AMENAZA DE MUERTE EN CONTRA DE LA ABOGADA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS IRENE LÓPEZ, MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO.
Luego de cuatro meses de incesantes hostigamientos en contra de las abogadas miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, consistentes en el allanamiento ilegal a su sede ocurrida el 22 de junio de 2.007 y a una serie de correos electrónicos de amenaza que desde el 24 de julio, se han dirigido en contra de miembros de la CJYC así como del líder de la Coordinadora Nacional de Desplazados –CND, el día de ayer 15 de octubre de 2.007, en la casa de habitación de la abogada BLANCA IRENE LÓPEZ, fue encontrado un mensaje en manuscrito en el que se lee “Bas a morir, disiembre 24 firma señor popo”.
Tememos fundadamente por la vida e integridad física de nuestra compañera, así como por la seguridad de su familia.
Ante los graves hechos denunciados desde el mes de junio, es necesario señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la labor de quienes asumimos en Colombia la defensa de los derechos humanos, es no solo insuficiente, sino además permisiva ante este tipo de hechos de violencia.
Luego de cuatro meses de las iniciales denuncias elevadas por la CJYC ninguna labor judicial se ha adelantado para establecer los responsables de estos hechos, y las investigaciones penales se encuentran suspendidas en espera de trámites burocráticos de reasignación. Por otro lado, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior, demuestran su insuficiencia, dado que ninguna de ellas ha significado el cese de los actos de violencia perpetrados en contra de las miembros de la CJYC. Mientras tanto, seguimos esperando del Gobierno Nacional, el rechazo a este tipo de ataques, así como su respaldo público a la legítima labor que adelantamos a favor de las víctimas del desplazamiento forzado que reclaman, en medio de una coyuntura de impunidad mal llamada “justicia transicional” la satisfacción de sus derechos a la VERDAD , JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL.
Corporación Jurídica Yira Castro
Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2.007.
Corporación Jurídica Yira Castro
Carrera 10 No. 15-39 oficina 507
Teléfono 57- 1- 2431437
Bogotá - Colombia
Medellín, oct. 1 (IPC) Sin que existiera orden judicial, el pasado 22 de abril varios soldados adscritos a la XVI Brigada del Ejército sacaron por la fuerza a Ernesto Cruz Guevara de su casa, en la vereda Retiro Milagro del municipio Aguazul, Casanare. Horas más tarde fue reportado como guerrillero muerto en combate.
Este caso nutre la lista de las 936 ejecuciones extrajudiciales reportadas entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país atribuibles a la Fuerza Pública, y tales cifras, según un conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y que a su vez representan a las víctimas, confrontan la llamada seguridad democrática que impulsa el actual Gobierno nacional y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil.
A las 936 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. Para las organizaciones denunciantes, tal panorama “demuestra que la política de seguridad democrática no es una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida”.
Frente a la recurrencia de los hechos, las instituciones defensoras de derechos humanos no vacilan en advertir que la seguridad democrática “estimula la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre las tropas con el ánimo de mostrar resultados operativos en contra de la insurgencia armada, pero cuya práctica recurrente afecta a las comunidades que están al margen de la lucha armada”.
Agrava la situación el hecho de que en la mayoría de los casos persiste la impunidad, aspecto que es calificado de “sistemático” y según la Coordinación, “obedece a una intención deliberada por parte del Estado para encubrir los crímenes cometidos por sus agentes”.
“No son aísladas”
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido reiterativa en sus informes anuales en llamar la atención sobre la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, de las cuales se tienen registro de su ocurrencia en 21 departamentos del territorio nacional, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. Además, han afectado a diversas comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía.
Para las organizaciones no gubernamentales colombianas, entre las que se destacan la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, es claro que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados: “Por el contrario, se han identificado patrones de acción tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.
Ejemplo de ello está consignado en el expediente del labriego Ernesto Cruz: “Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda la casa. Luego se dirigieron de nuevo al señor Cruz y le dijeron: “usted está capturado y nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero el señor Cruz se opuso y se vistió con su propia ropa”.
Momentos más tarde, continúa el relato, dos campesinos vecinos vieron cuando la tropa se llevó a Cruz Guevara. También vieron que varios metros más adelante la tropa hizo una hoguera y envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a la tropa junto con el cuerpo. Una vez partió el aeronave, los testigos decidieron acercarse hasta la hoguera que hicieron los militares e identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el señor Cruz.
“Ante esa situación, la esposa del señor Cruz decidió acudir en Yopal al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ahí le informaron que no tenían ninguna persona detenida, pero que el Ejército, ese día, había llevado el cuerpo de un guerrillero muerto en combate que estaba registrado como N.N. Los funcionarios del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al del señor Ernesto Cruz Guevara”, se lee en el expediente.
Contra los civiles
De acuerdo con los análisis de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Gobierno nacional no ha incorporado la perspectiva de seguridad humana de las Naciones Unidas según la cual el respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana. Por consiguiente, ha negado el principio de distinción de la población civil y ha señalado de manera insistente que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos supuestamente mantienen con la población civil.
“El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante sea asociada con los grupos guerrilleros. De esta manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo entre la población civil y las guerrillas”, advierte la Coordinación.
A través de las revisiones a los procesos judiciales se establece que en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales las víctimas eran personas campesinas, “que fueron atacadas luego de recibir señalamientos por parte de informantes de la Fuerza Pública o de miembros de la red de cooperantes, que los acusaron de ser colaboradores de los grupos guerrilleros”.
La anterior situación se ve agravada por la impunidad en que se encuentran sus autores. En la mayoría de los casos, se han identificado patrones que impiden la clarificación de los hechos, la identificación de los responsables y la imposición de una sanción penal como: la adopción de competencia por la jurisdicción penal militar, la manipulación de la escena del crimen, la no adopción de todos los mecanismos disponibles para investigar eficazmente los hechos, entre otros.
Esta situación evidencia la existencia de problemas estructurales profundos en la Fuerza Pública y en los órganos que administran justicia, lo que ha implicado una grave situación de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, y amerita una reflexión seria sobre el papel que está cumpliendo el Gobierno colombiano para garantizar la seguridad de los colombianos, sobre todo en las áreas rurales.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
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Llega al país misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales
Medellín, oct. 2 (IPC) Trece personas provenientes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido conformarán desde este miércoles 3 de octubre una misión internacional de observación que buscará enterarse sobre la situación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuibles a la Fuerza Pública y ocurridas en diversas regiones del país.
Abogados, politólogos, antropólogos y expertos en relaciones internacionales llegaron al país invitados por un conjunto de instituciones defensoras de derechos humanos que de tiempo atrás vienen analizando ambos fenómenos delictivos que en los últimos cinco años reflejan cifras preocupantes: entre julio de 2002 y junio de 2007 se han registrado 936 ejecuciones extrajudiciales y 211 desapariciones forzadas.
La Misión hará presencia en Bogotá, Valledupar, Antioquia y Chocó, entre el jueves 4 y el lunes 8 de octubre, con varios objetivos en su agenda de trabajo. Inicialmente, escucharán las historias de boca de las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los 21 departamentos de los cuales se tienen registros.
“Se trata de hacer un acompañamiento y solidarizarse con ellas, así como con las comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos que denuncian las violaciones de los derechos humanos y que por ello son perseguidas, amenazadas o estigmatizadas”, explicaron voceros de las organizaciones que promueven la visita internacional, entre ellas la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Los integrantes de la Misión también buscarán develar la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales como una modalidad de violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática y, la impunidad en que se encuentran los autores de estos crímenes, a partir de la documentación y los testimonios en el terreno para impulsar acciones políticas en defensa de los derechos humanos en Colombia.
Otro de los propósitos, según las organizaciones convocantes, “es sensibilizar a la comunidad internacional para provocar pronunciamientos y acciones por parte de los gobiernos y autoridades para que la cooperación internacional se destine exclusivamente a garantizar la protección de los derechos humanos. Y que en todo caso, se establezcan mecanismos de seguimiento eficientes que permitan verificar que dichos recursos estén dirigidos a que se garanticen los derechos y libertades fundamentales de las colombianas y colombianos”.
Además de las reuniones con las familias de las víctimas, varios integrantes de la Misión se reunirán con diversas autoridades nacionales, entre ellas la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y con las Altas Cortes.
Todos estos insumos serán recogidos en un informe parcial que será divulgado en Bogotá el próximo miércoles 10 de octubre y tras el regreso a sus países de origen, se espera que los integrantes de la Misión promuevan acciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos, en especial del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para que realicen un seguimiento a la situación de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y realicen recomendaciones al Estado colombiano que promuevan la superación de esta situación.
Agencia de Prensa IPC
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ASECINADO OSCAR ANDRES BRAVO MONTIEL JOVEN INDIGENA CON MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA HONORABLE COMISIÒN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PERTENECIENTE AL CABILDO TULUNI LOS PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL
El cabildo mayor Coyaima Natagaima que agrupa barios cabildos que trabajamos con el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” denunciamos ante la opinión publica Nacional e Internacional el asesinato del joven Oscar Andrés Bravo Montiel de 22 años de edad quien fue sacado en horas de la noche del día 29 de Junio de 2007 en una camioneta de color blanca con hombres armados de civil del casco Urbano de la Ciudad de Chaparral en compañía de tres jóvenes mas y dejados frente a la pista de aterrizaje vía Chaparral Ortega con un impacta de bala en la espalda y varias cuchilladas con arma blanca.
Los constantes atropellos al Derecho a la vida, la integridad y la territorialidad que venimos siendo victimas los Coyaimas y Natagaimas en el gran Territorio Pijao Departamento del Tolima por grupos al margen de la ley, y en algunas ocasiones por el Ejercito Nacional.
Solicitamos al estado colombiano se investigue esta nueva violación al Derecho Internacional Humanitario para que no quede en la impunidad, como los mas de cien casos de crímenes cometidos a los Pijaos en estos últimos años que hemos denunciado. Y se indemnicé y repare a las victimas individual y colectivamente en cumplimiento de la recomendación de la Honorable Comisión Interamericana de derechos Humanos (C.I.H) Al Estado Colombiano según medidas cautelares 03 a Comunidades Indígenas Pijaos.
Hay conocimiento de presencias nuevamente dé grupos de Autodefensas que están operando en la región y se reinicia de nuevo desplazamientos de indígenas a las grandes ciudades.
