Cese inmediato de represión y retiro de FFAA
de comunidades civiles de San Pedro y Concepción.
LOS HECHOS
En la tarde del lunes 12 de enero de 2009, fue asesinado por sicarios, Martín Ocampos Páez, en la Colonia Hugua Ñandu, Concepción, donde según investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY, entre 1989 y 2005, fueron asesinados 12 campesinos en la lucha por la tierra. Martín Ocampos Páez es el director de la Radio Comunitaria Hugua Ñandu FM, además es miembro del Comité de Productores en formación de esa localidad. La radio funciona en una escuela que fue construida por la comunidad.
Militares, policiales y fiscales destinados en la zona de Tacuatî, supuestamente para combatir el crimen organizado, torturan a los campesinos detenidos, según el relato de las víctimas que recogió la propia CODEHUPY a través de su equipo jurídico. Miembros de comunidades cercanas también denuncian extrema violencia policial-militar-fiscal en las intervenciones que se están desarrollando en estos momentos. Entre los torturados se encuentra Alcides Martínez, quien aún sigue detenido, Crispín Fernández y Américo Fernández, quienes fueron puestos en libertad el lunes 12 de enero, en horas de la tarde. El Obispo de Concepción Zacarías Ortiz y médicos independientes denuncian que los detenidos por militares, policías y fiscales fueron torturados brutalmente, siendo desgarradores los relatos.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES NACIONALES, INVESTIGACION, JUICIO Y CASTIGO DE RESPONSABLES CAIGA QUIEN CAIGA
Ante las recientes acciones militares, policiales y fiscales en la zona norte del país, que movilizadas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población de los departamentos San Pedro y Concepción, hoy, existen fundados testimonios que denuncian la utilización de torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos selectivos, por parte de agentes del estado paraguayo o con la adquiescencia de ellos, denunciados por el propio Obispo de Concepción. Es una réplica del Plan Colombia? Esto es inaceptable en un estado de derecho!
Hoy, existen fuertes sospechas de que estos asesinatos selectivos están siendo perpetrados con apoyo de factores de poder político y económico importantes que se mantienen en absoluta impunidad y con la adquiescencia de diversas instancias del estado paraguayo que permiten la existencia de estos escuadrones de la muerte. El rol de las Fuerzas Armadas no debe ser para reprimir a su propio pueblo, sino la defensa de la soberania nacional, especialmente custodiando las fronteras, conforme a clausulas constitucionales. La infeliz decisión del gobierno de hacer intervenir a las fuerzas armadas nos hace recordar la dura y oscura época de la represion stronista, que seguramente fueron concretadas más bien para acallar las múltiples presiones de sectores conservadores y oligárquicos de nuestro país, como los sojeros, sectores ganaderos y otros poderes fácticos, que no desean ninguna reforma o cambio que favorezcan a los sectores históricamente pauperizados, los campesinos. Esto es inaceptable en un estado de derecho!
Y es la sistemática impunidad con que se cometen y el que jamás haya juicio y castigo a los culpables, lo que los delata. Y nosotros, los familiares de detenidos desaparecidos, asesinados y víctimas de la dictadura 1954-1989, sabemos de lo que hablamos y sabemos de que esta situación represiva, que solo trae luto a las familias paraguayas, debe terminar inmediatamente. Esto es inaceptable en un estado de derecho!
Por tanto, peticionamos al Presidente de la República Fernando Lugo Méndez, al Ministro del Interior Rafael Filizzola Serra, al Ministro de Defensa Bareiro Spaini, al Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla:
a) que se respeten y se haga respetar plenamente las garantías y derechos humanos de todos los ciudadanos de estos departamentos, el cese inmediato de los actos represivos, y el retiro inmediato de todas las fuerzas militares de las comunidades sitiadas,
b) la constitución de una Comisión investigadora formada por organizaciones nacionales de probada trayectoria en Derechos Humanos y conocimiento de organismos internacionales de protección a los DDHH y de lucha contra la tortura. La gravedad de la situación, así lo amerita.
c) la apertura de una inmediata investigación fiscal sobre estas actuaciones estatales y las actuaciones mafiosas, la separación del cargo de los agentes estatales indiciados como perpetradores de torturas y/o adquiescencia con el accionar de escuadrones de la muerte,
d) la apertura de los sumarios que correspondan en las instituciones afectadas, y que sean relevados de sus puestos, caiga quien caiga,
e) juicio y castigo a los responsables de tales vandálicos hechos contrarios a nuestra legislación y tratados aprobados por el estado paraguayo, sean fuerzas armadas, fuerzas policiales, fuerzas de seguridad e inteligencia, ministerios de defensa e interior, ministerio público y fiscalías,
f) la investigación sobre la existencia y operación en la zona de escuadrones de la muerte que están asesinando selectivamente a ciudadanos paraguayos, enlutando y criminalizando nuevamente a familias campesinas, disparando al corazón de las esperanzas de toda la población que busca un cambio democrático en nuestro país después de sesenta años prácticas dictatoriales, criminales y arbitrarias.
