Llamado a juicio Jorge Noguera, ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mano derecha del presidente de Colombia Álvaro Uribe
Miércoles 13 de mayo de 2009, por Prensa - Colectivo
Fuente: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
http://www.colectivodeabogados.org/spip.php?article1597#nh1
Jorge Noguera, el ex director del DAS y mano derecha del Presidente Álvaro Uribe, ha sido llamado a juicio por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.
La impunidad se ha empezado a romper, ahora resta esperar que el juicio que aguarda a Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS([1]), se rodee de las garantías propias de un debido proceso, y el respeto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
El Fiscal General De La Nación Dr. Mario Iguarán Arana acaba de reconocer la responsabilidad penal de Noguera en los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana; así como que el DAS durante su administración, fue puesto al servicio del paramilitarismo en Colombia, tal como había sido expresamente solicitado por los representantes de la Parte Civil, abogados de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
Lamentablemente, el representante de la Procuraduría General de la Nación pidió la preclusión de la investigación en relación con los homicidios, esto es, no examinó la abundante prueba de cargo existente en contra de Noguera, en relación con su responsabilidad por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos, que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.
Por tanto, Noguera Cotes, deberá responder por los cargos de Concierto para delinquir Agravado en cuanto fomentó, promovió, financió y desarrolló actividades conjuntas con el paramilitarismo; de Homicidio Agravado en las personas del defensor de derechos humanos Alfredo Correa D’Andreis, los sindicalistas Zully Esther Condina y Adán Pacheco, así como del político y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, en cuanto estas personas fueron asesinadas en razón a su labor de denuncia sobre la asociación del paramilitarismo con diversos sectores del Estado colombiano. Así mismo se lo acusó de los punibles de Utilización de asunto sometido a reserva, al suministrar información de inteligencia al paramilitarismo, de Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público, al borrar antecedentes y otras informaciones en relación con paramilitares “y” narcotraficantes; de Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en la medida que hizo múltiples despidos de funcionarios del DAS que desarrollaban actividades de persecución al paramilitarismo; así como Concusión y Cohecho Propio, en la medida que recibió y cobró porcentajes en relación con sumas de dinero que eran remitidas al paramilitarismo, ilícitas comisiones que se cobraban de la contratación del DAS.
Jorge Noguera Cotes fue director del DAS entre septiembre de 2002 y octubre de 2005, luego fue nombrado cónsul en Milán, tras lo cual tuvo que regresar al país para ser procesado por graves crímenes. Así, fue detenido inicialmente el 22 de febrero de 2007, pero recuperó su libertad mediante un Habeas Corpus otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura el 23 de marzo de 2007. Por segunda vez Noguera fue capturado el 6 de julio de 2007 y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 por los delitos de Concierto Para Delinquir Agravado ([2]), así como Utilización de Asunto Sometido a Secreto o Reserva y Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto Homogéneo, al tiempo que se continuó con la investigación por los Homicidios. Pero en la etapa de juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema el 12 de junio de 2008 consideró que la actuación procesal era nula en la medida que el Fiscal General De La Nación Mario Iguarán no la adelantó directamente y por tanto ordenó nuevamente su libertad inmediata. Posteriormente, el Fiscal General acatando la decisión de la Corte Suprema, reanuda el proceso contra Noguera Cotes, lo llama a indagatoria, practica decenas de pruebas que siguen demostrando su responsabilidad penal, por lo que le impone medida de aseguramiento, siendo nuevamente detenido el 12 de diciembre de 2008, momento desde el cual está privado de la libertad en la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota” en Bogotá. Y finalmente, ante la evidencia irrefutable de su intervención en los homicidios reseñados, profiere resolución de acusación en su contra en decisión fechada el 6 de mayo de 2009, al encontrarlo coautor de las conductas endilgadas.
Está probado que en el DAS, desde su nivel central, con la llegada de Jorge Aurelio Noguera Cotes, se conformó una estructura criminal asentada sobre el aparato legal y que a través de la utilización de los privilegios que entregaba lo público, prestaba la contribución necesaria para el desarrollo paramilitar, tanto en lo desplegado a título de “guerra contrainsurgente” que en realidad ha sido persecución de la población civil, como en relación con la toma definitiva del poder, en virtud de los derroteros que se han evidenciado con el denominado “Pacto de Ralito”([3]).
Está probado que Jorge Noguera ubicó en cargos claves al interior de la estructura del DAS a personas funcionales para sus crímenes, miembros del Aparato Organizado de Poder, en buena parte controlado por él como Director del DAS. Así, incluía quienes, entre otros, ayudaron al financiamiento paramilitar, pues según lo probado, Noguera había comprometido con el bloque norte paramilitar, una comisión entre el 5% y el 10% de toda la contratación del DAS.
A la fecha, los más representativos miembros de este aparato criminal, se encuentran detenidos, acusados del punible de concierto para delinquir agravado; mientras que otros, como el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, han sido extraditados. Al tiempo, la Fiscalía ha determinado compulsar las copias respectivas para que sean investigados penalmente algunos de los que permanecen en la impunidad.
Está probado que Jorge Noguera hace parte de ese grupo de políticos y personajes de la vida pública que han tenido vínculos con paramilitares, y se suma a una larga lista de congresistas y ex congresistas oriundos del Departamento del Magdalena, que se convierte así, en uno de los departamentos más afectados por las relaciones entre políticos y el Paramilitarismo([4]). Así, se ha corroborado la responsabilidad penal de Noguera Cotes a través de innumerables testigos además de Rafael García, que prueban sus conductas criminales, pruebas testimoniales que se suman a múltiples documentos, informes y dictámenes que en más de 50 mil folios permiten concluir con certeza la responsabilidad de Noguera en los crímenes por los cuales se investiga.
Está probado que durante los últimos 10 años más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos, que existe una gran violencia antisindical que se suma a la de defensores de derechos humanos. Varios funcionarios del DAS reconocen que sindicalistas y defensores de derechos humanos, fueron objeto de “labores de inteligencia” para incluir esa información en sus bases de datos y de allí, fueron puestos en listas que Noguera entregó a los paramilitares y luego efectivamente fueron objeto de amenazas, desplazamientos, asesinatos y desapariciones forzadas. Así, el DAS entregó a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, los listados donde figuraban, entre otros, los nombres del profesor, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y líder social Alfredo Correa D’Andreis; la periodista y dirigente sindical del sector salud Zully Codina y el político liberal y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, quienes a la postre resultaron asesinados por el bloque norte, como lo reconoció el paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, personas que fueron objeto de seguimientos de años, así como de informes de inteligencia sobre su vida personal y su actividad socio-laboral. En estos informes que fueron hallados en el DAS, aparecen también mencionados los sindicatos de ANTHOC, la CUT Bolívar, la USO y otras organizaciones locales, actividad que es la fase inicial de la guerra sucia. En suma, los activistas Alfredo Correa D’Andreis, Zully Codina, Adán Pacheco y el político Fernando Pisciotti, fueron víctimas de políticas contrainsurgentes fundadas en las nociones de “enemigo interno” y “guerra política” sobre organizaciones sociales y sindicales, que se ejecutaron a través del aparato organizado de poder sobre el que tenía control directo Jorge Noguera Cotes y en relación con un plan de exterminio contra sindicalistas, y líderes de oposición ejecutado por los grupos paramilitares, con los miembros de su estructura dentro del DAS.
Está probado que el DAS realizó informes falsos de inteligencia y manipuló reinsertados que en verdad eran paramilitares o testigos falsos y con ellos judicializaron al Profesor Correa D’Andreis, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y que ante el fracaso de este montaje obtuvo su libertad, por tanto con esos mismos informes de inteligencia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio procedieron a asesinar a esta persona, situación que fue similar con otros líderes sindicales como el caso de Adán Pacheco.
Existiendo un expediente con más de 50 mil folios con muchas, graves y contundentes pruebas de cargo, que no se limitan al testimonio de Rafael García Torres, es necesario que la Corte Suprema de Justicia esté rodeada de las garantías que necesita para que pueda aplicar justicia, toda vez que Noguera Cotes puso el DAS al servicio del paramilitarismo, financiándolo, suministrándole información, borrando antecedentes, órdenes de captura y solicitudes de extradición a sus miembros, así como coadyuvando a la realización de homicidios contra quienes eran concebidos como opositores, acciones toda estas que se cometieron por Noguera, en virtud de su pertenencia al paramilitarismo y aprovechando su calidad de Director del DAS.
El asesinato de sindicalistas en Colombia, según la OIT, tiene la tasa más alta del mundo, por tanto el llamado a Jorge Noguera para que responda en juicio por los graves y dolorosos crímenes que cometió, como uno de los máximos responsables de estos crímenes, es sólo un primer paso para romper la impunidad.
Es fundamental que se siga avanzando en la determinación de responsabilidad penal de los demás miembros del aparato organizado de poder DAS–paramilitarismo. Asimismo, es importante que las víctimas puedan participar activamente en el juicio y que ello no perjudique su posibilidad de intervenir como testigos en el mismo. Por último, es relevante que la posición de la Fiscalía en el juicio, siga siendo congruente con la asumida en la resolución de acusación, porque ella es lógica, legítima y justa, en relación con lo probado en el proceso.
Aún nos aguarda una decisión histórica definitiva que permita mostrar si existe o no en Colombia, la posibilidad de avanzar en superar la impunidad, y de juzgar a nivel nacional a los máximos responsables de los graves crímenes cometidos contra sindicalistas en Colombia y de esta forma dignificar las víctimas y a la sociedad Colombiana.
Llamado de Solidaridad: http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/0905_noguera_llamado_esp-3.pdf
[1] El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) depende directamente de la presidencia de la República. Es la principal agencia de inteligencia de Colombia y también tiene funciones de policía judicial. Dentro de sus actividades se encuentra la de “protección” de altos servidores públicos y de otras personas bajo amenaza, como por ejemplo sindicalistas, lideres de comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, periodistas, personas de la oposición política, entre otros.
[2] El delito de concierto para delinquir agravado ha sido el delito que cobija al paramilitarismo desde la reforma del código penal del año 2000 que eliminó los tipos penales que hacían referencia expresa al término “paramilitarismo”.
[3] El ‘Pacto de Ralito’ fue la primera prueba documental conocida de las alianzas formales entre la clase política colombiana con el paramilitarismo. Este en particular recogió los compromisos asumidos en una reunión del 23 de julio de 2001, que fue convocada por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino, y donde 29 políticos de la costa Atlántica afirmaban su intención de ‘refundar nuestra patria’ y hacer ‘un nuevo contrato social’.
[4] Así, según el seguimiento que viene realizando el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 14 congresistas y ex congresistas han sido implicados, lo cual ha significado la totalidad de los representantes elegidos para el periodo de 2006 a 2010. De estos 14 congresistas y ex congresistas, 9 se encuentran detenidos actualmente, 4 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada, y 2 han sido condenados por sus relaciones con estructuras paramilitares. Se resaltan los casos del ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, quien fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante, y el ex gobernador de Magdalena Trino Luna Correa, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por sus relaciones con los jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernan Giraldo Serna.
Ha circulado a través de Internet un documento con fecha del 4 de mayo de 2009 supuestamente suscrito por la Corporación Jurídica Libertad donde se señala a personas y organizaciones sociales como integrantes de las Farc y del Eln.
La Corporación Jurídica Libertad niega categóricamente la autoría de dicho documento, en el cual se escanearon y copiaron el logotipo de la institución y las firmas, con cédulas de ciudadanía, de dos de sus directivos, lo que además de constituirse en una falsedad documental, pretende servir de soporte a los informes de inteligencia que tanto el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Regional de Inteligencia Militar de la IV Brigada han aportado a una investigación penal que adelanta la Fiscalía 74 Seccional destacada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en esa guarnición militar.
Este apócrifo documento hace parte de la estrategia de deslegitimación que, desde el Estado, se viene implementando contra el trabajo que desarrollan en Medellín, el departamento de Antioquia y en el país las organizaciones que propugnan por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y las expresiones políticas que disienten del actual Gobierno.
En repetidas ocasiones y en desarrollo de esta estrategia, se han judicializado varios defensores de derechos humanos, entre ellos los dos abogados de la Corporación Jurídica Libertad que aparecen suscribiendo el falso documento, a quienes se les han precluido las investigaciones al existir la certeza de que los fundamentos probatorios en los que se basaban carecían de veracidad y que, tal como ahora, han sido practicados por organismos de seguridad del Estado.
Esta campaña de desprestigio de nuestro trabajo se ha agudizado en el actual gobierno, teniendo su momento más relevante a partir de las publicaciones que dan cuenta de la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Antioquia y en el país, conducta criminal que, inicialmente, fue desestimada por el Establecimiento, para luego reconocerla públicamente como acciones aisladas de la fuerza pública, ante la contundencia de las denuncias y el proferimiento de varios fallos judiciales que condenaban a militares por estos delitos de lesa humanidad.
El documento que ha sido puesto en circulación por quienes miran con recelo el trabajo que realizan las organizaciones sociales, sindicales, populares y no gubernamentales condensa la información que el Cuerpo Técnico de Investigaciones y las Fuerzas Armadas han aportado a la Fiscalía General de la Nación en el propósito de judicializar a distintas personas vinculadas con expresiones pacificas y deliberantes de oposición al actual Gobierno.
Frente a esta campaña de desprestigio, que podría derivar en acciones encubiertas por parte de grupos paraestatales, la Corporación Jurídica Libertad llama la atención sobre los riegos para la vida y la seguridad personal de sus directivos y de las personas que han sido señaladas en la engañosa denuncia.
Medellín, mayo 16 de 2009
Estos años de memoria, de vida, de resistencia civil y dignidad tienen bases sólidas, como la de otras comunidades en nuestro país que construyen verdad; sabemos que los caminantes y acompañantes de la vida por todo el mundo permitirán que algún día exista justicia, y sean juzgados los autores de tanta atrocidad como fuente para construir un mundo en paz. Son estos elementos éticos y morales por la vida la que nos animan a no desfallecer y unirnos en ese ardor que genera una nueva humanidad en diversos rincones del mundo.
A tantas personas que han caminado durante todos estos años sembrando esta esperanza y abriéndole a la muerte espacios de vida desde sus acciones solidarias, muchas gracias y que sea un momento de reafirmarnos y seguir construyendo una lógica guiada por el sentir de la vida.
Con todos ustedes compartimos un video realizado por Voces de Paz de la Comunidad de Paz de San José de Apartado
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org
cdpsanjose@gmail.com
Colombia
EL OBSERVATORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Carta Abierta al Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia
y al Dr. Mario Germán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Paris-Ginebra, 4 de mayo de 2009
Re: Existencia de un plan de espionaje en el DAS afectando a varios defensores de derechos humanos
Excelencias,
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), desea expresar su muy seria preocupación por la existencia de un plan de espionaje, establecido en los últimos años por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por medio de interceptaciones y escuchas telefónicas, interceptaciones del correo electrónico y de seguimientos personales, afectando a numerosas personas - entre otros - a varios defensores de derechos humanos.
Según las informaciones recibidas, miembros de varias ONG de derechos humanos colombianas han sido víctimas de tales actos de espionaje, como la Sra. Ana Teresa Bernal, de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), el Sr. Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR).
El Observatorio ha conocido en particular que una operación llamada “Transmilenio” dirigida contra el CCAJAR consistía en recoger informaciones sobre sus finanzas, los movimientos de sus integrantes, su ubicación y desplazamientos, la composición de su núcleo familiar y sus medios de transporte. El objetivo principal de esta operación sería el Sr. Alirio Uribe, Presidente del CCAJAR.
Según las denuncias, el periodista Hollman Morris, Director del programa de Televisión Contravía y reconocido a nivel internacional por su trabajo periodístico a favor de los derechos humanos y de la paz, quien fue amenazado de muerte en febrero de 2009[1], ha sido igualmente víctima de seguimiento e interceptaciones.
Excelencias, el Observatorio ha conocido también que magistrados de la Corte Suprema de Justicia denunciaron actos de hostigamiento y seguimientos e interceptaciones telefónicas ocurridos contra ellos en los últimos años. Funcionarios del DAS habrían recogido detalles sobre las propiedades, las cuentas corrientes, los sistemas de pago de sus teléfonos celulares (planes celulares) y en general sobre la vida privada de estos magistrados, cuyos familiares fueron también espionados. Inclusive se ha denunciado que senadores y miembros de un partido político de oposición, crítico de las políticas del actual Gobierno, han sido víctimas de interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, como también de seguimientos personales.
Por todo lo anterior, el Observatorio les llama a que se tomen las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todas las personas arriba mencionadas y en general de todos quienes han sido víctimas de espionaje por parte del DAS y a que se lleve a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a estos actos de espionaje contra los defensores de derechos humanos integrantes de las organizaciones de derechos humanos y magistrados arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y administrativas previstas por la ley a niveles administrativo y criminal.
El Observatorio recuerda que la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, señala en particular el deber del Estado de garantizar “la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (art.12.2).
Excelencias, confiando en su compromiso con los derechos humanos y agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de Ustedes muy respetuosamente.
Graves amenazas contra Comisión Colombiana de Juristas por labor de denuncia sobre la impunidad de violencia antisindical
El 2 de marzo de 2009, a las 12:21 pm, fue recibido un fax en el que se declara como objetivo militar a Lina Paola Malagón Díaz, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, quien se encuentra adelantando actividades sobre la impunidad en casos de violaciones cometidas contra las y los sindicalistas en Colombia.
En el texto de la amenaza, también se menciona a otro miembro de la CCJ, quien debió salir del país a finales de 2008, por haber sido víctima de persecución y amenazas por parte del mismo grupo paramilitar, que se autodenomina “Bloque Capital de las Águilas Negras AUC”. Es importante señalar que en los últimos años, otros miembros de la Comisión Colombiana de Juristas han sido víctimas de señalamientos y amenazas por parte de grupos paramilitares.
En febrero de 2009, la abogada defensora de derechos sindicales realizó un informe sobre la impunidad existente en los crímenes que se cometen en Colombia contra las y los sindicalistas por sus actividades de defensa de los derechos laborales. Este informe fue un insumo importante para la audiencia que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2009 en el Congreso estadounidense, que fue convocada por el representante George Miller, Presidente de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y cuyo propósito fue examinar la situación de los derechos de los trabajadores en Colombia y la violencia antisindical.
El trabajo realizado por la CCJ para dicha audiencia se coordinó con el Director de la Escuela Nacional Sindical (ENS) José Luciano Sanín Vásquez, quien participó en el espacio convocado por el Representante a la Cámara de los Estados Unidos George Miller. Esta participación generó la reacción del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien señaló a los participantes de la reunión como personas que distorsionaron la verdad, motivadas por “el odio político”[1][1]. La Central Sindical de Estados Unidos (AFL � CIO) se pronunció señalando que tales declaraciones representan un riesgo muy serio para las personas que participaron en la audiencia y le solicitó al Presidente Uribe retirar en forma inmediata dichas declaraciones y hacer un reconocimiento público a la legitimidad y al valor del trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, incluidos las y los sindicalistas. Adicionalmente lo instó a garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos sindicales para que este trabajo pueda desarrollarse sin temor a represalias.
La CCJ rechaza y denuncia las amenazas recibidas en contra de sus integrantes y exige del Gobierno Nacional las garantías necesarias especialmente para la protección de la vida e integridad de la abogada Lina Paola Malagón Díaz. Igualmente, exige a la Fiscalía General de la Nación que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para dar con los responsables de estas amenazas.
Solicita a la comunidad internacional, en especial al G-24 y al Sistema de Naciones Unidas, que se mantengan atentos frente a estos hechos y que exijan al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de garantía y protección del ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Igualmente, convoca al movimiento sindical y de derechos humanos en Colombia y en el mundo a pronunciarse sobre esta grave amenaza en contra de las y los defensores de derechos humanos en Colombia.
Bogotá, 2 de marzo de 2009.
AMENAZA DE MUERTE EN CONTRA DE LA ABOGADA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS IRENE LÓPEZ, MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO.
Luego de cuatro meses de incesantes hostigamientos en contra de las abogadas miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, consistentes en el allanamiento ilegal a su sede ocurrida el 22 de junio de 2.007 y a una serie de correos electrónicos de amenaza que desde el 24 de julio, se han dirigido en contra de miembros de la CJYC así como del líder de la Coordinadora Nacional de Desplazados –CND, el día de ayer 15 de octubre de 2.007, en la casa de habitación de la abogada BLANCA IRENE LÓPEZ, fue encontrado un mensaje en manuscrito en el que se lee “Bas a morir, disiembre 24 firma señor popo”.
Tememos fundadamente por la vida e integridad física de nuestra compañera, así como por la seguridad de su familia.
Ante los graves hechos denunciados desde el mes de junio, es necesario señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la labor de quienes asumimos en Colombia la defensa de los derechos humanos, es no solo insuficiente, sino además permisiva ante este tipo de hechos de violencia.
Luego de cuatro meses de las iniciales denuncias elevadas por la CJYC ninguna labor judicial se ha adelantado para establecer los responsables de estos hechos, y las investigaciones penales se encuentran suspendidas en espera de trámites burocráticos de reasignación. Por otro lado, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior, demuestran su insuficiencia, dado que ninguna de ellas ha significado el cese de los actos de violencia perpetrados en contra de las miembros de la CJYC. Mientras tanto, seguimos esperando del Gobierno Nacional, el rechazo a este tipo de ataques, así como su respaldo público a la legítima labor que adelantamos a favor de las víctimas del desplazamiento forzado que reclaman, en medio de una coyuntura de impunidad mal llamada “justicia transicional” la satisfacción de sus derechos a la VERDAD , JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL.
Corporación Jurídica Yira Castro
Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2.007.
Corporación Jurídica Yira Castro
Carrera 10 No. 15-39 oficina 507
Teléfono 57- 1- 2431437
Bogotá - Colombia
Medellín, oct. 1 (IPC) Sin que existiera orden judicial, el pasado 22 de abril varios soldados adscritos a la XVI Brigada del Ejército sacaron por la fuerza a Ernesto Cruz Guevara de su casa, en la vereda Retiro Milagro del municipio Aguazul, Casanare. Horas más tarde fue reportado como guerrillero muerto en combate.
Este caso nutre la lista de las 936 ejecuciones extrajudiciales reportadas entre julio de 2002 y junio de 2007 en el país atribuibles a la Fuerza Pública, y tales cifras, según un conjunto de organizaciones no gubernamentales que integran la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y que a su vez representan a las víctimas, confrontan la llamada seguridad democrática que impulsa el actual Gobierno nacional y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil.
A las 936 ejecuciones extrajudiciales se le suman las 211 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales. Para las organizaciones denunciantes, tal panorama “demuestra que la política de seguridad democrática no es una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida”.
Frente a la recurrencia de los hechos, las instituciones defensoras de derechos humanos no vacilan en advertir que la seguridad democrática “estimula la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre las tropas con el ánimo de mostrar resultados operativos en contra de la insurgencia armada, pero cuya práctica recurrente afecta a las comunidades que están al margen de la lucha armada”.
Agrava la situación el hecho de que en la mayoría de los casos persiste la impunidad, aspecto que es calificado de “sistemático” y según la Coordinación, “obedece a una intención deliberada por parte del Estado para encubrir los crímenes cometidos por sus agentes”.
“No son aísladas”
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido reiterativa en sus informes anuales en llamar la atención sobre la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, de las cuales se tienen registro de su ocurrencia en 21 departamentos del territorio nacional, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. Además, han afectado a diversas comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y la Amazonía.
Para las organizaciones no gubernamentales colombianas, entre las que se destacan la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, es claro que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados: “Por el contrario, se han identificado patrones de acción tales como su ocurrencia en desarrollo de operaciones militares, la previa detención arbitraria de las víctimas, su posterior desaparición, la alteración de la escena del crimen por sus autores y la presentación de las víctimas como personas muertas en combate”.
Ejemplo de ello está consignado en el expediente del labriego Ernesto Cruz: “Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda la casa. Luego se dirigieron de nuevo al señor Cruz y le dijeron: “usted está capturado y nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero el señor Cruz se opuso y se vistió con su propia ropa”.
Momentos más tarde, continúa el relato, dos campesinos vecinos vieron cuando la tropa se llevó a Cruz Guevara. También vieron que varios metros más adelante la tropa hizo una hoguera y envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a la tropa junto con el cuerpo. Una vez partió el aeronave, los testigos decidieron acercarse hasta la hoguera que hicieron los militares e identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el señor Cruz.
“Ante esa situación, la esposa del señor Cruz decidió acudir en Yopal al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Ahí le informaron que no tenían ninguna persona detenida, pero que el Ejército, ese día, había llevado el cuerpo de un guerrillero muerto en combate que estaba registrado como N.N. Los funcionarios del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al del señor Ernesto Cruz Guevara”, se lee en el expediente.
