En el marco del 33 Aniversario de la caída en combate del Comandante Lucio Cabañas Barrientos realizamos el “Foro por la Justicia y la Verdad”; en Átoyac de Álvarez, Guerrero, México, en el que
M A N I F E S T A M O S :
Toda acción que realiza el gobierno de ultraderecha de Felipe Calderón esta encaminada a aniquilar cualquier brote de inconformidad del pueblo organizado.
La Constitución es burdamente modificada para criminalizar la protesta social, perseguir luchadores sociales, encarcelar injustificadamente llegando a la represión cínica y descarada desaparecer y asesinar a quienes luchan por mejores condiciones de vida y de trabajo.
El clima de terror que sembró el gobierno de Guerrero, a manos de la dinastía de sátrapas figueroísta desde la década de los 60 y que trajeron como consecuencias la desaparición forzada, el encarcelamientos y asesinato de centenares de guerrerenses, hoy tiene continuidad con los gobiernos represores actuales, herederos y principales operadores de la criminilización de la protesta social en el estado.
Aguas blancas, El Charco, Acteal, las Huastecas y los Loxichas en Oaxaca, son heridas abiertas por la ausencia de justicia para los marginados y muestra viva de la impunidad protegida desde el gobierno. El supuesto estado de derecho se convirtió en protector de la impunidad y la represión.
Los luchadores sociales son víctimas de jueces y magistrados que imparten justicia sometida a las instrucciones de la ultraderecha, es común el libramiento de órdenes de aprehensión arbitrarias y las más severas y absurdas penas por delitos prefabricados.
La represión que vivieron ayer los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y periodistas, es la continuidad de la represión contra Atenco, Sicartsa y la APPO. En suma, la guerra contra toda manifestación de dignidad y la criminilización de cualquier indicio de la protesta social. Condenamos enérgicamente la represión desatada por Zeferino Torreblanca en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, exigimos la libertad incondicional de los detenidos y la solución inmediata de sus demandas.
Nos solidarizamos con los periodistas agredidos el 30 de noviembre por la PFP en la caseta de La Venta; Jesús Trigo, Pedro Pardo, y Alan García.
La falta de independencia de los poderes legislativo y judicial, respecto del ejecutivo se pone de manifiesto día a día a lo largo y ancho de nuestra geografía política nacional, de tal modo que no sorprenden las resoluciones en el caso de Lydia Cacho o lo que se espera para Oaxaca.
Ante esto, las demandas de alto a la represión y de una Ley de Amnistía General que reconozca la existencia de presos y perseguidos políticos y de conciencia, acompañados por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de todos y todas los(as) presos(as) y de conciencia, es una exigencia irrenunciable.
Repudiamos el clima de terror que genera el gobernador Zeferino Torreblanca para solicitar la presencia del ejército nacional.
N O S P R O N U N C I A M O S :
· Por la solidaridad con nuestros hermanos ejidatarios de El Carrizal.
· En contra de la voracidad neoliberal que pretende construir la Presa Hidroeléctrica La Parota, afectando a miles de campesinos y apoyamos decididamente al CECOP en su lucha por la defensa de la tierra.
E X I G I M O S :
La presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes.
F R A T E R N A L M E N T E
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR (OCSS), FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS), FRENTE DEMOCRÀTICO ORIENTAL DE MÉXICO “EMILIANO ZAPATA” (FDOMEZ), COLECTIVO MAGISTERIAL INDEPENDIENTE (CMI), ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS ZAPOTECOS (OPIZ), COLECTIVO ESTUDIANTIL INDEPENDIENTE (CEI), COLECTIVO LIBERTARIO “ACÁ TAMBIÉN RESISTIMOS”, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y VICTIMAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO (AFADEM), ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, FUNDACIÓN “DIEGO LUCERO”, DIP. RAMIRO SOLORIO, DESIDOR SILVA VALLE, SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL DEL PRD-GUERRERO.
ALERTA - MÉXICO
el 22 de junio de 2007
Periodista de "Generos" que investiga corrupción policial y política en
Sonora atacado, busca asilo
FUENTE: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), México, D.F.
(CENCOS/IFEX) - En el marco de impunidad que impera en el país ante las
agresiones a periodistas y medios de comunicación, se da el caso de que
Claudio Tiznado del periódico "Géneros", que, después de haber sido
agredido físicamente, optó por pedir asilo en el extranjero.
El reportero que laboraba en el periódico bimensual Géneros, que se
encuentra en Hermosillo, Sonora, ciudad ubicada al norte del país, sufrió
una agresión a finales de abril de 2007. Esta agresión se le relaciona con
una serie de artículos de investigación que se publicaron con respecto al
tráfico de drogas, en lo cual se veían involucrados políticos y policías
corruptos en la población de Cananea, municipio del estado de Sonora.
Tiznado no levantó ninguna denuncia ante las autoridades competentes sobre
la agresión, sino que a consecuencia de la misma decidió pedir asilo en los
Estados Unidos de America, específicamente en el estado de Arizona.
Muy poca información se ha obtenido acerca de este caso ya que el occiso
guarda total hermetismo al respecto y es poca información la que se ha
difundido acerca del caso.
Cabe la pena mencionar que en los últimos dos años, siete periodistas han
sido reportados como desaparecidos en México. Uno de estos casos fue el de
Alfredo Jiménez Mota, quien desapareció el 2 de abril del 2005 mientras
trabajaba para el periódico "El Imparcial" en la ciudad de Hermosillo,
Sonora (ver las alertas de IFEX del 24 de enero de 2007, 4 de abril de
2006, 15 y 7 de abril de 2005). El 16 de abril, el reportero Saúl Noe
Martínez Ortega, quien trabajaba para el "Interdiario" de Agua Prieta, fue
secuestrado frente a la estación de policía de Agua Prieta, Sonora; su
cuerpo fue encontrado en el estado de Chihuahua una semana después (ver las
alertas del 27, 24 y 17 de abril de 2007).