Autoridades Indígenas Cabildo Mayor Coyaimas-Natagaimas “COYA”
REGISTRO VIOLENTO Y ROBO DE INFORMACIÓN SEDE CORPORACIÓN YIRA CASTRO.
AU-001/07
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las organizaciones abajo firmantes denuncian ante la comunidad nacional e internacional el allanamiento ilegal y robo de información de que fue víctima la CORPORACION YIRA CASTRO, la noche de ayer, jueves 21 de julio, en hechos que se unen a los acontecidos con otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, en las últimas tres semanas.
HECHOS
La noche o madrugada inmediatamente anterior al día de hoy 22 de julio, sujetos desconocidos entraron a la casa sede de la CORPORACION YIRA CASTRO, ubicada en el sector del barrio la Soledad, al parecer por el techo o por una de las puertas de atrás que colinda con un patio de otra residencia, luego de lo cual además de revisar todas las oficinas, dado el estado desordenado en que se encontraron, procedieron a cortar las líneas telefónicas y al parecer el sistema de alarma.
Dichas individuos sustrajeron en total 5 CPU de computadores, un computador portátil, una video cámara que contenía un casete con testimonios de víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, un televisor, un DVD y un telefax.
Al parecer también fueron sustraídos documentos y expedientes de algunos de los casos que en la actualidad tramitan jurídicamente
Es de resaltar que a pesar que existía un dinero y cheques elaborados, éstos no fueron sustraídos.
Según información de una de las integrantes de la organización, la puerta principal no fue violentada, como si lo fue la puerta que da al garaje, por donde se presume huyeron los individuos.
Es de resaltar que el día martes, 19 de julio, una de las rejas que protege la ventana que da al primer piso fue violentada, luego de lo cual despegaron un vidrio pequeño.
Por estos hechos se presume que los sujetos estaban intentando acceder a la sede, desde hace varios días.
Igualmente las integrantes de la Corporación denuncian seguimientos constantes, y actitudes sospechosas de vigilancia en los alrededores de la sede, los cuales se acentuaron desde hace aproximadamente un año.
Al respecto, informan que el día miércoles un sujeto alto y fornido estuvo vigilando la sede, y que de manera hostil y con actitud amedrentadora siguió a una de las integrantes de la Corporación, luego que esta saliera de la sede hasta una panadería cercana a la zona, lugar donde ella refugio, al darse cuenta del seguimiento.
A estos hechos se le suman los acontecidos esta misma semana y la inmediatamente anterior con la Corporación Infancia y Desarrollo, a quienes la Corporación Yira Castro les presta servicio de acompañamiento jurídico.
Es así como el día 7 de junio del presente año, les fue sustraído de la sede de la organización con sede en Soacha, material pedagógico, un megáfono, 4 grabadoras grandes, un televisor, y alimentos que tenían almacenados en la bodega donde funciona el comedor comunitario.
Hechos que se repitieron el pasado fin de semana, cuando encontraron las puertas violentadas con seguetas y sustraídos varios elementos de trabajo y de material pedagógico.
Igualmente la semana anterior fue dejado por debajo de sus puertas una hoja con la imagen de una calavera, símbolo de la muerte, y excremento en la puerta de la sede.
Esta organización presta atención integral a la familia en situación de desplazamiento en la zona de Soacha y Cazuca desde hace varios años.
La Corporación Yira Castro, realiza acompañamiento jurídico integral a personas en situación de desplazamiento forzado y despojo de tierras, desde hace 6 años; hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con quienes ha venido realizando una importante labor de denuncia, en temas de trascendencia nacional como San Onofre, Audiencia pública de Buenaventura recientemente realizada, entre otras.
Hace pocos días presentó una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos de líderes de la población campesina del Nordeste Antioqueño y el masivo desplazamiento forzado que ocurre actualmente en esa región.
De igual manera la Corporación Yira Castro, fue la gestora de la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 15 y 18 de la Ley 387 del 97 que ordena la ayuda humanitaria de carácter permanente a la población desplazada hasta que su situación económica se normalice totalmente. Al respecto es importante mencionar que a pesar que dicha sentencia fue promulgada el pasado 18 de abril, a la fecha la Corte Constitucional no ha cumplido con los requisitos formales y de publicidad para su efectivo cumplimiento.
ANTECEDENTES
Este registro violento y robo de información no es el único que se ha presentado entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el último mes.
Es así como el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, programa de la Iglesia Cristina Menonita de Colombia, denunció que en la madrugada del 14 de junio pasado fue violada su oficina y fueron extraídos dos computadores con información sensible sobre personas e iglesias activas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre personas de Iglesias cristianas evangélicas víctimas y testigos de violaciones a sus derechos humanos.
Esta violación sucedió 12 días después del hurto de un computador de la organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) que hace acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Similarmente, en enero de este año, 2007, fue violada la oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y fue hurtado el computador con información sensible sobre personas y organizaciones participantes, el registro fotográfico, y las actividades realizadas.
Al parecer el atentado contra la Corporación Yira Castro, al igual que las anteriores repite el patrón de violencia que evidencia un conocimiento preciso de la oficina y se presta para incrementar el riesgo de las víctimas a las cuales se les presta acompañamiento integral.
El Movimiento Nacional de Víctimas manifiesta su preocupación frente a estos nuevos hechos que dan cuenta del carácter sistemático con que se desarrollan y que son el reflejo de la continúa persecución y estigmatización de la que son víctimas los defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, universitarios, maestros, entre otros, dado su carácter de constante denuncia y la labor que desarrollan en pro de la defensa, prevención y promoción de los derechos humanos.
De tal manera solicitamos a la comunidad nacional e internacional para que envíen sus pronunciamientos a las autoridades competentes solicitando lo siguiente:
Se garantice la vida y la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los integrantes de la Corporación Yira Castro.
Se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos nuevos hechos.
Se respete y garantice la labor de los defensores de derechos humanos por parte del Estado Colombiano y se acojan todas las recomendaciones que se han realizado por parte de organismos internacionales.
Es importante mencionar que a pesar que estos hechos fueran denunciados oportunamente a las 9:00 de la mañana, a la hora de expedición del presente comunicado de denuncia, (2:30 p.m.) no se han presentado ni funcionarios de laboratorio de criminalística del CTI, ni se ha delegado ningún fiscal de investigación.
Igualmente se denuncia que desde tempranas horas de la mañana se ha visto rondando por los alrededores de la sede de la Corporación Yira Castro, una camioneta Toyota Runner de color dorado y vidrios polarizados, de placas NNF 215, quienes constantemente y con ánimo vigilante pasan por el frente de la sede.
Firman
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
Asonal Judicial
Fundación Manuel Cepeda Vargas
Programa No Gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos
SINTRAUNICOL
ASPU
Favor dirigir sus mensajes a:
Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 566-2071
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Por favor enviar, asimismo, copia de su mensaje a:
Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Policía Nacional de Colombia
Brigadier General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo
Director General
Tel: (571) 315-9000 ext. 9591
Fax: (571) 428-7634
Email: jefattipon@policia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Col - En seis meses se ha indagado a 40 paramilitares, mientras Vicente Castaño reorganiza los grupos paramiltiares.
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i) Al ritmo actual la Fiscalía tardaría 35 años en tomar declaración a los 2.812 paramilitares reconocidos, de los que sólo 700 están localizados.
El balance no es alentador, más si se tiene en cuenta que solo hay 23 fiscales y 150 investigadores. De la situación habla Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
¿Cómo ve el proceso?
La Unidad asumió tres décadas del accionar paramilitar. Hay violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, miles de homicidios, centenares de masacres, millones de desplazados, miles de desaparecidos y sinnúmero de secuestros y apoderamientos de tierras, sin mencionar los hurtos de combustible y el tema de narcotráfico.
¿Son suficientes las personas que están al frente de esas investigaciones?
Si todo esto se piensa reconstruir con 23 fiscales y 150 investigadores, la suerte está echada para esta unidad, a menos que se dé una inmediata inyección de personal y recursos que permita afrontar con prontitud el trabajo que se nos encomienda.
¿Qué tantos homicidios han confesado los ex jefes 'paras'?
Alguno de ellos nos anticipó que cometió 2 mil homicidios. ¿Cuándo se investiga esto? Se necesita mucho más de un fiscal. Por ejemplo, Ramón Isaza ya dijo que va a confesar 567 homicidios, y la pregunta es cuándo y cómo ubicamos esos 567 casos.
En 6 meses han escuchado a 40 personas, pero son 2.812. La pena máxima es de 8 años ¿Podría pasar ese tiempo sin terminar los procesos?
Si no se da la infraestructura de fiscales y de policía judicial para hacer todo el trabajo, va a ser muy difícil avanzar en tiempo razonable.
¿Cuánto tiempo va a durar?
Es la misma pregunta que nos hacemos los 23 fiscales que estamos acá. No es fácil entender que esto es un proceso largo que incluye una versión libre que se demora, ubicar las víctimas, traerlas y tenerlas presentes cuando se vaya a confesar el hecho; ir a buscar ese expediente, ir a buscar los testigos y si dicen la verdad, hacer una imputación ante el magistrado.
¿Cuántos fiscales necesitan?
Estamos haciendo un estudio, somos 23 fiscales y hay 34 bloques de las Auc, nos están mandando gente de la Farc, nos anuncian que hay una lista de más de 2.700 presos reconocidos por las Auc... Pensamos que se necesita al menos un fiscal por cada bloque y uno más por cada miembro representante. De pronto necesitamos más de 70 fiscales adicionales. Nos toca recibir los bienes que van a entregar, ir a identificarlos a las zonas... Eso demanda días, personal, y las exhumaciones también nos corresponden a nosotros.
¿Y las víctimas?
En este momento, la Fiscalía también está respondiendo por las víctimas, porque nadie ha asumido esa función. Creo que el Estado debe reaccionar y decidir cuáles tareas le deja a la Fiscalía y quiénes asumen otras.
¿Cuántos de esos 2.812 tienen ubicados?
De los 2.812, según las consultas que hemos hecho con el DAS, la Fiscalía y la Sijín, 2.183 no tienen antecedentes, jamás fueron vinculados a un proceso, no hubo una orden captura contra ellos. En este momento no tenemos datos sobre el paradero del 25 por ciento de esos 2.812 (unas 700 personas).
¿Cuáles dificultades se han encontrado?
Por ejemplo, hay una persona que dice que va a confesar 75 homicidios. Pero, cuál es el nombre de la víctima, dónde está el expediente. La persona cita elementos fragmentarios o no da el nombre o a veces da el nombre, o un alias o el oficio que hacía la persona en la zona, a veces precisa el municipio, pero no la vereda...