Contra los civiles
De acuerdo con los análisis de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Gobierno nacional no ha incorporado la perspectiva de seguridad humana de las Naciones Unidas según la cual el respeto a los derechos humanos constituye el núcleo de la protección de la seguridad humana. Por consiguiente, ha negado el principio de distinción de la población civil y ha señalado de manera insistente que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos supuestamente mantienen con la población civil.
“El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante sea asociada con los grupos guerrilleros. De esta manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo entre la población civil y las guerrillas”, advierte la Coordinación.
A través de las revisiones a los procesos judiciales se establece que en la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales las víctimas eran personas campesinas, “que fueron atacadas luego de recibir señalamientos por parte de informantes de la Fuerza Pública o de miembros de la red de cooperantes, que los acusaron de ser colaboradores de los grupos guerrilleros”.
La anterior situación se ve agravada por la impunidad en que se encuentran sus autores. En la mayoría de los casos, se han identificado patrones que impiden la clarificación de los hechos, la identificación de los responsables y la imposición de una sanción penal como: la adopción de competencia por la jurisdicción penal militar, la manipulación de la escena del crimen, la no adopción de todos los mecanismos disponibles para investigar eficazmente los hechos, entre otros.
Esta situación evidencia la existencia de problemas estructurales profundos en la Fuerza Pública y en los órganos que administran justicia, lo que ha implicado una grave situación de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, y amerita una reflexión seria sobre el papel que está cumpliendo el Gobierno colombiano para garantizar la seguridad de los colombianos, sobre todo en las áreas rurales.
Agencia de Prensa IPC
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Llega al país misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales
Medellín, oct. 2 (IPC) Trece personas provenientes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido conformarán desde este miércoles 3 de octubre una misión internacional de observación que buscará enterarse sobre la situación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuibles a la Fuerza Pública y ocurridas en diversas regiones del país.
Abogados, politólogos, antropólogos y expertos en relaciones internacionales llegaron al país invitados por un conjunto de instituciones defensoras de derechos humanos que de tiempo atrás vienen analizando ambos fenómenos delictivos que en los últimos cinco años reflejan cifras preocupantes: entre julio de 2002 y junio de 2007 se han registrado 936 ejecuciones extrajudiciales y 211 desapariciones forzadas.
La Misión hará presencia en Bogotá, Valledupar, Antioquia y Chocó, entre el jueves 4 y el lunes 8 de octubre, con varios objetivos en su agenda de trabajo. Inicialmente, escucharán las historias de boca de las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los 21 departamentos de los cuales se tienen registros.
“Se trata de hacer un acompañamiento y solidarizarse con ellas, así como con las comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos que denuncian las violaciones de los derechos humanos y que por ello son perseguidas, amenazadas o estigmatizadas”, explicaron voceros de las organizaciones que promueven la visita internacional, entre ellas la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Los integrantes de la Misión también buscarán develar la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales como una modalidad de violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática y, la impunidad en que se encuentran los autores de estos crímenes, a partir de la documentación y los testimonios en el terreno para impulsar acciones políticas en defensa de los derechos humanos en Colombia.
Otro de los propósitos, según las organizaciones convocantes, “es sensibilizar a la comunidad internacional para provocar pronunciamientos y acciones por parte de los gobiernos y autoridades para que la cooperación internacional se destine exclusivamente a garantizar la protección de los derechos humanos. Y que en todo caso, se establezcan mecanismos de seguimiento eficientes que permitan verificar que dichos recursos estén dirigidos a que se garanticen los derechos y libertades fundamentales de las colombianas y colombianos”.
Además de las reuniones con las familias de las víctimas, varios integrantes de la Misión se reunirán con diversas autoridades nacionales, entre ellas la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y con las Altas Cortes.
Todos estos insumos serán recogidos en un informe parcial que será divulgado en Bogotá el próximo miércoles 10 de octubre y tras el regreso a sus países de origen, se espera que los integrantes de la Misión promuevan acciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos, en especial del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para que realicen un seguimiento a la situación de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y realicen recomendaciones al Estado colombiano que promuevan la superación de esta situación.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
ASECINADO OSCAR ANDRES BRAVO MONTIEL JOVEN INDIGENA CON MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA HONORABLE COMISIÒN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PERTENECIENTE AL CABILDO TULUNI LOS PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL
El cabildo mayor Coyaima Natagaima que agrupa barios cabildos que trabajamos con el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia “AICO” denunciamos ante la opinión publica Nacional e Internacional el asesinato del joven Oscar Andrés Bravo Montiel de 22 años de edad quien fue sacado en horas de la noche del día 29 de Junio de 2007 en una camioneta de color blanca con hombres armados de civil del casco Urbano de la Ciudad de Chaparral en compañía de tres jóvenes mas y dejados frente a la pista de aterrizaje vía Chaparral Ortega con un impacta de bala en la espalda y varias cuchilladas con arma blanca.
Los constantes atropellos al Derecho a la vida, la integridad y la territorialidad que venimos siendo victimas los Coyaimas y Natagaimas en el gran Territorio Pijao Departamento del Tolima por grupos al margen de la ley, y en algunas ocasiones por el Ejercito Nacional.
Solicitamos al estado colombiano se investigue esta nueva violación al Derecho Internacional Humanitario para que no quede en la impunidad, como los mas de cien casos de crímenes cometidos a los Pijaos en estos últimos años que hemos denunciado. Y se indemnicé y repare a las victimas individual y colectivamente en cumplimiento de la recomendación de la Honorable Comisión Interamericana de derechos Humanos (C.I.H) Al Estado Colombiano según medidas cautelares 03 a Comunidades Indígenas Pijaos.
Hay conocimiento de presencias nuevamente dé grupos de Autodefensas que están operando en la región y se reinicia de nuevo desplazamientos de indígenas a las grandes ciudades.
Autoridades Indígenas Cabildo Mayor Coyaimas-Natagaimas “COYA”
REGISTRO VIOLENTO Y ROBO DE INFORMACIÓN SEDE CORPORACIÓN YIRA CASTRO.
AU-001/07
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las organizaciones abajo firmantes denuncian ante la comunidad nacional e internacional el allanamiento ilegal y robo de información de que fue víctima la CORPORACION YIRA CASTRO, la noche de ayer, jueves 21 de julio, en hechos que se unen a los acontecidos con otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, en las últimas tres semanas.
HECHOS
La noche o madrugada inmediatamente anterior al día de hoy 22 de julio, sujetos desconocidos entraron a la casa sede de la CORPORACION YIRA CASTRO, ubicada en el sector del barrio la Soledad, al parecer por el techo o por una de las puertas de atrás que colinda con un patio de otra residencia, luego de lo cual además de revisar todas las oficinas, dado el estado desordenado en que se encontraron, procedieron a cortar las líneas telefónicas y al parecer el sistema de alarma.
Dichas individuos sustrajeron en total 5 CPU de computadores, un computador portátil, una video cámara que contenía un casete con testimonios de víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, un televisor, un DVD y un telefax.
Al parecer también fueron sustraídos documentos y expedientes de algunos de los casos que en la actualidad tramitan jurídicamente
Es de resaltar que a pesar que existía un dinero y cheques elaborados, éstos no fueron sustraídos.
Según información de una de las integrantes de la organización, la puerta principal no fue violentada, como si lo fue la puerta que da al garaje, por donde se presume huyeron los individuos.
Es de resaltar que el día martes, 19 de julio, una de las rejas que protege la ventana que da al primer piso fue violentada, luego de lo cual despegaron un vidrio pequeño.
Por estos hechos se presume que los sujetos estaban intentando acceder a la sede, desde hace varios días.
Igualmente las integrantes de la Corporación denuncian seguimientos constantes, y actitudes sospechosas de vigilancia en los alrededores de la sede, los cuales se acentuaron desde hace aproximadamente un año.
Al respecto, informan que el día miércoles un sujeto alto y fornido estuvo vigilando la sede, y que de manera hostil y con actitud amedrentadora siguió a una de las integrantes de la Corporación, luego que esta saliera de la sede hasta una panadería cercana a la zona, lugar donde ella refugio, al darse cuenta del seguimiento.
A estos hechos se le suman los acontecidos esta misma semana y la inmediatamente anterior con la Corporación Infancia y Desarrollo, a quienes la Corporación Yira Castro les presta servicio de acompañamiento jurídico.
Es así como el día 7 de junio del presente año, les fue sustraído de la sede de la organización con sede en Soacha, material pedagógico, un megáfono, 4 grabadoras grandes, un televisor, y alimentos que tenían almacenados en la bodega donde funciona el comedor comunitario.
Hechos que se repitieron el pasado fin de semana, cuando encontraron las puertas violentadas con seguetas y sustraídos varios elementos de trabajo y de material pedagógico.
Igualmente la semana anterior fue dejado por debajo de sus puertas una hoja con la imagen de una calavera, símbolo de la muerte, y excremento en la puerta de la sede.
Esta organización presta atención integral a la familia en situación de desplazamiento en la zona de Soacha y Cazuca desde hace varios años.
La Corporación Yira Castro, realiza acompañamiento jurídico integral a personas en situación de desplazamiento forzado y despojo de tierras, desde hace 6 años; hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con quienes ha venido realizando una importante labor de denuncia, en temas de trascendencia nacional como San Onofre, Audiencia pública de Buenaventura recientemente realizada, entre otras.
Hace pocos días presentó una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos de líderes de la población campesina del Nordeste Antioqueño y el masivo desplazamiento forzado que ocurre actualmente en esa región.
De igual manera la Corporación Yira Castro, fue la gestora de la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 15 y 18 de la Ley 387 del 97 que ordena la ayuda humanitaria de carácter permanente a la población desplazada hasta que su situación económica se normalice totalmente. Al respecto es importante mencionar que a pesar que dicha sentencia fue promulgada el pasado 18 de abril, a la fecha la Corte Constitucional no ha cumplido con los requisitos formales y de publicidad para su efectivo cumplimiento.
ANTECEDENTES
Este registro violento y robo de información no es el único que se ha presentado entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el último mes.
Es así como el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, programa de la Iglesia Cristina Menonita de Colombia, denunció que en la madrugada del 14 de junio pasado fue violada su oficina y fueron extraídos dos computadores con información sensible sobre personas e iglesias activas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre personas de Iglesias cristianas evangélicas víctimas y testigos de violaciones a sus derechos humanos.
Esta violación sucedió 12 días después del hurto de un computador de la organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) que hace acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Similarmente, en enero de este año, 2007, fue violada la oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y fue hurtado el computador con información sensible sobre personas y organizaciones participantes, el registro fotográfico, y las actividades realizadas.
Al parecer el atentado contra la Corporación Yira Castro, al igual que las anteriores repite el patrón de violencia que evidencia un conocimiento preciso de la oficina y se presta para incrementar el riesgo de las víctimas a las cuales se les presta acompañamiento integral.
El Movimiento Nacional de Víctimas manifiesta su preocupación frente a estos nuevos hechos que dan cuenta del carácter sistemático con que se desarrollan y que son el reflejo de la continúa persecución y estigmatización de la que son víctimas los defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, universitarios, maestros, entre otros, dado su carácter de constante denuncia y la labor que desarrollan en pro de la defensa, prevención y promoción de los derechos humanos.
De tal manera solicitamos a la comunidad nacional e internacional para que envíen sus pronunciamientos a las autoridades competentes solicitando lo siguiente:
Se garantice la vida y la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los integrantes de la Corporación Yira Castro.
Se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos nuevos hechos.
Se respete y garantice la labor de los defensores de derechos humanos por parte del Estado Colombiano y se acojan todas las recomendaciones que se han realizado por parte de organismos internacionales.
Es importante mencionar que a pesar que estos hechos fueran denunciados oportunamente a las 9:00 de la mañana, a la hora de expedición del presente comunicado de denuncia, (2:30 p.m.) no se han presentado ni funcionarios de laboratorio de criminalística del CTI, ni se ha delegado ningún fiscal de investigación.
Igualmente se denuncia que desde tempranas horas de la mañana se ha visto rondando por los alrededores de la sede de la Corporación Yira Castro, una camioneta Toyota Runner de color dorado y vidrios polarizados, de placas NNF 215, quienes constantemente y con ánimo vigilante pasan por el frente de la sede.
Firman
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
Asonal Judicial
Fundación Manuel Cepeda Vargas
Programa No Gubernamental de Protección a defensores de derechos humanos
SINTRAUNICOL
ASPU
Favor dirigir sus mensajes a:
Fiscalía General de la Nación:
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación
Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá.
Fax: (571) 570 2000; (571) 414 9000 Ext: 1113
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Presidencia de la República:
Doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá
Fax: (571) 566-2071
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Por favor enviar, asimismo, copia de su mensaje a:
Vicepresidencia de la República:
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República
Carrera 8A No 5-57, Santafé de Bogotá
Tel.: (571) 334 4507
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Policía Nacional de Colombia
Brigadier General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo
Director General
Tel: (571) 315-9000 ext. 9591
Fax: (571) 428-7634
Email: jefattipon@policia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario:
Doctor Carlos Franco
Calle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C
Fax: (571) 337 46 67
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional:
Doctor Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa
Avenida El Dorado con Cra 52 CAN, Bogotá
Fax: (571) 222 1874
Col - En seis meses se ha indagado a 40 paramilitares, mientras Vicente Castaño reorganiza los grupos paramiltiares.
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i) Al ritmo actual la Fiscalía tardaría 35 años en tomar declaración a los 2.812 paramilitares reconocidos, de los que sólo 700 están localizados.
El balance no es alentador, más si se tiene en cuenta que solo hay 23 fiscales y 150 investigadores. De la situación habla Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
¿Cómo ve el proceso?
La Unidad asumió tres décadas del accionar paramilitar. Hay violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, miles de homicidios, centenares de masacres, millones de desplazados, miles de desaparecidos y sinnúmero de secuestros y apoderamientos de tierras, sin mencionar los hurtos de combustible y el tema de narcotráfico.
¿Son suficientes las personas que están al frente de esas investigaciones?
Si todo esto se piensa reconstruir con 23 fiscales y 150 investigadores, la suerte está echada para esta unidad, a menos que se dé una inmediata inyección de personal y recursos que permita afrontar con prontitud el trabajo que se nos encomienda.
¿Qué tantos homicidios han confesado los ex jefes 'paras'?
Alguno de ellos nos anticipó que cometió 2 mil homicidios. ¿Cuándo se investiga esto? Se necesita mucho más de un fiscal. Por ejemplo, Ramón Isaza ya dijo que va a confesar 567 homicidios, y la pregunta es cuándo y cómo ubicamos esos 567 casos.
En 6 meses han escuchado a 40 personas, pero son 2.812. La pena máxima es de 8 años ¿Podría pasar ese tiempo sin terminar los procesos?
Si no se da la infraestructura de fiscales y de policía judicial para hacer todo el trabajo, va a ser muy difícil avanzar en tiempo razonable.
¿Cuánto tiempo va a durar?
Es la misma pregunta que nos hacemos los 23 fiscales que estamos acá. No es fácil entender que esto es un proceso largo que incluye una versión libre que se demora, ubicar las víctimas, traerlas y tenerlas presentes cuando se vaya a confesar el hecho; ir a buscar ese expediente, ir a buscar los testigos y si dicen la verdad, hacer una imputación ante el magistrado.
¿Cuántos fiscales necesitan?
Estamos haciendo un estudio, somos 23 fiscales y hay 34 bloques de las Auc, nos están mandando gente de la Farc, nos anuncian que hay una lista de más de 2.700 presos reconocidos por las Auc... Pensamos que se necesita al menos un fiscal por cada bloque y uno más por cada miembro representante. De pronto necesitamos más de 70 fiscales adicionales. Nos toca recibir los bienes que van a entregar, ir a identificarlos a las zonas... Eso demanda días, personal, y las exhumaciones también nos corresponden a nosotros.
¿Y las víctimas?
En este momento, la Fiscalía también está respondiendo por las víctimas, porque nadie ha asumido esa función. Creo que el Estado debe reaccionar y decidir cuáles tareas le deja a la Fiscalía y quiénes asumen otras.
¿Cuántos de esos 2.812 tienen ubicados?
De los 2.812, según las consultas que hemos hecho con el DAS, la Fiscalía y la Sijín, 2.183 no tienen antecedentes, jamás fueron vinculados a un proceso, no hubo una orden captura contra ellos. En este momento no tenemos datos sobre el paradero del 25 por ciento de esos 2.812 (unas 700 personas).
¿Cuáles dificultades se han encontrado?
Por ejemplo, hay una persona que dice que va a confesar 75 homicidios. Pero, cuál es el nombre de la víctima, dónde está el expediente. La persona cita elementos fragmentarios o no da el nombre o a veces da el nombre, o un alias o el oficio que hacía la persona en la zona, a veces precisa el municipio, pero no la vereda...
¿Qué hace la Fiscalía con esa información?
Nos toca salir a buscar esos hechos para saber qué está confesando. Un caso de estos necesitaría un solo fiscal con un equipo de Policía judicial ayudándole.
¿Hay vacíos jurídicos en la aplicación de Justicia y Paz?
La aplicación de la ley va trayendo a categorías jurídicas que no están contempladas en normas anteriores. Hemos llegado ya a la Corte Suprema para que vaya dictando las líneas en ciertos temas.
¿Los paramilitares sí han contado lo que saben?
No podemos más que tener confianza en que eso sea así. Cada caso es particular y le enseña una dinámica diferente. Están esclareciendo hechos que estaban en la impunidad, están confesando muertes de periodistas, sindicalistas, indígenas. Además, gracias a Justicia y Paz tenemos nuevos datos de más de 500 homicidios de los que no teníamos ninguna información.
¿Qué va a pasar con los que llevan hasta 8 años en la cárcel y ya cumplieron el máximo que pone la ley?
Es un tema que no se ha debatido. Sabemos que le corresponde a magistrados y los jueces de ejecución de penas. En su momento se precisará por ellos y por último por la Corte Suprema.
¿Cuándo habrá la primera condena de Justicia y Paz?
Hay unos casos que ya empezaron, son los que menos víctimas tienen. Si no es este año, es a principios del otro que se tendrán las primeras acusaciones.
[Fuente: Redacción Justicia, El Tiempo, Bogotá, 19jun07]
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ii) La Fiscalía ha recuperado 760 cadáveres en más de 300 fosas.
La Unidad de Justicia y Paz ha cumplido con el artículo 48 de la ley, que ordena buscar a los desaparecidos o personas muertas, según el fiscal Luis González.
Según su reporte, han recibido información de unos 4 mil restos en fosas, de los que ya se han recuperado 760 cadáveres. Esto gracias a la información recibida dentro de las audiencias.
También han conseguido información preliminar para poder identificar los cuerpos de aproximadamente unas 250 personas.
Este trabajo de los fiscales e investigadores es soportado en los laboratorios, que se están uniendo para trabajar y compartir los pocos recursos que tienen para entregar entre 100 y 150 cadáveres en los próximos días.
Las víctimas
Sin embargo, el tema más difícil de manejar es la angustia de las víctimas para que se haga rápido el reconocimiento y se les entregue los restos de sus familiares.
Por eso el trabajo de las exhumaciones ha sido un reto para los forenses que deben trabajar con el mayor rigor para lograr las identificaciones.
Como lo publicó EL TIEMPO el pasado mes de abril, en un informe especial sobre las fosas, las víctimas y las personas que cometieron los crímenes, las historias que se desprenden de este drama son aterradoras. El trabajo más dispendioso ha sido la 'desenterrada' de los cuerpos.
A este trámite de las víctimas de los paramilitares se suman las de las Farc, de las que informantes han dado las primeras puntadas.
Uno de estos casos es el de Cundinamarca, donde ya se encontraron entre 5 y 7 cadáveres de personas secuestradas por el grupo subversivo.
Sobre homicidios, varios de los recluidos en cárceles han prometido entregar informaciones sobre los crímenes, porque lo ven como una oportunidad para contar "verdades".
Uno de los primeros casos que se presentaron fue el de la muerte de Elkin Varela, un periodista de Arauca.
El testigo se contactó con la unidad de Justicia y Paz y fue llevado al proceso. Su colaboración ha sido efectiva y el fiscal Luis González asegura que se debe velar porque esta persona reciba los beneficios de la ley por colaboración. "Nosotros no lo vamos a desamparar", asegura González.
En otros casos, personas privadas de la libertad han ayudado a esclarecer unos 14 homicidios.
Lo que sacrifican los fiscales de Justicia y Paz
Con 18 años de experiencia, el fiscal Luis González asegura que este ha sido el trabajo más arduo.
"Todos los fiscales que vinieron de la policía judicial están sacrificando a toda su familia, la gente pasa vive semanas y hasta casi un mes por fuera de la casa trabajando y recogiendo información", señala González.
Sin embargo, dice que algo que los anima a todos es la cantidad de información que se está recibiendo de restos humanos que están en centenares de fosas. " El Estado tiene que unirse para ir a recuperar esos restos, identificarlos y entregarlos a las víctimas. Eso no se puede postergar", añade.
Dice que otro punto que están trabajando para agilizar el trabajo es la solicitud a Acción Social de los edictos emplazatorios de 1.200 personas que no tienen antecedentes, para saber cuántos se quedan en Justicia y Paz.
"Queremos saber verdaderamente cuál es el marco que nos espera por enfrentar", dice.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 19jun07]
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iii) Colombia: ¿La última oportunidad?.
Por Juan Gabriel Tokatlian
Marx decía que la historia se repetía dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. En Colombia la historia se puede repetir tres veces, la tercera como una devastadora desventura, o puede tomar un giro, un rumbo diferente, edificante y superador.
El actual escándalo de la "parapolítica" -la revelación de un turbio y delictivo entramado de lazos entre los grupos armados de derecha de histórica vinculación con el negocio de las drogas y con sectores latifundistas, segmentos de las clases dirigentes a nivel local, miembros de la elite política nacional y numerosos oficiales de las fuerzas armadas- expresa el tercer episodio en el que el ascenso y consolidación de una nueva clase social criminal se hace evidente. Ante el dilema de contenerla o dejarse cooptar por ella, el Estado colombiano optó en dos ocasiones previas por una particular combinación de represión selectiva, control parcial y convivencia táctica. Para ello, es bueno recordarlo, contó con la tolerancia tácita o la anuencia implícita de Estados Unidos.
Una vuelta al pasado nos puede dar pistas acerca de los potenciales escenarios que hoy enfrenta el país. En 1978 llegó al gobierno el Presidente Julio César Turbay Ayala. Una serie de informaciones y filtraciones pusieron al mandatario en la defensiva en materia de lucha contra los narcóticos; fenómeno que comenzaba a emerger con fuerza. Por un lado, el conocido programa televisivo "60 Minutes" de la cadena CBS develó un llamado Memorando Bourne (Peter Bourne era el Consejero Especial para Asuntos de Salud en la presidencia de Jimmy Carter) en el que se indicaba que personas cercanas a Turbay, y él mismo tenían presuntamente conexiones con grupos dedicados al tráfico de drogas. Por otro lado, en 1980 el Washington Post informó-con base en datos provistos por funcionarios estadounidenses en Bogotá-que posiblemente el 10 por ciento del Congreso había sido elegido con dineros del narcotráfico.
En parte por convicción personal y en parte por presión externa, Turbuy ordenó desplegar un frontal ataque contra el negocio de las drogas; en aquel momento centrado en torno a la marihuana. Autorizó el derribamiento de aviones, militarizó con más de 10.000 efectivos el departamento (provincia) de la Guajira-contiguo a Venezuela-para acabar con la producción de marihuana, ensayó el uso del paraquat para erradicar esos cultivos, firmó un tratado de extradición que permitía el envío de nacionales a Estados Unidos y se opuso con vehemencia a cualquier iniciativa a favor de la legalización de la marihuana. Ninguna de estas acciones tuvo un efecto decisivo sobre el fenómeno de las drogas. Sin embargo, Bogotá y Washington parecieron, en la época, satisfechos: no más críticas a Colombia a la espera de que se limpiara la casa del "flagelo" de los narcóticos.
Lo que de hecho siguió fue el despegue del procesamiento de coca en cocaína en el país, una feroz campaña del narcotráfico contra funcionarios judiciales, figuras públicas, representantes de la oposición, campesinos en zonas de conflicto y civiles indefensos, al tiempo que el Estado aplicaba la extradición, involucraba a las fuerzas armadas en labores anti-narcóticos e iniciaba programas sostenidos de fumigación utilizando el glifosato. En medio de toda esta compleja dinámica de violencia criminal, coerción gubernamental y retaliación de los "narcos", se producían, episódicamente, intentos de diálogo (en 1983 el cartel de Medellín le transmitió ofertas al gobierno a través de encuentros en Panamá con el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, y el ex presidente, Alfonso López Michelsen) y propuestas de mediación (en 1989 los narcotraficantes propusieron que una "Comisión de Notables" auspiciara contactos con el gobierno). La intermitente "guerra contra las drogas" siguió su curso sin resolver el núcleo del problema: un monumental emporio ilícito que se alimentaba de una prohibición cada vez menos eficaz.