CENCOS reitera su preocupación por la serie de agresiones que han sufrido
los comunicadores por su labor periodística y sobre todo por el clima de
impunidad que impera en tales casos. Exigimos una pronta acción del
gobierno para que se investigue y se castigue a los responsables de estos
ataques, ya que violentan la libertad de expresión en México, la cuál el
Estado está obligado a salvaguardar.
Para mayor información, comunicarse con Francisco Barrón Trejo, Coordinador
de Comunicación o Brisa Maya Solís Ventura, Directora Ejecutiva, de CENCOS,
Medellín 33, Colonia Roma, 06700 México, D.F., México, teléf: +52 55 55 336
475 / 55 336 476, fax: +52 55 52 082 062, correo electrónico:
cencos@cencos.org, Internet: http://www.cencos.org
______________________________________________
Jalapa, Veracruz a 15 de junio de 2007
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la
República
Lic. Francisco Ramírez Acuña, Secretario de
Gobernación
Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de
Veracruz
Lic. Juan Manuel Orozco Méndez, Secretario de
Seguridad Pública del estado de Veracruz
Lic. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la
CNDH
Actuaria. Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, Unidad de
Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH
Louise Arbour, Alta Comisionado de la ONU
Los ciudadanos veracruzanos firmantes, entre ellos el
Equipo de Comunicación Alternativa Zapateando,
zapateandoxalteo@gmail.com, y la Red Unidos por los
Derechos Humanos, redhver@gmail.com, solicitan su
intervención urgente ante los actos de represión
policiaca y encarcelamiento de campesinos huastecos en
lucha por la tierra.
HECHOS:
El domingo 10 de junio campesinos de la organización
Los Dorados de Villa recuperaron sus tierras en la
comunidad de Lomas del Dorado. Basados en una dotación
de septiembre de 1941, expresaron:
"Para nosotros esta acción es recuperar lo que nos
pertenece por derecho, no estamos invadiendo, sólo
estamos recuperando nuestras tierras, que nos han sido
despojadas injustamente. Son tierras comunales y
ejidales, y deben ser en beneficio de todo el pueblo.
Fundamos un nuevo centro de población, en las
aproximadamente 513 hectáreas, donde los ricos tenían
pasto para ganado y naranjos, hoy los indígenas, los
campesinos tenemos el poblado Diez de Junio."
Desde el inicio de la instalación del centro de
población, Los Dorados denunciaron la presencia
policiaca y militar. Temiendo una intervención
violenta del estado y los caciques regionales, los
campesinos pidieron a organizaciones sociales la
observación de derechos humanos. Así acudieron a
Ixhuatlán de Madero integrantes de la Red Unidos por
los Derechos Humanos y de colectivos de la Otra
Campaña en la región Huasteca– Totonaca.
En rueda de prensa el 14 de junio, en Poza Rica, Ver.,
los observadores de derechos humanos atestiguaron lo
que se pensaba era el compromiso del gobierno de Fidel
Herrera Beltrán :
"Hay un ofrecimiento del gobierno del estado,
representado por Roberto Alvarez Salgado, que plantea
tres puntos: Detener las actuaciones judiciales del
gobierno estatal, conminar a los particulares, la
familia Faisal, a no tomar acciones represivas en lo
particular, porque están armando a gentes allá,
pistoleros… La familia Faisal, Marcos y Josefina
Faisal (quienes aparecen como propietarios, aunque en
los documentos agrarios no aparece la propiedad) están
contratando a policías de Alamo para que, vestidos de
civiles, realicen una acción de las que ya conocemos,
con pistoleros de la región. Esto se le manifestó al
empleado de gobierno y él (Roberto Alvarez Salgado,
subdirector de organización, funcionamiento y enlace
regional, de la subsecretaría de gobierno veracruzana)
dijo que iba a conminarlos" a no actuar violentamente.
Sin embargo al terminar la rueda de prensa en Poza
Rica, la comisión de observación regresó al predio en
el municipio de Ixhuatlán y se encontró con que "está
lleno de policías, al parecer la fuerza pública del
estado de Veracruz ya los desalojo"...
Vía telefónica los observadores dijeron: "No sabemos
dónde están los compañeros". Poco después informaron
que: " hay entre 40 y 45 detenidos, la comunidad de
Lomas del Dorado está rodeada de policías."
En el transcurso la tarde y la noche del 14 de junio,
la información que tenían respecto al paradero de los
campesinos era muy poca. No les permitían verlos ni
saber dónde estaban. Sólo se sabía que los habían
trasladado a Chicontepec. Pero a la Red Unidos por los
Derechos Humanos les informaron que a los presos de
Ixhuatlán de Madero los trasladaron al penal de máxima
seguridad de Villa Aldama, a las 22 horas (del 14 de
junio).
Y que hay órdenes de aprehensión contra Héctor Colío
Galindo y Eliseo Macín Hernández.
En las primeras horas del 15 de junio, los presos
políticos lograron comunicarse con su familia y les
dijeron que los tienen en Benito Juárez, pidieron que
se les lleve de desayunar. Sin embargo, aún se
desconoce el número exacto, los nombres y la situación
de los detenidos. (Se calculan 45 - 47). La Red Unidos
por los Derechos Humanos informó:
"Por lo pronto, sólo conocemos los nombres de Gabino
Flores Cruz y de Javier Islas Cruz, el primero,
miembro de la organización campesina "Dorados de
Villa", en Ixhuatlán de Madero, Ver., y el segundo,
Javier Islas Cruz, del Comité "Sexta Declaración" en
Poza Rica, Ver., quien se encontraba en el lugar como
observador de la Red Unidos por los Derechos Humanos,
AC".
De la comunidad, tenemos los nombres de Severo
Antonia, Alicio Cruz, Luis, Daniel Cruz, Enrique
Flores, Antonio, Audecio y Domingo Francisca.