Y si así no lo hicieran, el pueblo se los demandará.
Asunción, Paraguay, 16 de enero de 2009.
1. Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Asesinados por Razones Políticas del Paraguay, FEDEFAM-FADDAPY. Rogelio Goiburu: 0981 640494.
2. Coordinadora de Luchadores, Luchadoras y Víctimas de la Dictadura, CODELUCHA. Julio Belotto: 0981 538886.
3. Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura, MNV. Santiago Rolón: 0981 152885.
Se sumarán otras organizaciones e individualidades a medida de su difusión.
CON SOLICITUD DE DIFUSION, REENVIO, PUBLICACION AMPLIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. GRACIAS.
ARTICLE 19
14 de enero de 2009
La libertad de prensa es un reflejo fiel del nivel de desarrollo de toda democracia. En México, quienes ejercen el periodismo se encuentran bajo amenaza no sólo por los grupos del crimen organizados sino también por la impunidad, las agresiones directas de representantes del Estado y por la creciente estigmatización que ha comenzado a manifestar el gobierno hacia la prensa.
No son nuevas noticias para las autoridades, ni para los organismos autónomos de derechos humanos, ni mucho menos para las y los periodistas quienes han tenido que hacer de la incertidumbre un elemento más de su entorno profesional, la situación de inseguridad pública que enfrenta México. La cual ha cobrado la vida de por lo menos 5,376 personas civiles durante 2008, generado un ambiente extremadamente adverso para el ejercicio del periodismo. Por lo menos durante este mismo periodo 13 periodistas fueron asesinados, 8 permanecen desaparecidos y más de un centenar de agresiones físicas y psicológicas permanecen impunes.
En la actualidad, la libertad de prensa se ha visto limitada por quienes buscan usar a los medios masivos de comunicación como canales que respondan a sus intereses particulares. Lo hacen a través de amenazas directas o indirectas que pueden llegar a las agresiones físicas o hasta desapariciones o asesinatos, las mantas o mensajes escritos son también algunas formas en que se manifiesta la intención de condicionar el trabajo y función social de los medios de comunicación. Antela magnitud negativa de las repercusiones, editores y periodistas dejan de difundir o hasta de investigar sobre temas donde puede haber corrupción o negocios ilegales.
Como muchos otros medios de comunicación en el país, Televisa-Monterrey concibió como una vía de protección que la cobertura a temas relacionados con grupos del crimen organizado esté sustentada de manera exclusiva en fuentes oficiales. El ataque del día 6 de enero a sus instalaciones deja entrever cómo las medidas de autoprotección adoptas comienzan a ser insuficientes ante el recrudecimiento de la situación. Personal de ARTICLE19 México y Centroamérica, que se encontraba la ciudad de Monterrey pudo corroborar el ambiente que impera en el gremio periodístico, donde las amenazas son parte del trabajo cotidiano. “Aquí todos estamos amenazados, todos los días hay llamadas. Nos tienen checados”, señaló un periodista que pidió no revelar su identidad.
La situación es insostenible, una sociedad que deja de ser informada se aleja irremediablemente de los ideales democráticos. El silencio abre el paso a los abusos de poder, los excesos y la corrupción en los asuntos públicos. No hay democracia si no existe una prensa libre e independiente.
¿Porqué brindar una protección especial a quienes ejercen la libertad de prensa? Si bien los periodistas no son objeto de derechos especiales, sí su trabajo juega un papel determinante para que la sociedad pueda estar informada. En un contexto democrático, la prensa informa a la sociedad y ésta puede entonces llamar a rendir cuentas a sus gobernantes y participar de manera informada en la toma de decisiones. De este modo, proteger el ejercicio periodístico significa proteger el derecho colectivo a contar con información clara, objetiva y oportuna.