¿Qué hace la Fiscalía con esa información?
Nos toca salir a buscar esos hechos para saber qué está confesando. Un caso de estos necesitaría un solo fiscal con un equipo de Policía judicial ayudándole.
¿Hay vacíos jurídicos en la aplicación de Justicia y Paz?
La aplicación de la ley va trayendo a categorías jurídicas que no están contempladas en normas anteriores. Hemos llegado ya a la Corte Suprema para que vaya dictando las líneas en ciertos temas.
¿Los paramilitares sí han contado lo que saben?
No podemos más que tener confianza en que eso sea así. Cada caso es particular y le enseña una dinámica diferente. Están esclareciendo hechos que estaban en la impunidad, están confesando muertes de periodistas, sindicalistas, indígenas. Además, gracias a Justicia y Paz tenemos nuevos datos de más de 500 homicidios de los que no teníamos ninguna información.
¿Qué va a pasar con los que llevan hasta 8 años en la cárcel y ya cumplieron el máximo que pone la ley?
Es un tema que no se ha debatido. Sabemos que le corresponde a magistrados y los jueces de ejecución de penas. En su momento se precisará por ellos y por último por la Corte Suprema.
¿Cuándo habrá la primera condena de Justicia y Paz?
Hay unos casos que ya empezaron, son los que menos víctimas tienen. Si no es este año, es a principios del otro que se tendrán las primeras acusaciones.
[Fuente: Redacción Justicia, El Tiempo, Bogotá, 19jun07]
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ii) La Fiscalía ha recuperado 760 cadáveres en más de 300 fosas.
La Unidad de Justicia y Paz ha cumplido con el artículo 48 de la ley, que ordena buscar a los desaparecidos o personas muertas, según el fiscal Luis González.
Según su reporte, han recibido información de unos 4 mil restos en fosas, de los que ya se han recuperado 760 cadáveres. Esto gracias a la información recibida dentro de las audiencias.
También han conseguido información preliminar para poder identificar los cuerpos de aproximadamente unas 250 personas.
Este trabajo de los fiscales e investigadores es soportado en los laboratorios, que se están uniendo para trabajar y compartir los pocos recursos que tienen para entregar entre 100 y 150 cadáveres en los próximos días.
Las víctimas
Sin embargo, el tema más difícil de manejar es la angustia de las víctimas para que se haga rápido el reconocimiento y se les entregue los restos de sus familiares.
Por eso el trabajo de las exhumaciones ha sido un reto para los forenses que deben trabajar con el mayor rigor para lograr las identificaciones.
Como lo publicó EL TIEMPO el pasado mes de abril, en un informe especial sobre las fosas, las víctimas y las personas que cometieron los crímenes, las historias que se desprenden de este drama son aterradoras. El trabajo más dispendioso ha sido la 'desenterrada' de los cuerpos.
A este trámite de las víctimas de los paramilitares se suman las de las Farc, de las que informantes han dado las primeras puntadas.
Uno de estos casos es el de Cundinamarca, donde ya se encontraron entre 5 y 7 cadáveres de personas secuestradas por el grupo subversivo.
Sobre homicidios, varios de los recluidos en cárceles han prometido entregar informaciones sobre los crímenes, porque lo ven como una oportunidad para contar "verdades".
Uno de los primeros casos que se presentaron fue el de la muerte de Elkin Varela, un periodista de Arauca.
El testigo se contactó con la unidad de Justicia y Paz y fue llevado al proceso. Su colaboración ha sido efectiva y el fiscal Luis González asegura que se debe velar porque esta persona reciba los beneficios de la ley por colaboración. "Nosotros no lo vamos a desamparar", asegura González.
En otros casos, personas privadas de la libertad han ayudado a esclarecer unos 14 homicidios.
Lo que sacrifican los fiscales de Justicia y Paz
Con 18 años de experiencia, el fiscal Luis González asegura que este ha sido el trabajo más arduo.
"Todos los fiscales que vinieron de la policía judicial están sacrificando a toda su familia, la gente pasa vive semanas y hasta casi un mes por fuera de la casa trabajando y recogiendo información", señala González.
Sin embargo, dice que algo que los anima a todos es la cantidad de información que se está recibiendo de restos humanos que están en centenares de fosas. " El Estado tiene que unirse para ir a recuperar esos restos, identificarlos y entregarlos a las víctimas. Eso no se puede postergar", añade.
Dice que otro punto que están trabajando para agilizar el trabajo es la solicitud a Acción Social de los edictos emplazatorios de 1.200 personas que no tienen antecedentes, para saber cuántos se quedan en Justicia y Paz.
"Queremos saber verdaderamente cuál es el marco que nos espera por enfrentar", dice.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 19jun07]
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iii) Colombia: ¿La última oportunidad?.
Por Juan Gabriel Tokatlian
Marx decía que la historia se repetía dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. En Colombia la historia se puede repetir tres veces, la tercera como una devastadora desventura, o puede tomar un giro, un rumbo diferente, edificante y superador.
El actual escándalo de la "parapolítica" -la revelación de un turbio y delictivo entramado de lazos entre los grupos armados de derecha de histórica vinculación con el negocio de las drogas y con sectores latifundistas, segmentos de las clases dirigentes a nivel local, miembros de la elite política nacional y numerosos oficiales de las fuerzas armadas- expresa el tercer episodio en el que el ascenso y consolidación de una nueva clase social criminal se hace evidente. Ante el dilema de contenerla o dejarse cooptar por ella, el Estado colombiano optó en dos ocasiones previas por una particular combinación de represión selectiva, control parcial y convivencia táctica. Para ello, es bueno recordarlo, contó con la tolerancia tácita o la anuencia implícita de Estados Unidos.
Una vuelta al pasado nos puede dar pistas acerca de los potenciales escenarios que hoy enfrenta el país. En 1978 llegó al gobierno el Presidente Julio César Turbay Ayala. Una serie de informaciones y filtraciones pusieron al mandatario en la defensiva en materia de lucha contra los narcóticos; fenómeno que comenzaba a emerger con fuerza. Por un lado, el conocido programa televisivo "60 Minutes" de la cadena CBS develó un llamado Memorando Bourne (Peter Bourne era el Consejero Especial para Asuntos de Salud en la presidencia de Jimmy Carter) en el que se indicaba que personas cercanas a Turbay, y él mismo tenían presuntamente conexiones con grupos dedicados al tráfico de drogas. Por otro lado, en 1980 el Washington Post informó-con base en datos provistos por funcionarios estadounidenses en Bogotá-que posiblemente el 10 por ciento del Congreso había sido elegido con dineros del narcotráfico.
En parte por convicción personal y en parte por presión externa, Turbuy ordenó desplegar un frontal ataque contra el negocio de las drogas; en aquel momento centrado en torno a la marihuana. Autorizó el derribamiento de aviones, militarizó con más de 10.000 efectivos el departamento (provincia) de la Guajira-contiguo a Venezuela-para acabar con la producción de marihuana, ensayó el uso del paraquat para erradicar esos cultivos, firmó un tratado de extradición que permitía el envío de nacionales a Estados Unidos y se opuso con vehemencia a cualquier iniciativa a favor de la legalización de la marihuana. Ninguna de estas acciones tuvo un efecto decisivo sobre el fenómeno de las drogas. Sin embargo, Bogotá y Washington parecieron, en la época, satisfechos: no más críticas a Colombia a la espera de que se limpiara la casa del "flagelo" de los narcóticos.
Lo que de hecho siguió fue el despegue del procesamiento de coca en cocaína en el país, una feroz campaña del narcotráfico contra funcionarios judiciales, figuras públicas, representantes de la oposición, campesinos en zonas de conflicto y civiles indefensos, al tiempo que el Estado aplicaba la extradición, involucraba a las fuerzas armadas en labores anti-narcóticos e iniciaba programas sostenidos de fumigación utilizando el glifosato. En medio de toda esta compleja dinámica de violencia criminal, coerción gubernamental y retaliación de los "narcos", se producían, episódicamente, intentos de diálogo (en 1983 el cartel de Medellín le transmitió ofertas al gobierno a través de encuentros en Panamá con el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y el ex presidente, Alfonso López Michelsen) y propuestas de mediación (en 1989 los narcotraficantes propusieron que una "Comisión de Notables" auspiciara contactos con el gobierno). La intermitente "guerra contra las drogas" siguió su curso sin resolver el núcleo del problema: un monumental emporio ilícito que se alimentaba de una prohibición cada vez menos eficaz.
Años después la historia parecía revivirse. En 1994 llegó al gobierno el presidente Ernesto Samper Pizano. Una nueva serie de acontecimientos y denuncias volvieron a colocar a un mandatario colombiano a la defensiva. Por un lado, de acuerdo con revelaciones en el país Samper, supuestamente en persona, habría solicitado y recibido para su campaña electoral 6 millones de dólares del cartel de Cali. Por otro lado, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, que inició un vasto proceso judicial al respecto, aproximadamente 65 por ciento del Congreso habría sido electo con dineros del narcotráfico. En ese contexto, y avalando las denuncias y destapes realizados, Washington inició un proceso de acorralamiento político del ejecutivo: utilizó un procedimiento legal-la certificación anual de un país en materia de lucha contra las drogas-para descertificar a Colombia (con todas las consecuencias efectivas y simbólicas que ello implicaba) y le retiró en 1996 la visa de entrada a E.U. al Presidente Samper.
Con una mezcla de convencimiento y necesidad, y en el marco de una estrategia estadounidense de exigencias y chantajes, Samper inició una política de mano dura contra los narcotraficantes. Persiguió y desmanteló al cartel de Cali, inició e intensificó masivamente la fumigación con glifosato de plantíos de coca (entre 1994 y 1998 se erradicaron químicamente aproximadamente 150.000hectáreas de coca) y propuso y logró la reincorporación de la figura de la extradición de nacionales en la Constitución del país. Al final de su mandato Washington se podía sentir satisfecho por todo lo que obtuvo su diplomacia coercitiva. Sin embargo, también era cierto que su política había debilitado notoriamente al Estado colombiano al someter a su presidente a un enorme descrédito y deslegitimación.