Vía telefónica un testigo, que prefiere omitir su
nombre por seguridad, declaró hoy a las 7 a.m:
"Antes de las cuatro de la tarde de ayer se había
quedado de acuerdo con el gobierno en un diálogo.
Estábamos en el campamento, el compañero Gabino salió
en coche blanco con alguien más. En tres minutos
llegaron 10 patrullas y un camión. En la entrada
empezaron a disparar y entraron al campamento. No
teníamos formas de defendernos, como se pudo tratamos
de escapar. Nos siguieron al monte disparando contra
nosotros. Agarraron a varios compañeros. Todo se armó
por los riquillos que tienen nuestras tierras".
Como ciudadanos mexicanos e integrantes de movimiento
nacional civil y pacífico la Otra Campaña expresamos
que: Este hecho se suma a las estrategias represivas
del mal gobierno mexicano como son: campaña de
desinformación y desprestigio; propaganda mediática de
criminalización; clima de terror con movimiento de las
fuerzas policíacas y militares; persecuciones
selectivas, detenciones, encarcelamientos, asesinatos
y manipulación del sistema judicial.
Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Veracruz,
a las autoridades locales y a la familia Faisal por la
integridad física de nuestros compañeros y exigimos su
libertad inmediata e incondicional.
Las demandas de los Dorados de Villa son:
Regularización inmediata de sus tierras. Libertad
inmediata e incondicional de los detenidos, presos de
conciencia. Cumplimiento de los compromisos por parte
del gobierno. Castigo a los responsables de la
represión y violaciones a derechos humanos.
Por lo anterior solicitamos
i. La liberación de los presos, quienes actuaron
pacíficamente y estaban en diálogo con la autoridad
ii. Que se garantice la integridad física y
psicológica, las garantías al debido proceso y de
seguridad jurídica a los 47 presos de conciencia
iii. Que se informe oficialmente de las acciones
tomadas por parte de las autoridades, la lista de
detenidos y los penales donde están.
iv. La suspensión de órdenes de aprehensión y acciones
punitivas contra la comunidad y contra integrantes de
la Otra Campaña
v. La salida del ejército, la policía y personal de
Seguridad Pública estatal de las comunidades indígenas
del estado de Veracruz y la Huasteca.
vi. El cese de las amenazas de violencia o de
cualquier otra forma de intimidación que menoscabe su
dignidad humana.
vii. De manera general, conformar sus acciones a lo
dispuesto por la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales
sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y referentes a
la protección de los Defensores de Derechos Humanos
ratificados por México.
ATENTAMENTE
Zapateando, Equipo de Comunicación Alternativa
Adherentes a la Otra Campaña?¡Le echamos aire a la
palabra para que vuele alto y lejos!
Colectivo Rincon rupestre
--
Va por La Otra Quintana Roo
"Nunca más un México sin nosotros"
Visita nuestro blog http://rinconrupestre.blogspot.com/
AFP
15/06/2007 21:37
México, D.F. El abuso de pruebas defectuosas o inexistentes, la negación de los derechos fundamentales a los procesados, particularmente a los indígenas, las mujeres y los pobres, ha destruido la confianza en el sistema de justicia mexicano, denunció este viernes Amnistía Internacional (AI).
"En todo México se ha detenido a decenas de personas sobre la base de pruebas defectuosas o inexistentes y se les han negado derechos fundamentales, lo que ha dado lugar a errores judiciales y ha destruido toda la confianza en el sistema de justicia y en el Estado de derecho", afirmó la organización de defensa de derechos humanos en un informe.
Amnistía Internacional ilustró sus acusaciones con siete casos de personas que fueron detenidas, en su mayor parte en el contexto de la represión de protestas sociales que tuvieron lugar el año pasado en San Salvador Atenco y Oaxaca.
En dichos casos, aseguró AI, los afectados fueron detenidos de forma irregular, bajo pruebas poco fiables, algunos sufrieron torturas, malos tratos o agresiones sexuales, y durante sus procesos judiciales se violaron principios como la presunción de inocencia o la asistencia letrada adecuada.
En el caso de acusados indígenas, con escasos o nulos conocimientos del español, la situación se agrava ya que éstos no suelen contar con un traductor o un abogado defensor que los entienda y les explique los detalles del proceso legal en su contra.
Además, criticó que "los agentes del Ministerio Público tienen poderes excesivos para determinar el valor de la prueba" y los jueces las dan por ciertas "sin garantizar explícitamente su examen con arreglo al principio de presunción de inocencia de la persona sospechosa".
"La impunidad de las violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma" y "en los pocos casos en los que se han llevado a cabo investigaciones oficiales sobre abusos, los mecanismos de rendición de cuentas son tan débiles que las personas responsables rara vez comparecen ante la justicia", concluyó el informe.
México D.F. a 1 de marzo de 2007.
La libertad de expresión es un indicador de estado de consolidación de la democracia en los países.
En el contexto de la visita a México de la Directora Ejecutiva de Artículo 19[1], organización internacional con sede en Londres; que tiene como objetivo promover e impulsar la libertad de expresión a nivel internacional bajo el precepto de los derechos humanos.
Agnès Callamard, Directora Ejecutiva de Artículo 19, se reunió con organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de comunicación, libertad de expresión y acceso a la información, al igual que funcionarios de gobiernos y organismo autónomos con el objetivo de ubicar los puntos de agenda pendiente en la materia, así como los de interés en la sociedad mexicana.
Después de una visita de más de una semana, Artículo 19, con oficina en México, manifiesta atención y preocupación por el estado de la libertad de expresión en México en los siguientes temas:
1) Manifiesta su posición sobre la Ley Televisa que contradice los compromisos internacionales en derechos humanos que México a suscrito, y por ello, viola el libre ejercicio de este derecho. Por otro lado, preocupa el fortalecimiento del monopolio de los medios de comunicación y la falta de acceso de la ciudadanía a ellos.