El periodismo, no sólo el que da cobertura a temas de seguridad pública, se ha convertido en una actividad de riesgo y resulta inaplazable que los medios de comunicación, haciendo a un lado la competencia comercial y profesional, formen un frente común para enfrentar la impunidad y el fracaso rotundo del Estado al protegerlos con el objetivo de adoptar medidas de prevención. El tema de seguridad tiene que ser un elemento central en la relación laboral entre los periodistas y los dueños de medios de comunicación.
“Ya dejen de transmitir nada más a nosotros también transmitan a los narcomandatarios, esto es un aviso”, fue el mensaje que dejó el grupo de encapuchados después del ataque a las instalaciones de Televisa-Monterrey. Los medios de comunicación son un vehículo para el ejercicio de libertad de expresión en tanto promueven la diversidad de voces y la pluralidad informativa y de fuentes por lo que no deben ser rehenes de grupo –sin importar su motivación u origen- que buscan asegurar sus intereses manipulándolos.
Hoy en día, la mejor medida de autoprotección para los y las periodistas ha sido y seguirá siendo el ejercicio de un periodismo independiente, profesional, ético e imparcial. La violencia y corrupción que hoy vive México se alimenta de la impunidad. La impunidad se alimenta del silencio. México merece explicaciones a fondo sobre lo que esta pasando, es nuestro derecho.
NOTA A EDITORES
Para mayor información contactar a Ricardo González, Oficial de Programa ricardo@article19.org ,+52 (55)1054-6500. www.libertad-expresion.org.mx
ARTICLE 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.
EL OBSERVATORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
COMUNICADO DE PRENSA
Ginebra-París, 9 de enero de 2009. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condena los procesos por terrorismo que se van a llevar a cabo frente a la dirección contra el terrorismo DIRCOTE contra 35 defensores del medio ambiente en Perú.
En un comunicado de prensa del 3 de abril del 2008, el Observatorio había expresado su preocupación y su rechazo en cuanto a la denuncia por “delito de terrorismo y otros” contra 35 defensores del medioambiente hecha el 24 de marzo de 2008 por parte de la Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas. El Observatorio argumentó que dichos hechos constituían una persecución contra defensores de derechos humanos que ejercen sus derechos ciudadanos frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales.
El Observatorio ha conocido al respecto, que en el mes de enero del 2009 el Fiscal Superior dictaminó que el caso de estos defensores del medio ambiente sea transferido a la Dirección contra el Terrorismo - DIRCOTE - PIURA, para continuar con las investigaciones, y eventualmente, denunciar el caso ante el poder judicial. Lo anterior debido a una apelación por parte de los denunciantes contra la decisión del Fiscal de la instancia inmediata inferior de archivar el proceso contra los 35 defensores de derechos humanos. El Observatorio desea confirmar su firme rechazo contra esta reciente decisión que se inscribe en un contexto de permanentes violaciones a los defensores de derechos humanos en Perú.
Cabe recordar que tales defensores militan contra las acciones de la minería Río Blanco Cooper S.A. que se encuentra en la mencionada comunidad. Minería contra la cual ya existe una investigación por no haber respetado los derechos de las comunidades campesinas y que tuvo que pagar una multa por no haber cumplido compromisos asumidos en sus estudios ambientales y por daños al medioambiente, por lo cual se ha ganado el total rechazo de las poblaciones de Piura, quienes temen además por las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas que traería para Piura.
Al respecto, el Observatorio ha conocido que pese a la oposición de los habitantes de estos lugares, el gobierno peruano insiste en apoyar esta explotación minera contraria a los intereses de las poblaciones locales y además, persigue a los defensores del medio ambiente, que asumen la defensa de dichos intereses. Prueba de esto, es el Decreto Supremo 024 publicado por el gobierno peruano el 27 de diciembre del 2008 que declara de “necesidad pública” la concesión de 35 denuncios mineros al consorcio chino Zijin, propietario del proyecto minero Río Blanco Cooper S.A, cuya presencia es ilegal en Piura según la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República quiénes se apoyan en la prohibición constitucional de que los extranjeros tengan propiedades o concesiones a menos de 50 kilómetros de la fronteriza.
El Observatorio llama al Gobierno peruano a que condene con firmeza estos procesos judiciales y reconozca públicamente la labor de los defensores de derechos humanos. El Observatorio urge a las autoridades peruanas a que aseguren la seguridad e integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos y del medioambiente. El Observatorio solicita también a las autoridades peruanas que tomen las medidas más urgentes y pertinentes para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Perú, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.