Lo que siguió fue el gradual languidecimiento de la estrategia judicial orientada a develar y quebrar el vínculo entre la política y las drogas -algo que Estados Unidos no objetó fuertemente. Así entonces, una consecuencia no deseada pero inevitable de lo anterior fue que los narcóticos siguieron siendo el combustible que alimentaba el poder de fuego de los distintos grupos armados. Con ello pudo crecer aún más el lazo entre el paramilitarismo, expresión político-militar de una derecha cada vez más autónoma y decidida a combatir a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y sectores políticos, empresariales y de seguridad en el plano regional. Para buena parte del 'establishment' colombiano lo prioritario era derrotar a la insurgencia. En su evolución, el fenómeno de las drogas se fue transformando: al aumento de los cultivos de coca se añadieron el de las plantaciones de amapola (que se procesaban en heroína), mientras tanto ya no eran tan preeminentes los grandes carteles sino que proliferaron lo que se denominan "boutique cartels" o "cartelitos"; organizaciones más reticulares, menos visibles y muy sofisticadas. Paralelamente, el mayor temor de Washington pasó a ser la eventual propagación de un "estado fallido" en el corazón de los Andes.
Llegamos así a la tercera vez que se repite esta historia en Colombia. En 2002 llegó al gobierno el Presidente álvaro Uribe. Su abrumadora victoria electoral, su determinación de confrontar militarmente a las Farc, su decisión de atacar con firmeza al narcotráfico, su resolución para negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su férreo alineamiento con Estados Unidos colocaron en un muy distante segundo plano las dudas que en el país expresaban sectores de la oposición respecto al real desmantelamiento del asunto paramilitar. Dos indicaciones pasaron relativamente inadvertidas en su momento y no opacaron la re-elección de Uribe en 2006. Por un lado, el líder paramilitar Salvatore Mancuso indicó que el 35% del Congreso electo en 2002 estaba constituido por amigos del paramilitarismo. Por otro lado, la National Security Archives, un grupo de investigación no gubernamental que trabaja en la Universidad George Washington logró que se de-clasificara un documento de 1991 de la Defense Intelligence Agency (DIA), una unidad del Departamento de Defensa estadounidense, en el que se mencionan 104 nombres de figuras prominentes con nexos con el entonces cartel de Medellín: el número 82 era álvaro Uribe.
Lo anterior no produjo alarma ni en Bogotá ni en Washington porque el mandatario colombiano estaba comprometido con una política recia de seguridad que buscaba evitar el colapso del Estado. Era evidente que el ejecutivo, que desde 2000 venía implementando el Plan Colombia financiado en parte por Estados Unidos (su aporte supera, a la fecha, los US $ 5.400 millones de dólares), le brindó un impulso adicional a esta estrategia anti-narcóticos con la llegada de Uribe. Según datos disponibles, entre 2002 y 2005 se fumigaron más de 530.000 hectáreas de cultivos de coca y se extraditaron centenares de colombianos (mayoritariamente, a Estados Unidos). Cabe destacar, sin embargo, que su efecto sobre la disponibilidad, precio y pureza de las drogas fue nulo. En 2005 el país continuaba teniendo una producción de 640 toneladas métricas de coca, al tiempo que en Estados Unidos la pureza de la coca se incrementó y el precio cayó a 100 dólares por gramo.
Es en este nuevo contexto que la Corte Suprema colombiana ha comenzado una labor decisiva para desentrañar los vínculos entre el paramilitarismo y la política en el país. Los avances son auspiciosos puesto que se han develado, con base en evidencias, los lazos entre figuras cercanas al ejecutivo y los comportamientos delictivos del paramilitarismo. Sin embargo, el gran interrogante es hasta dónde se llegará con este escándalo en el que se entrelazan vinculaciones oscuras y criminales que hacen pensar sobre un gran poder parapolítico en avanzado estado de consolidación.
He ahí el dilema: o la democracia colombiana domestica definitivamente al paramilitarismo o el Estado quedará plenamente corroído por él. Las incógnitas son obvias: ¿Qué hará el presidente Uribe? ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Cuál es el compromiso de la sociedad? En las dos ocasiones anteriores en las que se presentó la oportunidad de poner la casa en orden muy pocos quisieron o pudieron seguir adelante. Por conveniencia o incompetencia ni Bogotá ni Washington le pusieron coto a una clase social criminal y reaccionaria en franco ascenso. Si se volviese, por tercera vez, a repetir la historia, se habrá instituido una pax mafiosa en el país. Si, por el contrario, se asume con voluntad política, respaldo social y reforzamiento externo, la tarea de frenar y revertir el poder mafioso, entonces posiblemente el país pueda evitar el abismo y asegurar su democracia.
[Fuente: Por Juan Gabriel Tokatlian, El Tiempo, Bogotá, 06jun07. Juan Gabriel Tokatlian es director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina]
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iv) Asesinan a un líder del Barrio Nelson Mandela en Cartagena.
"Por decir la verdad". Sus amigos, familiares y allegados creen que ese fue el motivo que llevó a la muerte al líder cívico Manuel López Ayala.
Para ellos fue un homicidio lo que ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Nelson Mandela, en el sector Las Vegas.
"No fue un accidente como lo quiere hacer ver la Policía. Eso es algo absurdo. A López Ayala lo asesinaron con un arma hechiza por la espalda. La persona que le disparó escapó por una silla y una mesa que puso al lado de la pared del colegio donde Manuel vigilaba. A él (López) lo encontramos con la ropa interior puesta. No le hallamos ni sus documentos ni su arma de dotación. Las llaves de la puerta del colegio estaban a ocho metros de donde murió, junto a otra arma de fuego", contaron vecinos de la víctima que ayer en masa llegaron a la morgue de Medicina Legal a retirar sus restos.
A lo anterior, dicen otros líderes cívicos de Nelson Mandela, se suman las amenazas de muerte que Manuel había recibido en las últimas semanas y que puso en conocimiento de las autoridades.
"Pese a eso -asegura un allegado- no le brindaron la protección necesaria".
El cuerpo sin vida de Manuel López Ayala, de 48 años, fue encontrado por sus familiares a las siete de la mañana, preocupados porque no había regresado a su casa, a pocos metros.
El vigilante que le entregó el puesto en la noche dice que dejó a Manuel en compañía de un sobrino. De este último los familiares del difunto no tienen información.
El compañero de labores de López fue retenido por unas horas mientras explicaba su versión por lo ocurrido. El mismo domingo fue dejado en libertar tras comprobarse que en su casa no se halló el arma homicida.
De la mano con la comunidad
Fundaciones nacionales y organizaciones no gubernamentales lamentaron y expresaron ayer su rechazo por la muerte de López Ayala.
Marciano Puche, director nacional de la Fundación Mario Santo Domingo, describió a Manuel como "un hombre extraordinariamente bueno".
Barbarita Gómez, directora en Cartagena de esa fundación, dijo, por su parte, que López Ayala "era un hombre muy preocupado por la comunidad".
Según ella, el dirigente cívico se había comunicado hace poco con la fundación para darle a conocer cómo estaban adelantados sus proyectos: legalización del sector Las Vegas para que sus habitantes tengan subsidio de vivienda por parte del Estado; la donación de un terreno para la construcción de una cancha de fútbol; y una zona destinada exclusivamente para la tercera edad. "Siempre pensaba en su comunidad", anotó Barbarita Gómez, quien agregó que esa fundación lo asesoraba en todas esas gestiones.
Por su parte, la Asociación de Juntas Comunales de la Localidad Industrial de la Bahía rechazó el asesinato del líder comunal, "quien era conocido como un hombre defensor de los derechos humanos y un luchador del bienestar y desarrollo de las comunidades".
Preocupación por desplazados
Así mismo, la organización de personas en condición de desplazamiento (O.P.D.) denunció la grave situación que se está presentando en Cartagena con respecto a los lideres de población desplazada.
"Son hechos de amenazas y persecución de estos dirigentes y lideres cívicos por parte de grupos armados al margen de la ley que se han venido reorganizando en el departamento de Bolívar, especialmente en el Distrito de Cartagena", dice el comunicado de prensa, precisando que López Ayala era dirigente de O.P.D. y cívico del barrio Mandela, sector las Vegas, además de ser fiscal de la Organización Ashudebol.
Según ese organismo, a pesar de que López venia siendo objeto de amenazas constantes de los grupos emergentes de las Auc que quieren tomar el control del sector las Vegas, no se le efectuó una evaluación de riesgo efectiva.
"Nos estamos declarando en desobediencia civil hasta tanto las autoridades competentes no se sienten con nosotros para plantear una política verdadera de protección para los lideres de las O.P.D", agrega la comunicación.
Manuel López Ayala será sepultado hoy a las diez de la mañana en el Cementerio Jardines de Cartagena en medio de una marcha de protesta anunciada por varios líderes de Nelson Mandela.
"Es el cuarto dirigente que perdemos en cuatro años en Mandela. Necesitamos que nos escuchen", indicó una líder
[Fuente: El Universal, Cartagena, 19jun07]
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v) Vicente Castaño está reorganizando el paramilitarismo y las redes de narcotráfico.
El jefe paramilitar Vicente Castaño escapó hace tres semanas a un cerco que le tendieron agentes especiales de la Fiscalía y la Policía en una finca del Eje Cafetero, gracias a que un campesino alertó a los miembros de su cuerpo de seguridad. Desde entonces, las autoridades le perdieron la pista y será muy difícil localizarlo de nuevo porque, a diferencia de los viejos capos de la mafia que permanecían cerca de su zona de influencia, Castaño ha mostrado gran habilidad para movilizarse y esconderse en cualquier lugar del país.
En varias fotografías halladas en recientes operaciones de rastreo, el jefe paramilitar aparece protegido por un impresionante aparato de seguridad. En una de las fotos conocidas por CAMBIO, Castaño aparece en la entrada de una especie de cueva en una pequeña cadena de montañas en la Alta Guajira. Está vestido con pantalón azul oscuro, camisa blanca de manga corta, un poncho blanco y una gorra para protegerse del sol. Lo acompaña Gervasio Valdeblánquez, un influyente hombre de negocios guajiro que en el pasado fue uno de los protagonistas de la bonanza marimbera, pero que hoy no tiene cuentas pendientes con la Justicia. Sin embargo, uno de sus hijos, Yuri, ha sido pedido en extradición por una corte de Estados Unidos.
Los agentes que obtuvieron las fotos establecieron que Castaño se desplaza como Pedro por su casa en esa zona -protegido por un impresionante dispositivo de seguridad-, gracias a Valdeblánquez con quien al parecer también tiene negocios. Según fuentes de Inteligencia, el jefe paramilitar es acompañado permanentemente por cerca de 50 hombres muy bien armados que se movilizan en camionetas 4x4. El jefe de seguridad es un hombre conocido como Manuel Salvador Ospina.