2) Al mismo tiempo, manifiesta preocupación por el número creciente agresiones y con ello, la vulnerabilidad de los y las periodistas. También inquieta el alto grado de impunidad frente a las desapariciones y asesinatos en el gremio.
3) Especial preocupación levantó la situación de legalidad jurídica y falta de seguridad con la que operan las radios comunitarias en el país. Especial mención se tiene que hacer de los casos de las radios Nandia, Calenda y La Voladora.
4) Hace un llamado al poder legislativo, a discutir de manera amplia y profunda la minuta que propone despenalizar los conceptos de difamación y calumnia. Con el fin de asegurar el libre ejercicio periodístico. Al mismo tiempo, hace un llamado a los Congresos locales para que avancen de manera decidida en esta materia.
5) Se pronuncia a favor de la Reforma Constitucional del Artículo 6to. Dicha reforma, pondría a México a la vanguardia en el mundo en la materia de acceso a la información pública. Sin embargo, marca un reto a los diferentes ámbitos de gobierno para avanzar en materia de transparencia.
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[1] Para mayor información sobre la organización internacional Article 19 visitar www.article19.org
ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works globally to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.
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Ginebra, 2 de febrero de 2007.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), preocupada ante la persistente impunidad de los graves hechos acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, recomienda a la Suprema Corte de Justicia que examine favorablemente la posibilidad de ejercer su facultad constitucional de investigación para conocer los casos registrados de violaciones a los derechos humanos.
En el informe[1] presentado ante las Naciones Unidas por la OMCT, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro PRODH) y el Comité Latinoamericano y del Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se resaltó que por lo menos 27 mujeres de las 47 detenidas en los hechos ocurridos en Atenco sufrieron actos de tortura sexual, incluida la violación. Asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe confirmando la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos durante el operativo. Sin embargo, hasta la fecha sólo ha habido una consignación en uno de los casos de violación sexual por parte de agentes de la policía, y no por violación, sino por “acto libidinoso”, lo que no cumple con la exigencia de brindar reparación legal a la víctima.
Además de la violencia ejercida por elementos de la policía contra mujeres, durante el operativo llevado a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006, y como consecuencia del uso excesivo e irracional de la fuerza pública, resultaron muertas dos personas, incluso un menor, y ocurrieron varias detenciones arbitrarias, actos de tortura y malos tratos, así como atentados contra el debido proceso y otras garantías individuales. Los obstáculos a la identificación y la punición de los responsables también fueron llevados al conocimiento del Comité contra la Tortura (CAT) y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW).
“La investigación de estas violaciones por parte de la jurisdicción suprema del país permitirá al Estado conformarse con las recomendaciones recién emitidas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y de esta manera con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”, afirmó Mariana Duarte, responsable del programa Violencia contra la Mujer de la OMCT, en momentos en que la Suprema Corte de Justicia examina si deberá o no atraer los casos de Atenco y Texcoco.
En particular, el órgano encargado de monitorear la aplicación de la Convención contra la Tortura instó al Estado mexicano “realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública llevado a cabo en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 y garantizar que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente” (Documento de la ONU CAT/C/MEX/CO/4 de fecha 21 de noviembre de 2006, párrafo 18.c).
Para mayor información ver www.omct.org o comunicarse con el Programa Violencia contra la Mujer: Tel.: +41 22 809 49 39 – Fax: +41 22 809 49 29 – E-mail: md@omct.org
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[1] Véase Violencia de Estado contra mujeres en México. El caso San Salvador Atenco, disponible en la página http://www.omct.org/pdf/procedures/2006/cat_37th/mexico_informe_altern_atenco_cat_esp.pdf (versión no editada).
27 de noviembre de 2006
La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) denuncian lo siguiente:
1. El día 25 de Noviembre del 2006 en la ciudad de Oaxaca, se realizó la séptima marcha multitudinaria convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca (APPO) para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la salida de la Policía Federal preventiva (PFP) de de la ciudad.
2. Durante la manifestación, sucedieron hechos violentos entre los manifestantes y la PFP. En los enfrentamientos, se lanzaron cohetes, piedras y cócteles molotov y se incendiaron diversos edificios. La PFP utilizó gases lacrimógenos en contra de los manifestantes y realizó diversas detenciones.
3. La red Oaxaqueña de Derechos Humanos tiene constancia de diversas detenciones arbitrarias; además que las algunas de ellas fueron hechas bajo tortura y violencia. Los detenidos no tuvieron acceso a sus derechos constitucionales. Se ignoraba su paradero.
4. Al no saber el lugar en donde se encontraban, sus familiares se trasladaron a los penales aledaños a la ciudad de Oaxaca, especialmente a Tlacolula y Mihuatlán. En ambos penales les impidieron el acceso y se les negó arbitrariamente todo tipo de información con respecto a los detenidos.
5. A petición de los familiares de los detenidos, el día de ayer a las 14:00 horas miembros de la RODH se trasladaron al penal de Tlacolula. Sobre la carretera, antes de entrar al penal, fueron interceptados por un retén comandado por agentes de la Policía Preventiva del Estado. Los abogados de la RODH, se identificaron y explicaron el motivo de su visita. La orden de uno de los agentes fue que anotaran sus nombres negándoles el acceso. La respuesta de los agentes fue que “tenían órdenes superiores de no permitir la entrada de los integrantes de la Red Oaxaqueña porque las ONG´s son inconstitucionales”.
6. Sobre la carretera se encontraba un grupo de aproximadamente 30 familiares de los detenidos. Minutos después salió del penal el visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. Expresó que “los detenidos estaban bien”. Sin embargo, en la visita no habían asistido médicos y psicólogos. Los familiares e integrantes de la Red Oaxaqueña le reclamaron tal omisión.