Años después la historia parecía revivirse. En 1994 llegó al gobierno el presidente Ernesto Samper Pizano. Una nueva serie de acontecimientos y denuncias volvieron a colocar a un mandatario colombiano a la defensiva. Por un lado, de acuerdo con revelaciones en el país Samper, supuestamente en persona, habría solicitado y recibido para su campaña electoral 6 millones de dólares del cartel de Cali. Por otro lado, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, que inició un vasto proceso judicial al respecto, aproximadamente 65 por ciento del Congreso habría sido electo con dineros del narcotráfico. En ese contexto, y avalando las denuncias y destapes realizados, Washington inició un proceso de acorralamiento político del ejecutivo: utilizó un procedimiento legal-la certificación anual de un país en materia de lucha contra las drogas-para descertificar a Colombia (con todas las consecuencias efectivas y simbólicas que ello implicaba) y le retiró en 1996 la visa de entrada a E.U. al Presidente Samper.
Con una mezcla de convencimiento y necesidad, y en el marco de una estrategia estadounidense de exigencias y chantajes, Samper inició una política de mano dura contra los narcotraficantes. Persiguió y desmanteló al cartel de Cali, inició e intensificó masivamente la fumigación con glifosato de plantíos de coca (entre 1994 y 1998 se erradicaron químicamente aproximadamente 150.000hectáreas de coca) y propuso y logró la reincorporación de la figura de la extradición de nacionales en la Constitución del país. Al final de su mandato Washington se podía sentir satisfecho por todo lo que obtuvo su diplomacia coercitiva. Sin embargo, también era cierto que su política había debilitado notoriamente al Estado colombiano al someter a su presidente a un enorme descrédito y deslegitimación.
Lo que siguió fue el gradual languidecimiento de la estrategia judicial orientada a develar y quebrar el vínculo entre la política y las drogas -algo que Estados Unidos no objetó fuertemente. Así entonces, una consecuencia no deseada pero inevitable de lo anterior fue que los narcóticos siguieron siendo el combustible que alimentaba el poder de fuego de los distintos grupos armados. Con ello pudo crecer aún más el lazo entre el paramilitarismo, expresión político-militar de una derecha cada vez más autónoma y decidida a combatir a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y sectores políticos, empresariales y de seguridad en el plano regional. Para buena parte del 'establishment' colombiano lo prioritario era derrotar a la insurgencia. En su evolución, el fenómeno de las drogas se fue transformando: al aumento de los cultivos de coca se añadieron el de las plantaciones de amapola (que se procesaban en heroína), mientras tanto ya no eran tan preeminentes los grandes carteles sino que proliferaron lo que se denominan "boutique cartels" o "cartelitos"; organizaciones más reticulares, menos visibles y muy sofisticadas. Paralelamente, el mayor temor de Washington pasó a ser la eventual propagación de un "estado fallido" en el corazón de los Andes.
Llegamos así a la tercera vez que se repite esta historia en Colombia. En 2002 llegó al gobierno el Presidente álvaro Uribe. Su abrumadora victoria electoral, su determinación de confrontar militarmente a las Farc, su decisión de atacar con firmeza al narcotráfico, su resolución para negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y su férreo alineamiento con Estados Unidos colocaron en un muy distante segundo plano las dudas que en el país expresaban sectores de la oposición respecto al real desmantelamiento del asunto paramilitar. Dos indicaciones pasaron relativamente inadvertidas en su momento y no opacaron la re-elección de Uribe en 2006. Por un lado, el líder paramilitar Salvatore Mancuso indicó que el 35% del Congreso electo en 2002 estaba constituido por amigos del paramilitarismo. Por otro lado, la National Security Archives, un grupo de investigación no gubernamental que trabaja en la Universidad George Washington logró que se de-clasificara un documento de 1991 de la Defense Intelligence Agency (DIA), una unidad del Departamento de Defensa estadounidense, en el que se mencionan 104 nombres de figuras prominentes con nexos con el entonces cartel de Medellín: el número 82 era álvaro Uribe.
Lo anterior no produjo alarma ni en Bogotá ni en Washington porque el mandatario colombiano estaba comprometido con una política recia de seguridad que buscaba evitar el colapso del Estado. Era evidente que el ejecutivo, que desde 2000 venía implementando el Plan Colombia financiado en parte por Estados Unidos (su aporte supera, a la fecha, los US $ 5.400 millones de dólares), le brindó un impulso adicional a esta estrategia anti-narcóticos con la llegada de Uribe. Según datos disponibles, entre 2002 y 2005 se fumigaron más de 530.000 hectáreas de cultivos de coca y se extraditaron centenares de colombianos (mayoritariamente, a Estados Unidos). Cabe destacar, sin embargo, que su efecto sobre la disponibilidad, precio y pureza de las drogas fue nulo. En 2005 el país continuaba teniendo una producción de 640 toneladas métricas de coca, al tiempo que en Estados Unidos la pureza de la coca se incrementó y el precio cayó a 100 dólares por gramo.
Es en este nuevo contexto que la Corte Suprema colombiana ha comenzado una labor decisiva para desentrañar los vínculos entre el paramilitarismo y la política en el país. Los avances son auspiciosos puesto que se han develado, con base en evidencias, los lazos entre figuras cercanas al ejecutivo y los comportamientos delictivos del paramilitarismo. Sin embargo, el gran interrogante es hasta dónde se llegará con este escándalo en el que se entrelazan vinculaciones oscuras y criminales que hacen pensar sobre un gran poder parapolítico en avanzado estado de consolidación.
He ahí el dilema: o la democracia colombiana domestica definitivamente al paramilitarismo o el Estado quedará plenamente corroído por él. Las incógnitas son obvias: ¿Qué hará el presidente Uribe? ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Cuál es el compromiso de la sociedad? En las dos ocasiones anteriores en las que se presentó la oportunidad de poner la casa en orden muy pocos quisieron o pudieron seguir adelante. Por conveniencia o incompetencia ni Bogotá ni Washington le pusieron coto a una clase social criminal y reaccionaria en franco ascenso. Si se volviese, por tercera vez, a repetir la historia, se habrá instituido una pax mafiosa en el país. Si, por el contrario, se asume con voluntad política, respaldo social y reforzamiento externo, la tarea de frenar y revertir el poder mafioso, entonces posiblemente el país pueda evitar el abismo y asegurar su democracia.
[Fuente: Por Juan Gabriel Tokatlian, El Tiempo, Bogotá, 06jun07. Juan Gabriel Tokatlian es director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina]
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iv) Asesinan a un líder del Barrio Nelson Mandela en Cartagena.
"Por decir la verdad". Sus amigos, familiares y allegados creen que ese fue el motivo que llevó a la muerte al líder cívico Manuel López Ayala.
Para ellos fue un homicidio lo que ocurrió en la madrugada del domingo en el barrio Nelson Mandela, en el sector Las Vegas.
"No fue un accidente como lo quiere hacer ver la Policía. Eso es algo absurdo. A López Ayala lo asesinaron con un arma hechiza por la espalda. La persona que le disparó escapó por una silla y una mesa que puso al lado de la pared del colegio donde Manuel vigilaba. A él (López) lo encontramos con la ropa interior puesta. No le hallamos ni sus documentos ni su arma de dotación. Las llaves de la puerta del colegio estaban a ocho metros de donde murió, junto a otra arma de fuego", contaron vecinos de la víctima que ayer en masa llegaron a la morgue de Medicina Legal a retirar sus restos.
A lo anterior, dicen otros líderes cívicos de Nelson Mandela, se suman las amenazas de muerte que Manuel había recibido en las últimas semanas y que puso en conocimiento de las autoridades.
"Pese a eso -asegura un allegado- no le brindaron la protección necesaria".
El cuerpo sin vida de Manuel López Ayala, de 48 años, fue encontrado por sus familiares a las siete de la mañana, preocupados porque no había regresado a su casa, a pocos metros.
El vigilante que le entregó el puesto en la noche dice que dejó a Manuel en compañía de un sobrino. De este último los familiares del difunto no tienen información.
El compañero de labores de López fue retenido por unas horas mientras explicaba su versión por lo ocurrido. El mismo domingo fue dejado en libertar tras comprobarse que en su casa no se halló el arma homicida.
De la mano con la comunidad
Fundaciones nacionales y organizaciones no gubernamentales lamentaron y expresaron ayer su rechazo por la muerte de López Ayala.
Marciano Puche, director nacional de la Fundación Mario Santo Domingo, describió a Manuel como "un hombre extraordinariamente bueno".
Barbarita Gómez, directora en Cartagena de esa fundación, dijo, por su parte, que López Ayala "era un hombre muy preocupado por la comunidad".
Según ella, el dirigente cívico se había comunicado hace poco con la fundación para darle a conocer cómo estaban adelantados sus proyectos: legalización del sector Las Vegas para que sus habitantes tengan subsidio de vivienda por parte del Estado; la donación de un terreno para la construcción de una cancha de fútbol; y una zona destinada exclusivamente para la tercera edad. "Siempre pensaba en su comunidad", anotó Barbarita Gómez, quien agregó que esa fundación lo asesoraba en todas esas gestiones.
Por su parte, la Asociación de Juntas Comunales de la Localidad Industrial de la Bahía rechazó el asesinato del líder comunal, "quien era conocido como un hombre defensor de los derechos humanos y un luchador del bienestar y desarrollo de las comunidades".
Preocupación por desplazados
Así mismo, la organización de personas en condición de desplazamiento (O.P.D.) denunció la grave situación que se está presentando en Cartagena con respecto a los lideres de población desplazada.
"Son hechos de amenazas y persecución de estos dirigentes y lideres cívicos por parte de grupos armados al margen de la ley que se han venido reorganizando en el departamento de Bolívar, especialmente en el Distrito de Cartagena", dice el comunicado de prensa, precisando que López Ayala era dirigente de O.P.D. y cívico del barrio Mandela, sector las Vegas, además de ser fiscal de la Organización Ashudebol.
Según ese organismo, a pesar de que López venia siendo objeto de amenazas constantes de los grupos emergentes de las Auc que quieren tomar el control del sector las Vegas, no se le efectuó una evaluación de riesgo efectiva.
"Nos estamos declarando en desobediencia civil hasta tanto las autoridades competentes no se sienten con nosotros para plantear una política verdadera de protección para los lideres de las O.P.D", agrega la comunicación.
Manuel López Ayala será sepultado hoy a las diez de la mañana en el Cementerio Jardines de Cartagena en medio de una marcha de protesta anunciada por varios líderes de Nelson Mandela.
"Es el cuarto dirigente que perdemos en cuatro años en Mandela. Necesitamos que nos escuchen", indicó una líder
[Fuente: El Universal, Cartagena, 19jun07]
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v) Vicente Castaño está reorganizando el paramilitarismo y las redes de narcotráfico.
El jefe paramilitar Vicente Castaño escapó hace tres semanas a un cerco que le tendieron agentes especiales de la Fiscalía y la Policía en una finca del Eje Cafetero, gracias a que un campesino alertó a los miembros de su cuerpo de seguridad. Desde entonces, las autoridades le perdieron la pista y será muy difícil localizarlo de nuevo porque, a diferencia de los viejos capos de la mafia que permanecían cerca de su zona de influencia, Castaño ha mostrado gran habilidad para movilizarse y esconderse en cualquier lugar del país.
En varias fotografías halladas en recientes operaciones de rastreo, el jefe paramilitar aparece protegido por un impresionante aparato de seguridad. En una de las fotos conocidas por CAMBIO, Castaño aparece en la entrada de una especie de cueva en una pequeña cadena de montañas en la Alta Guajira. Está vestido con pantalón azul oscuro, camisa blanca de manga corta, un poncho blanco y una gorra para protegerse del sol. Lo acompaña Gervasio Valdeblánquez, un influyente hombre de negocios guajiro que en el pasado fue uno de los protagonistas de la bonanza marimbera, pero que hoy no tiene cuentas pendientes con la Justicia. Sin embargo, uno de sus hijos, Yuri, ha sido pedido en extradición por una corte de Estados Unidos.
Los agentes que obtuvieron las fotos establecieron que Castaño se desplaza como Pedro por su casa en esa zona -protegido por un impresionante dispositivo de seguridad-, gracias a Valdeblánquez con quien al parecer también tiene negocios. Según fuentes de Inteligencia, el jefe paramilitar es acompañado permanentemente por cerca de 50 hombres muy bien armados que se movilizan en camionetas 4x4. El jefe de seguridad es un hombre conocido como Manuel Salvador Ospina.
Según han establecido los agentes encubiertos que intentan seguir las huellas del capo que huye desde 2005, cuando renunció a la Ley de Justicia y Paz, éste cuenta con una red de cooperantes e informantes que lo mantienen al tanto de cualquier movimiento que indique que las autoridades están cerca. "Un día lo ven en Norte de Santander hablando con reductos paramilitares que todavía le hacen contención a la guerrilla; otro día sorprende con su presencia en San Pedro de Urabá, Antioquia, donde imparte órdenes sobre la entrega de tierras a familias de escasos recursos, y una semana después se hace sentir en el Llano, donde es recibido por varios de los testaferros que le administran fincas productivas", le contó a CAMBIO uno de los investigadores.
Castaño también está protegido por campesinos de zonas donde hace obras de caridad y ejerce influencia, que como en el caso del Eje Cafetero lo alertan sobre cualquier tipo de movimiento sospechoso. "Hemos tenido problemas para capturarlo porque muchas personas lo ayudan con información y eso incluye a miembros de la Fuerza Pública", explicó un investigador, quien además asegura que "Castaño está recorriendo el país refundando a las antiguas autodefensas con el apoyo de jefes paramilitares de segundo nivel que están concentrados en zonas supuestamente desmovilizadas".
Según información recopilada por las autoridades, Castaño incide en las comunidades del Urabá antioqueño por medio de la ONG Colombia Sin Hambre, que tiene su sede principal en San Pedro de Urabá y a través de la cual canaliza recursos públicos con destino a su organización.
En comunicación con CAMBIO, Elvis Padilla coordinador de esta ONG negó rotundamente tener vínculos con el paramilitarismo y dijo que han sido estigmatizados por trabajar en zonas que en el pasado estuvieron bajo el control de las Auc (ver recuadro). Según él, sostuvo que el objeto de Colombia Sin Hambre es ayudar a la población más vulnerable y que una de las funciones es pedir tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y desarrollar proyectos productivos para desempleados.
Las autoridades, sin embargo, aseguran que muy pronto demostrarán cómo Castaño esconde recursos y lava activos a través de empresas de fachada. No cabe duda de que el jefe paramilitar es un hueso duro de roer, que controla un aparato paramilitar y que sigue llenando sus arcas con el tráfico de drogas. Hoy, Vicente Castaño es considerado un jefe natural de los paramilitares y un poderoso capo del narcotráfico que controla algunas de las rutas más productivas del negocio. Con todo y eso, las autoridades han llegado a pisarle los talones y, como sucedió en el caso de Pablo Escobar, están seguras de que tarde o temprano caerá.
ONG señalada
CAMBIO se comunicó con Elvis Padilla Castro, coordinador de la ONG Colombia Sin Hambre, quien aseguró que el objeto de su organización es ayudarle a la población más vulnerable y no cohonestar con grupos al margen de la ley. Dijo además que la función de su organismo es pedirle tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y conseguir proyectos productivos para personas desempleadas. "Aunque nuestra actividad se parece a la que supuestamente hace ese señor del que usted me habla, esta ONG no tiene nada que ver con él ¿asegura Padilla¿. Yo llevo dos meses aquí y he visto que nos estigmatizan por tener base en los sitios que antes estuvieron controlados por las Auc".
[Fuente: Cambio, Bogotá, 03jun07]
COL 180607
Hostigamiento / Asesinato
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha sido informado por fuentes fiables, y por Antenna Internacional, sobre el asesinato del Sr. Andrés Julián Melán, de 27 años, hijo de un destacado sindicalista de la empresa Textiles Rionegro, el Sr. Hernando Melan Cardona, en el municipio de Rionegro (Departamento de Antioquia), en hechos ocurridos en su domicilio, en la misma ciudad.
Según las informaciones, en la madrugada del 6 de junio de 2007, un grupo de criminales armados atacó en su propia casa a la familia del Sr. Melán Cardona, asesinando a su hijo, previamente citado, e hiriendo gravemente a su esposa, la Sra. Luz Ángela Velásquez, y a su otro hijo, cuyo nombre no ha sido informado.
De acuerdo con las denuncias, el Sr. Melán Cardona, quien es un sobresaliente defensor del proceso de unidad que se ha venido dando en todo el sector textil colombiano, proceso encabezado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), ya había recibido amenazas contra su vida anteriormente.
El Secretariado Internacional de la OMCT subraya con suma preocupación que, mientras en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro del marco de la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo, los empresarios y el gobierno han logrado en los últimos días que Colombia no fuera clasificada dentro del grupo de países que más viola los derechos laborales y los derechos humanos, cada vez son más comunes las amenazas, los actos de hostigamiento e incluso los asesinatos contra los sindicalistas en todo el país.
A este respecto la OMCT ha recibido las informaciones sobre el asesinato del Sr. John Jairo Arcila Parra, dirigente comunal y de los artesanos, y también líder político, ocurrido el 5 de junio de 2007, en la ciudad de Armenia, Departamento de Quindío. Según las denuncias, el Sr. John Jairo Arcila Parra habría hecho denuncias sobre la presunta corrupción que se venía presentando por parte de la administración municipal en el centro comercial popular, lugar donde serían instalados los vendedores ambulantes, a quienes él también dirigía.
La OMCT condena estos graves hechos de violencia, en particular el asesinato del Sr. Andrés Julián Melan y manifiesta su extrema preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. Hernando Melan Cardona y su señora esposa, Luz Ángela Velásquez, así como de todos los trabajadores sindicalizados en el Departamento de Antioquia, y en particular en este caso en el Oriente antioqueño.
Acción solicitada
Favor dirigirse a las autoridades municipales y nacionales de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. Hernando Melan Cardona y su señora esposa, Luz Ángela Velásquez, así como la de todos los trabajadores sindicalizados en el Departamento de Antioquia;
ii. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos: del Sr. Andrés Julián Melán y del Sr. John Jairo Arcila Parra, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar que se otorgue una adecuada reparación a todos los miembros de las familias del Sr. Andrés Julián Melán y del Sr. John Jairo Arcila Parra;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;
v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por Colombia.
Direcciones
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; Tél.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130,
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
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Ginebra, 18 de junio de 2007
Favor informarnos sobre cualquier acción realizada acerca del presente caso, citando el código del presente llamado en su respuesta.
El E.S.M.A.D parece tener licencia para matar estudiantes en Colombia
Red dhColombia
dhcolombia / Sábado 9 de junio de 2007
Brutalidad policial contra estudiantes y educadores en Manizales en el marco de una marcha en defensa de la educación pública, en hechos ocurridos el pasado 8 de junio. Estos hechos se suman a la larga cadena de agresiones del ESMAD contra estudiantes y profesores que desde ya varias semanas se movilizan en todo el pais en denfesa de la educación pública.
1. La protesta pacifica que profesores y estudiantes vienen desarrollando en el país de manera masiva y pacifica, en contra del Plan Nacional de Desarrollo y el recorte presupuestal a la salud, la educación y el saneamiento básico, en la ciudad de Manizales ha sido reprimida de manera violenta por los integrantes de la fuerza pública, quienes de manera persistente hostigan las marchas que se han realizado en el propósito de difundir el grave riesgo que hoy vive la educación pública.
2. El pasado martes 6 de junio en horas de la madruga, de manera arbitraria integrantes del ESMAD bajo el mando del Coronel Luís Alfonso Novoa Díaz, y con el aval de Ricardo Gómez Giraldo rector de la Universidad de Caldas, irrumpieron violentamente en el campus universitario, causando graves destrozos a la planta física de la Universidad y privando injustificada y temporalmente a veinticuatro estudiantes de la libertad, los cuales fueron objeto de reseña y malos tratos físicos y verbales por parte de los funcionarios de la policía que los retuvieron.
3. En el día de hoy, ocho de junio y cuando educadores y estudiantes de la ciudad de Manizales se disponían a iniciar una marcha pacifica en defensa de la educación pública y en conmemoración de la jornada del estudiante caído, fueron agredidos de nuevo de manera brutal por integrantes del ESMAD.
4. Como resultado de la criminal actuación de los integrantes de la fuerza pública resultaron heridos los estudiantes Universitarios Mayra Lamprea Gómez y Daniel Eduardo Alzate, el educando de secundaria Gustavo Adolfo Sánchez y el profesor y dirigente del Sindicato de Educadores de Caldas EDUCAL, Juan Carlos Martínez Gil, quien recibió un cristal disparado por los integrantes del ESMAD y al momento corre el riesgo de perder un ojo.
5. La brutalidad policial no tiene límites. En la toma violenta que hicieron de la Universidad de Caldas en horas de la madrugada del pasado seis de junio agredieron a miembros de la comunidad universitaria que cumplían labores médicas y de sanidad en el campamento pacífico que se realizaba en defensa de la educación pública, y en el día de hoy, han hostigado en las instalaciones de la Clínica Versalles a estudiantes y profesores víctimas de la violenta agresión del ESMAD que reciben atención medica, similar actitud han asumido con los familiares, amigos y compañeros que se han acercado a indagar por el estado de salud de los lesionados por los integrantes de la fuerza pública.
6. Como estratagema para convertir a las víctimas del terrorismo de estado en víctimarios, no es descartable que se pretendan hacer falsas imputaciones a los profesores y estudiantes que de manera organizada y pacifica no han desistido de la lucha por la defensa de la educación pública como mecanismo para reprimir y criminalizar la protesta social.
dhColombia
Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia
Parlamento Europeo, Bruselas, 17 y 18 de abril de 2007
OIDH-ACO
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia, OIDH-ACO
y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU
con el apoyo de los parlamentarios europeos
Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica - GUE/NGL),
Raül ROMEVA (Grupo Verdes - Verts/ALE),
Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo - PSE)
Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa - ADLE)
declaran:
Después de 12 años de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupación que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las más agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y su impunidad no sólo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construcción de un régimen democrático y dificultan la superación de una sociedad desigual y excluyente. Así mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez más degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la población civil. Además, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.
Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continúan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Además, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas. Es cada vez más evidente que los vínculos históricos entre agentes del Estado y paramilitares han intervenido el Estado a muy altos niveles. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas, y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.
Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia está directamente ligada a la realización de los derechos humanos, a la solución política negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:
1.El Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, y depurar sus vínculos con servidores públicos, miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad. Así mismo, debe dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicación de la ley 975 de 2005. La comunidad internacional debe vigilar que el Gobierno de Colombia cumpla con esas obligaciones.
2.La solución política negociada es el mejor camino para resolver el conflicto armado interno. Alentamos al Gobierno de Colombia y al ELN para avanzar efectivamente en la construcción de escenarios de negociación política. Todos los grupos combatientes deben abstenerse de continuar practicando secuestros. Instamos al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC-EP a que sin más dilaciones ni condicionamientos suscriban un acuerdo humanitario. Es fundamental que la comunidad internacional continúe cumpliendo su papel de facilitación respecto a esas iniciativas.
3.El Gobierno de Colombia debe garantizar los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La comunidad internacional debe acompañar y apoyar decididamente las iniciativas de las víctimas orientadas a ejercer sus derechos. También debe apoyar a la sociedad civil colombiana en el proceso de construir y concertar un Plan Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario con el Estado colombiano.
4.Durante las próximas elecciones, el Gobierno de Colombia está obligado a ofrecer garantías a la oposición política, a impedir la injerencia del paramilitarismo en el debate electoral. La Unión Europea debe supervisar todo el proceso electoral (campañas y elecciones) mediante la conformación de una Misión de Verificación Electoral y el apoyo que otorgue a la presencia de otras misiones.
5.Dado el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado colombiano, la Unión Europea debe evaluar la vigencia del acuerdo arancelario vigente. Otros acuerdos comerciales que la UE celebre con el Gobierno de Colombia deben estar condicionados al respeto y la garantía de la integralidad de los derechos humanos. En todo caso, la sociedad civil podrá participar de las consultas previas para suscribir esos acuerdos
6.El Gobierno de Colombia debe dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas durante los últimos años por los organismos intergubernamentales especializados de derechos humanos. La comunidad internacional debe garantizar la continuidad y el cabal cumplimiento del mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así mismo, el Consejo de Derechos Humanos, por lo menos una vez al año, debe analizar específicamente la situación colombiana y adoptar un curso de acción que comprometa al Gobierno de Colombia a superar la crisis de derechos humanos.