Según han establecido los agentes encubiertos que intentan seguir las huellas del capo que huye desde 2005, cuando renunció a la Ley de Justicia y Paz, éste cuenta con una red de cooperantes e informantes que lo mantienen al tanto de cualquier movimiento que indique que las autoridades están cerca. "Un día lo ven en Norte de Santander hablando con reductos paramilitares que todavía le hacen contención a la guerrilla; otro día sorprende con su presencia en San Pedro de Urabá, Antioquia, donde imparte órdenes sobre la entrega de tierras a familias de escasos recursos, y una semana después se hace sentir en el Llano, donde es recibido por varios de los testaferros que le administran fincas productivas", le contó a CAMBIO uno de los investigadores.
Castaño también está protegido por campesinos de zonas donde hace obras de caridad y ejerce influencia, que como en el caso del Eje Cafetero lo alertan sobre cualquier tipo de movimiento sospechoso. "Hemos tenido problemas para capturarlo porque muchas personas lo ayudan con información y eso incluye a miembros de la Fuerza Pública", explicó un investigador, quien además asegura que "Castaño está recorriendo el país refundando a las antiguas autodefensas con el apoyo de jefes paramilitares de segundo nivel que están concentrados en zonas supuestamente desmovilizadas".
Según información recopilada por las autoridades, Castaño incide en las comunidades del Urabá antioqueño por medio de la ONG Colombia Sin Hambre, que tiene su sede principal en San Pedro de Urabá y a través de la cual canaliza recursos públicos con destino a su organización.
En comunicación con CAMBIO, Elvis Padilla coordinador de esta ONG negó rotundamente tener vínculos con el paramilitarismo y dijo que han sido estigmatizados por trabajar en zonas que en el pasado estuvieron bajo el control de las Auc (ver recuadro). Según él, sostuvo que el objeto de Colombia Sin Hambre es ayudar a la población más vulnerable y que una de las funciones es pedir tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y desarrollar proyectos productivos para desempleados.
Las autoridades, sin embargo, aseguran que muy pronto demostrarán cómo Castaño esconde recursos y lava activos a través de empresas de fachada. No cabe duda de que el jefe paramilitar es un hueso duro de roer, que controla un aparato paramilitar y que sigue llenando sus arcas con el tráfico de drogas. Hoy, Vicente Castaño es considerado un jefe natural de los paramilitares y un poderoso capo del narcotráfico que controla algunas de las rutas más productivas del negocio. Con todo y eso, las autoridades han llegado a pisarle los talones y, como sucedió en el caso de Pablo Escobar, están seguras de que tarde o temprano caerá.
ONG señalada
CAMBIO se comunicó con Elvis Padilla Castro, coordinador de la ONG Colombia Sin Hambre, quien aseguró que el objeto de su organización es ayudarle a la población más vulnerable y no cohonestar con grupos al margen de la ley. Dijo además que la función de su organismo es pedirle tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y conseguir proyectos productivos para personas desempleadas. "Aunque nuestra actividad se parece a la que supuestamente hace ese señor del que usted me habla, esta ONG no tiene nada que ver con él ¿asegura Padilla¿. Yo llevo dos meses aquí y he visto que nos estigmatizan por tener base en los sitios que antes estuvieron controlados por las Auc".
[Fuente: Cambio, Bogotá, 03jun07]
COL 180607
Hostigamiento / Asesinato
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por fuentes fiables, y por Antenna Internacional, sobre el asesinato del Sr. Andrés Julián Melán, de 27 años, hijo de un destacado sindicalista de la empresa Textiles Rionegro, el Sr. Hernando Melan Cardona, en el municipio de Rionegro (Departamento de Antioquia), en hechos ocurridos en su domicilio, en la misma ciudad.
Según las informaciones, en la madrugada del 6 de junio de 2007, un grupo de criminales armados atacó en su propia casa a la familia del Sr. Melán Cardona, asesinando a su hijo, previamente citado, e hiriendo gravemente a su esposa, la Sra. Luz Ángela Velásquez, y a su otro hijo, cuyo nombre no ha sido informado.
De acuerdo con las denuncias, el Sr. Melán Cardona, quien es un sobresaliente defensor del proceso de unidad que se ha venido dando en todo el sector textil colombiano, proceso encabezado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), ya había recibido amenazas contra su vida anteriormente.
El Secretariado Internacional de la OMCT subraya con suma preocupación que, mientras en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro del marco de la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo, los empresarios y el gobierno han logrado en los últimos días que Colombia no fuera clasificada dentro del grupo de países que más viola los derechos laborales y los derechos humanos, cada vez son más comunes las amenazas, los actos de hostigamiento e incluso los asesinatos contra los sindicalistas en todo el país.
A este respecto la OMCT ha recibido las informaciones sobre el asesinato del Sr. John Jairo Arcila Parra, dirigente comunal y de los artesanos, y también líder político, ocurrido el 5 de junio de 2007, en la ciudad de Armenia, Departamento de Quindío. Según las denuncias, el Sr. John Jairo Arcila Parra habría hecho denuncias sobre la presunta corrupción que se venía presentando por parte de la administración municipal en el centro comercial popular, lugar donde serían instalados los vendedores ambulantes, a quienes él también dirigía.
La OMCT condena estos graves hechos de violencia, en particular el asesinato del Sr. Andrés Julián Melan y manifiesta su extrema preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. Hernando Melan Cardona y su señora esposa, Luz Ángela Velásquez, así como de todos los trabajadores sindicalizados en el Departamento de Antioquia, y en particular en este caso en el Oriente antioqueño.
Acción solicitada
Favor dirigirse a las autoridades municipales y nacionales de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. Hernando Melan Cardona y su señora esposa, Luz Ángela Velásquez, así como la de todos los trabajadores sindicalizados en el Departamento de Antioquia;
ii. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos: del Sr. Andrés Julián Melán y del Sr. John Jairo Arcila Parra, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar que se otorgue una adecuada reparación a todos los miembros de las familias del Sr. Andrés Julián Melán y del Sr. John Jairo Arcila Parra;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; Tél.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130,
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
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Ginebra, 18 de junio de 2007
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
El E.S.M.A.D parece tener licencia para matar estudiantes en Colombia
Red dhColombia
dhcolombia / Sábado 9 de junio de 2007
Brutalidad policial contra estudiantes y educadores en Manizales en el marco de una marcha en defensa de la educación pública, en hechos ocurridos el pasado 8 de junio. Estos hechos se suman a la larga cadena de agresiones del ESMAD contra estudiantes y profesores que desde ya varias semanas se movilizan en todo el pais en denfesa de la educación pública.
1. La protesta pacifica que profesores y estudiantes vienen desarrollando en el país de manera masiva y pacifica, en contra del Plan Nacional de Desarrollo y el recorte presupuestal a la salud, la educación y el saneamiento básico, en la ciudad de Manizales ha sido reprimida de manera violenta por los integrantes de la fuerza pública, quienes de manera persistente hostigan las marchas que se han realizado en el propósito de difundir el grave riesgo que hoy vive la educación pública.
2. El pasado martes 6 de junio en horas de la madruga, de manera arbitraria integrantes del ESMAD bajo el mando del Coronel Luís Alfonso Novoa Díaz, y con el aval de Ricardo Gómez Giraldo rector de la Universidad de Caldas, irrumpieron violentamente en el campus universitario, causando graves destrozos a la planta física de la Universidad y privando injustificada y temporalmente a veinticuatro estudiantes de la libertad, los cuales fueron objeto de reseña y malos tratos físicos y verbales por parte de los funcionarios de la policía que los retuvieron.
3. En el día de hoy, ocho de junio y cuando educadores y estudiantes de la ciudad de Manizales se disponían a iniciar una marcha pacifica en defensa de la educación pública y en conmemoración de la jornada del estudiante caído, fueron agredidos de nuevo de manera brutal por integrantes del ESMAD.
4. Como resultado de la criminal actuación de los integrantes de la fuerza pública resultaron heridos los estudiantes Universitarios Mayra Lamprea Gómez y Daniel Eduardo Alzate, el educando de secundaria Gustavo Adolfo Sánchez y el profesor y dirigente del Sindicato de Educadores de Caldas EDUCAL, Juan Carlos Martínez Gil, quien recibió un cristal disparado por los integrantes del ESMAD y al momento corre el riesgo de perder un ojo.
5. La brutalidad policial no tiene límites. En la toma violenta que hicieron de la Universidad de Caldas en horas de la madrugada del pasado seis de junio agredieron a miembros de la comunidad universitaria que cumplían labores médicas y de sanidad en el campamento pacífico que se realizaba en defensa de la educación pública, y en el día de hoy, han hostigado en las instalaciones de la Clínica Versalles a estudiantes y profesores víctimas de la violenta agresión del ESMAD que reciben atención medica, similar actitud han asumido con los familiares, amigos y compañeros que se han acercado a indagar por el estado de salud de los lesionados por los integrantes de la fuerza pública.
6. Como estratagema para convertir a las víctimas del terrorismo de estado en víctimarios, no es descartable que se pretendan hacer falsas imputaciones a los profesores y estudiantes que de manera organizada y pacifica no han desistido de la lucha por la defensa de la educación pública como mecanismo para reprimir y criminalizar la protesta social.
dhColombia
Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia
Parlamento Europeo, Bruselas, 17 y 18 de abril de 2007
OIDH-ACO
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia, OIDH-ACO
y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU
con el apoyo de los parlamentarios europeos
Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica - GUE/NGL),
Raül ROMEVA (Grupo Verdes - Verts/ALE),
Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo - PSE)
Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa - ADLE)
declaran:
Después de 12 años de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupación que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las más agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y su impunidad no sólo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construcción de un régimen democrático y dificultan la superación de una sociedad desigual y excluyente. Así mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez más degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la población civil. Además, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.
Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continúan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Además, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas. Es cada vez más evidente que los vínculos históricos entre agentes del Estado y paramilitares han intervenido el Estado a muy altos niveles. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas, y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.
Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia está directamente ligada a la realización de los derechos humanos, a la solución política negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:
1.El Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, y depurar sus vínculos con servidores públicos, miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad. Así mismo, debe dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicación de la ley 975 de 2005. La comunidad internacional debe vigilar que el Gobierno de Colombia cumpla con esas obligaciones.
