como parte de la estrategia paramilitar. Actualmente cursan en el Congreso dos proyectos de ley (ley de tierra y ley para el saneamiento de titulación de propiedades inmuebles) que facilitarían a los victimarios la legalización de esas tierras robadas de las cuales sólo han entregado unos pocas miles de hectáreas. Mediante el terror, la estrategia paramilitar permitió acumular fortunas controlando economías lícitas e ilícitas que siguen bajo el control de los paramilitares como verdaderos botines de guerra. No hay actuaciones concretas y efectivas de parte del gobierno para asegurar que los paramilitares realmente entreguen estos recursos para destinarlos a reparar a las víctimas a través de los mecanismos previstos.
Por lo tanto consideramos que el proceso actual banaliza el concepto de lo justo y lo injusto y no está dirigido a reinstaurar el Estado de derecho, ni en lo jurídico, ni en lo político y ni siquiera en lo simbólico.
Para que el proceso de desmovilización paramilitar pueda convertirse en un aporte para la paz, las organizaciones firmantes instamos con vehemencia a la UE y a sus Estados Miembros:
• a que no apoyen política ni económicamente el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en las condiciones evidenciadas en estos dos años y a que no contribuyan a una reparación administrativa de las víctimas que exonere de sus deberes a los paramilitares y al Estado;
• a que la cooperación de la UE esté al lado de las víctimas, contribuyendo a garantizar su protección y su dignidad y oponiéndose a reconciliaciones forzadas que consoliden el poder de los victimarios y nieguen los derechos de las víctimas;
• a que la UE respalde a la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para que se garantice su actuación independiente;
• a que exijan al Gobierno colombiano que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación así como el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares. Se necesita un mecanismo efectivo e independiente para establecer la verdad;
• a que insten al Estado colombiano para que se establezca toda la verdad sobre las responsabilidades de agentes e instituciones del Estado y para que se depuren todas sus instituciones de posibles nexos con paramilitares.
Bruselas, 28 de agosto 2007
Firmas
Alemania
AGEH: Asociación de Cooperación para el Desarrollo - el servicio especializado de los católicos alemanes para la cooperación internacional, Bonn, Alemania.
Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados, Gotinga
Asociación para Nicaragua en Duesseldorf
Basisinitiative Solidarität (BaSo) (Alemania)
Campaña Colombia, Berlin
Centro de Derechos Humanos, Nuremberg
Círculo de amigos de Luz de Luna
Comisión Alemana de Justicia y Pax
Consejo Diocesano de Laícos en la Diócesis de Arquisgrán
Departamento de Derechos Humanos de la Obra Diacónica, Stuttgart eed: Church Development service - An association of the protestant churches in Germany
Grupo Colombia-Berlin
Grupo Colombia en Nurtingen
kolko e.V. – Derechos Humanos por Colombia
MISEREOR - Obra episcopal de cooperación al desarrollo e.V.
Movimiento Internacional por la Reconciliación – Alemania, Minden pax christi Alemania – Comisión Fondo de Solidaridad
Pan Para El Mundo, Stuttgart
Premio de Paz de la ciudad de Aquisgrán, Aquisgrán
Red Ecuménica de Cristianos, Dusseldorf terre des hommes – Alemania, Osnabrueck
Austria
DKA Acción de los Reyes Magos de Austria, Viena
KFB, Movimiento de las Mujeres Católicas de Austria
Bélgica
Broederlijk Delen, Bélgica
Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur, 11.11.11
Comité pour le respect des droits humains “Daniel Gillard”
Oxfam-Solidarité, Bruselas
ProPaz para Colombia, Bruselas
España
Asamblea internacional de la sociedad civil por la paz, Madrid.
ATELIER - Asociación para la cooperación internacional al desarrollo.