7. Tras una petición expresa, el visitador ofreció a los familiares que haría las gestiones necesarias para que pudieran visitar sus parientes recluidos y el ingreso de sus abogados. El visitador realizó diversas llamadas telefónicas. Acto seguido, les manifestó a las familias que las autoridades del penal le negaron sus gestiones; por tal motivo se trasladaba a la ciudad de Oaxaca “para tener una reunión con el Secretario de Protección Ciudadana”.
8. A las 20:40 horas, el Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca regresó nuevamente al reclusorio femenil de Tlacolula. Al encontrarse con los familiares de los detenidos y les dijo “que lo esperaran porque había logrado que entraran a ver a los presos, que esperaran un momento más, que iba a platicar con el director de dicho penal”. Los familiares decidieron esperarlo.
9. Minutos después, se acercó un grupo de policías preventivos del estado y de manera grosera les dijo “que se retiraran del lugar o de lo contrario los iba a detener”. El grupo de familiares decidieron estacionarse a orilla de la carretera que conduce al penal; pasaron cinco minutos cuando nuevamente se acercaron unos policías al parecer ministeriales del Estado vestidos todo de color negro y encapuchado, con pistolas R-15 (mejor conocidas como cuernos de chivo) y de forma grosera y amenazante les dijeron “si no se van les vamos a partir la madre, tenemos ordenes superiores de desalojarlos y meterlos a la cárcel junto con sus familiares”.
10. Al constatar la actitud de los policías, los familiares de los detenidos decidieron retirarse del lugar, algunos permanecieron en el pueblo de Tlacolula para esperar al visitador. Minutos después el visitador le dijo a los familiares que lo siguieran al penal. Estos cedieron. De pronto, el Visitador paró la camioneta y les dijo que “por seguridad de todos se regresaran porque podía pasar algo grave”. Ante tal intimidación todos decidieron regresar.
11. El día de hoy, 141 detenidos fueron trasladados al penal de San José del Rincón ubicado en Nayarit. A ningún familiar se le notificó. Hasta el momento, los detenidos no han tenido comunicación con sus familiares.
Ante tales hechos, la red Oaxaqueña de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) exigimos:
a) Que cesen lo actos de intimidación y autoritarismo por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, Policía del Estado de Oaxaca y de distintas autoridades del Gobierno del Estado.
b) Que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de respetar los derechos humanos de todos y todas los oaxaqueños, especialmente de los detenidos.
c) Que las personas detenidas tengan oportunidad de comunicarse con sus familiares.
d) Que en los casos en los que no haya delito que perseguir, se procesa de inmediato a su liberación.
e) Que se garantice la integridad física y psicológica de los detenidos así como la atención médica en los casos que presenten lesiones por el enfrentamiento del 25 de noviembre.
Les pedimos enviar sus acciones urgentes a:
VICENTE FOX QUESADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO
FAX. + 55 52 77 23 76, vicente.fox.quesada@presidencia.gob.mx
LIC. CARLOS ABASCAL CARRANZA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
FAX + 55 50 93 34 14, cabascal@segob.gob.mx
DR. JOSÉ LUIS SOBERANES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
FAX + 55 56 81 71 99, correo@cndh.gob.mx
LIC. ULISES RUIZ ORTÍZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA
Fax: + 951 5020530, gobernador@oaxaca.gob.mx
EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU
CUESTIONA SEVERAMENTE AL GOBIERNO MEXICANO
30 de noviembre de 2006
El 8 y 9 de noviembre pasados, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) revisó el 4º informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte del Estado Mexicano. Paralelamente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos para la Mujer (CLADEM) presentamos informes alternativos al informe oficial en los que planteamos diversas preocupaciones en relación al incumplimiento del Estado con la obligaciones de la Convención. El Comité concluyó que la tortura y malos tratos continúan siendo una práctica frecuente en México por parte de agentes del Estado y que los niveles de impunidad de estos actos son preocupantes.
Los miembros del Comité hicieron una serie de preguntas al gobierno mexicano para posteriormente emitir un documento señalando además de los avances, sus motivos de preocupación y recomendaciones al respecto[1].
1. Modificar la legislación y el sistema justicia
Entre las recomendaciones generales que el Comité emitió se recogen muchas de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de derechos humanos. Entre ellas destaca la recomendación del Comité al Estado Mexicano de asegurar que tanto la legislación federal como las estatales tipifiquen el delito de tortura en todo el país conforme a los estándares internacionales y regionales. Particularmente manifestó su preocupación porque la tortura no está contemplada en el Código Penal del Estado de Guerrero, cuestión presentada por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”. El Relator Grossman cuestionó a México el que se utilice el concepto de gravedad para calificar la tortura, como lesiones que tardan en sanar más de 15 días, concepto que no cubre los sufrimientos psicológicos, por ejemplo durante la violación de mujeres. Así también enfatizó la necesidad de que sea la autoridad la que tenga que probar que hubo tortura y la carga de la prueba no recaiga en la víctima como ocurre ahora. También se le cuestionó al gobierno mexicano el que se sigan considerando que las confesiones obtenidas bajo violencia física o mental tienen valor probatorio si están corroboradas por otros medios de prueba y se recomendó que el Estado garantice que ninguna declaración que se demuestre fue obtenida en base a tortura pueda ser invocada directa o indirectamente como prueba.
El Comité también retomó la necesidad de realizar una reforma del sistema de justicia para instaurar un modelo de proceso penal acusatorio y oral que garantice plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios de debido proceso. Ante la información presentada por la Red TDT sobre el uso del arraigo en México, el Comité recomendó al gobierno mexicano garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica a nivel federal como estatal.
Otra de las preocupaciones manifestada por la Red TDT retomada por el Comité fue la del fuero militar para caso de tortura cometida por militares contra civiles, recomendando que el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, en especial la tortura, perpetrados por militares contra civiles sean siempre competencia de los tribunales civiles.