2.La solución política negociada es el mejor camino para resolver el conflicto armado interno. Alentamos al Gobierno de Colombia y al ELN para avanzar efectivamente en la construcción de escenarios de negociación política. Todos los grupos combatientes deben abstenerse de continuar practicando secuestros. Instamos al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC-EP a que sin más dilaciones ni condicionamientos suscriban un acuerdo humanitario. Es fundamental que la comunidad internacional continúe cumpliendo su papel de facilitación respecto a esas iniciativas.
3.El Gobierno de Colombia debe garantizar los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La comunidad internacional debe acompañar y apoyar decididamente las iniciativas de las víctimas orientadas a ejercer sus derechos. También debe apoyar a la sociedad civil colombiana en el proceso de construir y concertar un Plan Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario con el Estado colombiano.
4.Durante las próximas elecciones, el Gobierno de Colombia está obligado a ofrecer garantías a la oposición política, a impedir la injerencia del paramilitarismo en el debate electoral. La Unión Europea debe supervisar todo el proceso electoral (campañas y elecciones) mediante la conformación de una Misión de Verificación Electoral y el apoyo que otorgue a la presencia de otras misiones.
5.Dado el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado colombiano, la Unión Europea debe evaluar la vigencia del acuerdo arancelario vigente. Otros acuerdos comerciales que la UE celebre con el Gobierno de Colombia deben estar condicionados al respeto y la garantía de la integralidad de los derechos humanos. En todo caso, la sociedad civil podrá participar de las consultas previas para suscribir esos acuerdos
6.El Gobierno de Colombia debe dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas durante los últimos años por los organismos intergubernamentales especializados de derechos humanos. La comunidad internacional debe garantizar la continuidad y el cabal cumplimiento del mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así mismo, el Consejo de Derechos Humanos, por lo menos una vez al año, debe analizar específicamente la situación colombiana y adoptar un curso de acción que comprometa al Gobierno de Colombia a superar la crisis de derechos humanos.
7.Proclamamos nuestro compromiso con el desarrollo y la consolidación de la democracia en Colombia. En ese sentido, instamos al Gobierno de Colombia para que respete y garantice los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, otorgue garantías a los integrantes de la oposición política, y asegure la vigencia de las libertades sindicales. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de esas obligaciones y velar por la vigencia de las cláusulas democráticas.
8.
Bruselas, 18 de abril de 2007
LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 007 / 0407 / OBS 030
Amenazas / Intimidación
COLOMBIA
03 de abril de 2007
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre nuevas amenazas enviadas contra varias organizaciones civiles, que luchan para el respeto de los derechos humanos, por un presunto grupo que se autodenomina “Nueva Generación”, en hechos ocurridos en el Departamento de Nariño.
De acuerdo con las informaciones, el 20 de marzo de 2007, varias organizaciones civiles del departamento de Nariño recibieron vía correo electrónico una amenaza enviada por un grupo presuntamente paramilitar autodenominado “Nueva Generación”, calificándolas como “terroristas en estafetas de derechos humanos”. Las organizaciones amenazadas fueron la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH- Nariño), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), el Apoyo a Víctimas de Violencia Sociopolítica pro Recuperación Emocional (AVRE), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP) y la Federación Universitaria Nacional (FUN).
El Observatorio lamenta que las organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia continúen recibiendo graves amenazas por parte de distintos grupos involucrados en el conflicto armado, afectando así cada vez más el desarrollo de sus actividades y poniendo en peligro la vida de sus integrantes y familiares. A este respecto, en el mes de febrero, otras organizaciones sociales, tales como el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (ACIN) y la Organización Campesina (CIMA) fueron amenazadas, esta vez por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), exigiéndoles a “comprometerse a apoyar la movilización popular y la exigencia de la renuncia de Uribe, para abrir paso a la conformación de un Nuevo Gobierno...”, sino serían consideradas como “objetivo militar”.
El Observatorio condena estos repetitivos hechos que se enmarcan en un contexto de permanente intimidación y acoso en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia. El Observatorio manifiesta su extrema preocupación por la grave situación de inseguridad en la que los defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes de la oposición, sindicalistas y desplazados, son a menudo objeto de persecución y estigmatización a causa de su labor de denuncia de las violaciones de los derechos humanos de que son víctimas tanto ellos como las organizaciones a las que pertenecen o a las que acompañan.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de las organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio de Colombia y en particular en este caso, de las organizaciones arriba mencionadas en el departamento de Nariño;
ii. llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas recibidas por las organizaciones arriba mencionadas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal justo, competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130,
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 3 de abril de 2007.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Col - Testimonio sobre sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales llevadas a cabo por fuerzas estatales.
Nota del Editor:
Dado la fecha del documento (01 de agosto de 1989) que bajo el título de "Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales", hemos decidido editar (el 08 de febrero de 2007) y distribuir masivamente, creemos necesario hacer una pequeña introducción aclaratoria.
Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01 de agosto de 1989. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
Es importante destacar que los crímenes contra la humanidad, según recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según la jurisprudencia del derecho internacional aplicable en la jurisdicción interna colombiana, no prescriben y no son amnistiables. Estas dos características hacen del presente testimonio una prueba documental de gran importancia judicial, toda vez que un testigo directo -que es, además, agente del propio estado colombiano-, relata en forma pormenorizada hechos ocurridos en Colombia y que tuvieron y tienen una gran repercusión social.
Es un documento que muestra cómo la organización criminal que organizó el propio Estado colombiano y que no tuvo en aquel entonces, como no la tiene hoy día, otra finalidad que el exterminio de población civil, el asesinato selectivo de dirigentes políticos, sociales y sindicales, no es producto de lo que la prensa actualmente ha denominado "parapolítica", sino una práctica sistemática y organizada desde el ámbito del Estado.
Esperamos sinceramente que este documento sirva como reflexión en los momentos actuales en que se pretende aplicar una solución de ingeniería jurídica con la que se pretende sobrepujar el derecho internacional de derechos humanos y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Equipo Nizkor
22 de febrero de 2007
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ii) Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales.
Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.E.
Yo, Ricardo Gómez Mazuera, identificado con c.c. # 3.010.247 de Engativá (Cund.), pongo en conocimiento de Ud. los siguientes hechos:
1. Ingresé en la Policía Nacional el 31 de marzo de 1977, como alumno de la Escuela de Carabineros "Eduardo Cuevas" de Villavicencio [Meta] , siendo Comandante de la misma el Teniente Coronel Dámaso Ortega Contreras, Subcomandante el Mayor Rodrigo Millán Bautista, y oficiales Los Tenientes Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, Edilio Cely Prieto, Leonel Hernán Díaz Gutiérrez y William Rojas Giraldo.
Una vez terminado el curso, vinimos a Bogotá donde servimos en la Primera Estación de Policía,luego pasamos a la Sexta, volvimos a la Primera y luego reinauguramos la Quinta Estación.
Entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. En testimonio de esto, anexo el original del Paz y Salvo expedido por la Auditoría Auxiliar 35 de Guerra, el 20 de enero de 1988.
Desde 1974 actué como informante de la DIPEC (hoy DIJIN). En-ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy Teniente Coronel y Comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía).
En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército.
Durante estos años me han conocido en mi trabajo las siguientes personas: el Mayor Gañán, subjefe de la SIJIN; el Sargento Gaviria, de la sección de Piratería de la DIJIN; el Coronel Alfonso Plazas Vega, director de la Escuela de Caballería; el Capitán Misael Plazas Vega, jefe del S-2 del BAPOM # 1; el Capitán Powels, jefe del S-2 de la Escuela de Artillería; el Capitán Luz, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano"; el Coronel Pradilla, jefe del B-2 Bogotá; el General (r) Fernando Landazábal Reyes, Comandante de la Brigada de Institutos Militares en 1976; el Capitán Quevedo, jefe de automotores de la SIJIN.
Realicé también trabajos con el Capitán Santos, subcomandante de la SIJIN de Cúcuta; en Bucaramanga con el General Farouk Yanine Díaz, a través del S-2 de la V Brigada, en la zona de San Vicente de Chucurí (1986) en Doncello (Caquetá) con el Capitán de la Policía Heriberto Infante Ramírez.
2. Durante estos años de trabajo con los servicios de inteligencia del Estado, me he ido convenciendo poco a poco de que los métodos allí utilizados son violatorios de las mismas leyes de la República y de que en tales organismos se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable.
Por estes razones y a pesar de los altos riesgos que esto implica para mi seguridad personal y la de mi familia, he decidido abandonar mi trabajo y solicitar a las autoridades competentes que investiguen los métodos utilizados por los organismos de seguridad del Estado para combatir la subversión o la delincuencia, y que se ponga fin a cuanto en ellos hay de violatorio de la Constitución y las leyes y de los Convenios sobre Derechos Humanos.
En particular quiero denunciar los siguientes hechos:
2.1. Como participante activo en tareas de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, doy testimonio de lo siguiente:
a) La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fué sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar, donde fué atendida por el Doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del Pabellón de Quemados de dicho hospital.
Algunos informes de inteligencia dieron cuenta de que "habían sacado una guerrillera y la tenían en el Hospital Simón Bolívar". Fué enviado, entonces, un sargento de nombre Juan (apellido posiblemente Rodríguez), de 1,60 mts. aproximadamente de estatura, delgado, de ojos cafés claros, nariz pronunciada, que usaba entonces barba y vivía en Ciudad Kennedy, con 3 soldados del S-2, para sacarla del hospital y llevarla a la Escuela de Caballería.
El Dr. Sastoque se opuso a que la sacaran, pero el sargento presionó, diciéndole que si no lo permitía, sería acusado de complicidad con la guerrilla. Entonces lo permitió y lo señora fué llevada a la Escuela de Caballería donde fué sometida a torturas, golpeándola con guantes de caucho mojados sobre las quemaduras. La señora Zuluaga murió en medio de las torturas.
b) EL señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: "me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe".
El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez "por cómplice".
El señor Rodríguez Vera fué sometido a torturas durante 4 días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. El siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo.
Quienes estuvieron al frente de estas torturas fueron: el Capitán Luz, de aproximadamente 1,78 mts. de estatura, 80 kilos de peso, cabello crespo negro, bigote, acento cercano al costeño, y otro capitán de pelo rubio, quien manejaba entonces un Nissan Patrol azul y blanco.