7.Proclamamos nuestro compromiso con el desarrollo y la consolidación de la democracia en Colombia. En ese sentido, instamos al Gobierno de Colombia para que respete y garantice los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, otorgue garantías a los integrantes de la oposición política, y asegure la vigencia de las libertades sindicales. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de esas obligaciones y velar por la vigencia de las cláusulas democráticas.
8.
Bruselas, 18 de abril de 2007
LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 007 / 0407 / OBS 030
Amenazas / Intimidación
COLOMBIA
03 de abril de 2007
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre nuevas amenazas enviadas contra varias organizaciones civiles, que luchan para el respeto de los derechos humanos, por un presunto grupo que se autodenomina “Nueva Generación”, en hechos ocurridos en el Departamento de Nariño.
De acuerdo con las informaciones, el 20 de marzo de 2007, varias organizaciones civiles del departamento de Nariño recibieron vía correo electrónico una amenaza enviada por un grupo presuntamente paramilitar autodenominado “Nueva Generación”, calificándolas como “terroristas en estafetas de derechos humanos”. Las organizaciones amenazadas fueron la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH- Nariño), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), el Apoyo a Víctimas de Violencia Sociopolítica pro Recuperación Emocional (AVRE), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP) y la Federación Universitaria Nacional (FUN).
El Observatorio lamenta que las organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia continúen recibiendo graves amenazas por parte de distintos grupos involucrados en el conflicto armado, afectando así cada vez más el desarrollo de sus actividades y poniendo en peligro la vida de sus integrantes y familiares. A este respecto, en el mes de febrero, otras organizaciones sociales, tales como el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (ACIN) y la Organización Campesina (CIMA) fueron amenazadas, esta vez por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), exigiéndoles a “comprometerse a apoyar la movilización popular y la exigencia de la renuncia de Uribe, para abrir paso a la conformación de un Nuevo Gobierno...”, sino serían consideradas como “objetivo militar”.
El Observatorio condena estos repetitivos hechos que se enmarcan en un contexto de permanente intimidación y acoso en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia. El Observatorio manifiesta su extrema preocupación por la grave situación de inseguridad en la que los defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes de la oposición, sindicalistas y desplazados, son a menudo objeto de persecución y estigmatización a causa de su labor de denuncia de las violaciones de los derechos humanos de que son víctimas tanto ellos como las organizaciones a las que pertenecen o a las que acompañan.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de las organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio de Colombia y en particular en este caso, de las organizaciones arriba mencionadas en el departamento de Nariño;
ii. llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas recibidas por las organizaciones arriba mencionadas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal justo, competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
iv. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55. E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be
S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130,
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co
Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co - Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co
Doctor Mario Hernán Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Dr. Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co, E-mail: quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Dr. Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 3 de abril de 2007.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Col - Testimonio sobre sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales llevadas a cabo por fuerzas estatales.
Nota del Editor:
Dado la fecha del documento (01 de agosto de 1989) que bajo el título de "Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales", hemos decidido editar (el 08 de febrero de 2007) y distribuir masivamente, creemos necesario hacer una pequeña introducción aclaratoria.
Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01 de agosto de 1989. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
Es importante destacar que los crímenes contra la humanidad, según recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según la jurisprudencia del derecho internacional aplicable en la jurisdicción interna colombiana, no prescriben y no son amnistiables. Estas dos características hacen del presente testimonio una prueba documental de gran importancia judicial, toda vez que un testigo directo -que es, además, agente del propio estado colombiano-, relata en forma pormenorizada hechos ocurridos en Colombia y que tuvieron y tienen una gran repercusión social.
Es un documento que muestra cómo la organización criminal que organizó el propio Estado colombiano y que no tuvo en aquel entonces, como no la tiene hoy día, otra finalidad que el exterminio de población civil, el asesinato selectivo de dirigentes políticos, sociales y sindicales, no es producto de lo que la prensa actualmente ha denominado "parapolítica", sino una práctica sistemática y organizada desde el ámbito del Estado.
Esperamos sinceramente que este documento sirva como reflexión en los momentos actuales en que se pretende aplicar una solución de ingeniería jurídica con la que se pretende sobrepujar el derecho internacional de derechos humanos y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Equipo Nizkor
22 de febrero de 2007
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ii) Testimonio de Ricardo Gómez Mazuera sobre la masacre del Palacio de Justicia y otras acciones ilegales.
Señor
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.E.
Yo, Ricardo Gómez Mazuera, identificado con c.c. # 3.010.247 de Engativá (Cund.), pongo en conocimiento de Ud. los siguientes hechos:
1. Ingresé en la Policía Nacional el 31 de marzo de 1977, como alumno de la Escuela de Carabineros "Eduardo Cuevas" de Villavicencio [Meta] , siendo Comandante de la misma el Teniente Coronel Dámaso Ortega Contreras, Subcomandante el Mayor Rodrigo Millán Bautista, y oficiales Los Tenientes Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, Edilio Cely Prieto, Leonel Hernán Díaz Gutiérrez y William Rojas Giraldo.
Una vez terminado el curso, vinimos a Bogotá donde servimos en la Primera Estación de Policía,luego pasamos a la Sexta, volvimos a la Primera y luego reinauguramos la Quinta Estación.
Entre el 22 de diciembre de 1977 y el 3 de enero de 1978 se presumió que yo había cometido el delito de deserción, pero luego se comprobó que no lo hubo. En testimonio de esto, anexo el original del Paz y Salvo expedido por la Auditoría Auxiliar 35 de Guerra, el 20 de enero de 1988.
Desde 1974 actué como informante de la DIPEC (hoy DIJIN). En-ese momento me conocieron: el Capitán Julio Navarro Rozo (hoy Teniente Coronel y Comandante del Departamento de Policía del Valle) y el Mayor Campos, jefe del Departamento de Estupefacientes (hoy ayudante de la Dirección General de la Policía).
En 1978 pasé a trabajar con el Comando del Ejército.
Durante estos años me han conocido en mi trabajo las siguientes personas: el Mayor Gañán, subjefe de la SIJIN; el Sargento Gaviria, de la sección de Piratería de la DIJIN; el Coronel Alfonso Plazas Vega, director de la Escuela de Caballería; el Capitán Misael Plazas Vega, jefe del S-2 del BAPOM # 1; el Capitán Powels, jefe del S-2 de la Escuela de Artillería; el Capitán Luz, del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano"; el Coronel Pradilla, jefe del B-2 Bogotá; el General (r) Fernando Landazábal Reyes, Comandante de la Brigada de Institutos Militares en 1976; el Capitán Quevedo, jefe de automotores de la SIJIN.
Realicé también trabajos con el Capitán Santos, subcomandante de la SIJIN de Cúcuta; en Bucaramanga con el General Farouk Yanine Díaz, a través del S-2 de la V Brigada, en la zona de San Vicente de Chucurí (1986) en Doncello (Caquetá) con el Capitán de la Policía Heriberto Infante Ramírez.
2. Durante estos años de trabajo con los servicios de inteligencia del Estado, me he ido convenciendo poco a poco de que los métodos allí utilizados son violatorios de las mismas leyes de la República y de que en tales organismos se cometen verdaderos crímenes que me han ido creando un conflicto de conciencia cada vez menos soportable.
Por estes razones y a pesar de los altos riesgos que esto implica para mi seguridad personal y la de mi familia, he decidido abandonar mi trabajo y solicitar a las autoridades competentes que investiguen los métodos utilizados por los organismos de seguridad del Estado para combatir la subversión o la delincuencia, y que se ponga fin a cuanto en ellos hay de violatorio de la Constitución y las leyes y de los Convenios sobre Derechos Humanos.
En particular quiero denunciar los siguientes hechos:
2.1. Como participante activo en tareas de inteligencia durante los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, doy testimonio de lo siguiente:
a) La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fué sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al Hospital Simón Bolívar, donde fué atendida por el Doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del Pabellón de Quemados de dicho hospital.
Algunos informes de inteligencia dieron cuenta de que "habían sacado una guerrillera y la tenían en el Hospital Simón Bolívar". Fué enviado, entonces, un sargento de nombre Juan (apellido posiblemente Rodríguez), de 1,60 mts. aproximadamente de estatura, delgado, de ojos cafés claros, nariz pronunciada, que usaba entonces barba y vivía en Ciudad Kennedy, con 3 soldados del S-2, para sacarla del hospital y llevarla a la Escuela de Caballería.
El Dr. Sastoque se opuso a que la sacaran, pero el sargento presionó, diciéndole que si no lo permitía, sería acusado de complicidad con la guerrilla. Entonces lo permitió y lo señora fué llevada a la Escuela de Caballería donde fué sometida a torturas, golpeándola con guantes de caucho mojados sobre las quemaduras. La señora Zuluaga murió en medio de las torturas.
b) EL señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, salió del Palacio y fué llevado a la Casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fué enviado a la Escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: "me lo llevan, me lo trabajan y cada dos horas me dan informe".
El Coronel Plazas se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó torturar al señor Rodríguez "por cómplice".
El señor Rodríguez Vera fué sometido a torturas durante 4 días, sin suministrársele ningún alimento ni bebida. Fue colgado varias voces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas. El siempre manifestó que no sabía nada de nada ni entendía lo que estaba ocurriendo.
Quienes estuvieron al frente de estas torturas fueron: el Capitán Luz, de aproximadamente 1,78 mts. de estatura, 80 kilos de peso, cabello crespo negro, bigote, acento cercano al costeño, y otro capitán de pelo rubio, quien manejaba entonces un Nissan Patrol azul y blanco.
El señor Rodríguez murió durante las torturas. Su cadáver fué enterrado en secreto, probablemente en "los polvorines", cerca al sitio donde se hacen prácticas de polígono, en lo misma escuela.
c) El día 7 de noviembre, en la mañana, el señor Andrés Almarales, del Comando Superior del M-19, fué sacado con vida del Palacio, solo herido en una pierna, y trasladado en una ambulancia a la Escuela de Apoyo Logístico, donde funciona el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano". Allí el señor Almarales fué asesinado y su cadáver devuelto al Palacio para ser sacado de allí entre los muertos.
En la ambulancia que transportó al señor Almarales iba un señor Becerra, adscrito al F-2, hoy conductor de la SIJIN-Bogotá; Dicho señor aparece 'fotografiado en la primera página de El Tiempo del 9 de noviembre de 1985, cargado el féretro del Capitán Héctor Aníbal Talero ("Halcón-2").
El periodista Jorge Enrique Pulido tuyo en su poder tomas de video, donde se puede comprobar la salida con vida del señor Almarales del Palacio de Justicia.
d) El domingo 10 de noviembre, después que el Palacio de Justicia había sido inspeccionado, evacuado y barrido, apareció en el primer piso otro cadáver. Correspondía a uno de los visitantes del Palacio, portador de una cédula que no era la suya y que por tal motivo había sido llevado al Batallón Charry Solano, donde murió en medio de las torturas. Su cadáver fué llevado al Palacio por agentes del mismo Batallón.
e) El mismo 10 de noviembre de 1985 se hizo un operativo en el barrio Quiroga (calle 32 sur con carrera 21), en la residencia de la señora Myriam Vásquez, de quien se decía tenía lazos familiares con Fabio Vásquez Castaño (antiguo Comandante del E.L.N.) y que habría tenido algo que ver con los hechos del Palacio de Justicia.
El Coronel Moreno, jefe de inteligencia del Charry Solano, ordenó que la capturaran en forma de "secuestro", es decir, en forma ilegal, fingiendo ser secuestradores comunes.
No se la pudo capturar, porque hubo confusión con otra señora de nombre Myriam, que en el momento estaba en la misma residencia, y porque los vecinos habían informado a la Policía del barrio Quiroga que había carros extraños en la zona. Dado que la Policía de Bogotá no estaba informada sobre este operativo, y que los agentes del barrio Quiroga acudieron al sitio, el operativo fué desmontado.
2.2. Al señor Samuel Aguilar, Inspector de Policía de Los Maracos, Granada (Meta), se le montó una persecusión, por ser de la U.P., hasta que se le asesinó.
Días antes del atentado, perpetrado el 25 de julio de 1988, el señor Aguilar fué víctima de un atraco, pudiendo él reconocer al atracador, que era un sargento del Ejército. Dos niñas fueron testigos del atraco y una de ellas fué asesinada posteriormente.
El señor Aguilar acusó al sargento ante el Comandante de la Base de Apiay, pero solo recibió en respuesta amenazas e intimidaciones.
La escolta del DAS que él tenía, no apareció el 25 de julio. Ese día llegaron a su casa otras personas que se identificaron como del DAS y le dijeron que lo necesitaban en Villavicencio.
Sospechando lo que iba a ocurrir, un hijo suyo salió a defenderlo con un arma, pero fué desarmado por los agentes. También su mamá salió y lo abrazó, pero los agentes la arrastraron del pelo y a él se lo llevaron. En el camino le hicieron tiros, pero él no murió enseguida. Murió 3 días después. El tipo de bala con que fué asesinado coincide con las empleadas por el grupo de sicarios que el 3 del mismo mes había asesinado a 17 personas cerca de Granada.
2.3. El sacerdote belga, Padre Daniel Hubert Gillard, de la comunidad asuncionista, Párroco de la Parroquia del Santo Evangelio, en el barrio Antonio Nariño de Cali, también fué objeto de investigaciones y seguimientos por parte del B-2 de Cali, pues se consideraba que su trabajo concientizador llevaba a la gente a hacer demasiadas exigencias ni gobierno.
Un operativo conjunto del DAS y el Ejército preparó y perpetró el atentado de que fué víctima el 10 de abril de 1985. Esa noche lo esperaron cerca de la Parroquia, lo dejaron pasar en su carro y a 10 metros le dieron la orden de "alto" que él ya no podía oir, entonces dispararon contra él. Uno de los agentes que participó en el atentado fué el agente Méndez, apodado "la yegua" quien fué desplazado desde Bogotá con esa intención.
El Padre Gillard no murió en el atentado pero quedó inconciente y fué hospitalizado durante muchos días. Más tarde, el Capitán Rodríguez, del S-2 del Batallón de Cali dio orden de quitarle el oxígeno "para ayudarlo a bien morir".
2.4. También puedo atestiguar la existencia de alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas e industriales y narcotraficantes, para constituir y financiar grupos de "mano negra" o "escuadrones de la muerte" que realizan trabajos de "limpieza social". En concreto:
a) En Tuluá (Valle), el Mayor de la Policía Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (hoy Teniente Coronel, destacado en Arauca) constituyó uno de estos grupos que tenía como ámbito de operaciones: Cali, Tuluá, Palmira y Yumbo, dando muerte por lo menos a 30 personas.
El Mayor Suárez escogía personal de la Policía y los sometía a un "bautizo", consistente en que todos participaran en un crimen, con el fin de que nadie pudiera hablar. Así en junio de 1985, hicieron una matanza nocturna de homosexuales en Tuluá y botaron sus cadáveres al río Cauca. Un carnicero fué testigo de la matanza y luego fué asesinado por el mismo grupo.
Para financiar estas operaciones de "mano negra", el Mayor Suárez recibía dinero de industriales del Valle. El señor Pablo Hamerleng, Jefe de seguridad de la firma Carvajal, de Cali, (tel: 2675011) aportó más de dos millones de pesos.
El Director Operativo de la Policía Nacional, General José Luis Vargas Villegas, tuvo conocimiento de esto pero no hizo nada para impedirlo.
El hoy Teniente Coronel Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez (Dirección: calle 19 C sur # 55-54, tel: 2609138) recibe dinero de narcotraficantes, posiblemente para implementar operaciones similares. En un día de junio o julio de 1987, yo mismo lo acompañé personalmente, en un Toyota blanco, a la empresa "Taxis Verdes" de Bogotá (carrera 15 por calle 15) y allí recibió 25 millones de manos del Señor Gustavo Gaviria Riveros, narcotraficante ligado a Pablo Escobar. Un ex-oficial de la Policía que trabajó en la Escuela "Eduardo Cuevas" de Villavicencio, el ex-cabo Linares, quien conducía entonces un taxi de la empresa "Taxis Verdes", pudo darse cuenta de esta cita, pues estaba allí y me saludó.
b) El Mayor Gañán, hasta 1988 Subcomandante de la SIJIN (Tel: 439810) , también recibe dinero de narcotraficantes. Su casa que posee en Bogotá (en la calle 122) está evaluada en más de 30 millones de pesos. Este Mayor proveía de armamentos para atracos que realizaba el personal de la SIJIN, en unión del Doctor Tarazona, asesor jurídico del F-2.
Por orden suya fueron asesinados los secuestradores del señor Ricardo Valencia, industrial de cueros. El Mayor Gañán dio orden de matar a los secuestradores del señor Valencia después de que ellos se habían entregado, como lo atestiguó el mismo señor Valencia.
c) El Mayor Beltrán Mogollón, antes jefe de automotores de la SIJIN-Bogotá y ahora jefe de la SIJIN-Cali, también organizó un "plan limpieza" en Bogotá, en 1988. Por orden suya fueron asesinados 17 haladores de carros, operaciones ejecutadas por la Patrulla 1010, por personal del grupo de automotores de la SIJIN y por patrullas al mando de los sargentos Sosa y Valdeleón y del agente Aldana (el cual resultó lesionado cuando el atentado al Ministro de Gobierno Jaime Castro).
d) En Cúcuta, el Capitán Santos, segundo en mando de la SIJIN-Cúcuta, ha constituido un grupo con un suboficial y dos agentes para efectuar operaciones "de limpieza".
Esta grupo mató a un ladrón en la Residencia Avila. Con la colaboración de la dueña de dicha Residencia, reúnen información sobre supuestos miembros o colaboradores de grupos guerrilleros que se hospedan allí y luego buscan matarlos. Así ocurrió con Rodolfo Quenzá González (cc. # 17.586.254 de Arauca) quien después de haberse hospedado allí, fué seguido por el grupo del Capitán Santos hasta Arauca donde fué asesinado en enero de 1988.
e) En esta clase de operaciones ilegales se cuenta con ayuda de personal extranjero. El Señor Vigam, jefe de seguridad de la Embajada de Israel en Bogotá, dicta cursos sobre métodos de seguimiento y tácticas de espionaje y similares, a miembros del Batallón Charry Solano, en compañía de un Señor Yossia, también del equipo de seguridad de la misma Embajada.
Para esta clase de operaciones se cuenta también con un proveedor de Placas y papeles para vehículos: el señor Carlos Cuadros (tel: 2778700, ext. 49) y con una proveedora de documentos falsos: la "Señora Ester", o la "Señora Edelma" (carrera 12 # 8-35, tel: 2546911) cuyos servicios utiliza el F-2.
2.5. Otro método que resulta violatorio de la Constitución y las leyes es el de infiltrar a organizaciones de izquierda con el objetivo de asesinar a sus dirigentes. A este respecto, denuncio lo siguiente:
a) En el caso de la muerte de Gustavo Arias Londoño, alias "Boris", del Comando Superior del M-19, la Dirección de la Policía tuvo conocimiento previo sobre su desplazamiento a Caldas (Ant) para una reunión y ordenó montar un operativo "por lo bajo". En efecto, Arias Londoño fué detenido mientras viajaba a Caldas, el 23 de julio de 1986, a las 11.30 P.M., y conducido al cuartel de la VIII Estación donde le aplicaron la "ley de fuga". En un informe posterior, la Policía declaró que había sido identificado posteriormente, pero, en realidad, el operativo fue montado con plena intención de asesinarlo.
b) En el caso de Alvaro Fayad, jefe del M-19, el GOES sabía, con tres días de anticipación, que él iría ese día, 13 de marzo de 1985, al apartamento situado en la carrera 42 C # 22-A-30, Apto. 202, y por ello montaron el operativo para asesinarlo.
c) En el caso de Afranio Parra, un informante de la DIJIN que estaba in filtrado en el M-19, había informado sobre su presencia en Vistahermosa, al sur de Bogotá. Cuando salieron a hacer un negocio de armamento, el informante los fué llevando hacia el CAI de Vistahermosa, de la III Estación de Policía, donde los interceptaron 3 agentes que estaban bebiendo cerca de la cancha. En el camino, uno de los que acompañaban a Afranio Parra se escapó, hubo un forcejeo y Ios agentes, entre ellos el identificado con la Placa # 19364, asesinaron a Afranio y a los acompañantes, entre ellos al informante. El que escapó dio aviso a los escoltas de los voceros del M-19 en el diálogo con el gobierno y por ello el caso fué conocido públicamente casi de inmediato.
2.6. Quiero poner igualmente en conocimiento de Ud. la existencia de algunos sitios utilizados como cementerios, para sepultar a víctimas de estos procedimientos ilegales.
a) En la vía a Villavicencio, en dirección norte-sur saliendo de Bogotá, pasando el Retén de "La Alemana", hay un camino que sube hacia el oriente. Subiendo por dicho camino unos 300 metros, en medio de una arboleda, a mano derecha, hay un área de unos 100 metros donde se ha sepultado a varias personas, víctimas de procedimientos ilegales de represión. (Ver Gráfico 1)
Un caso en el cual me tocó participar, fué el siguiente:
Entre febrero y marzo de 1983 se perdió una cámara de fotografía que se utilizaba para libretas militares en el Distrito de Kennedy. Por informaciones que llegaron a la Brigada, se acusó a Luis Alfonso Muñoz Cabanzo, quien era informante pero también era ladrón, y a otro de nombre Héctor.
A muñoz se le capturó en el barrio Marco Fidel Suárez y a Héctor en el barrio Quiroga. Ambos fueron llevados al sitio indicado (cementerio de La Alemana), vendados con balletillas mojadas y untadas de tierra para que no pudieran abrir los ojos. En el sitio mencionado fueron sometidos a torturas y Héctor fué asesinado y enterrado allí.
A Muñoz Cabanzo lo torturaron quemándolo con un cigarrillo y dándole golpes en el estómago con un bate de base-ball. En un momento dado, él dijo: "yo canto". Entonces le soltaron las manos y le permitieron limpiarse la cara. Pero como comenzó a dar evasivas, lo arrodillaron y le montaron una subametralladora para matarlo, pero él salió rodando. Le hicieron tiros pero él se escapó hacia la vía a Villavicencio. Esta persona, quien hoy vive de nuevo en el barrio Marco Fidel Suárez, puede testimoniar lo ocurrido y señalar el sitio.
b) Otro cementerio existe en los llamados "Polvorines" de la Escuela de Caballería de Usaquén. En el extremo norte de la Escuela, hacia el oriente, detrás del sitio donde se hacen prácticas de polígono, hay un sitio donde se entierra a personas que mueren bajo tortira en la misma Escuela. Allí es posible que hayan sido sepultados algunos de los desaparecidos durante los hechos del Palacio de Justicia. Allí fué enterrado, muy probablemente, Carlos Augusto Rodríguez Vera, y también la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda. (Ver Gráfico 2).
c) En Montería (Córdoba), saliendo de la ciudad por la vía al mar, está la hacienda de la familia Kergelene. Avanzando unos 300 metros aproximadamente hacia dentro de la hacienda, hay una casa de los trabajadores. Siguiendo de allí hacia el río (unos 250 metros aproximadamente) nacen los bebederos del ganado. Unos 50 metros antes del río se encuentra un cementerio en donde, antes de 1988, que yo sepa, se ha sepultado a 6 personas sindicadas de subversión.
El 8 de junio de 1987, en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla, capturamos a 2 personas sindicadas de pertenecer a un grupo de finanzas de alguna organización guerrillera y que supuestamente habían extorsionado a un ganadero de Montería. Los llevamos a dicha finca para reconocimiento y allí fueron asesinados y sepultados.
La noche anterior a dichas capturas estuvimos con Alonso Luna (tel: 355539) y Ovidio Lozano (Dirección: carrera 6 B # 18-45, tel: 369539) en Barranquilla, integrantes del grupo de mariachis "Cien Años de Soledad".
d) También tengo conocimiento de que en el corregimiento La Floresta, entre Cúcuta y Puerto Santander, en la salida del caserío hacia el occidente, existe un cementerio donde se entierra a muchas víctimas de acciones ilegales de la Policía. El agente de la Policía Julio Ángel Rojas Peñarate, conoce dicho sitio.
e) En el Batallón de Policía Militar # 13 de Puente Aranda, en Bogotá, al lado derecho del casino de los soldados, después de atravesar una zona reservada, está la Sección del S-2, dentro de la cual existe un cuarto de interrogatorios utilizado para torturas. Allí fué llevado, por ejemplo, el señor Hernando Muñoz (Dirección: calle 24 sur por carrera 13 A), un señor a quien le faltan ambas piernas. El Señor Muñoz fué capturado en un operativo dirigido por el Capitán Misael Plazas Vega. (Ver Gráfico 3).
2.7. Finalmente, quiero poner también en su conocimiento los nombres de algunas personas que actualmente son objeto de investigaciones y seguimientos par parte del Batallón Charry Solano y cuyas vidas, por lo tanto, pueden estar corriendo graves peligros:
- El Señor Manuel Zapata Olivella, líder de un movimiento de negritudes.