Igualmente, el Comité subrayó su preocupación por el hecho de que cuando se sanciona la tortura se utilicen tipos penales menos graves, recomendando que se investiguen las denuncias de tortura como tales. Ante las denuncias de las organizaciones civiles de que la aplicación del Protocolo de Estambul era ineficaz dado que se aplicaba por médicos no independientes de las procuradurías el Comité recalcó la necesidad de que en todos los casos se realice un examen médico independiente de conformidad con el Protocolo de Estambul, y recomendó también garantizar la independencia del médico encargado de atender a la presunta víctima y verificar su condición y que si se documentan actos de tortura por parte de este examen médico independiente éste sea considerado prueba plena en el juicio. Así mismo, el Comité recomendó finalizar la reforma penal para asegurar que los delitos de lesa humanidad, y en estos casos la tortura, sean imprescriptibles.
Ante las denuncias de falta de recurso efectivo de los extranjeros expulsados bajo el artículo 33 Constitucional, el comité manifestó su preocupación por este tema y recomendó tomar medidas para asegurar el acceso a un recurso efectivo, y que el recurso tenga efecto supresivo de la decisión.
2. Acción arbitraria de la policía en operativos represivos y en la privación de libertad
En el caso de las denuncias de los hechos del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, bajo el gobierno de Ramírez Acuña, los miembros del Comité cuestionaron sobre los obstáculos que han impedido la sanción a los responsables de los abusos y si este caso quedaría en la impunidad. Ante estos hechos y los de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 y los hechos recientes en Oaxaca, el Comité manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de detenciones arbitrarias e incomunicaciones, así como malos tratos y abusos de todo tipo en estos eventos y recomendó que se garantice que el uso de la fuerza sólo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad, así como investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas contra personas detenidas en operaciones policiales.
Así mismo, el Comité recomendó que México tome todas las medias necesarias para evitar la utilización de todas las formas de detención que puedan propiciar la práctica de la tortura, investigar las denuncias de detención arbitraria y sancionar a los responsables, lo cual es particularmente importante ahora en el caso de Oaxaca.
3. Violencia hacia las mujeres
Por otra parte, el Centro Prodh, la OMCT y CLADEM presentaron el informe alternativo titulado “Violencia de Estado contra mujeres privadas de la libertad en México: El caso de San Salvador Atenco[2]”, en el cual denunciamos las agresiones sexuales cometidas en contra de las mujeres detenidas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, así como la falta de condiciones suficientes en términos políticos, institucionales y legales para sancionar a los agentes del Estado que cometan de manera directa e indirecta, abusos de esta naturaleza.
En relación a esta situación diferentes miembros del Comité manifestaron su preocupación por el trato denigrante y discriminatorio contra las mujeres durante el operativo de San Salvador Atenco. Como consecuencia el Comité manifestó su preocupación “por la violencia ejercida …contra las mujeres durante el operativo de policía llevado a cabo en mayo del 2006 en San Salvador Atenco, en especial por las alegaciones de tortura, violación sexual así como otras formas de violencia sexual por miembros de seguridad pública” (par. 19). Así mismo, manifestó su preocupación por que la acción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres en el País” (FEVIM), pueda limitarse solo a los delitos de orden común que tengan relación con delitos del orden federal.
Por lo anterior, recomienda al Estado parte, entre otras cosas:
a) Realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial de los incidentes ocurridos y garantizar que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente;
b) Que las víctimas de los hechos obtengan una reparación justa y efectiva y;
c) Establecer criterios trasparentes para que se determine con claridad – en casos de conflictos de competencia entre distintas autoridades judiciales- los casos en los cuales FEVIM puede asumir la jurisdicción y ejercer la facultad de atracción de determinados hechos delictivos contra las mujeres.
Además el Comité solicita al Estado Mexicano que informe dentro de un año sobre la implementación de algunas de las recomendaciones emitidas. En particular deberá rendir cuentas hasta noviembre de 2007 sobre qué habrá hecho para investigar los hechos ocurridos en Atenco, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Cabe recordar que el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la ONU (CEDAW) recomendó el pasado mes de agosto al gobierno mexicano garantizar que la encargada de la FEVIM, tenga jurisdicción en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco a fin de garantizar que se enjuicie y se castigue a los culpables.
Por todo lo anterior, en acatamiento a las recomendaciones hechas por el Comité, exigimos al gobierno entrante que se adopten reformas legislativas e implemente políticas públicas que retomen todas las recomendaciones del Comité y que en relación a la violencia contra mujeres en San Salvador Atenco, la Fiscal Especial Alicia Elena Pérez Duarte, atraiga a la brevedad la investigación de las agresiones sexuales. Hecho lo cual, y una vez agotadas las indagatorias, que consigne ante la autoridad judicial federal a los presuntos responsables de tales hechos tomando en cuenta la responsabilidad de mando que establece el propio Código Penal Federal y la Convención contra la Tortura citada.
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[1] http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/37/cat_c_mex_co_4_sp.pdf.
[2] http://www.omct.org/pdf/procedures/2006/cat_37th/mexico_informe_altern_atenco_cat_esp.pdf.
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Contacto OMCT:
Mariana Duarte
Organización Mundial contra la Tortura
Case Postale 21 - Rue du Vieux-billard 8
CH-1211 Genève 8
Tel +41 22 809 49 39
Fax + 41 22 809 49 29
E-mail md@omct.org
Web www.omct.org
LA CIDH VISITARÁ MÉXICO Y EN ESPECIAL OAXACA EN ENERO DE 2007.
PRESENTACIÓN ANTE LA COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) SOBRE EL CONFLICTO EN OAXACA Y LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acudimos al 126º Periodo de Sesiones Regulares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a exponer “La Situación General de Derechos Humanos en el estado de Oaxaca” para brindar información actualizada a la CIDH y solicitar su intervención, de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir del trabajo de documentación realizado en los últimos meses1 presentamos un informe puntual sobre el desalojo del plantón magisterial del 14 de junio, las violaciones al derecho a la vida y la integridad personal, sistemáticas violaciones a los derechos de las personas recluidas y procesadas, las dificultades para el trabajo de defensores y las responsabilidades del Estado ante la situación actual caracterizada por recurrentes actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y ataques contra dirigentes, personas que participan activamente en el movimiento magisterial y la APPO, así como en ciudadanos que apoyan al movimiento social en Oaxaca.