El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en "los polvorines", cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela.
c) El día 7 de noviembre, en la mañana, el señor Andrés Almarales, del Comando Superior del M-19, fué sacado con vida del Palacio, solo herido en una pierna, y trasladado en una ambulancia a la Escuela de Apoyo Logístico, donde funciona el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano". Allí el señor Almarales fué asesinado y su cadáver devuelto al Palacio para ser sacado de allí entre los muertos.
En la ambulancia que transportó al señor Almarales iba un señor Becerra, adscrito al F-2, hoy conductor de la SIJIN-Bogotá; Dicho señor aparece 'fotografiado en la primera página de El Tiempo del 9 de noviembre de 1985, cargado el féretro del Capitán Héctor Aníbal Talero ("Halcón-2").
El periodista Jorge Enrique Pulido tuyo en su poder tomas de video, donde se puede comprobar la salida con vida del señor Almarales del Palacio de Justicia.
d) El domingo 10 de noviembre, después que el Palacio de Justicia había sido inspeccionado, evacuado y barrido, apareció en el primer piso otro cadáver. Correspondía a uno de los visitantes del Palacio, portador de una cédula que no era la suya y que por tal motivo había sido llevado al Batallón Charry Solano, donde murió en medio de las torturas. Su cadáver fué llevado al Palacio por agentes del mismo Batallón.
e) El mismo 10 de noviembre de 1985 se hizo un operativo en el barrio Quiroga (calle 32 sur con carrera 21), en la residencia de la señora Myriam Vásquez, de quien se decía tenía lazos familiares con Fabio Vásquez Castaño (antiguo Comandante del E.L.N.) y que habría tenido algo que ver con los hechos del Palacio de Justicia.
El Coronel Moreno, jefe de inteligencia del Charry Solano, ordenó que la capturaran en forma de "secuestro", es decir, en forma ilegal, fingiendo ser secuestradores comunes.
No se la pudo capturar, porque hubo confusión con otra señora de nombre Myriam, que en el momento estaba en la misma residencia, y porque los vecinos habían informado a la Policía del barrio Quiroga que había carros extraños en la zona. Dado que la Policía de Bogotá no estaba informada sobre este operativo, y que los agentes del barrio Quiroga acudieron al sitio, el operativo fué desmontado.
2.2. Al señor Samuel Aguilar, Inspector de Policía de Los Maracos, Granada (Meta), se le montó una persecusión, por ser de la U.P., hasta que se le asesinó.
Días antes del atentado, perpetrado el 25 de julio de 1988, el señor Aguilar fué víctima de un atraco, pudiendo él reconocer al atracador, que era un sargento del Ejército. Dos niñas fueron testigos del atraco y una de ellas fué asesinada posteriormente.
El señor Aguilar acusó al sargento ante el Comandante de la Base de Apiay, pero solo recibió en respuesta amenazas e intimidaciones.
La escolta del DAS que él tenía, no apareció el 25 de julio. Ese día llegaron a su casa otras personas que se identificaron como del DAS y le dijeron que lo necesitaban en Villavicencio.
Sospechando lo que iba a ocurrir, un hijo suyo salió a defenderlo con un arma, pero fué desarmado por los agentes. También su mamá salió y lo abrazó, pero los agentes la arrastraron del pelo y a él se lo llevaron. En el camino le hicieron tiros, pero él no murió enseguida. Murió 3 días después. El tipo de bala con que fué asesinado coincide con las empleadas por el grupo de sicarios que el 3 del mismo mes había asesinado a 17 personas cerca de Granada.
2.3. El sacerdote belga, Padre Daniel Hubert Gillard, de la comunidad asuncionista, Párroco de la Parroquia del Santo Evangelio, en el barrio Antonio Nariño de Cali, también fué objeto de investigaciones y seguimientos por parte del B-2 de Cali, pues se consideraba que su trabajo concientizador llevaba a la gente a hacer demasiadas exigencias ni gobierno.
Un operativo conjunto del DAS y el Ejército preparó y perpetró el atentado de que fué víctima el 10 de abril de 1985. Esa noche lo esperaron cerca de la Parroquia, lo dejaron pasar en su carro y a 10 metros le dieron la orden de "alto" que él ya no podía oir, entonces dispararon contra él. Uno de los agentes que participó en el atentado fué el agente Méndez, apodado "la yegua" quien fué desplazado desde Bogotá con esa intención.
El Padre Gillard no murió en el atentado pero quedó inconciente y fué hospitalizado durante muchos días. Más tarde, el Capitán Rodríguez, del S-2 del Batallón de Cali dio orden de quitarle el oxígeno "para ayudarlo a bien morir".
2.4. También puedo atestiguar la existencia de alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas e industriales y narcotraficantes, para constituir y financiar grupos de "mano negra" o "escuadrones de la muerte" que realizan trabajos de "limpieza social". En concreto:
a) En Tuluá (Valle), el Mayor de la Policía Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (hoy Teniente Coronel, destacado en Arauca) constituyó uno de estos grupos que tenía como ámbito de operaciones: Cali, Tuluá, Palmira y Yumbo, dando muerte por lo menos a 30 personas.
El Mayor Suárez escogía personal de la Policía y los sometía a un "bautizo", consistente en que todos participaran en un crimen, con el fin de que nadie pudiera hablar. Así en junio de 1985, hicieron una matanza nocturna de homosexuales en Tuluá y botaron sus cadáveres al río Cauca. Un carnicero fué testigo de la matanza y luego fué asesinado por el mismo grupo.
Para financiar estas operaciones de "mano negra", el Mayor Suárez recibía dinero de industriales del Valle. El señor Pablo Hamerleng, Jefe de seguridad de la firma Carvajal, de Cali, (tel: 2675011) aportó más de dos millones de pesos.
El Director Operativo de la Policía Nacional, General José Luis Vargas Villegas, tuvo conocimiento de esto pero no hizo nada para impedirlo.
El hoy Teniente Coronel Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (Dirección: calle 19 C sur # 55-54, tel: 2609138) recibe dinero de narcotraficantes, posiblemente para implementar operaciones similares. En un día de junio o julio de 1987, yo mismo lo acompañé personalmente, en un Toyota blanco, a la empresa "Taxis Verdes" de Bogotá (carrera 15 por calle 15) y allí recibió 25 millones de manos del Señor Gustavo Gaviria Riveros, narcotraficante ligado a Pablo Escobar. Un ex-oficial de la Policía que trabajó en la Escuela "Eduardo Cuevas" de Villavicencio, el ex-cabo Linares, quien conducía entonces un taxi de la empresa "Taxis Verdes", pudo darse cuenta de esta cita, pues estaba allí y me saludó.
b) El Mayor Gañán, hasta 1988 Subcomandante de la SIJIN (Tel: 439810) , también recibe dinero de narcotraficantes. Su casa que posee en Bogotá (en la calle 122) está evaluada en más de 30 millones de pesos. Este Mayor proveía de armamentos para atracos que realizaba el personal de la SIJIN, en unión del Doctor Tarazona, asesor jurídico del F-2.
Por orden suya fueron asesinados los secuestradores del señor Ricardo Valencia, industrial de cueros. El Mayor Gañán dio orden de matar a los secuestradores del señor Valencia después de que ellos se habían entregado, como lo atestiguó el mismo señor Valencia.
c) El Mayor Beltrán Mogollón, antes jefe de automotores de la SIJIN-Bogotá y ahora jefe de la SIJIN-Cali, también organizó un "plan limpieza" en Bogotá, en 1988. Por orden suya fueron asesinados 17 haladores de carros, operaciones ejecutadas por la Patrulla 1010, por personal del grupo de automotores de la SIJIN y por patrullas al mando de los sargentos Sosa y Valdeleón y del agente Aldana (el cual resultó lesionado cuando el atentado al Ministro de Gobierno Jaime Castro).
d) En Cúcuta, el Capitán Santos, segundo en mando de la SIJIN-Cúcuta, ha constituido un grupo con un suboficial y dos agentes para efectuar operaciones "de limpieza".
Esta grupo mató a un ladrón en la Residencia Avila. Con la colaboración de la dueña de dicha Residencia, reúnen información sobre supuestos miembros o colaboradores de grupos guerrilleros que se hospedan allí y luego buscan matarlos. Así ocurrió con Rodolfo Quenzá González (cc. # 17.586.254 de Arauca) quien después de haberse hospedado allí, fué seguido por el grupo del Capitán Santos hasta Arauca donde fué asesinado en enero de 1988.
e) En esta clase de operaciones ilegales se cuenta con ayuda de personal extranjero. El Señor Vigam, jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Bogotá, dicta cursos sobre métodos de seguimiento y tácticas de espionaje y similares, a miembros del Batallón Charry Solano, en compañía de un Señor Yossia, también del equipo de seguridad de la misma Embajada.
Para esta clase de operaciones se cuenta también con un proveedor de Placas y papeles para vehículos: el señor Carlos Cuadros (tel: 2778700, ext. 49) y con una proveedora de documentos falsos: la "Señora Ester", o la "Señora Edelma" (carrera 12 # 8-35, tel: 2546911) cuyos servicios utiliza el F-2.
2.5. Otro método que resulta violatorio de la Constitución y las leyes es el de infiltrar a organizaciones de izquierda con el objetivo de asesinar a sus dirigentes. A este respecto, denuncio lo siguiente:
a) En el caso de la muerte de Gustavo Arias Londoño, alias "Boris", del Comando Superior del M-19, la Dirección de la Policía tuvo conocimiento previo sobre su desplazamiento a Caldas (Ant) para una reunión y ordenó montar un operativo "por lo bajo". En efecto, Arias Londoño fué detenido mientras viajaba a Caldas, el 23 de julio de 1986, a las 11.30 P.M., y conducido al cuartel de la VIII Estación donde le aplicaron la "ley de fuga". En un informe posterior, la Policía declaró que había sido identificado posteriormente, pero, en realidad, el operativo fue montado con plena intención de asesinarlo.
b) En el caso de Alvaro Fayad, jefe del M-19, el GOES sabía, con tres días de anticipación, que él iría ese día, 13 de marzo de 1985, al apartamento situado en la carrera 42 C # 22-A-30, Apto. 202, y por ello montaron el operativo para asesinarlo.
c) En el caso de Afranio Parra, un informante de la DIJIN que estaba in filtrado en el M-19, había informado sobre su presencia en Vistahermosa, al sur de Bogotá. Cuando salieron a hacer un negocio de armamento, el informante los fué llevando hacia el CAI de Vistahermosa, de la III Estación de Policía, donde los interceptaron 3 agentes que estaban bebiendo cerca de la cancha. En el camino, uno de los que acompañaban a Afranio Parra se escapó, hubo un forcejeo y Ios agentes, entre ellos el identificado con la Placa # 19364, asesinaron a Afranio y a los acompañantes, entre ellos al informante. El que escapó dio aviso a los escoltas de los voceros del M-19 en el diálogo con el gobierno y por ello el caso fué conocido públicamente casi de inmediato.