- El Señor Víctor Diusaba, periodista del diario El Siglo.
- El Señor Ángel Tolosa, líder de un movimiento campesino (ANUC).
- EL Doctor Eduardo Umaña Mendoza, abogado que trabaja con grupos de Derechos Humanos.
- El Señor Alberto González, periodista del diario El Mundo, de Medellín.
- El Señar Jesús Castañeda, periodista de una agencia internacional de noticies cuyas oficinas están en la Plazuela de Las Nieves.
- Un Señor que trabaja con Amnistía Internacional, de nombre Edgard, alto, de barba.
2.8. Quiero dejar constancia, en último término, de que en el mes de mayo de 1989 solicité un extracto de mi hoja de vida en la Policía Nacional y se me comunicó que no existía en los archivos, es decir, que había desaparecido. Con qué fin ?
Hago constar que todos los datos aportados a través del testimonio rendido son auténticos y que están basados, ya sea en mi experiencia personal de trabajo durante estos 12 años, ya en el relato de compañeros de trabajo que han estado más directamente relacionados con algunos hechos, para corroborar lo cual me suscribo, con firma autenticada en notaría.
Atte.
Ricardo Gómez Mazuera
c.c. 3.010.247 de Engativá (Cund)
C.C.
- Dirección Nacional de Instrucción Criminal.
- Ministro de Justicia.
- Juzgado 26 de Instrucción Criminal.
- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
- Comiisión Episcopal por la Vida, la Justicia y la Paz.
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Nota documental del Equipo Nizkor: Este documento es reproducción fiel del testimonio prestado por el declarante, Ricardo Gómez Mazuera, en su comparecencia ante el Notario Diecisiete del Circuito de Bogotá en fecha de 01ago89. Durante muchos años se consideró perdido dentro del propio sumario, por eso consideramos de suma importancia su publicación como documento que, por si solo, demuestra la participación del Estado en la organización y comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad.
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LA SUSCRITA AUDITORA AUXILIAR 35 DE GUERRA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA BOGOTA,
HACE CONSTAR:
Que revisados los libros radicadores de sumarios de este Despacho, figura a Tomo II, folio 545, el proceso No. 687, adelantado por el delito de DESERCION contra el ex-agente Auxiliar GOMEZ MAZUERA RICARDO, por hechos ocurridos entre el 22 de diciembre de 1977 al 03 de enero de 1978 y consta con fecha 16 de noviembre de 1978 que el mencionado proceso pasó al ARCHIVO definitivamente por haber confirmado el H. Tribunal Superior Militar la sentencia absolutoria proferida en primera instancia en favor de GOMEZ MAZUERA RICARDO. En consecuencia de lo anterior se colige que el mencionado ex-agente GOMEZ MAZUERA RICARDO, quien se identificó con c.c. No. 3'010.247 de Barrio Boyacá-Engativá (Cund), no tiene cuentas pendientes con este despacho.
Se expide la presente en Bogotá, D.E., a los Veinticinco días del mes de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, a solicitud verbal del interesado.
Dra. EUGENIA GUTIERREZ GIRALDO
Auditora Auxiliar 35 de Guerra
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indagatoria 56 militares de la Brigada 17 por la masacre de la comunidad de San José de Apartadó
Los militares pertenecientes a esta unidad militar con sede en Carepa son acusados por la Fiscalía del asesinato a sangre fría de ocho campesinos, entre ellos tres menores de edad. En un principio, el Ejército informó que la acción había sido obra de las Farc.
Fecha: 02/22/2007 -
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a 56 militares de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Antioquia, sindicados de la masacre de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó en 2005. La medida judicial echa por tierra las sindicaciones de los propios militares que en un principio acusaron a las Farc de esta espantosa acción que conmovió al país.
Los militares deberán responder en juicio por los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo. En el ente investigador se aceptó que en inicialmente también se dirigió la investigación hacia las Farc por el material que habían suministrado los miembros del Ejército. Sin embargo, en el transcurso de las averiguaciones se estableció que éstos estaban mintiendo para encubrir el hecho.
La muerte de los ocho campesinos ocurrió el 21 de febrero de 2005 y causó una gran conmoción porque en ella fueron también asesinados tres menores de edad. El 26 de febrero de 2005 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en una carta al vicepresidente Francisco Santos, al Procurador Edgardo Maya y al Defensor del Pueblo Volmar Pérez, denunciando la masacre. SEMANA.COM publica los apartes de ese documento que hoy cobra una vital vigencia.
"Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante los daños irreparables cometidos por miembros de la Brigada XI del Ejercito Nacional contra 7 campesinos que habitaron en el corregimiento de San José de Apartadó, entre ellos tres menores de edad. Todas y todos fueron amenazados de muerte, detenidos arbitrariamente, torturados y asesinados, y luego enterrados en dos fosas.
Hoy sábado en horas de la mañana hemos tenido la confirmación de que los restos que se encontraban en dos fosas comunes eran los Luis Eduardo Guerra, reconocido coordinador y defensor de derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, 30 años, Sandra Milena Muñoz Pozo de 24 años, Bellanira Areiza Guzmán de 17 años, Deiner Andrés Guerra de 11 años Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz de 6 años.
Como ha sido de conocimiento a través de la Comunidad de Paz y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, el lunes 21 de febrero Luis Eduardo fue detenido arbitraria e ilegalmente por hombres armados que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, Brigada XI, en los alrededores del caserío de Mulatos. Los uniformados amenazaron de muerte a los campesinos, expresando que los iban a asesinar. Dos días después varios pobladores informaron del hallazgo de una fosa común en la que se observaron los restos de uno de los niños, Deiner Andrés.
De acuerdo con lo que hemos conocido a través de acompañantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el día viernes 25 en horas de la tarde fueron encontradas dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de las personas que han sido un signo de esperanza y de vida para San José de Apartadó y para muchas comunidades en Colombia y la humanidad.
El próximo 23 de marzo serán, 8 años desde que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Desde su mismo nacimiento esta experiencia ha vivido una persecución, que no dudamos en calificar de sistemática. Las estrategias militares estatales-paraestatales han estigmatizado, perseguido sistemáticamente a sus integrantes, bajo el argumento de enfrentar a la guerrilla de la FARC. Amenazas de muerte, bloqueo económico, falsas acusaciones, torturas, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, desinformación mediática han sido parte de las técnicas de control y de represión que han pretendido destruir una iniciativa de la población civil de autonomía en medio de la confrontación armada, de afirmación de la verdad en medio de la mentiras institucionales, de afirmación de la justicia en medio de la impunidad y de la dinámica de institucionalización paramilitar en la región.
Hace menos de un año, en mayo de 2004, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en visita a Apartadó, se expresó contra la Comunidad de Paz y los acompañantes internacionales, dejando no solamente una estela de dudas sobre esta experiencia, sino al tiempo avalando una serie de abusos de autoridad, que encontraron su aval en las expresiones del primer mandatario, Supremo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
Algunos de ustedes, como nuestra Comisión de Justicia y Paz, conocieron a Luis Eduardo Guerra, campesino, gestor de la experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ustedes conocieron la rectitud, la honestidad y la transparencia de su vida y de sus palabras, lo que ha sucedido en san José de Apartadó es grave y absolutamente repudiable, la defensa institucional no puede realizarse a merced de la mentira y de la ceguera ante los abusos de poder.
Los cuerpos sin vida encontrados en dos fosas comunes son los de Luis Eduardo, su compañera e hijo, la de los niños y los adultos, corresponden a los que fueron detenidos arbitrariamente por agentes estatales. Hoy estamos siendo testigos, una vez más de una expresión de terror institucional, de inconmensurables dimisiones que debe generar en la conciencia institucional no solamente su repudio sino la necesidad de un replanteamiento a fondo de una política de seguridad que continua sustentando su razón de ser en el ataque a la población civil.
De la amenaza de muerte, se pasó a la detención arbitraria, de la amenaza a la realización del acto cobarde de asesinar de forma cruenta y en total estado de indefensión a niños, adultos y a una persona como Luis Eduardo, que representó a nivel nacional e internacional a la Comunidad de Paz. Estamos ante la absoluta ausencia de garantías, los remedos bajo los cuales el Estado ha obrado se han desecho, estamos ante el desbordamiento absoluto de la autoridad y de la fuerza. Si esto sucedió con Luis Eduardo, reconocido coordinador de la Comunidad de Paz que se ha entrevistado con las altas instancias desde el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano, pasando por el de Andrés Pastrana Arango y el actual Álvaro Uribe, exigiendo la protección de su comunidad, ¿qué se puede esperar, de aquellos miles de anónimos para las esferas de gobierno, para los militares que en una suerte de obediencia ciega, amenazan, detienen, torturan y matan como borregos lógicos o mejor sin razón?
La actuación institucional refleja la ausencia absoluta de respeto al cuerpo humano, la negación absoluta del respeto a los mínimos de la dignidad humana por parte de los agentes del Estado en un contexto de conflicto armado interno.
La actuación de sus victimarios refleja la degeneración absoluta de la guerra estatal. Una guerra que no se ha dirigido contra los armados sino contra campesinos inermes que han cometido, a los ojos de la institucionalidad, el delito de pensar, de construir, de afirmar alternativas a la guerra. Sus victimarios no solo destruyen la vida humana, sus técnicas criminales son bárbaras, reflejan odio e impulsos irracionales en prácticas proscritas por la conciencia de la humanidad, que se asemejan a la de los campos de concentración en Alemania o de las experiencias de las dictaduras del cono sur. Su capacidad de mentir pretende atribuir al otro polo de la guerra sus crímenes, mediáticamente esta mentira que se hace verosímil, encubre la deslegitimación de la autoridad.
No existen palabras para expresar el hondo, el profundo daño que ya se ha causado a la Comunidad de Paz, a la conciencia moral de la humanidad. Pero tal vez, lo que más conmoción produce es la posibilidad, es la certeza de conocer, que estos crímenes reflejan el Estado de Hecho que se ha ido instaurando en Colombia.
"La detención arbitraria de Luis Eduardo y la amenaza de muerte, era tal vez previsible en las lógicas de seguridad de hoy. Era inesperable, sin embargo, o nadie podría imaginar tamaña barbaridad el haberlo asesinado con 6 personas más y enterrarlos a todas y todos en dos fosas comunes. No hay sindéresis, todo es irracional. Detener arbitrariamente, amenazar de muerte, desaparecer y asesinar a un hombre transparente, coherente con lo que construyó a través de la Comunidad de Paz, es absolutamente desbordado.
El asesinato colectivo ha sido una decisión criminal absolutamente cobarde y banal, síntoma de temor que inspira al poder cuando se ven descubiertos en sus mezquinos propósitos o en su gesta de barbarie. Hoy no existe el más mínimo pudor, el más mínimo intento de diferenciarse de estructuras criminales. Pasa en Arauca, en el bajo Atrato Chocoano, en el Cauca, en Cundinamarca, en Nariño. Se repite una y otra vez. No es un accidente, es un modo de pensar y de actuar. Lo ejecutado bajo la institucionalidad se mimetiza en lo irregular, lo ejecutado bajo la institucionalidad se justifica en el combate legítimo, lo ejecutado bajo la institucionalidad se atribuye al enemigo militar.
En la nueva masacre de San José de Apartadó, se percibe la tragedia de este país, la implementación de una política de seguridad que no tiene límites, pues el Derecho es el Hecho. No hay distinción, no hay regulación, no hay garantías, no hay protección, solo terror.
Ante los signos evidentes de la erosión del Estado de Derecho, nos unimos a las exigencias de la Comunidad de Paz, exigencias que son una Constancia Histórica y para nosotras y nosotros los creyentes una Censuro Moral".
Después de conocer los detalles de esta carta, el presidente Álvaro Uribe Vélez apareció en televisión e hizo énfasis, más que en la condena de la masacre, en asegurar que la comunidad de paz estaba infiltrada por la guerrilla. Ahora con la medida tomada por la Fiscalía, parece que la historia es otra.
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, organización que trabaja por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de los sectores sociales y populares, especialmente de la población desplazada, campesina e indígena asentada en los departamentos de Santander y Norte de Santander, pone en conocimientos los siguientes:
HECHOS
El día lunes 5 de Febrero del 2007 a las dos y treinta (2:30 p.m) de la tarde, recibimos una Amenaza vía correo electrónico a nuestra dirección paraquehayajusticia@yahoo.es, de la siguiente dirección “ viacomunitaria2019@yahoo.es “ el cual responde al nombre de Colombia Comunitaria Vía Democrática Armada, documento que anexamos a la presente denuncia.
El documento aquí referenciado fue enviado a otras Setenta (70) direcciones electrónicas mas, entre las que se encuentra una dirección desactivada que pertenecía a la Asociación Comunidades Bari de Colombia denominada asocbari@b-manga.multi.net.co.
En este escrito se anuncia y se amenaza con dirigir una campaña de limpieza, una guerra frontal a sangre y fuego, pena de muerte a traidores de la patria, una cruzada que harán de la mano del ejercito nacional y las fuerzas armadas de Colombia, ejecución de comunistas, amenazas de destierro, seguimiento a personas y organizaciones a través de comandos siguiendo día y noche, masacres publicas, y a nuestras familias.
Las amenazas están dirigidas contra los defensores de derechos humanos, lideres sociales, sindicalistas, exguerrilleros, abogados, ONG´s, diarios, oficinas, casas, universidades, comunistas, militantes del Polo Democrático y sus familias.
Ante los hechos aquí mencionados, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez,
MANIFIESTA QUE:
Rechazamos estos actos de intimidación, deslegitimación de nuestro trabajo y amenazas a la vida e integridad física de quienes trabajamos por la defensa y promoción de derechos humanos, por la defensa de las causas sociales y populares en reivindicación, defensa y protección de los derechos de las victimas del terrorismo de Estado.
Lamentablemente este correo electrónico evidencia la abierta y cínica complicidad de las estructuras paramilitares que dicen haberse desmovilizado o entre las estructuras que aun se mantienen en las regiones que ellos mismos referencian y la Fuerza Publica; situación que las organizaciones no gubernamentales hemos evidenciado y denunciado en múltiples oportunidades, pero que el Estado y sus instituciones insisten en catalogarlos como casos aislados.
Lamentamos que persistan estas estrategias de agresión y violencia contra quienes con valor desempeñamos una labor legitima y legal, contra quienes desde la civilidad esperamos encontrar la paz con justicia social, propendemos por la vigencia y desarrollo de los principios constitucionales de nuestra carta magna, y atendemos y acompañamos las justas causas del pueblo que ha sido victima de la infamia y la crueldad de quienes arrebataron con sevicia la vida de sus seres queridos, los desaparecieron y desplazaron forzadamente, y que fueron torturados física y psicológicamente.
Por lo anterior,
SOLICITAMOS
1.A las Autoridades Judiciales, que se investigue, condene y sancione a los responsables de este delito de amenazas contra los miembros de las organizaciones sociales y sus familias;
2.A las Autoridades de Control, que se adopten las medidas correspondientes a salvaguardar la vida e integridad de cada uno de los miembros de las organizaciones amenazadas y sus familias.
3.A las Autoridades Administrativas, que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los miembros de las organizaciones amenazadas y la realización de nuestro trabajo en condiciones de seguridad y tranquilidad para cada uno de los miembros de las organizaciones.
4.A los Organismos Internacionales de Naciones Unidas, que se pronuncien sobre las amenazas de la que hemos sido victimas y requerir al estado colombiano para que tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y para prevenir que se vuelvan a repetir este tipo de señalamientos.
5.A las Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, su solidaridad y respaldo a las anteriores solicitudes, a las siguientes direcciones.
Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez,
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: auribe@presidencia.gov.co ;
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos
E-mail:fsantos@presidencia.gov.co
Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón
Carrera 5 No. 15-80
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+57 1)342.97.23
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Aguarán
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
E - mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
Defensoría del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz.
Calle 55 No. 10-32
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+571) 640 04 91
E-mail:secretaria_privada@hotmail.com
Colombia es segundo país del mundo con mayor número de población desplazada por el conflicto interno, con unos 25 millones de nacionales desterrados, después de Sudán (Africa). En el informe 'Situación de los Refugiados en el mundo 2006', el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que aunque en 2006 la cifra de refugiados fue la más baja en 25 años (9,2 millones de personas), el número de desplazados aumentó a los 25 millones.
'La publicación examina las crisis de refugiados y desplazados internos más importantes de los últimos años, así como la naturaleza cambiante de las respuestas internacionales al problema del desplazamiento forzado y los desafíos a los que nos enfrentamos', reportó Radio Caracol.
El documento de ACNUR que estudia las causas mundiales de desplazamiento forzado, estableció que sólo Sudán supera la cifra de desplazados en Colombia y aseguró que Afganistán es el país bajo con mayor número de refugiados.
La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que el 60 % de los refugiados permanecen durante mucho tiempo en dura situación porque 'los países que los acogen suelen carecer de recursos para apoyarlos, y porque los donantes de ACNUR suspenden sus aportes'.
La organización resaltó la situación de vulnerabilidad de los grupos indígenas colombianos y denunció que 'buena parte de los desplazados en el país no están incluidos en los registros oficiales y por lo tanto, no tienen acceso a ayudas gubernamentales, empleo, salud y educación'.
El ACNUR espera afrontar el problema del desplazamiento masivo en Colombia en 2007 con un presupuesto de 14 millones de dólares.Argenpress
CONTINUA LA PERSECUCIÓN ESTATAL EN ARAUCA
(Colombia) (Autor: Prensa Rural- Humanidad Vigente) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
El pasado 28 de Octubre adelantó la judicialización de los tres dirigentes sociales araucanos detenidos el pasado viernes 27 de octubre por soldados del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro, de la XVIII Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de Saravena, al occidente del departamento de Arauca.
Al momento de la detención no fue presentada ninguna orden de captura por parte de los militares. Sin embargo, en este momento se anuncia su posible traslado a Arauca capital para ser procesados por la justicia.
Entre los detenidos se encuentra Orlando Páez, directivo del sindicato de los trabajadores de la construcción e integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Saravena, quien ya había sido recluido injustamente bajo el cargo de rebelión, habiendo permanecido tres años en la cárcel de la ciudad de Arauca. Las otras dos personas son William Díaz, dirigente comunal, y un joven de apellido Patiño.
Más atropellos
Así mismo, el día de hoy se ha presentado el allanamiento de la vivienda del dirigente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, Víctor Laguado, ubicada en el municipio de Saravena.
También se ha sabido de la detención de varios ciudadanos en el municipio de Arauquita, municipio en el cual se está adelantando un encuentro de derechos humanos con el fin de exponer la grave situación humanitaria que se presenta en el departamento. Desconocemos la identidad de las personas detenidas y la razón de su detención.
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ASESINADO DOUGLAS MEJIA PINTO, DIRECTIVO DE ASONAL JUDICIAL EN RIOHACHA – GUAJIRA
(Colombia) (Autor: ASONAL) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0196/06
La Junta Directiva Nacional de Asonal Judicial, denuncia y deplora ante la comunidad nacional e internacional, el vil asesinato del que fue víctima nuestro amigo y compañero DOUGLAS ALONSO MEJIA PINTO, secretario de la Junta Directiva Seccional de la Guajira ; en hechos confusos y registrados el pasado miércoles 18 de Octubre del presente año, a las 6:45 a.m, cuando terminaba de dejar a sus hijos en el colegio, cegándole la vida con once (11) impactos de bala, al interior de su vehículo automotor.
Nuestro compañero Mejia Pinto igualmente se desempañaba como Secretario del recién creado Juzgado Primero (1º) Administrativo de la ciudad de Riohacha – Guajira, destacándose con una carrera brillante, honesta y transparente al interior de la Rama Judicial, durantes sus 15 años de servicio. De vida familiar intachable, deja viuda a su esposa y huérfanos a sus tres hijos menores de edad.
Los móviles son desconocidos, máxime cuando en contra del compañero no se conocían amenazas en contra de su integridad física o su vida; por tanto abogamos ante la justicia colombiana y los organismos de seguridad del estado, para que las indagaciones judiciales se adelanten dentro de la mayor prontitud y sea posible, dar con los responsables de tan execrable crimen.
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CONTINÚA LA CADENA DE ATROPELLOS Y ASESINATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL SUR DE BOLIVAR BATALLON NUEVA GRANADA ASESINA OTRO LIDER CAMPESINO EN EL SUR DE BOLIVAR
(Colombia) (Autor: Comunidades Sur de Bolívar) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0197/06
UN ERROR MILITAR?
Las comunidades del Sur del Bolívar, que permanecemos movilizadas desde el día 19 de septiembre de 2006, en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, para repudiar y rechazar el nuevo asesinato que enluta las comunidades del Sur de Bolívar.
1. El día 24 de octubre de 2006, el Batallón Antiaéreo Nueva granada, asesinó al señor LEBER CASTRILLON SARMIENTO, de oficio agricultor, líder comunal, miembro de la comunidad del corregimiento Norosí, municipio de Río Viejo, sur del departamento de Bolívar.
2. Los hechos se registraron en horas de la noche, en momentos en que el señor Leber Castrillón, se encontraba en la quebrada del corregimiento Norosí, pescando con sus dos menores hijos y el Ejército abrió fuego contra ellos. El menor Miguel Castrilón resultó herido de bala en una pierna.
3. De acuerdo a las versiones del Coronel Gustavo Enrique Avendaño, jefe del Estado Mayor de la V Brigada , y publicada por el periódico Vanguardia Liberal, “los hechos se presentaron en un sector del corregimiento de Norosí, municipio de Rio Viejo, donde las tropas adelantaban operaciones de registro y control” y según el mismo artículo el señor LEBER y sus dos niños, fueron confundidos con miembros de organizaciones al margen de la Ley , y el Ejército reconoce que se trató de un “error militar”.
4. Este crimen, junto a la cadena de crímenes cometidos por el Ejército Nacional en el Sur de Bolívar, corresponde a una cadena de persecución y exterminio hacia las comunidades y lideres de esta región del país; los asesinatos de campesinos y mineros, las desapariciones forzadas, los saqueos, las torturas, las detenciones arbitrarias, los hurtos de enseres, los señalamientos y amenazas a las comunidades, las ejecuciones extrajudiciales y los positivos reportados, no se pueden concebir y justificar como simples ERRORES MILITARES, porque la presencia de la Fuerza pública en la región ha estado dirigida a sembrar terror y zozobra en la población para que se desplacen y abandonen su territorio, y así generar condiciones a las multinacionales como la Anglogold Ashanti - Kedahda S.A. para que exploten nuestros recursos naturales.
5. Las comunidades hemos denunciado permanentemente al Gobierno Nacional, que el Ejército Nacional, ha manifestado que “no responde por las personas que transiten por caminos después de las 6:00 p.m.”, siendo esto una amenaza más y vulneración del derecho a la libre circulación.
6. Hemos permanecido durante 36 días en movilización permanente, desde el vil asesinato de nuestro líder agrominero ALEJANDRO URIBE CHACON, exigiendo del gobierno nacional protección y garantías para nuestras vidas y nuestro territorio. Para ello hemos insistido en una comisión de alto nivel del gobierno nacional compuesta por el Ministro de Defensa, Ministro de Minas y Energía, Ministro del Interior y de justicia, Fiscal General de la Nación , Procurador General de la Nación , Programa Presidencial de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Gobernador de Bolívar y Alcaldes del Sur de Bolívar, que atiendan nuestras exigencias y se comprometan en brindar salidas reales a la problemática que vivimos las comunidades.
7. Mientras tanto, han continuado los asesinatos, las amenazas y los atropellos, en contra de líderes sociales y comunidades de la región por parte de miembros del Ejército Nacional. Mientras hemos permanecido en movilización, han fumigado nuestros territorios, destruyendo numerosas hectáreas de cultivos de pancoger, agudizando la crisis humanitaria que vive la región.
8. Rechazamos el irrespeto y el desconocimiento a nuestras organizaciones sociales, por parte del Gobierno Nacional, que no ha tenido voluntad ni seriedad para sentarse a dialogar con las comunidades, pese a la permanente insistencia y espera pacífica que hasta el momento hemos hecho.
Reiteramos que las solicitudes que han sido presentadas al gobierno nacional, constituyen mínimos necesarios para el respeto a nuestras vidas y la permanencia en nuestro territorio.
Medidas políticas y administrativas:
1. Que por vía administrativa y como medida de carácter político, se ordene la separación inmediata de los cargos de los comandantes de Batallón y comandantes operativos que tuvieron responsabilidad alguna en el operativo realizado, que dio muerte a ALEJANDRO URIBE CHACON, líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar el día 19 de septiembre de 2006 en la vereda las culebras del municipio de Montecristo, así como de la cadena de hechos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el Sur de Bolívar durante el año 2006, así como los oficiales que han buscado encubrir los crímenes aquí denunciados.