Es de recordar que el pasado 19 de octubre, el Senado de la República canceló la vía legal e institucional para la solución del conflicto en Oaxaca, pues reconoció la ingobernabilidad en el estado, pero se negó a la desaparición de poderes. Frente a esta situación el gobierno federal tiene ahora una responsabilidad mayor de buscar una solución por la vía del diálogo, evitando la represión y la violación a los derechos humanos.
Alertamos sobre la actual situación en Oaxaca que muestra signos de una fuerte polarización social que podría derivar en nuevas acciones represivas por parte del estado. Ante ello, nuestras peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron las siguientes:
1.Considere la necesidad de una visita in loco inmediata al Estado de Oaxaca que involucre a los relatores para México, Pueblos Indígenas y Mujeres.
2.Dada la gravedad de la situación, y en el caso que se le presenten solicitudes de medidas cautelares por las posibles violaciones a derechos, le dé prioridad a su otorgamiento.
3.Que tras la finalizacion de estas sesiones se pronuncie sobre la situación en Oaxaca expresando su preocupación ante la violencia que se vive y la necesidad de buscar una solución con base en el dialogo, la respuesta a las demandas sociales y el respeto a los derechos humanos.
4.Solicite al Gobierno Mexicano información sobre los avances en las investigaciones de los asesinatos cometidos durante el conflicto, la manera cómo se están garantizando los derechos de las personas que han sido privadas de su libertad, así como de la situación jurídica de los procesados. Dicha información seria de gran utilidad como insumo para la visita que pueda hace la Comisión.
5.Garantice una audiencia para el siguiente periodo de sesiones de esta Comisión, que permita dar seguimiento a la situación que prevalezca en Oaxaca.
A estas inquietudes, el Comisionado para México, Sr. Florentín Meléndez, manifestó que a principios del próximo año la CIDH realizará una visita in loco a México en la que participarán los relatores mencionados. Esta visita incluirá una visita específica a Oaxaca para analizar la situación de los derechos humanos en esa entidad. Respecto al pronunciamiento y las demás peticiones serán parte de las decisiones que tomarán los Comisionados al final del periodo de sesiones. Adelantó que siendo también Relator de prisiones será de gran utilidad la información suministrada acerca de los casos de las personas detenidas durante el conflicto así como la situación de las cárceles.
NACIONES UNIDAS
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA EN MEXICO
México D.F., 8 de Septiembre de 2006
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su preocupación por la situación que se vive en el Estado de Oaxaca.
Desde el día 15 de mayo de 2006, en el Estado de Oaxaca se desarrollan manifestaciones y enfrentamientos que han repercutido negativamente en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
A lo largo de estos meses, la Oficina ha dado seguimiento a la situación de este Estado y ha recogido información según la cual en el Estado de Oaxaca se han presentado 5 muertes, varias agresiones contra personas y autoridades, lo mismo que ataques contra la libertad de expresión.
El Gobierno Federal ha abierto una mesa de diálogo en la cual participan representantes de la sección 22 del Magisterio así como representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), con la finalidad de lograr una solución pacífica al conflicto magisterial y social en el Estado.
La Oficina hace un llamado a las autoridades de Oaxaca y a los sectores sociales involucrados en la problemática a no escatimar esfuerzos para establecer canales de diálogo y a promover un clima propicio que facilite tanto las negociaciones en curso con el gobierno federal como las que se pudieran abrir
La siguiente es la declaracin del IV Congreso Nacional Indgena reunido en Mxico el 5 y 6 de mayo del 2006
IV Congreso Nacional Indgena
San Pedro Atlapulco, Mxico, 5-6 de mayo del 2006
DECLARACIN DE NDONHUANI
POR LA AUTONOMA EN LOS HECHOS Y LA RESISTENCIA
INDGENA
Reunidos en la comunidad indgena de Ndonhuani-San Pedro
Atlapulco, Estado de Mxico, los delegados y delegadas
representantes de los pueblos indgenas nahua, zapoteca,
wixrika, mazahua, amuzgo, cuicateco, kumiai, kikapu,
purhpecha, tlahuica, chocholteco, chinanteco, u saavi, hahu,
tenek, maya, totonaco, mayo, tlapaneco, coca, trique, tepehua,
rarmuri, chol, tzeltal, guachichil chichimeca, zoque, matlatzinca,
mixe y popolucas de veinticinco estados del pas para celebrar el
Cuarto Congreso Nacional Indgena y considerando que:
Desde la traicin de los tres poderes de la Unin en 2001, cuando
el Estado Mexicano decidi no reconocer los derechos de los
pueblos indios, comprendimos que estbamos solos y que
tenamos que ejercer nuestros propios derechos y nuestra
autonoma en los hechos.
Haciendo eco de los acuerdos tomados en Nuro en el III Congreso
Nacional Indgena comenzamos la regionalizacin de la casa de
todos.
No todas las regiones pudieron hacerlo.
La guerra de exterminio planteada contra los pueblos y
comunidades fragment a pueblos y comunidades y la represin y
la coptacin desarticularon muchos espacios.
Sin embargo, no nos pudieron exterminar. Nos han golpeado pero
aqu estamos, aqu seguimos. Aqu nos reunimos y nos juntamos
las palabras y las historias de muchos para gritarle al poder, a las
empresas, a la clase poltica que no nos van a vencer. Nuestra luz
est viva.