2.6. Quiero poner igualmente en conocimiento de Ud. la existencia de algunos sitios utilizados como cementerios, para sepultar a víctimas de estos procedimientos ilegales.
a) En la vía a Villavicencio, en dirección norte-sur saliendo de Bogotá, pasando el Retén de "La Alemana", hay un camino que sube hacia el oriente. Subiendo por dicho camino unos 300 metros, en medio de una arboleda, a mano derecha, hay un área de unos 100 metros donde se ha sepultado a varias personas, víctimas de procedimientos ilegales de represión. (Ver Gráfico 1)
Un caso en el cual me tocó participar, fué el siguiente:
Entre febrero y marzo de 1983 se perdió una cámara de fotografía que se utilizaba para libretas militares en el Distrito de Kennedy. Por informaciones que llegaron a la Brigada, se acusó a Luis Alfonso Muñoz Cabanzo, quien era informante pero también era ladrón, y a otro de nombre Héctor.
A muñoz se le capturó en el barrio Marco Fidel Suárez y a Héctor en el barrio Quiroga. Ambos fueron llevados al sitio indicado (cementerio de La Alemana), vendados con balletillas mojadas y untadas de tierra para que no pudieran abrir los ojos. En el sitio mencionado fueron sometidos a torturas y Héctor fué asesinado y enterrado allí.
A Muñoz Cabanzo lo torturaron quemándolo con un cigarrillo y dándole golpes en el estómago con un bate de base-ball. En un momento dado, él dijo: "yo canto". Entonces le soltaron las manos y le permitieron limpiarse la cara. Pero como comenzó a dar evasivas, lo arrodillaron y le montaron una subametralladora para matarlo, pero él salió rodando. Le hicieron tiros pero él se escapó hacia la vía a Villavicencio. Esta persona, quien hoy vive de nuevo en el barrio Marco Fidel Suárez, puede testimoniar lo ocurrido y señalar el sitio.
b) Otro cementerio existe en los llamados "Polvorines" de la Escuela de Caballería de Usaquén. En el extremo norte de la Escuela, hacia el oriente, detrás del sitio donde se hacen prácticas de polígono, hay un sitio donde se entierra a personas que mueren bajo tortira en la misma Escuela. Allí es posible que hayan sido sepultados algunos de los desaparecidos durante los hechos del Palacio de Justicia. Allí fué enterrado, muy probablemente, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y también la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. (Ver Gráfico 2).
c) En Montería (Córdoba), saliendo de la ciudad por la vía al mar, está la hacienda de la familia Kergelene. Avanzando unos 300 metros aproximadamente hacia dentro de la hacienda, hay una casa de los trabajadores. Siguiendo de allí hacia el río (unos 250 metros aproximadamente) nacen los bebederos del ganado. Unos 50 metros antes del río se encuentra un cementerio en donde, antes de 1988, que yo sepa, se ha sepultado a 6 personas sindicadas de subversión.
El 8 de junio de 1987, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla, capturamos a 2 personas sindicadas de pertenecer a un grupo de finanzas de alguna organización guerrillera y que supuestamente habían extorsionado a un ganadero de Montería. Los llevamos a dicha finca para reconocimiento y allí fueron asesinados y sepultados.
La noche anterior a dichas capturas estuvimos con Alonso Luna (tel: 355539) y Ovidio Lozano (Dirección: carrera 6 B # 18-45, tel: 369539) en Barranquilla, integrantes del grupo de mariachis "Cien Años de Soledad".
d) También tengo conocimiento de que en el corregimiento La Floresta, entre Cúcuta y Puerto Santander, en la salida del caserío hacia el occidente, existe un cementerio donde se entierra a muchas víctimas de acciones ilegales de la Policía. El agente de la Policía Julio Ángel Rojas Peñarate, conoce dicho sitio.
e) En el Batallón de Policía Militar # 13 de Puente Aranda, en Bogotá, al lado derecho del casino de los soldados, después de atravesar una zona reservada, está la Sección del S-2, dentro de la cual existe un cuarto de interrogatorios utilizado para torturas. Allí fué llevado, por ejemplo, el señor Hernando Muñoz (Dirección: calle 24 sur por carrera 13 A), un señor a quien le faltan ambas piernas. El Señor Muñoz fué capturado en un operativo dirigido por el Capitán Misael Plazas Vega. (Ver Gráfico 3).
2.7. Finalmente, quiero poner también en su conocimiento los nombres de algunas personas que actualmente son objeto de investigaciones y seguimientos par parte del Batallón Charry Solano y cuyas vidas, por lo tanto, pueden estar corriendo graves peligros:
- El Señor Manuel Zapata Olivella, líder de un movimiento de negritudes.
- El Señor Víctor Diusaba, periodista del diario El Siglo.
- El Señor Ángel Tolosa, líder de un movimiento campesino (ANUC).
- EL Doctor Eduardo Umaña Mendoza, abogado que trabaja con grupos de Derechos Humanos.
- El Señor Alberto González, periodista del diario El Mundo, de Medellín.
- El Señar Jesús Castañeda, periodista de una agencia internacional de noticies cuyas oficinas están en la Plazuela de Las Nieves.
- Un Señor que trabaja con Amnistía Internacional, de nombre Edgard, alto, de barba.
2.8. Quiero dejar constancia, en último término, de que en el mes de mayo de 1989 solicité un extracto de mi hoja de vida en la Policía Nacional y se me comunicó que no existía en los archivos, es decir, que había desaparecido. Con qué fin ?
Hago constar que todos los datos aportados a través del testimonio rendido son auténticos y que están basados, ya sea en mi experiencia personal de trabajo durante estos 12 años, ya en el relato de compañeros de trabajo que han estado más directamente relacionados con algunos hechos, para corroborar lo cual me suscribo, con firma autenticada en notaría.
Atte.
Ricardo Gómez Mazuera
c.c. 3.010.247 de Engativá (Cund)
C.C.
- Dirección Nacional de Instrucción Criminal.
- Ministro de Justicia.
- Juzgado 26 de Instrucción Criminal.
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
- Comiisión Episcopal por la Vida, la Justicia y la Paz.
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Nota documental del Equipo Nizkor: Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01ago89. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
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LA SUSCRITA AUDITORA AUXILIAR 35 DE GUERRA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA BOGOTA,
HACE CONSTAR:
Que revisados los libros radicadores de sumarios de este Despacho, figura a Tomo II, folio 545, el proceso No. 687, adelantado por el delito de DESERCION contra el ex-agente Auxiliar GOMEZ MAZUERA RICARDO, por hechos ocurridos entre el 22 de diciembre de 1977 al 03 de enero de 1978 y consta con fecha 16 de noviembre de 1978 que el mencionado proceso pasó al ARCHIVO definitivamente por haber confirmado el H. Tribunal Superior Militar la sentencia absolutoria proferida en primera instancia en favor de GOMEZ MAZUERA RICARDO. En consecuencia de lo anterior se colige que el mencionado ex-agente GOMEZ MAZUERA RICARDO, quien se identificó con c.c. No. 3'010.247 de Barrio Boyacá-Engativá (Cund), no tiene cuentas pendientes con este despacho.
Se expide la presente en Bogotá, D.E., a los Veinticinco días del mes de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, a solicitud verbal del interesado.
Dra. EUGENIA GUTIERREZ GIRALDO
Auditora Auxiliar 35 de Guerra
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indagatoria 56 militares de la Brigada 17 por la masacre de la comunidad de San José de Apartadó
Los militares pertenecientes a esta unidad militar con sede en Carepa son acusados por la Fiscalía del asesinato a sangre fría de ocho campesinos, entre ellos tres menores de edad. En un principio, el Ejército informó que la acción había sido obra de las Farc.
Fecha: 02/22/2007 -
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a 56 militares de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Antioquia, sindicados de la masacre de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó en 2005. La medida judicial echa por tierra las sindicaciones de los propios militares que en un principio acusaron a las Farc de esta espantosa acción que conmovió al país.
Los militares deberán responder en juicio por los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo. En el ente investigador se aceptó que en inicialmente también se dirigió la investigación hacia las Farc por el material que habían suministrado los miembros del Ejército. Sin embargo, en el transcurso de las averiguaciones se estableció que éstos estaban mintiendo para encubrir el hecho.
La muerte de los ocho campesinos ocurrió el 21 de febrero de 2005 y causó una gran conmoción porque en ella fueron también asesinados tres menores de edad. El 26 de febrero de 2005 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en una carta al vicepresidente Francisco Santos, al Procurador Edgardo Maya y al Defensor del Pueblo Volmar Pérez, denunciando la masacre. SEMANA.COM publica los apartes de ese documento que hoy cobra una vital vigencia.
"Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante los daños irreparables cometidos por miembros de la Brigada XI del Ejercito Nacional contra 7 campesinos que habitaron en el corregimiento de San José de Apartadó, entre ellos tres menores de edad. Todas y todos fueron amenazados de muerte, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, y luego enterrados en dos fosas.
Hoy sábado en horas de la mañana hemos tenido la confirmación de que los restos que se encontraban en dos fosas comunes eran los Luis Eduardo Guerra, reconocido coordinador y defensor de derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, 30 años, Sandra Milena Muñoz Pozo de 24 años, Bellanira Areiza Guzmán de 17 años, Deiner Andrés Guerra de 11 años Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz de 6 años.
Como ha sido de conocimiento a través de la Comunidad de Paz y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el lunes 21 de febrero Luis Eduardo fue detenido arbitraria e ilegalmente por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, Brigada XI, en los alrededores del caserío de Mulatos. Los uniformados amenazaron de muerte a los campesinos, expresando que los iban a asesinar. Dos días después varios pobladores informaron del hallazgo de una fosa común en la que se observaron los restos de uno de los niños, Deiner Andrés.
De acuerdo con lo que hemos conocido a través de acompañantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el día viernes 25 en horas de la tarde fueron encontradas dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de las personas que han sido un signo de esperanza y de vida para San José de Apartadó y para muchas comunidades en Colombia y la humanidad.
El próximo 23 de marzo serán, 8 años desde que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Desde su mismo nacimiento esta experien