Contactos prensa:
OMCT: Clemencia Devia Suárez: +41 22 809 49 39
FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: +33 1 43 55 25 18
“NO SE DEFIENDE LA LEY VIOLÁNDOLA NI SE COMBATEN LOS DELITOS COMETIÉNDOLOS”, AFIRMÓ GARIN AL PRESENTAR SU MANUAL POPULAR DE DDHH EN CHACO
POR INVITACION DEL SUBSECRETARIO DE DDHH DEL CHACO, MARCELO SALGADO, EL ESCRITOR Y ABOGADO JAVIER GARIN PRESENTÓ SU MANUAL POPULAR DE DERECHOS HUMANOS EN CHACO Y DISERTÓ SOBRE "DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PÚBLICA" EN LA CASA DE GOBIERNO PROVINCIAL, DURANTE EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO PARA EL BUEN TRATO INSTITUCIONAL". "NO PUEDE HABER SEGURIDAD SIN RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL" ASEGURÓ GARIN
El escritor y abogado de Derechos Humanos Javier Garin presentó su "Manual Popular de Derechos Humanos" en el Centro Cultural "Leopoldo Marechal" de Resistencia, Chaco, como parte de las actividades de conmemoración el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
La actividad fue iniciativa del Subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Marcelo Salgado, y contó con el apoyo de organizaciones sociales y representantes de la cultura, la política y la militancia social local.
Aprovechando su visita, el abogado disertó al día siguiente sobre "Derechos Humanos y Seguridad Pública" en el auditorio de la Casa de Gobierno provincial, en oportunidad del lanzamiento del "Observatorio para el buen trato Institucional".
"LA DISYUNTIVA ENTRE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ES FALSA"
Durante la presentación de su Manual, Garin recordó a las victimas de la masacre de Margarita Belén y rindió homenaje a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, al tiempo que advirtió que "hay sectores conspirando para frenar los juicios a los represores de la última dictadura".
Garin llamó a "estar atentos frente a la escalada de la derecha represiva, que utiliza el tema de la inseguridad pública, convenientemente manipulado por los medios de comunicación que le responden, como una punta de lanza para socavar el respeto a los derechos humanos en la Argentina".
"El discurso que estos sectores vienen defendiendo como parte de su estrategia de recuperación de espacios políticos es el de que los derechos humanos obstaculizan la lucha contra el delito. Esto es una burda mentira, porque sólo puede haber seguridad si se respetan los derechos humanos, la Constitución y las leyes", sostuvo Garin.
Para ejemplificar su postura, Garin recordó numerosos casos de abuso policial y judicial, violencia institucional, tortura y gatillo fácil, en algunos de los cuales le tocó intervenir como abogado de las victimas, y concluyó: "La única manera de combatir el delito es con la ley en la mano. No se puede defender las leyes violándolas ni perseguir al delito cometiéndolo."
Durante su presentación, realizada ante un auditorio colmado, Garin estuvo acompañado por el Subsecretario Marcelo Salgado, por el diptado provincial Carlos Martínez y por la escritora y filósofa Martha Bardaro, quienes hicieron, con palabras elocuentes, la presentación del "Manual" y de su autor.
LOS DERECHOS HUMANOS COMO POLÍTICA DE ESTADO
Al día siguiente, Garin disertó sobre "Derechos Humanos y Seguridad Pública" en el auditorio de la Casa de Gobierno, como parte del acto de lanzamiento del Observatorio del Buen Trato Institucional: iniciativa de la Subsecretaría de DDHH provincial que tiene por objeto canalizar denuncias e inquietudes de la gente frente a situaciones de abuso de poder o falta de atención y prevenir la ocurrencia de tales hechos.
"Estoy más que contento de haber sido invitado a este lanzamiento, tan importante como mecanismo de control y prevención para la defensa de los Derechos Humanos. Desde 2003, con Kirchner, los DDHH pasaron a ser una politica de Estado en la Argentina. Y hoy vemos que el actual gobernador del Chaco está aplicando en su provincia la misma política seguida a nivel nacional. Eso merece destacarse", sostuvo Garin, quien resaltó asimismo "la capacidad de funcionarios como Marcelo Salgado y su equipo" y dijo "estar muy orgulloso de que el Manual Popular haya sido utilizado como texto base para la formación de los Promotores de DDHH a quienes hoy la Provincia de Chaco entrega sus diplomas".