Hoy entendemos que de todos los rincones del pas nuestro
corazn late y que desde San Pedro Atlapulco en este IV
Congreso Nacional Indgena reprobamos con toda nuestra energa
y nuestra rabia la represin, el asesinato y el encarcelamiento
contra nuestras comunidades y pueblos por el puro y vil inters de
quedarse con nuestros recursos, despojarnos de nuestros
territorios y convertirnos en obreros asalariados y alejados de
nuestras propias comunidades para ser fantasmas sin futuro en las
ciudades.
Por eso San Salvador Atenco es un espejo. Porque sus problemas
son nuestros problemas. Porque tambin ellos estn defendiendo
su tierra, tambin ellos son campesinos, tambin ellos defienden
sus siembras, porque tambin ellos estn empeados en defender
su vida y su derecho, su razn y su destino contra las grandes
empresas que quieren acabarnos.
Al igual que los compaeros de San Salvador Atenco en muchas
regiones del pais los pueblos ejercen ya su autonomia en los
hechos.
Hacemos reuniones, talleres, encuentros, pero tambin
fortalecemos nuestras asambleas, nuestras autoridades agrarias y
tradicionales, la lucha en defensa de nuestros maices, la defensa
de nuestros bosques y agua, la lucha contra la certificacin de
nuestras tierras y los servicios ambientales, ejerciendo una
educacin cada vez ms autnoma.
As lo hacemos en Jalisco, Colima, Michoacn, Guerrero,
Yucatn, Puebla, Oaxaca, el Estado de Mxico, Sinaloa, Sonora,
Chihuahua, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit,
Baja California, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, San Luis
Potos y el propio Distrito Federal.
As lo hacemos luchando contra las mineras, las madereras, los
acaparadores de la tierra, contra los grandes empresarios
acaparadores de alimentos como la cadena wal mart, contra la
privatizacin de nuestras aguas, contra las leyes estatales que
quieren legitimar la contrarreforma del 2001. En la prctica de la
autonoma y defensa de nuestros derechos hemos comprendido
que los grandes intereses que hoy dominan el mundo globalmente
han coptado al sistema de partidos y a su clase poltica,
imponindoles sus agendas y profundizando el despojo de los
pueblos.
Ante el sometimiento del estado mexicano los intereses del gran
capital, hemos llegado a la conclusin de que no podemos solicitar
el reconocimiento de derechos a un estado que ante nuestros ojos
ha perdido toda legitimidad. Hoy aqu le gritamos al estado
mexicano que impugnamos toda su corrupcin , todo su sistema
poltico de partidos, y todas sus legislaciones que no obedecen al
inters del pueblo, que cuestionamos todo su modelo de
desarrollo, su sistema racista y discriminador, y rechazamos su
poltica de exterminio y represin contra los pueblos, comunidades
y personas cuyo nico delito es defender la vida.
Por lo tanto declaramos:
1.- Seguiremos ejerciendo nuestra autonoma en los hechos.
2.- Ratificamos La Sexta Declaracin de la Selva Lacandona y
reivindicamos la Otra Campaa como un espacio de articulacin
de las luchas indgenas con los otros sectores que se mantienen
en resistencia contra el modelo neoliberal y su poltica de
exterminio. Exigimos la liberacin de todos los presos polticos del
pas, en particular la liberacin inmediata de todos los
aprehendidos en San Salvador Atenco y la regin de Texcoco.
3.- Exigimos la retirada inmediata de las policas y cuerpos
represores del Estado de la regin de San Salvador Atenco, pero
tambin de todas las otras regiones del pas donde se mantiene el
control militar y policiaco para hostigar y amedrentar a todos los
pueblos y comunidades que luchan por la defensa de su territorio y
sus formas de vida.
4.- Repudiamos los asesinatos de los compaeros Javier Corts,
muerto por las policas que reprimieron al pueblo de San Salvador
Atenco, el compaero Concepcin Gabino, de la comunidad
indgena de Cuzalapa, que luchaba por la defensa de la tierra en la
regin de Manantln, Jalisco, y el compaero Faustino Acevedo
de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, cuando se
diriga a esta comunidad para participar en los trabajos de este
cuarto Congreso.
5.- Repudiamos tambin la violacin de todas las compaeras
aprendidas en San Salvador Atenco, por parte de los policas y la
violencia sistemtica y fascista que ejerce el Estado contra todas
las mujeres que con su trabajo estn reivindicando las luchas de
resistencia y dignidad a lo largo y ancho del pas.
6.- Llamamos al fortalecimiento de todas las regiones del
Congreso Nacional Indgena y a la celebracin frecuente y
peridica de reuniones de articulacin: reflexin, accin y
propuestas.
7.- Rechazamos todas las leyes con las que el Estado pretende
despojarnos, legitimar la entrega del pas e imponer controles que
restringen la accin de pueblos y comunidades y le dan manga
ancha a las empresas transnacionales para devastar y apoderarse
de la riqueza material y espiritual de nuestros pueblos y de todos
los mexicanos.
8.- Rechazamos los programas de gobierno que instrumentan las
leyes mencionadas y que pretenden dividir a las comunidades.
9.- Reforzaremos los mecanismos de comunicacin entre las
diferentes regiones y comunidades del Congreso Nacional Indgena.
10.- Reforzaremos y haremos eficaces los mecanismos de
solidaridad y compromiso con las luchas de todas y cada una de
las comunidades, organizaciones y pueblos indgenas.
11.- Como punto ltimo de nuestra declaracin impugnamos al
Estado mexicano y llamamos a todos los pueblos, comunidades y
organizaciones indgenas y a todos los sectores oprimidos a
conformar un frente amplio anticapitalista que impulse un proceso
que conduzca hacia una Nueva Constitucin y otra forma de
gobierno que permita el reconocimiento de nuestros derechos y
una sociedad justa, libre y democrtica.
NDonhuani-San Pedro Atlapulco, territorio hahu del Alto Lerma,
a seis de mayo de 2006.
POR LA RECONSTITUCIN INTEGRAL DE NUESTROS
PUEBLOS
NUNCA MS UN MXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDGENA