La sentencia contra el ex Ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides por la tortura de tres civiles durante los años ochenta en El Salvador es ahora firme y se le han requisado U$300.000 de su patrimonio privado.
Lo que sigue es el comunicado del Center for Justice and Accountability, quienes llevaron el caso.
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10 de Julio, 2006
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SENTENCIA FINAL CONTRA GENERALES RESPONSABLES DE TORTURA EN EL SALVADOR
MAS DE $300,000 REQUISADOS CON ÉXITO A EX MINISTRO DE DEFENSA CULPABLE POR TORTURA DE TRES SALVADOREÑOS
San Francisco, CA: Al amparo de la sentencia, ya firme, contra él, se le han requisado al ex Ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova algo más de $300.000 de su patrimonio privado por su responsabilidad por la torturas inflingidas a tres civiles durante los años ochenta en El Salvador. A pesar de que la cantidad requisada es solo una pequeña parte de la cantidad total a la que los demandantes tienen derecho de acuerdo con la condena, constituye uno de los pocos casos por violaciones de derechos humanos en la historia de Estados Unidos en el que víctimas reciben dinero de los responsables de tales abusos.
En Mayo de 1999, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés) basada en San Francisco, interpuso una demanda contra Vides Casanova y otro ex Ministro de Defensa, General Jose Guillermo Garcia, al amparo de dos leyes federales, la Ley Federal de Demandas Civiles para Extranjeros (Alien Tort Statute – ATS por sus siglas en inglés) y la Ley para la Protección de Victimas de Tortura (Torture Victim Protection Act – TVPA). En el 2002, tras cuatro semanas de juicio, un jurado de West Palm Beach encontró a los generales culpables por la tortura de Juan Romagoza, Neris Gonzalez y Carlos Mauricio y les condenó a pagar una cantidad significativa en concepto de daños y perjuicios.
Los generales interpusieron recurso de apelación y el 6 de enero, 2006 la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Decimoprimero desestimó el recurso confirmando la sentencia de primera instancia. El plazo para interponer un nuevo recurso esta vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos ha transcurrido sin que se haya recurrido.
Al amparo de la sentencia del 2002, CJA embargó más de $300,000 encontrado en cuentas bancarias del General Vides Casanova. CJA presentó también pruebas a la corte que muestran que Vides Casanova realizó transferencias fraudulentas a sus parientes tras haberse hincado el caso.
Los demandantes han declarado que tras cubrir ciertos gastos relacionados con el caso, planean donar la mayoría del dinero en apoyo de proyectos de derechos humanos, salud, educación y medioambiente, y emplearan el resto en su propia recuperación así como para ayudar a sus familiares más necesitados.
La demandante Neris Gonzalez sostuvo que “Aunque estamos felices ya que los generales han sido castigados y obligados a pagar por sus crímenes, este caso nunca fue por dinero. Fue por justicia. Tuvimos la oportunidad única de enseñarle al mundo, de parte de todos los salvadoreños, que los Generales Garcia y Vides Casanova fueron responsables por las brutalidades que sufrimos. Ahora las cortes de Estados Unidos han confirmado que no se puede escapar a la responsabilidad.”
El caso conocido como Romagoza v. Garcia, es uno de los pocos casos en los que un jurado encontró a los acusados responsables por violaciones de derechos humanos al amparo de la ley de responsabilidad de comando. Esta ley permite establecer la responsabilidad de comandantes militares por las violaciones cometidos por sus subordinados cuando los comandantes sabían o debían saber que estaban ocurriendo y aun así no llevaron a cabo acciones para prevenir los abusos o para castigar a los responsables.
El Director Legal de CJA, Matt Eisenbrandt, dijo, “Esta victoria es histórica para los casos de derechos humanos y para El Salvador. La sentencia del 2002 devolvió la confianza a la comunidad Salvadoreña, y envió el mensaje de que no tienen que aceptar la impunidad que existe en su país. Sin el caso Romagoza, no hubiéramos presentado otros casos – incluyendo uno sobre el asesinato de Monseñor Romero – que ha forzado a las autoridades a enfrentar la carencia de justicia en El Salvador.”
CJA es una organización no-gubernamental de derechos humanos que pretende llevar a los violadores de derechos humanos ante la justicia. En este caso fueron también abogados de la acusación Peter Stern de la firma de abogados Morrison &
Foerster, James K. Green, la profesora de Derecho Carolyn Patty Blum, la también profesora Beth van Schaack y la abogada Susan Shawn Roberts. Los abogados de Florida, Dave Gorman y John Thornton, han colaborado igualmente en la fase de ejecución de la sentencia.
Para más información, por favor visite nuestra web www.cja.org. Una copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones esta disponible en inglés en http://www.cja.org/ca ses/Romagoza_Docs/Romagoza11thCirFinalOpinion.pdf