Colectivo de colombianos refugiados en Asturias, España "Luciano Romero Molina"
Comité Oscar Romero, Madrid
Comunidad de Vanguardia Obrera
Comunidades Cristianas Populares
Federación de Comités en Solidaridad con Africa Negra
Intermón Oxfam (miembro de Oxfam International), Barcelona
PTM-mundubat, Bilbao
Soldepaz.Pachakuti, Astrurias
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització – Debtwatch, Barcelona
Francia
ACAT-Francia, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura
Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo – CCFD Explorer Humanity
Federación SUD
Francia América Latina, Paris
Secours Catholique – Caritas Francia, Paris
Holanda
CMC - Mensen met een missie, La Haya
Cordaid, La Haya
Oxfam Novib (Oxfam Internacional), La Haya
Irlanda
Trocaire
Italia
Fundación Neno Zanchetta – Lucca
Observatorio Independiente sobre la Región Andina y Latinoamérica SELVAS, Milán
Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!, Narni
Portugal
Instituto por la Paz Global –IGP
Suecia
Red Colombia
Suiza
Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la paz de colombia y el mundo - capítulo
Suiza
Switzerland
Bethlehem Mission Immensee
Grupo de Trabajo Suiza – Colombia
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Ginebra
Reino Unido
Christian Aid, London
Just Solutions Network, Hove
Oxfam UK, Oxford, UK
Organizaciones Internationales
Franciscans International
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Comisión Internacional de Juristas - CIJ
Otros países
Canadian Autoworkers Local 199, Canada
INREDH, Regional advisory on Human Rights, Quito, Ecuador
Asociación Pro Derechos Humanos, Lima, Peru
Organizaciones Colombianas
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, conformada por 187 organizaciones sociales y de derechos humanos
Plataforma Colombiana por los Derechos Humanos, la Democracia y el
Desarrollo conformada por 110 organizaciones sociales y de derechos humanos
La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación
Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, conformada por 135 organizaciones sociales y de derechos humanos
Asamblea Permanente de la Sopciedad Civil por la Paz, conformada por 800 organizaciones sociales y de derechos humanos
Asociación de Mujeres Activas, Barranquilla Colombia
Asociación de Mujeres de Itagüi AMI Itagüi – Colombia
Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, Bogotá, Colombia
Asociación para la promoción social alternativa “MINGA”, Bogotá, Colombia
Asociación prodesarrollo de Familia APRODEFA – Barranquilla – Colombia
Asociación Prodesarrollo de Familias de Barranquilla (APRODEFA) Barranquilla Colombia
Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción FUNSAREP – Cartagena – Colombia
Asociación Tierra de Esperanza – Santa Marta – Cactus – Bogotá - Colombia
Center for Investigation and Popular Education, Centro de Investigación y Educación
Popular – CINEP - Bogotá – Colombia
Christians for Justice and Peace Corporation, Medellin
Colectivo Estudiantil de Derechos Humanos "Gonzalo Bravo", Medellin - Colombia
Colombian mennonite foundation for development - MENCOLDES
Comisión Colombiana de Juristas
Comité de integración del Macizo Colombiana CIMA – Popayán – Colombia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Bogotá – Colombia
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC - Popayán – Colombia
Cooperativa de Trabajo Asociado Profesionales por la Paz PROPAZ – Neiva – Colombia
Corporación Compromiso, Bucaramanga – Colombia
Corporación de Derechos Humanos REINICIAR – Bogotá - Colombia
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIASE, Bogotá, Colombia
Corporation Jurídica Libertad, Medellin
Corporación Mujeres y Economía REMTE, Colombia
Corporación para la Paz y el Desarrollo Comunitario CORPADEC – Santa Marta –
Colombia
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades –Medellín – Colombia
Corporación para la Salud Popular Grupo Guillermo Ferguson – Bogotá - Cartagena –
Colombia
Corporation Pax Christi, Barrancabermeja
Corporación Punto de Vida
Corporación Sisma Mujer, Bogotá, Colombia
Enda Thirld World-Colombia. Enda América Latina-Colombia – Bogotá – Colombia
Equipo de Asesorías a Proyectos de Desarrollo Integral Comunitarios -APRODICCartagena,
Colombia.
Escuela Nacional Sindical, Medellín, Colombia
Federación Nacional de organizaciones de vivienda popular FEDEVIVIENDA, Bogotá,
Colombia
Foro Nacional por Colombia Capítulo Valle – Cali – Colombia
Fundación Dos Mundos regional Cauca – Popayán – Colombia
Fundación Hogar Juvenil – Cartagena – Colombia
Fundación para la Investigación, Educación y Desarrollo para el Hábitat Popular FIDHAP –
Bogotá – Colombia
Fundación Semilla de Esperanza (FUNSES) Baranoa (Atlantico), Colombia
Foundation for the Popular Communication, Popayán - Colombia
Foundation Happy Childhood - Fundación Infancia Feliz – Barranquilla – Colombia
Guagua Foundation, Cali
Human Rights Collective, Seeds of Freedom, Medellin
Humanidad Vigente – Corporaci¡on Juridica, Bogota, Colombia
Institute for Popular Education – IPC, Medellin
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA – Bogotá – Colombia
Intersindical – Itagüi – Colombia
La Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos ASFADDES, Bogota- Colombia
Lawyers Corporation José Alvear Restrepo, Bogotá
Lawyers Collective Luís Carlos Pérez, Bucaramanga
Manuel Cepeda Vargas Foundation
Nogueira – Anthropos Editorial, Bogotá
Observatorio Surcolombiano de derechos humanos y violencia OBSURDH – Neiva-
Colombia
Peasants Association of the Cimitarra Valley – ACVC, Barrancabermeja
Podion Foundation, Bogotá
Ruta Pacífica de las mujeres capítulo Cauca - Popayán – Colombia- Popayán – Colombia
San Isidro Foundation, Duitama
Teknos Foundation, Barranquilla
Trade Union for Education Workers – SUTEV, Cali
Youth Colombian Worker – J.T.C., Bogotá
Para mayor información, pueden contactar OIDHACO.
Calixto Avila Rincón, Tel. 0032 2 5361913/5361932; oidhaco@11.be
Oficina Internacional de Derechos Humanos
Acción Colombia