2. Que el Gobierno Nacional declare públicamente y con amplia difusión, la legalidad y legitimidad de la labor que desarrollan las organizaciones campesinas y mineras en la región del Sur de Bolívar, y en consecuencia reconozca públicamente el carácter de líder agrominero de ALEJANDRO URIBE CHACÓN.
3. Que el Ministro de Defensa ordene la desmilitarización inmediata de los Espacios Humanitarios del Sur de Bolívar. que confluyen en la comisión de interlocución. [1]
Medidas de control y justicia
4. Que se conforme una Unidad especial y conjunta de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación del orden nacional, a fin de que con celeridad adelanten de manera conjunta y conexa las investigaciones en razón de los hechos ocurridos en el Sur de Bolívar y denunciados en la mesa de interlocución.
5. Que los órganos de la Justicia Penal Militar se abstengan de asumir competencia en la investigación de la muerte de ALEJANDRO URIBE CHACON y de los demás hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Sur de Bolívar.
6. Se garantice la presencia periódica de la Procuraduría General de la Nación , en diferentes municipios, corregimientos y veredas, a fin de que adelanten una labor de observación y monitoreo de la evolución de la situación de derechos humanos.
Medidas de protección y Garantías
7. Se amplíe la presencia de la defensoría del Pueblo, mediante el nombramiento de defensores comunitarios que hagan presencia permanente en las zonas rurales del Sur de Bolívar.
8. Se designen medios de comunicación idóneos (satelitales) en cada comunidad con el fin de que puedan comunicar oportunamente situaciones de riesgo para prevenir hechos de violaciones a los derechos humanos.
9. Que el gobierno nacional solicite a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elabore y publique un informe especial que contenga la situación de los derechos humanos y D.I.H en el Sur de Bolívar.
10. Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la presión de compra masiva de tierras de los campesinos por empresarios de carácter regional, nacional e internacional y políticos con claros intereses económicos que están ocasionando desplazamiento, desarraigo, desintegración familiar, comunitaria y temor en la población civil; en tal sentido se propone:
a. Desarrollar un proyecto de reforma agraria y resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdieron el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras en el sur de Bolívar
b. Que se ordene la suspensión de contratos de concesión frente a terceros, que cursan ante la Secretaría de Minas del departamento de Bolívar, y se declare el Sur de Bolívar Área de reserva especial minera
Salida Negociada al conflicto armado
Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la solución de los conflictos en el Magdalena Medio, constituyendo un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el gobierno, los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte de aportan los campesinos y campesinas, mineros y mineras y población civil en general
Llamado a los grupos insurgentes
1.- Sea respetado el derecho a la vida e integridad de las personas y comunidades del Sur de Bolívar.
2.- Se de pleno cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario.
3.- Sean respetados los espacios humanitarios existentes en la región.
[1] La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar es un espacio en el que confluyen comunidades de: Proceso ciudadano por Tiquisio; Consejo permanente por la vida, la justicia y la paz del Alto Arenal; Proceso Territorial por la Vida , la Convivencia y el Desarrollo en la parte alta del municipio de Río Viejo; Proceso Soberano Comunitario Por la Vida la Justicia y La Paz de Micoahumado Y Corcovado; Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal; Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL-; Comité de Integración de comunidades Agromineras del Sur Sur de Bolívar
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MILITARES ROBAN A CAMPESINOS EN EL VALLE DEL RÍO CIMITARRA
(Colombia) (Autor: CREDHOS) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0198/06
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), y los comités de derechos humanos de las veredas Puerto Matilde, Jabonal, No te Pases y San Francisco del municipio de Yondó,y de la vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo, denuncian las infracciones al derecho internacional humanitario que han venido cometiendo miembros del Batallón Calibío de la XIV Brigada contra los campesinos del valle del Cimitarra. De acuerdo con información suministrada por campesinos de la zona.
1. El 29 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Calibío llegaron a la vereda Santo Domingo, municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar, a la finca del señor Pedro Canole, afiliado a la junta de acción comunal de la vereda, y después de violentar las cerraduras hurtaron los siguientes objetos: Un mercado, un radio, tres lociones,un pavo, tres cuchillos, tres cremas humectantes para el cuerpo, dos galones de Amina 480 (veneno para fumigar potreros), ½ galón de Gramosol (veneno para fumigar potreros), dos cobijas y cuatro cucharas.
2. El 8 de octubre de 2006, miembros del Batallón Calibío llegan a la vereda Caño Dorada del municipio de Cantagallo, Departamento de Bolívar, a la finca del señor José Arleny Jaramillo y hurtan los siguientes objetos: herramientas de trabajo en mina de oro, embudo de tanqueo de motor, utensilios de cocina, un radio marca Sony, collar de plata, víveres y una linterna.
3. El mismo 8 de octubre, según información suministrada por campesinos de la zona, llegan a otra finca vecina de la misma vereda Caño Dorada y haciéndose pasar por guerrilleros, se llevan una escopeta que se hallaba en la vivienda, y exigen para devolverla que se les entreguen tres gallinas. Ante lo cual, los trabajadores de la finca se vieron obligados a entregar los tres animales a fin de recuperar la escopeta.
Ante los hechos denunciados, Credhos en cumplimiento de su objetivo de defender y promover el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario hace las siguientes exigencias:
- A la Fuerzas Militares, y en específico al Batallón Calibío adscrito a la XIV Brigada, el respeto al derecho internacional humanitario.
- Al estado colombiano que investigue y castigue a los miembros de la Fuerzas Militares que vienen infringiendo el derecho internacional humanitario en el valle del Cimitarra.
- Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a los hechos denunciados por la comunidades de las veredas Santo Domingo y Caño Dorada, e inste al estado colombiano a cumplir las normas del derecho internacional humanitario y a respetar y garantizar los derechos humanos.
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POLICIA ALLANA SIN ORDEN JUDICIAL A VARIAS RESIDENCIAS EN ARAUQITA, ALGUNAS AFILIADAS A LA ACA
(Colombia) (Autor: Humanidad Vigente) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-0199/06
La Asociación Campesina de Arauca (ACA), denunció el viernes 20 de octubre, la andanada policial contra pacíficos ciudadanos de la ciudad de Arauquita, Arauca, cuando sin orden judicial, el jueves 19 se allanaron varias residencias en las horas de la noche.
Entre las casas allanadas se encuentran la de varios afiliados de la ACA, como la del señor Luis Alberto Santamaría, quien al momento del atropello no se encontraba en el lugar.
La casa del hermano de Luis también fue objeto de la arbitrariedad y a sus moradores les autoridades les inquirieron por su paradero y en qué trabaja.
ACA señala que Santamaría había sido detenido hace algunos días por los mismos miembros de la Policía de Arauquita y dejado en libertad al verificar sus antecedentes, por ello no se explican esta persecución.
Humanidad Vigente se une a las voces que denuncian estos nuevos atropellos de la "seguridad democrática" en la ya martirizada región de Arauca y exige de las autoridades el inmediato cese de la persecución a los afiliados de la ACA, cuya única preocupación es trabajar en defensa de los intereses de los campesinos.
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15 ESTUDIANTES DETENIDOS DURANTE ARREMETIDA DEL ESMAD CONTRA MANIFESTACION EN UNICAUCA
(Colombia) (Autor: Del Pueblo) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-200/06
La marcha de antorchas de la Unicauca realizada en la ciudad de Popayàn en protesta por el brutal asesinato del estudiante de Biologìa Milton Hernan Troyano y por las continuas amenazas efectuadas contra estudiantes activistas y lideres estudiantiles de la instituciòn, se desarrollo en medio de la indignaciòn por la impunidad reinante ante tanta barbarie. cuando la marcha se encontraba culminando y los animos de los estudiantes en medio de la rabia y la tristeza contenidas hasta entonces empezaban a avivarse, el ESMAD arremetiò ferozmente en contra de los marchantes.
Luego de una triste despedida, realizada simbòlicamente por los estudiantes Universitarios en las inmediaciones del Parque Mosquera de la ciudad de Popayàn, en homenaje al activista estudiantil Milton Troyano, asesinado en el lugar, los estudiantes continuaron su rumbo hacia el parque caldas en pleno centro de la "ciudad Blanca". La rabia, mezclada con el dolor de perder a un compañero universitario màs a causa del terrorismo de estado siempre presente en nuestro país y la indignaciòn frente al clima de zozobra reinante en la Unicauca ante la amenza latente de una arremetida paramilitar se reflejo en el accionar de los jòvenes universitarios, quienes con sus voces y las letras plasmadas en las blancas paredes, reflejaron su inconformidad y la urgente necesidad de una transformaciòn real en nuestro paìs.
Pero con el pasar de las horas, todo cambio. Aquella ciudadania inconciente y egoista, preocupada por la blancura y la limpidez de las paredes de su colonial presente, antes que por la suerte de quienes aun pueden transformar este contexto, vio con complicidad como las fuerzas del orden criminal" ESMAD, arremetian ferozmente con bolillos, golpes y gases lagrimògenos en contra de los manifestantes, agrediendo a varios de ellos, incluyendo a un periodìsta, corresponsal del noticiero CMI que se encontraba en el lugar.
Los estudiantes marchantes, se refugiaron en una de las sedes Universitarias del centro (Claustro del Carmen) esperando protegerse, pero los miembros del Escuadron los persiguieron hasta el lugar y procedieron a sitiarlos durante varias horas a la espera de que salieran los para agredirlos como ya es costumbre. Igualmente, procedieron a efectuar requizas indiscriminadamente a todas aquellas personas que transitaran por el lugar, inclusive, se atrevieron a sacar a empujones a estudiantes que habìan entrado a parqueaderos y otros establecimientos buscando protecciòn; ademàs de esto, tambièn realizaron requizas en los buses de servicio pùblico, bajando de ellos a "todo aquel que tuviera cara de estudiante".
15 estudiantes fueron detenidos y conducidos en tanquetas hasta la sijin con el fin de judicializarlos. 8 de ellos estudiantes de la Unicauca, los otros, Estudiantes del Sena y de Secundaria que decidieron participar en aquella justa protesta en contra de la represiòn hacia la libertad y la expresiòn estudiantil. los compañeros aun permanecen retenidos.
Los medios de comunicaciòn, como ya es de conocimiento pùblico, actuaron en favor de las mal llamadas "fuerzas del orden", estigmatizando duramente la protesta estudiantil pero siendo increiblemente benèvolos con las violentas expresiones de los policìas.
Sobre esta parcializaciòn evidente de los medios locales y nacionales vale la pena anotar, que el dìa del asesinato de Milton Troyano, acontecido aproximiadamente a las 7:30 pm., ningùn medio televisivo (RCN - CARACOL TV) asistio al lugar de los hechos a cubrir inmediatamente la noticia, lo que "colaboro" considerablemente con la invisibilizaciòn del asesinato del compañero estudiante. en esta oportunidad, ante la enorme posibilidad de estigmatizar aun màs la protesta social y estudiantil y reivindicar una vez màs, el aparato de muerte y represiòn de estado, medios televisivos como caracol estuvieron presentes en el lugar, mas que cubriendo los golpes propinados a los manifestantes por parte de la policìa, realizando tomas de los rostros de los manifestantes y señalando indiscriminadamente su actitud sin tener en cuenta la dolorosa situaciòn que los obligò a marchar en las calles.
Ante estos nuevos hechos, que ponen aun màs en riesgo la integridad y la vida de nuestros compañeros estudiantes de la Unicauca y, ante la detenciòn y posible judicializaciòn de los compañeros estudiantes asistentes a la marcha de antorchas, expresamos nuestro profundo rechazo e instamos a todas las organizaciones sociales y populares, oreganizaciones de Derechos Humanos, Estudiantiles, Sindicales, barriales, etc, a nivel nacional e internacional a rodear nuestro proceso, pronunciarse en contra de estos atropellos y la delicada situaciòn de los estudiantes amenazados, asi como tambien a permanecer alertas frente a lo que se pueda concentrar pues tememos por las vidas de muchos de nuestrtos compañeros Universitarios.
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LOS CAMPESINOS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN LA FINCA "EL CONVENIO, VEREDA LA SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ - DESDE HACE MAS DE TRES MESES, DENUNCIA LOS SUCESIVOS ATROPELLOS COMETIDOS POR PARTE DE LAS FUERZAS MILITARES: POLICÍA – EJERCITO NACIONAL
(Colombia) (Autor: Prensa Libre) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-201/06
HECHOS
El pasado sábado 21 de octubre de dos mil seis (2006), a las 9:00 p.m. en la Finca El Convenio de la vereda La Siberia, corregimiento de Portachuelo, Municipio de Totoró; sitio en el que adelantamos la recuperación de tierras de este predio, se presentó una patrulla, del ejército nacional compuesta por treinta soldados miembros del Batallón José Hilario López, al mando del teniente Braulio de León Cifuentes.
Irrumpiendo nuevamente diciendo que nos venían a desalojar, pero sin una orden respectiva del desalojo, a la cual nosotros le respondimos que eso era ilegal, entonces el nos contesto que el no necesitaba orden, porque el era la ley y nosotros le dijimos que ellos no eran competentes para realizar el desalojo. Al respecto el nos respondió que los altos mandos podían hacer lo que ellos quisieran, además nos dijo que nos atuviéramos a las consecuencias, porque eran ordenes del Ministro de la Defensa Juan Manuel Santos.
Ante tales hechos nosotros pedimos al gobernador apersonarse de los problemas de tierra y busque unas medidas negociables para el Valle de Malvaza.
COMITÉ NUEVA INTEGRACIÓN
CAMPESINA EL CONVENIO LA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ
ACCIÓN URGENTE
La coordinación campesina de la federación nacional sindical unitaria agropecuaria FENSUAGRO -CUT Cauca denunciamos:
Ante el gobierno nacional, los organismos de Derechos Humanos y la comunidad internacional, el permanente hostigamiento y la vigilancia continúa de que venimos siendo victima los líderes de esta organización agraria en la sede de la ciudad de Popayán.
HECHOS.
El pasado miércoles 18 de octubre del presente año, a las 10:30 a.m hicieron presencia en la sede de nuestra organización ubicada en la Cra. 12 No. 1-20 del Barrio Cadillal de la ciudad de Popayán, dos sujetos en actitud extraña con pretensiones de ingresar a la oficina e indagar por quienes laboramos en dicha sede; al no lograr el cometido tomaron datos de la dirección de la vivienda y a su ves procedieron a tomar varias fotografías al inmueble.
El procedimiento llevado a cabo por los sujetos en cuestión, es característico de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, su actuación no se corresponde con una acción legal, por cuanto no se identificaron, lo que hace temer por la seguridad de todos y cada una de las personas que visitan y laboran en nuestra sede, ante una acción ilegal extrajudicial de persecución contra nuestras actividades humanas en defensa del agro colombiano.
Ante los hechos referidos solicitamos:
Al Gobierno Nacional:
Cesar y evitar este tipo de acciones intimidantes contra las Organizaciones Sociales y los Líderes Agrarios de FENSUAGRO.
Investigar este tipo de comportamientos provenientes de organismos de seguridad del Estado que colocan en riesgo nuestras legítimas actividades
Responsabilizarlo de alguna acción criminal que llegare a presentarse contra algún dirigente campesino de FENSUAGRO - Cauca
A los Organismos Internacionales:
Solidarizarse con las justas luchas que libra el pueblo campesino organizado por la tierra y las necesidades básicas insatisfechas, dirigiéndose al Gobierno Nacional de Colombia para que garantice el libre ejercicio de las actividades propias de nuestra organización que se encaminan a defender la causa del desprotegido agro colombiano.
A los Organismos de Derechos Humanos:
Coadyuvar la petición de esta denuncia ante el Estado y los Organismos Internacionales para evitar que este tipo de hechos desemboquen en tragedias contra el pueblo organizado.
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POBLADORES DE PRADO Y DOLORES (Tolima) SE
CONCENTRAN: RECLAMANDO JUSTICIA
(Colombia) (Autor: Reiniciar) (Fecha: Octubre 30 de 2006)
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DR-202/06
La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - REINICIAR, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, se permite informar ante los Organismos de Derechos Humanos y la opinión pública nacional e internacional, las acciones que vienen siendo desarrolladas por parte de habitantes de las áreas rurales de los municipios de Pradera y Dolores (Tolima), ante el asesinato de los jóvenes campesinos José Mario Guerrero Garzón (habitante de la Vereda Las Vegas del Café - Municipio de Dolores) y Héctor Jairo Yate (habitante de la Vereda Filo de Hambre - municipio de Prado), ocurrido el pasado 16 de octubre de 2006:
1.- Como lo denunciamos con anterioridad, según informaciones recibidas por habitantes y familiares, el pasado 16 de octubre de 2006, personal del Ejército Nacional simuló la existencia de enfrentamientos en la vereda Buenos Aires del municipio de Dolores, presentando posteriormente a estos jóvenes campesinos: José Mario Guerrero Garzón (habitante de la Vereda Las Vegas del Café - Municipio de Dolores) y Héctor Jairo Yate (habitante de la Vereda Filo de Hambre - municipio de Prado), como muertos en combate.
En relación con los hechos la información complementaria que hemos recibido indica que estos jóvenes: “fueron retenidos por el ejército, amarrados a un árbol y fusilados con impactos a poca distancia, acto en el que participó directamente el teniente PORRAS quien desde hace 1 año hace presencia en la zona y es reconocido por su actitud amenazante y represiva contra la comunidad”. (Denuncia de las Comunidades Campesinas, presentada ante Organismos de derechos humanos, autoridades y medios de comunicación)
Con posterioridad a los hechos, por parte del teniente Porras, se negó a los familiares que existieran víctimas por enfrentamiento en la zona, indicando que solo se había presentado un tiroteo. El día 18 de octubre, en horas de la mañana “cuando se hizo presente en el sitio de los hechos una delegación de campesinos para reclamar los cuerpos, el teniente Porras no solo les impidió el ingreso a la delegación sino que los amenazó, insultó e intimidó y le ordenó a algunos soldados disparar contra el campesino Efraín Holis Guzmán, habitante de la vereda Buenos Aires, quien les reclamaba la entrega de los cuerpos. Como los soldados se negaban a disparar, el teniente Porras dijo públicamente que ‘ese hijueputa era el próximo que había que matar’”.
2.- Ante esta situación, desde el día 24 de octubre de 2006, más de mil personas (adultos y niños), residentes en las áreas rurales de los municipios de Prado y Dolores (Tolima), han iniciado una concentración en la cabecera municipal de Prado y Dolores (Tolima), a fin de rechazar el asesinato de estos jóvenes, reclamar de las autoridades garantías para sus derechos y demandar que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables sancionados.
3.- Por parte del Comandante de Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Jorge Eliécer Pinto Garzón, se expresó en relación con las denuncias hechas por parte de los pobladores: “las operaciones que realiza el Ejército Nacional en la región están rodeadas de eficacia y una transparencia absoluta”. (Nuevo Día, 21 de octubre de 2006, página 8B)
A su vez, se agregó por parte del Comandante de la Sexta Brigada: “los pronunciamientos que se han hecho por parte de las comunidades de Montoso con la muerte en combate de estos integrantes de la cuadrilla XXV, son una muestra más de amedrantamiento, de la amenaza, del terror que tiene sembrada la organización guerrillera en esa región del país”.
En relación con la manifestación social contra este crimen expresó: “estas manifestaciones, en muchos casos son dirigidas y ordenadas por los insurgentes, quienes ejercen presión con rigor sobre los civiles en áreas de conflicto”.
4.- Estas manifestaciones del coronel Jorge Eliécer Pinto Garzón se constituyen en nuevo riesgo para los habitantes de la zona de Montoso, en tanto las mismas constituyen una estigmatización de los habitantes. Adicionalmente, la exoneración anticipada de la unidad militar que ejecuto estos actos, se manifiesta como un acto de encubrimiento, que necesariamente obstaculiza la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
5.- Por parte de quienes participan de esta concentración se viene solicitando la presencia en el municipio de delegados de alto nivel, de las siguientes instituciones:
• Vicepresidencia de la República • Ministerio del Interior • Fiscalía General de la Nación • Procuraduría General de la Nación • Defensoría del Pueblo • Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos • Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
A su vez, se viene haciendo un llamado a organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y sindicales, a fin de que se solidaricen con esta movilización y acompañen a la comunidad en la realización de la misma.
En razón de lo anterior, les solicitamos dirigirse a las autoridades colombiana a fin de que les sea exigido:
a) Sean garantizados los derechos a la vida, integridad y libertad, así como los derechos a la libre expresión y manifestación, de quienes participan y/o acompañan la concentración que se desarrolla desde el pasado 24 de octubre en los municipio de Prado y Dolores (Tolima), en rechazo al asesinato de los jóvenes José Mario Guerrero Garzón y Héctor Jairo Yate.
b) Sea conformada, a la mayor brevedad, una comisión de alto nivel de delegados del gobierno nacional, organismos de justicia y control, a fin de que se de pronta salida a la situación de derechos humanos de la región. Que se garantice dentro de la misma la participación de delegados de las Oficinas del sistema de Naciones Unidas competentes.
c) Se brinden las condiciones de seguridad y alimenticias a quienes permanecen en los municipios de Prado y Dolores, mientras se llega a acuerdos para solucionar la problemática existente y se cuenta con las condiciones necesarias para un retorno en condiciones de dignidad y seguridad.
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA, junto con la Diócesis de Quibdó, ponen en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, la grave situación de las comunidades afrodescendientes del Río Arquía, conformada por unas 450 familias de las comunidades: Punta de Ocaidó, en el Municipio de Urrao, Isleta, Belén, Vegaez, Boca Luisa, Vidrí, Puerto Palacio, Playita y Puerto Medellín, en el Municipio de Vigía del Fuerte.
Desde el pasado martes 24 de octubre a las 9:00 a.m. se iniciaron combates entre tropas del Batallón Manosalva, Infantería de Marina, Cuarta Brigada y el 34 y 57 Frente de las FARC, en los alrededores de las Comunidades de Vegaez, Belén e Isleta, presentándose ametrallamientos y bombardeos cerca de las comunidades, según dicen los comandantes del ejército que este operativo es para “dar cumplimiento a la orden del Presidente de recuperar las zonas bajo el control de la subversión”.
Estos enfrentamientos han provocado zozobra entre las familias que habitan este territorio, cada actor armado quiere utilizar a la población civil como informante, ha habido detenciones temporales por parte del ejército, desplazamientos internos como el caso de la comunidad de Isleta que quedó totalmente deshabitada, las familias se han refugiado en la comunidad vecina de Belén y al lugar llamado “Remolino”.
De otro lado, los dos actores armados cada uno por su lado, impide la libre movilización de las familias para ir a sus fincas a conseguir algunos alimentos, lo que ha generado una crisis humanitaria grave, puesto que se encuentran confinadas, sin tener acceso a los alimentos básicos, teniendo en cuenta que este bloqueo económico lo han venido sufriendo las comunidades del río Arquía desde hace dos meses, no se han podido surtir las tiendas que proveen los alimentos de primera necesidad, debido a los continuos señalamientos de la fuerza pública contra los motoristas y dueños de tiendas, lo que ha causado física hambre.
El pasado 16 de agosto de 2006 en otro comunicado, alertábamos sobre la grave situación que padecen las comunidades de los ríos Opogadó, Bojayá, Tanguí, Arquía, Bebará y Neguá, por las mismas razones de presencia y enfrentamiento de actores armados, sin que haya habido una respuesta por parte de las instituciones estatales.
En este momento en el río Opogadó se presenta una emergencia en la Comunidad Indígena de Playita, donde el ejército ha organizado su trinchera en el resguardo, cerca a la comunidad y está tumbando árboles maderables para hacer un helipuerto.
Esperamos que esta vez, se obtenga una intervención inmediata que prevenga la mayor victimización de la población civil, que desde hace muchos años, viene padeciendo los horrores de esta guerra.
POR LO ANTERIOR EXIGIMOS
A LA FUERZA PÚBLICA
El respeto a los derechos humanos, al derecho de los pueblos y al D.I.H.
No poner en riesgo la vida de las comunidades que dicen proteger, desalojando los lugares comunitarios y viviendas particulares que habitan, no utilizar los botes donde viaja la población civil y evitar los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados a las comunidades, el señalamiento constante a las mismas.
Que no presionen a las comunidades con la exigencia de información, puesto que se pone en peligro la vida de sus miembros, pues se está en territorios donde están presentes otros actores armados.
A LAS FARC Y DEMÁS GRUPOS GUERRILLEROS PRESENTES EN LA REGIÓN
Que respeten el D.I.H. y no pongan en riesgo la vida de las comunidades, con su presencia constante en medio de ellas.
Que no presionen, ni involucren a las comunidades negras, indígenas y mestizas en su guerra, en su confrontación.
Que las dejen vivir tranquilas en sus territorios, desarrollar sus planes y proyectos de vida.
Que les respeten su autonomía.
AL MINISTERIO PÚBLICO
Proteger a la población civil, para que no siga siendo más victimizada por los actores armados.
Vigilar y controlar a las fuerzas del Estado en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos en su actuar.
Exigir al gobierno el cumplimiento y desarrollo de los programas sociales en las diferentes zonas del Medio Atrato, como una manera de acceder y disfrutar de sus derechos.
SOLICITAMOS:
La solidaridad nacional e internacional para evitar que las comunidades sigan siendo las victimas de esta guerra.
Creemos que la solución al conflicto armado tiene que ser por la vía del diálogo y no por la vía armada porque cualquier pérdida de vida humana, es una victima más en esta historia de dolor que vive nuestro país.
Quibdó, Chocó, 30 de octubre de 2006
INTERVENCIÓN ORAL DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
Y DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE DDHH
SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
SEPTIEMBRE 28 DE 2006
Señor Presidente:
Durante los primeros cuatro años del actual Gobierno, más de once mil personas fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate en Colombia. Esta cifra es superior al número de víctimas de los 17 años de Pinochet en Chile. Casi el 75 por ciento de estas muertes y desapariciones se atribuyeron a responsabilidad del Estado, bien sea por perpetración directa de agentes estatales[1] o por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares[2]. A las guerrillas se les atribuyó la autoría de más del 25 por ciento de los casos. Además, durante estos cuatro años fueron desplazadas forzadamente más de un millón de personas. Con razón el Subsecretario General de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios ha calificado la situación de Colombia como la más grave crisis humanitaria del hemisferio occidental[3].
La Alta Comisionada señala claramente las causas de esta crisis, al afirmar que la falta de reconocimiento pleno de la problemática por parte del Gobierno y de acciones pertinentes de las autoridades impidieron rectificar esta situación, y que ciertas prácticas violatorias se han convertido en patrones de conducta[4].
Una de esas prácticas es la impunidad, que se ha agravado drásticamente en el último cuatrienio. El Gobierno se ha empeñado en promover una legislación que favorece la impunidad, supuestamente para lograr la paz. Este objetivo difícilmente se conseguirá por esa vía, debido a que, en vez de justicia genuina, el Gobierno ha establecido unos procedimientos de justicia simulada para los paramilitares, que implican la preservación de su poder mafioso y el ocultamiento de la responsabilidad estatal.
El Presidente de Colombia ha manifestado ante la Asamblea General, el pasado 22 de septiembre, que “Colombia es un país totalmente abierto a la supervisión y crítica internacional”. El Consejo, siguiendo esta invitación, y en vista de la gravedad de la crisis colombiana, debe continuar ejerciendo sobre ella una supervisión cercana, como lo hizo la Comisión de Derechos Humanos durante los últimos diez años, y pedir en consecuencia a la Alta Comisionada que continúe presentando ante el Consejo un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Gracias, Señor Presidente.
[1] El 12 por ciento, lo cual equivale a más de 750 personas que presuntamente fueron asesinadas de manera directa por funcionarios del Gobierno.
[2] El 62 por ciento.
[3] “While visiting a shantytown in Cartagena, Jan Egeland, the UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs reports that (…) [a]ccording to the UN figures over the last four years, the number of people forced to flee their homes has increased by about 1 million and Colombia now has the third-largest number of displaced people in the world — behind Congo and Sudan, he said. ‘Colombia is therefore by far the biggest humanitarian catastrophe of the Western hemisphere,’ Egeland told a news conference.”, in Colombia This Week -- May 17, 2004, ABColombia Group, London, “Mon 10 – UN envoy: Colombia is a humanitarian catastrophe”, webpage <colhrnet.igc.org/newitems/may04/abcolwk.517.htm> (consultado el 24 de septiembre de 2006).
[4] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006, párrafo 19.
Lo siguiente es una recopilación de información por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights. Incluye entrevistas radiales y notas informativas.
i) Entrevista a Berenice Celeyta, Presidenta de la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADRESC), sobre la grave situación en el Valle del Cauca.
Fichero AudioCol - Entrevista a Berenice Celeyta sobre la grave situación en el Valle del Cauca. Radio Nizkor, 03oct06
Varias organziaciones sociales y de derechos humanos colombianas -entre ellas la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), la Unión Sindical Obrera (USO), la Central Unitaria de los Trabajadores CUT - VALLE DEL CAUCA. - han denunciado que la "Fiscalía General de la Nación posee un sumario en el cual aparecen los nombres de 13 líderes sociales, sindicales, dirigentes políticos de oposición, y defensores de derechos humanos del valle del Cauca, sindicados falsamente de delitos de rebelión y terrorismo.
La Tercera Brigada del Ejercito Nacional y miembros de los cuerpos de investigación fabricaron un confuso y peligroso expediente judicial, con el que se pretende efectuar una detención masiva contra quienes señalan como miembros de una Organización Narco Terrorista al servicio de las FARC y el ELN.
El citado Montaje Judicial sindica de ser integrantes de grupos terroristas nacionales e internacionales, entre otras personas, al senador de la República Alexander López Maya; la Presidenta de la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc Berenice Celeyta Alayon; El Presidente de Sintraunicol, Carlos Arbey González; la Coordinadora de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos Seccional Valle del Cauca, Martha Nidia Ascuntar Achicanoy..."
Ante la gravedad de estos hechos, Radio Nizkor ha entrevistado a Berenice Celeyta Alayon, Presidenta de Nomadesc, quien nos explica la situación de riesgo que esto supone y los antecedentes de este montaje, que estaría relacionado con la llamada "Operación Dragón". Sobre ésta última, y para mejor comprensión contextual de estos nuevos hechos, Radio Nizkor remite a la entrevista que el 17may06 realizó al senador Alexander López, y que incluimos en este mensaje.
http://www.radionizkor.org/colombia/
ii) Detienen a 16 personas em Arauquita y continúa la ola de asesinatos.
Fichero AudioCol - Detienen a 16 personas em Arauquita y continúa la ola de asesinatos. Radio Nizkor, 03oct06
"... El domingo 1 de octubre ha tenido lugar en Arauquita, y en la inspección Panamá de esta ciudad del departamento de Arauca, otra detención masiva ilegal cuando tropas de la Brigada XVIII detuvieron a 16 personas, diez de las cuales fueron trasladas a la capital, Arauca.
Entre los detenidos figura Miguel Rodríguez, destacado dirigente del Polo Democrático Alternativo de la región y líder del sector del transporte.
La lista parcial de los detenidos, a quienes se pretende judicializar por el delito de rebelión, es la siguiente: Miguel Rodríguez, Miguelina Roa, enfermera del hospital San Lorenzo de Arauquita, Rodolfo Páez, Gelmon Castilla, Manuel Cruces, Luís Duarte, Catalino González, Jhon Fernández Rojas, Henry Meneses, Pablo Alfonso Quiroga, Héctor Giraldo, Hamiht Londoño y Luisa Veleño..."
A su vez, la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", denuncia la ola de asesinatos contra población civil que sigue en Arauca, habiéndose perpetrado los últimos crímenes en Saravena y Arauquita...
http://www.radionizkor.org/colombia/
iii) Col - Detienen ilegalmente a dos periodistas de la emisora indígena Radio Uxwall Nasa Yugue Stéreo de Caldono, Cauca.
Fichero AudioCol - Detienen ilegalmente a dos periodistas indígenas de Radio Nasa. (Federación Internacional de Periodistas). Radio Nizkor, 03oct06
"Haciéndose pasar por funcionarios del ministerio de Comunicaciones interesados por la situación jurídica de la emisora indígena Radio Uxwall Nasa Yugue Stéreo de Caldono, Cauca, al sur occidente de Colombia, agentes de la policía capturaron a Griseldino Yafue Guetoto y Rubiel Lis Velasco, periodistas de la comunidad nasa, el pasado 19 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana...
Los periodistas indígenas fueron llevados al Comando de Policía Cauca, donde les informaron que estaban detenidos bajo el cargo de rebelión por auxiliar a la guerrilla. Luego fueron trasladados a la cárcel de Santander de Quilichao, donde permanecen a la espera de un veredicto tras la indagatoria que se cumplió el viernes 22..."
http://www.radionizkor.org/colombia/
iv) Entrevista al senador Alexander López sobre la denominada Operación Dragón.
Fichero AudioCol - Entrevista al senador Alexander López sobre la Operación Dragón y el último intento de asesinato que ha sufrido. Radio Nizkor, 17may06
El hoy senador de la República Alexander López, y ex Secretario General de SINTRAEMCALI (Sindicato de Trabajadores de Las Empresas Municipales de Cali), nos explica cómo hace pocos días sufrió el tercer intento de asesinato en su contra por parte de sicarios en el marco de la llamada Operación Dragón.
El 23 de agosto de 2004 Alexander López Maya, entonces diputado, fue alertado de un plan que se estaría fraguando para asesinar a varios líderes políticos, sindicales y de derechos humanos, preparado por militares activos y en retiro los cuales operan desde las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bogotá.
El 25 de agosto la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, realizaron dos allanamientos, en la ciudad de Cali y Medellín, que dejaron al descubierto que el Ejército de Colombia suministró información clasificada a una empresa consultora internacional, de carácter privado - experta en investigaciones de seguridad - a través del Teniente Coronel, Julián Villate Leal, con el propósito de intercambiar información que les permitiera identificar con precisión las posiciones políticas, costumbres, actividades y sobre todo la vulnerabilidad de los desplazamientos cotidianos de líderes políticos de oposición, dirigentes sindicales, sociales y defensores de derechos humanos, amenazados de muerte...
En ese momento la Fiscalía pudo comprobar que en esta red de contrainteligencia, además de la colaboración de la Tercera Brigada, se encuentran involucradas la Superintendencia de Servicios Públicos, la Administración de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI; el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, SIPOL; la Financiera Eléctrica Nacional, FEN; el Ministerio del Interior; el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; la Policía Metropolitana de Cali, quienes conocían, colaboraban, respaldaban y sobre todo apoyaban las labores de inteligencia llevadas a cabo por la empresa, Consultoría Integral Latinoamericana, CIL y una compañía asociada de nombre, SERACIS, con las que intercambiaron información especial, sobre los procesos de liquidación de varias empresas públicas, entre las que se cuenta la Empresa de Servicios Públicos de Cali, EMCALI.
http://www.radionizkor.org/colombia/
v) Planean detención masiva contra destacados dirigentes del Valle del Cauca.
Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el nuevo hostigamiento, persecución e intento de silenciar e intimidar a defensores de los derechos fundamentales de los sectores más vulnerados por el conflicto social y armado en Colombia y particularmente en el sur occidente colombiano.
LOS HECHOS
* 1. La Fiscalía General de la Nación posee un sumario en el cual aparecen los nombres de 13 líderes sociales, sindicales, dirigentes políticos de oposición, y defensores de derechos humanos del valle del Cauca, sindicados falsamente de delitos de rebelión y terrorismo.
* 2.- La Tercera Brigada del Ejercito Nacional y miembros de los cuerpos de investigación fabricaron un confuso y peligroso expediente judicial, con el que se pretende efectuar una detención masiva contra quienes señalan como miembros de una Organización Narco Terrorista al servicio de las FARC y el ELN.
* 3.- El citado Montaje Judicial sindica de de ser integrantes de grupos terroristas nacionales e internacionales, al senador de la Republica Alexander López Maya; la Presidenta de la Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc Berenice Celeyta Alayon; El Presidente de Sintraunicol, Carlos Arbey González; la Coordinadora de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos Seccional Valle del Cauca Martha Nidia Ascuntar Achicanoy; El secretario de educación de Sintrametal, Willian Arley Escobar Holguin el Vicepresidente de la CUT - Valle del Cauca Otoniel Ramírez López, el Expresidente de SINDESENA y candidato a la Cámara de Representantes Wilson Neber Arias Castillo; el Coordinador del Departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores Valle del Cauca Ariel Díaz; el miembro del equipo coordinador del la Fundación Comité de Solidaridad con presos Políticos Seccional Valle del Cauca; Fernando Sánchez Escobar; el expresidente de SINTRAEMCALI, Luis Antonio Hernández Monrroy, el extesorero de SINTRAEMCALI Harol Viafara González el Secretario de la Oficina de Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca, Frangey Rendón Galvez; el Director de Telé Pacifico y asesor del despacho de la Gobernación del Valle del Cauca Hector Alonso Moreno Parra, además de varios trabajadores de las Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP, la mayoría de ellos víctimas de los despidos masivos hechos por esta empresa.
* 4.- El documento archivado, bajo el numero FGN CTI SIA 358 Y 359, referenciado como "Asunto, misión de trabajo, numero 334 y 335" dirigido por el doctor Luis Ramírez Ríos, Director de la seccional del Cuerpo Técnico de Investigación Fiscalía General de la Nación Cali-Valle y cuya destinataria es la doctora Maria Eugenia Lora Castaño, Fiscal 132 Seccional, destacada ante la Tercera Brigada Fiscalía General de la Nación; incluye un organigrama que titula "Organigrama al Servicio de Alexander López Maya" y define cinco estructuras de la siguiente forma: SINDICAL, ARMADA, JURIDICA, POLITICA Y MBNC. Según ellos integradas de la siguiente así: SINDICAL: Carlos González, Otoniel Ramírez, Wilson Arias y Ariel Díaz, ARMADA: Indumiles, JURIDICA: Martha Ascuntar, Berenice Celeyta y Fernando Sánchez; POLITICA: Frangey Rendón y Alonso Moreno; MBNC: Ernesto Yepes y Alejandro Ramírez.
* 5.- El Senador Alexander López Maya, efectuó una solicitud de información al Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguaran Arana con el fin de obtener información sobre esta o tras investigaciones que se estuvieran adelantando por parte de la Fiscalia contra los dirigentes mencionados. Extrañamente en la respuesta que la Fiscalia remite al Senador no aparece esta investigación ni ninguna otra por delitos de rebelión o terrorismo contra ninguna de las personas sindicadas en el informe FGN CTI SIA 358 Y 359 del CTI de la Fiscalia.
* 6.- Este informe contiene además de graves y falsas sindicaciones contra cada uno de los dirigentes, sus datos personales direcciones, números de teléfonos oficina, residencia y celulares, nombres de los familiares, hijos, recorridos horas de salida de la residencia y rutas de trasporte etc.
* 7.- Con el informe FGN CTI SIA 358 Y 359 se pretende justificar una redada colectiva o una operación de detenciones masivas y arbitrarias como las que se han presentado en todo el territorio nacional en desarrollo de la política de "Seguridad democrática" por medio de la cual 6.332 personas han sido privadas arbitrariamente de su libertad, en los tres últimos años.
* 8.- La información que contiene este montaje judicial es además una pena de muerte contra quienes se encuentran allí relacionados como integrantes de las ONT, y pone en riesgo la seguridad, la vida, la libertad, la dignidad, la honra y la integridad de los más reconocidos dirigentes políticos, sociales, sindicales y defensores de derechos humanos del Valle del Cauca.
ANTECEDENTES:
OPERACIÓN DRAGON DOS AÑOS DESPUES CONTINUA EL PLAN
* 1.- El 25 de agosto de 2004 fue develado y puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, un sombrío plan de exterminio denominado por sus autores: "Operación Dragón".
* 2.- Ese mismo día la Fiscalia ordeno dos allanamientos, uno en la ciudad de Cali y otro en la ciudad de Medellín, logrando encontrar en manos de una red ilegal de inteligencia a la que pertenecen Militares activos y en retiro y dos compañías que se hacen llamar CIL (Consultaría Integral Latinoamericana) y SERACIS (Compañía de seguridad Privada) y varias instituciones del Estado Colombiano, en posesión de información clasificada y privada de toda la dirigencia del valle del cauca.
* 3.- Entre la información que se encontró el 25 de agosto de 2004, al Teniente Coronel JULIAN VILLATE LEAL aparece el informe de inteligencia CIME RIME elaborado por la III Brigada del Ejercitó, con sede en la ciudad de Santiago de Cali. Además de un diagrama de flujos con una lista de 170 personas entre los que se encentran los 13 dirigentes incluidos en el montaje judicial de la Fiscalia, al parecer este absurdo montaje judicial nació también en el departamento de inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército.
* 4.- La Tercera Brigada del Ejército, actualmente cuestionada públicamente por la existencia de vínculos de algunos de sus oficiales con los carteles de la droga y bandas paramilitares, fue quien suministro a teniente coronel JULIAN VILLATE LEAL, el informe de inteligencia CIME RIME.
* 5.- El informe FGN CTI SIA 358 Y 359 del CTI de la Fiscalia, aparece en momentos en que el proceso judicial contra los autores materiales e intelectuales del plan de exterminio llamado por sus autores "Operación Dragón", se encuentra en la etapa de cierre y/o archivo del proceso. Según la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, no existiría merito para abrir una investigación formal contra los militares, agentes estatales y gubernamentales comprometidos con estos graves hechos.
SOLICITAMOS:
* 1. Se requiera al gobierno Colombiano y particularmente al Presidente de la Republica ALVARO URIBE VELEZ, al Vicepresidente FRANCISCO SANTOS explique las razones por las cuales se continua persiguiendo a los dirigentes del Valle del Cauca en particular a los lideres políticos de Oposición, dirigentes sindicales y Defensores de derechos humanos.
* 2. Se garantice la seguridad e integridad física sicológica y libre ejercicio profesional de quienes aparecen en el documento archivado, bajo el número FGN CTI SIA 358 Y 359, referenciado como "Asunto, misión de trabajo, numero 334 y 335"
* 3. Se investigue y juzgue ejemplarmente a los responsables materiales e Intelectuales del montaje judicial efectuado contra los dirigentes mencionados.
* 4. Se solicite a la Fiscalia General de la Nación y el Cuerpo Técnico de investigaciones CTI, públicamente aclare la procedencia de la información contenida el documento referenciado FGN CTI SIA 358 Y 359.
* 5. Se investigue la relación existente entre el Plan de exterminio conocido con el nombre Operación Dragón y el montaje judicial referenciado como INFORME NRO. FGN CTI SIA 358 Y 359.
* 7. Se investigue a JAIME ALONSO MESA CADAVID, Investigador del CTI, LUIS RAMÍREZ RIOS, Director de la seccional del Cuerpo Técnico de Investigación Fiscalía General de la Nación Cali-Valle y a la doctora MARIA EUGENIA LORA CASTAÑO, Fiscal 132 destacada ante la Tercera Brigada Fiscalía General de la Nación, quienes aparecen firmando a nombre del CTI Cali Valle, el INFORME NRO FGNCTISIA 358 Y 359.
Firman:
* Asociación Para la Investigación y Acción Social NOMADESC
* Sindicato de Trabajadores de Las Empresas Municipales de Cali SINTRAEMCALI
* Sindicato de los Trabajadores Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL
* SINTRAMETAL - YUMBO
* La Unión Sindical Obrera USO
* Central Unitaria de los Trabajadores CUT - VALLE DEL CAUCA
* Sindicato de Trabajadores de la Minería en Colombia SINTRAMINERCOL
* Asociación para el Desarrollo Social Integral ECATE
* Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos FCSPP Valle del Cauca
* Sintramunicipio Bugalagrande
* Sintramunicipio Yumbo
* Movimiento Estudiantil del Valle del Cauca y Nariño
* Organizaciones Barriales Juveniles Artísticas y Populares de Santiago de Cali
* Campaña Nacional e Internacional contra la Privatización, la Corrupción, la Criminalizacion de la Protesta Social y la Impunidad "PROHIBIDO OLVIDAR".
NOTA URGENTE:
Mientras se redactaba la presente acción urgente se conoció de la detención masiva en el departamento de Arauca de 16 personas, entre los detenidos figura Miguel Rodríguez, destacado dirigente del Polo Democrático Alternativo de la región y líder del sector del transporte:
Comunicado Público - Arauca
Oleada de detenciones masivas
En un nuevo atentado a las libertades ciudadanas, el domingo 1 de octubre ha tenido lugar en Arauquita, y en la inspección Panamá de esta ciudad del departamento de Arauca, otra detención masiva ilegal cuando tropas de la Brigada XVIII detuvieron a 16 personas, diez de las cuales fueron trasladas a la capital, Arauca.
Entre los detenidos figura Miguel Rodríguez, destacado dirigente del Polo Democrático Alternativo de la región y líder del sector del transporte.
La lista parcial de los detenidos, a quienes se pretende judicializar por el delito de rebelión, es la siguiente: Miguel Rodríguez, Miguelina Roa, enfermera del hospital San Lorenzo de Arauquita, Rodolfo Páez, Gelmon Castilla, Manuel Cruces, Luís Duarte, Catalino González, Jhon Fernández Rojas, Henry Meneses, Pablo Alfonso Quiroga, Héctor Giraldo, Hamiht Londoño y Luisa Veleño.
Todos ellos se hallan a órdenes de la llama Estructura de Apoyo de la Fiscalía, que en violación del orden constitucional, sigue operando desde las instalaciones militares de la Brigada XVIII
La Corporación Jurídica Humanidad Vigente rechaza esta afrenta contra el pueblo araucano, que sigue sufriendo las inclemencias de la arbitraria política de seguridad democrática, con su oleada de detenciones masivas en su desesperado afán por mostrar positivos a costa de la dignidad de las personas, y exige la inmediata libertad de estos sencillos ciudadanos.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Bogotá, octubre 2 de 2006
vi) Continúa la ola de asesinatos en Arauca.
La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:
* 1. El día de hoy 2 de octubre, a las 9:00 a.m., en la vereda La Reserva del municipio de Arauquita, fue activado un campo minado, donde resultó muerto el señor José Orlando Rozo, y heridos Gerson Sandoval Villamizar y Jesús Tapias, ambos campesinos de la región.
* 2. El día 1 de octubre, fue asesinado el joven Luis Alexánder Pesca, de 26 años de edad y profesión constructor. Este hecho de sangre fue cometido en la cancha de fútbol del Barrio Pablo Antonio, del municipio de Saravena, a eso de las 6:00 p.m.
* 3. El día 30 de septiembre, en la inspección de la Esmeralda del municipio de Arauquita, fue asesinado el joven Reinel Berjel Paez, de 22 años de edad y profesión agricultor. Sin que se tenga conocimiento de los autores de estos crímenes.
* 4. Una vez más reiteramos nuestro llamado a los autores en conflicto, excluir a la población civil del mismo y buscar soluciones políticas negociadas con el ánimo de cesar esta estela de muerte que cada día llena de luto y dolor a las familias araucanas.
* 5. A los organismos de justicia y control del Estado, adelantar las investigaciones pertinentes tendientes a esclarecer estos hechos y de esa manera lograr la verdad, la justicia y la reparación integral a estos y todos los crímenes que han tenido ocurrencia en nuestro departamento; a los organismos defensores de Derechos Humanos hacer un monitoreo y control de la situación que se vive en la región.
Saravena - Arauca, 2 de octubre de 2006
Por la defensa de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio
Nuestra acción social es legal y legítima
Fundación Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra"
vii) Mediante argucia la policía colombiana detiene a dos periodistas indígenas y los sindica de rebelión.
Haciéndose pasar por funcionarios del ministerio de Comunicaciones interesados por la situación jurídica de la emisora indígena Radio Uxwall Nasa Yugue Stéreo de Caldono, Cauca, al sur occidente de Colombia, agentes de la policía capturaron a Griseldino Yafue Guetoto y Rubiel Lis Velasco, periodistas de la comunidad nasa, el pasado 19 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana.
Inicialmente, los policías encubiertos convencieron a los dos comunicadores de ir a la estación de policía de Caldono, donde manifestaron tener un problema con el computador por lo que debían trasladarse a la vecina población de Siberia. Allí, temiendo un secuestro, los comuneros exigieron identificación, pero fueron tranquilizados con el argumento de viajar hasta Popayán para realizar la diligencia.
Al llegar a la capital caucana, los periodistas indígenas fueron llevados al Comando de Policía Cauca, donde les informaron que estaban detenidos bajo el cargo de rebelión por auxiliar a la guerrilla. Luego fueron trasladados a la cárcel de Santander de Quilichao, donde permanecen a la espera de un veredicto tras la indagatoria que se cumplió el viernes 22.
"El 11 de julio del año pasado, la Federación Internacional de Periodistas –con mas de 500.000 periodistas afiliados el 120 países- protestó ante el ministerio de Comunicaciones por el intento de cierre de Radio Nasa, a pocos días una audiencia solicitada por las autoridades indígenas de Caloto", recordó Eduardo Márquez representante de la FIP en Colombia. "Este año, vemos con preocupación que dos colegas indígenas son capturados mediante engaño y sin pruebas, un día antes del Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia. De continuar esta detención, la comunidad periodística internacional puede interpretar el hecho como una persecución política", puntualizó Márquez.
Líderes del pueblo indígena nasa, la Asociación de Cabildos Comunitarios de Caldono, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia, exigen la liberación de los dos comunicadores indígenas. Además de considerar la captura como un secuestro, la califican como una agresión del Estado que violenta la autonomía del territorio e ignora los derechos colectivos de los pueblos indígenas expresados en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución Nacional.
Según declaró Guillermo Chilo, gobernador indígena de Caldono, esta misma situación se ha propiciado en otras ocasiones para perjudicar los procesos de comunicación indígena. Recordó como José Vicente Otero, comunicador social que al terminar su carrera impulsó la creación de la emisora, fue detenido con un montaje similar, pero declarado inocente mas tarde. El líder indígena aseguró que la única prueba que tiene la Fiscalía contra los dos periodistas, es el testimonio de personas sin identificar.
Los comunicadores trabajan en la emisora desde hace 4 años, y realizan una programación de tipo comunitario y musical. No cuentan con espacio informativo noticioso, por falta de recursos.
"En este momento la emisora funciona con el trabajo de otros comuneros, pero bajaron los militares ha decir que si no dejan de denunciar la captura de los comunicadores, cerrarán la emisora a las buenas o a las malas; ya se han presentado varios enfrentamientos verbales con ellos", explicó Chilo. Por su parte, varios comuneros que cuidan la emisora por temor a un ataque, manifestaron haber impedido que los uniformados cortaran el servicio de energía eléctrica.
" La Federación Internacional de Periodistas hace un llamado a la liberación de los colegas Yafue y Lis. Este tipo de capturas le quitan legitimidad al Estado y vulneran, no solamente el derecho constitucional a la información, sino a la misma democracia", concluyó Eduardo Márquez.
Centro de Solidaridad,
Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP
Popayán, Cauca, 02oct06
Medellín, sept. 10 (IPC) Constituir una comisión de esclarecimiento histórico, también llamada comisión de la verdad, fue una de las iniciativas que sonó con más fuerza en la VII Plenaria Regional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Asapaz) que sesionó el pasado sábado en Medellín, Colombia, con una participación que sobrepasó las 300 personas venidas de diversas regiones del departamento
Un hecho incuestionable que reveló esta VII Plenaria fue la significativa presencia de familias víctimas del conflicto armado que reclaman voz propia en este tipo de escenarios de discusión y debate, y desde donde van tomando fuerza iniciativas de paz que incluyen como asuntos esenciales a resolver la verdad, la justicia y la reparación.
De ahí que haya cobrado especial importancia la creación de una comisión de esclarecimiento histórico. Se trata de una iniciativa que tendría carácter nacional e independiente al Gobierno, para que aclare los cientos de crímenes cometidos por los grupos ilegales al margen de la ley.
Luis Eduardo Salcedo, vocero nacional de Asapaz, sustenta esta iniciativa en la necesidad de llegar a la verdad como mecanismo indispensable para abrirle espacio al perdón. “Es posible que a muchos familiares de víctimas del conflicto nunca les reparen sus pérdidas, incluso que los victimarios no aparezcan y se pierda la oportunidad de justicia, pero lo más importante es la verdad. Sí hay verdad, la gente será capaz de perdonar”, comenta.
La propuesta de creación de una comisión de esclarecimiento histórico se llevará al V Plenario Nacional de Asapaz, que sesionará en Bogotá entre el 12 y el 14 de octubre próximos, y se le presentará al gobierno nacional y a la comunidad internacional con el fin de lograr consensos entorno a sus objetivos.
De acuerdo con Jesús Balbín, director de Estrategias del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y miembro de la coordinación de Asapaz, “es muy importante iniciar una campaña para que en Colombia haya una comisión de esclarecimiento histórico desde la sociedad civil; pero se necesita democratizar la opinión pública que permita que todas las iniciativas de paz de la sociedad civil tengan mayor consenso y acogida. Hoy, la opinión publica respalda acciones de guerra que validan la impunidad”.
Para Salcedo, si bien hay que comenzar a agitar la iniciativa en diversos escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales, “sólo en unos dos años esta comisión de esclarecimiento histórico se comenzará a ver como urgente; ahora no porque se requiere, políticamente, afianzar la legitimidad del proceso de desmovilización, en el cual el Gobierno nacional está más preocupado en cómo tapar las dificultades. Y los medios de comunicación solo muestran los hechos de verdad como anécdotas, como un proceso de lástima, pero no pasa de ahí”.
Ratifican propuestas
En la VII Plenaria Regional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, se ratificaron los propósitos de insistir en la negociación política como salida viable e impostergable del conflicto armado colombiano; continuar el trabajo para alcanzar un acuerdo humanitario, que permita que el Gobierno y la insurgencia armada se sienten en la mesa y construyan un proceso que allane caminos para lograr una salida al tema de los secuestrados y guerrilleros presos; y por último, persistir en el fortalecimiento de los movimientos de paz en todo el país.
“Hay dos estrategias que pueden llevar a consolidar estos propósitos”, señala Luis Mosquera, de la Corporación Convivamos y representante de Asapaz: “La primera tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de comunicación alternativa, que juega un papel muy importante porque los medios masivos de comunicación aún no registran las iniciativas y movimientos de paz y cuáles son sus avances”.
La segunda estrategia apunta a desarrollar una campaña pedagógica nacional entorno a la cultura paz, “que pueda sensibilizar a otros sectores de la población que no están aún organizados”, precisa Mosquera.
Destacan participación
Medardo Patiño, de la Corporación El Solar, que representa los intereses del sector LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), resaltó la participación de más de 350 personas que llegaron a la VII Plenaria en representación de diversos sectores y subregiones del departamento que le apuestan a la paz.
“La masiva asistencia de las personas desde las regiones fue el fruto de seis talleres subregionales preparatorios de la Plenaria que hicimos con Asapaz; pero es necesario destacar el ansia de paz que hay en el país”, dice Patiño.
Olga Ramírez, de la Ruta Pacífica de las Mujeres y de la Corporación Vamos Mujer, también destacó la participación de amplios sectores sociales del departamento, pero se preguntó por los retos que eso plantea: “El balance de la Plenaria es muy positivo, el tema ahora es qué hacemos con toda la riqueza que se expresó acá”.
Ramírez comenta que la masiva presencia de iniciativas de paz de las subregiones, superior a plenarias anteriores, refleja la necesidad de las comunidades de articularse entre sí, pues se perciben muy aislados en sus localidades y con horizontes de trabajo muy cortos, “lo que representa un reto para la Asamblea de la sociedad civil en su capacidad de hacer sostenibles estos procesos y seamos un referente para esas iniciativas locales”.
Sobre los propósitos de los movimientos de paz y de la Asamblea en particular, Ramírez reconoce que se debe ser autocríticos, “porque hemos pensado mucho más en los grandes objetivos que en la necesidad de tejer de manera cuidadosa los procesos locales”.
“Las grandes ideas no son suficientes, necesitamos encontrar mecanismos de interlocución con las localidades que las hagan significativas para esos procesos. Es necesario que la Asamblea sea un punto de encuentro y un espacio de reflexión en asuntos cómo la movilización social, la presión política y la concertación con la administraciones locales”, señala la líder feminista.
A su juicio, la Asamblea permanente de la sociedad civil por la paz necesita ser un espacio para el análisis. “Creo que a veces somos un espacio para el activismo y a veces el activismo se puede volver estéril”, advierte Ramírez.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35
www.ipc.org.co
La siguiente nota viene del periódico "El Turbión"
El dia sabado 9de septiembre, se llevo a cabo en Buga el foro sobre DERECHOS
HUMANOS, organizado por el comite permanente de defensa de los derechos
humanos de Buga, se realizo en la sede del concejo municipal con la
participacion del Defensor Provincial del Pueblo, el personero municipal, el
secretario de gobierno de Buga y representantes de los comites permanentes
del Valle y Risaralda, y diversas organizaciones sindicales, populares y
campesinas de Buga, en el foro se denuncio la desaparicion de los compañeros
WALTER ALVAREZ OSSA, miembro del comite permanente de defensa de los
derechos humanos de Buga y lider comunitario de la ciudad y miembro del PDA
y del compañero NELSON PEREZ, lider campesino de la region, desaparecidos en
el mes de agosto y que figuraban en un panfleto de las AUC que los amenzaba
con 40 personas mas en el mes de febrero. Intervinieron en el foro las
autoridades locales y los representantes de los comites permanentes, se
denunciaron las muertes violentas en el norte del valle y la existencia de
10 personas desaparecidas en Buga, al final se propuso una reunion de los
amenazados para determinar su situacion de seguridad y para definir la forma
de respuesta colectiva y se propuso multiplicar este foro en las
organizaciones sociales.
ES POSIBLE QUE EN EL PARAGUAY, ESTE INSTRUMENTO PUEDA
SER DE UTILIDAD, PARA FRENAR LA CRECIENTE
CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL, ENUNA SOCIEDAD
CADA VEZ MAS ESTRECHA, ASI COMO CONTENER
PREVENTIVAMENTE LAS INTENCIONES DE MILITARIZAR LAS
FRONTERAS TRAS ADVERSARIOS VIRTUALES, PERO QUE UNA VEZ
EN EL TERRENO, ESOS ADVERSARIOS SERAN, NOMAS LUEGO, LA
POBLACION RESIDENTE.
Federico Tatter
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La sociedad civil se pronuncia sabre la permanencia de
OACNUDH en Colombia
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Actualidad Colombiana. Más de mil organizaciones y
algunos miembros de la sociedad civil, firman la
carta que presentamos a continuación, en llamado al
gobierno y los representantes de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para que se logre
un acuerdo que permita renovar el acuerdo de
permanencia de esta Oficina en Colombia.
Pronunciamiento de la sociedad civil colombiana a
favor de la continuidad de la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos con su mandato integral.
Las diferentes expresiones de la sociedad colombiana
que suscriben la presente comunicación quieren
manifestar a ustedes su fuerte y decidido apoyo a la
Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La continuidad del mandato integral de la Oficina es
indispensable para que la comunidad internacional siga
contribuyendo al mejoramiento de la difícil situación
de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario que vive el país.
Este mandato surge en 1996 cuando la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, valorando la
gravedad de la crisis de derechos humanos, y previo
acuerdo con el Gobierno Colombiano, decidió pedir al
Alto Comisionado para los Derechos Humanos que
procediera a establecer una oficina permanente en
Colombia con un mandato integral de asistencia técnica
y monitoreo. En ese entonces se discutía la figura de
un Relator Especial para Colombia pero se tomó la
opción de una Oficina de observación y asistencia.
La Comisión también dispuso que la Alta Comisionada
presentara informes analíticos para ser considerados
en sus sesiones anuales, los cuales en adelante serán
considerados por el Consejo de Derechos Humanos, de
conformidad con la Resolución 60/251 de la Asamblea
General. Sobre esta base, la presencia de la Oficina
en Colombia se ha venido ratificando durante nueve
años, en atención a los resultados positivos de su
gestión y a la persistencia de la delicada crisis
humanitaria.
En desarrollo del mandato de observación, la OACNUDH
ha realizado más de 1.300 misiones al terreno y ha
registrado 12.000 quejas, de las cuales 8.100 han sido
admitidas. Esta actividad sistemática se ha reflejado
en mayores niveles de protección a las víctimas de
violaciones de derechos humanos y a las comunidades y
personas afectadas por el conflicto, al tiempo que ha
proporcionado informaciones decisivas al Estado, la
sociedad civil y la comunidad internacional para el
reconocimiento de la gravedad de la situación de
derechos humanos y derecho humanitario y el desarrollo
de respuestas institucionales y sociales. Sobre esta
base, la OACNUDH ha producido nueve informes anuales,
elaborados a partir de la interlocución permanente con
el Estado, las comunidades y las organizaciones de la
sociedad civil.
En sus diversos informes, y en desarrollo de su
mandato, la OACNUDH ha denunciado claramente los
crímenes y violaciones cometidas por miembros de los
grupos armados ilegales así como aquellas cometidas
por acción u omisión de agentes estatales, y ha
formulado una serie de recomendaciones a unos y otros,
orientadas a garantizar la vigencia de los derechos
humanos y el derecho humanitario. Las recomendaciones
han alcanzado importantes resultados: han ofrecido al
Estado colombiano posibilidades de acción para superar
la crisis de derechos humanos; se han convertido en
una exigencia a los grupos armados en materia de
respeto a la población civil; han sido útiles para
crear espacios de interlocución entre la comunidad
internacional, el Estado colombiano y la sociedad
civil sobre un referente común; y han orientado el
esfuerzo para que ese diálogo fructifique en la
formulación e implementación de políticas públicas
favorables al respeto, la protección y la realización
de los derechos humanos.
Así mismo, la OACNUDH ha cumplido una extensa y
positiva labor de asesoría y asistencia técnica
destinada a fortalecer la capacidad del Estado
colombiano para el cumplimiento de sus compromisos
internacionales en materia de derechos humanos, los
cuales se traducen en programas de apoyo en diversas
instituciones, entre las cuales se cuentan, la
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La labor de la oficina también se ha reflejado en la
promoción y protección de los derechos de diferentes
grupos sociales, entre ellos, las comunidades afro
descendientes e indígenas, las mujeres, los niños, el
sector LGBT, trabajadores, académicos, sindicalistas,
campesinos, comunales, ambientalistas, comunicadores,
personas privadas de la libertad, artistas, victimas
de diferentes violaciones de los derechos humanos y el
DIH, lideres sociales y defensores de derechos
humanos.
De este modo, la realización del mandato integral de
observación, asesoría, cooperación, información y
difusión, se ha convertido en una poderosa herramienta
pedagógica para la creación de una cultura de derechos
humanos en el Estado y la sociedad colombiana. Por
esta razón se torna indispensable su continuidad en un
país como Colombia, en el que persiste un conflicto
armado interno, múltiples y recurrentes agresiones
contra la población civil y una crisis humanitaria y
de derechos humanos. Coincidimos con la señora Arbour,
cuando afirma que los avances logrados en el
cumplimiento de las recomendaciones durante 2005,
deben estimular al Estado colombiano a hacer mayores
esfuerzos, durante 2006, y a más largo plazo.
Sea esta la oportunidad para expresarles nuestros más
altos sentimientos de consideración y respeto.
Cordialmente,
Firmantes por las diferentes plataformas de paz y
derechos humanos:
* Por la Alianza de Organizaciones Sociales y afines
por una cooperación para la paz y la democracia en
Colombia (agrupa 131 organizaciones):
Gustavo Gallón Giraldo
Gloria Flórez
Antonio Madariaga
Maria Eugenia Sánchez
Marco Alberto Romero
* Confluencia para la democracia y contra la guerra
(agrupa 190 organizaciones):
Pedro Santana Rodríguez
* Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos
(agrupa 166 organizaciones):
Carlos Rodríguez Mejía
Eduardo Carreño
* Plataforma Colombia Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (agrupa 119 organizaciones):
Natalia Paredes
* Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
(agrupa 297 organizaciones):
Luis Eduardo Salcedo
Alexandra Bermúdez
* Planeta Paz y Corporación Derechos para la paz
CDPAZ
Carlos Salgado Aramendez
Gregorio Mesa Cuadros
* Ruta Pacífica de las Mujeres (agrupa 350
organizaciones de mujeres)
Olga Amparo Sánchez Gómez. Representante Legal
* Red Nacional de Mujeres (agrupa 40 grupos de mujeres
en 11 departamentos)
Claudia María Mejía Duque
Personalidades:
Cesar Gaviria Trujillo. Ex Presidente de la República.
Jefe único del Partido Liberal Colombiano
Daniel García-Peña Jaramillo. Comisión de Garantes
María Emma Mejía. Ex canciller de Colombia
Carlos Gaviria Díaz. Presidente Polo Democrático
Alternativo
Floro Tunubalá. Ex gobernador del Cauca
Juan Mayr. Ex ministro
Carlos A. Rodríguez. Central Unitaria de Trabajadores
José Fernando Isaza. Rector Universidad Jorge Tadeo
Lozano
Eduardo Cifuentes Muñoz. Decano de la Facultad de
Derecho Universidad de los Andes
Jaime Bernal Cuellar. Vocero de la Comisión
Facilitadora Civil en los diálogos con el ELN
Juan Camilo Restrepo. Ex ministro de Hacienda
Monseñor Héctor Fabio Henao. Conferencia Episcopal
Colombiana
Luis Carlos Villegas. Presidente Asociación Nacional
de Industriales ANDI
Rafael Pardo Rueda. Ex senador y precandidato
presidencial por el Partido Liberal Colombiano
Augusto Ramírez Ocampo. Director Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad Javeriana
Volmar Pérez. Defensor del Pueblo
Iván Marulanda. Ex ministro
Wilson Borja Díaz. Representante a la Cámara
Alejo Vargas Velásquez. Profesor Universidad Nacional
de Colombia. Comisión de Garantes
Orsinia Polanco. Representante a la Cámara
Gabriel Izquierdo S.J. Instituto Pensar, Universidad
Javeriana
Cecilia López. Senadora de la República
Camilo González Posso. Director INDEPAZ
Parmenio Cuellar. Senador de la República
Horacio Arango S.J..
Carlos Medellín. Ex ministro
Héctor Fajardo Abril. ISCOD - UGT
River Fandiño. Polo Democrático Independiente
Rodrigo Uprimny Yépez. Director del Centro de Estudios
Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia
Jairo Edilberto Quitian Ariza. Asofadescol
Silvio Lozada. Asdecol
Eduardo Gutiérrez. Confederación de ONGs de Colombia
Henry Rivera. Asofadescol
Claudia Ruiz. Fundación Dos Mundos
Libardo Tique. Asofadescol
Gustavo Balanza. Fundación Surcos
Osias Ascencio. Asofadescol
Irma García. DIAL
Eulises Gómez. Secretario de Asofadescol
Gabriel Rodríguez S.J. Provincial de la Compañía de
Jesús
Horacio Serpa Uribe. Ex ministro y candidato
presidencial Partido Liberal Colombiano
Alonso Ojeda Awad. Ex Embajador de Colombia Director
Programa Pedagogía de Paz UPN
Olga Lucía Gómez. Fundación País Libre
Germán Bula. Ex ministro
Marly Rinaldy. Organización Femenina Popular
Liliana Rodríguez. Corporación Jurídica Yira Castro
Adriana Ferrer. Corporación Jurídica Yira Castro
Miguel de la Vega. Mesa Nacional de Fortalecimiento de
Organización de Población Desplazada
Orlando Burgos. Coordinación Nacional de Desplazados
Luis Roberto Arboleda. Afrodes
Eliécer Chávez. Andescol
Francisco Espitia. Asocoldes
Rigoberto Jiménez- Coordinación Nacional de
Desplazados
Lucía Pacheco García
Ana Maria Gómez López Equitas
Virgelina Chará Aso mujer trabajo
Claudia Mejía Duque Sisma Mujer
Ivan Cepeda Castro Fundación Manuel Cepeda Vargas
Guillermo Hoyos Instituto Pensar Universidad
Javeriana
María Teresa Herrán
Milton Mejía Red Ecuménica de Colombia
Luis Carlos Avellaneda Tarazona Senador de la
República
Witney Chaves Presidente FECODE
Alpher Rojas Director Nacional Instituto de
Pensamiento Liberal
Luis Jorge Garay Investigador
Patricia Lara Periodista
Piedad Córdoba Senadora de la República
Moritz Akerman Comisión de Garantes
Luis Carlos Osorio Director Fundación Hemera
Jairo Rubio Mesa de Trabajo Cooperativo y Solidario
Gabriel Becerra Asociación Colombiana de Estudiantes
Universitarios
Cesareo Galvéz Red Colombiana de Radio Comunitaria
Miguel Marín Corporación para la educación y la
cultura
Luis Carlos Acero Asociación Humanitaria Americana
de Alicante España
Amparo Beltrán Cepalc
José Argemiro Carvajal Sindesena Boyacá
Marina Talero Tran Ser Red de Apoyo a
Transgeneristas
Eduardo Marquez Centro de solidaridad de la
federación internacional de periodistas
Diego Giraldo Hernández Colectivo El Opinadero
Nelson Cruz Corporación para el desarrollo integral
El Taller
Noris Mendoza Pérez Programa de Derechos Humanos
Corporación Compromiso.
COMIT PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SECCIONAL ARAUCA
DENUNCIA PBLICA 11
EL EJERCITO DETIENE A SACERDOTE ALEMAN
EL Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos DENUNCIA
el hostigamiento y detencin de que fue victima el clrigo Alemn
ANSGAR FALK por parte del Ejercito Nacional Batalln 49 hroes de
Taraz acantonado en el casco urbano del municipio de Arauquita al
mando del mayor MIGUEL VSQUEZ.
El clrigo Alemn ANSGAR FALK se encontraba en la regin en una
misin de acompaamiento y solidaridad con la Asociacin Campesina
de Arauca y cuando se diriga a Arauquita el jueves 27 de julio en
el reten de dicho batalln aproximadamente a las 9:30 a.m fue
detenido, sometido a un intenso interrogatorio, su cedula
fotografiada y su agenda personal registrada anotando el ejercito
todos los nmeros telefnicos que el portaba. La justificacin que
dieron los militares ante esta accin arbitraria fue segn ellos
por medidas de seguridad y por protegerlo dejndolo en libertad a
las 2:00 p.m aproximadamente.
Exigimos respeto y garantas para las misiones Internacionales que
visitan la regin a enterarse sobre los hechos de la difcil
situacin de violacin de derechos humanos que padecen amplios
sectores de la poblacin araucana victima de la exagerada
aplicacin de la poltica de seguridad democrtica.
Arauca, 31 de julio de 2006
COMIT PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SECCIONAL
ARAUCA
Este es un primer informe de la Organizacin Panamericana de la Salud sobre el desplazamiento masivo de 374 indgenas hacia la ciudad de Istmina en Choc ocasionado por la actuacin de actores armados en varias comunidades del Departamento del Choc. Las condiciones sanitarias y de hacinamiento son crticas y el sector salud est tomando medidas para responder de la mejor forma a esta situacin.
Desplazamiento masivo en Choc. Colombia
Durante el primer trimestre del 2006 se han presentado problemas de orden pblico ocasionados por
actores armados en varias comunidades del Departamento del Choc, en la costa Pacfica
Colombiana, lo que ha llevado a un desplazamiento masivo en la zona con posibilidad de otro mayor.
Impacto
Lo anterior ha llevado a que exista el pnico en las comunidades de Macedonia, Unin Guaun,
municipio del Medio San Juan y las comunidades de Puerto Olave, Unin Choc, San Cristbal en el
Municipio de Istmina y las afrodescendientes de Puerto Murillo, Bicord, La Loma, Noanam y
Fugiad. Hasta el momento se han desplazado 374 indgenas hacia el municipio de Istmina, y hay
riesgo de desplazamiento estimado de otros 1748 indgenas de la etnia Guaun.
Estas personas que han llegado estn alojadas en tres casas que les pertenecen a la comunidad
indgena en estado de hacinamiento crtico.
Respuesta Local y Nacional
Las dos administraciones municipales de Medio San Juan e Istmina, ACNUR, OCHA y OPS
se han reunido para formular un Plan de Contingencia en educacin, salud, definicin de
albergues, alimentacin y nutricin, y seguridad y proteccin. Este plan ya se puso en
marcha.
Se tienen identificados tres albergues en Istmina con dificultades en bateras sanitarias y
agua potable pero se cre un comit de verificacin y plan de intervencin.
Respuesta del Sector Salud
El Ministerio de la Proteccin Social y OPS estn haciendo una revisin de estado del
convenio en salud a poblacin desplazada con el Hospital Eduardo Santos y se va a elaborar
un nuevo convenio.
DASALUD est en comunicacin con la ARS AIC aseguradora encargada de la poblacin
desplazada para asegurar su atencin en salud.
El hospital Eduardo Santos est haciendo una verificacin del estado actual de Insumos,
medicamentos, recurso humano y vacunacin en Istmina.
La Secretara Municipal de Salud de Istmina est a cargo del plan de contingencia en salud.
El CICR entraron a la zona para tomar contacto con los actores armados y en el da de hoy
evaluaran las necesidades de la poblacin desplazada.
Respuesta de OPS
Se hizo una visita conjunta con ACNUR y OCHA a Istmina y OPS brind cooperacin tcnica
a la Secretara Municipal, Cruz Roja y Hospital Eduardo Santos de Istmina para la
formulacin del plan de contingencia en salud.
Se motiv una reunin del Comit de Salud con bomberos y defensa civil para involucrarlos
en la respuesta.
OPS propuso a las autoridades locales de salud hacer un censo con el nimo de verificar el
estado de aseguramiento y conocer mejor la situacin general.
Se ha participado permanentemente del seguimiento y acompaamiento de la situacin con
el Hospital y la Secretara de Salud Municipal.
Fuente: ACNUR, OCHA, Secretara de Salud Municipal, DASALUD y Cruz Roja Colombiana
Organizacin Panamericana de la Salud
Colaboraron con este informe:
Liz Parra
Juan Carlos Diaz
Susanna Helfer-Vogel